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Uruguayos bajo el cielo estrellado

Uruguayos bajo el cielo estrellado
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Tierra y empleo por Isabel Viana

Los uruguayos nacimos como nación durmiendo bajo cielos  estrellados. Indios y gauchos dormían bajo las estrellas o construían viviendas precarias, desmontables, móviles, cueros tirados sobre palos en un piso de tierra.

De nuestros ancestros europeos (que habían vivido en climas bien distintos al nuestro) recibimos la herencia cultural de las casas “en duro”, generalmente muy chicas, tanto en ciudad como en campaña, en las que había quienes dormían dentro y quienes quedaban fuera, fuera al aire o en casuchas anexas: poco espacio y ya, distinciones sociales.

Durmieron bajo las estrellas aquellos que, expulsados de las estancias por el alambrado y la explotación capitalista (1880 en adelante) se asentaron en tierras fiscales a lo largo de las carreteras, en rancheríos conocidos como “pueblos de ratas”. Sin servicios públicos de ningún tipo las viviendas eran ranchos de barro diminutos conde convivían mujeres, hombres, niños y viejos, sanos y enfermos, en terribles condiciones. El maestro Julio Castro identificó 578 pueblos de ratas con más de 120.000 habitantes en 1941.

Recién en 1967 se promulgó la ley de creación del Movimiento por la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre “Dr. Alberto Gallinal Heber” (MEVIR), por iniciativa privada. Desde entonces ha capitalizado la capacidad de hacer por ayuda mutua de quienes usarán las viviendas, para dotar a la familia rural de hogares a nivel de los requerimientos del SXX. La obra realizada supera las 26.000 viviendas ubicadas en todo el país.

En el período 1993-95 estudié el asentamiento Cuñetti en Maldonado (ver publicación en separata de La República del 16/06/95). 100 familias ocuparon progresivamente un predio privado. Sabiendo que iban a perder el predio, inventaron un sistema de construcción de sus viviendas, también trabajando colectivamente, que les permitía que cada vivienda fuera desmontada y montada de nuevo en 24 hs. en la nueva implantación que se les adjudicara. Todos trabajaban para tener un techo y para construir además locales de uso común (para los niños, por ejemplo). Allí viví la emocionante experiencia de ser recibida por una familia (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en una manta tirada sobre la tierra donde se iba a levantar su vivienda, porque ese era su lugar.

El estudio comprendió el análisis económico de los costos de construcción de las viviendas. En cada una se invertían alrededor de U$S 170, producto de ahorro de las familias que en ellas vivirían. Eventualmente se comercializaban entre U$S 400 y 600. En ese momento (1992) una vivienda mínima provista por la Intendencia nos costaba a todos U$S 8.000.

Desde 1993 he estudiado el fenómeno de los asentamientos informales en distintos lugares. En todos ellos, lo que motiva la ocupación de predios (generalmente públicos) es la imposibilidad sufragar los costos de vivir en edificios construidos (alquileres, cuartos en viviendas compartidas, pensiones) y de acceder a la compra de tierras. En los lugares donde pudieron disponer de tierra (por los medios que fueran), los pobladores construyeron progresivamente sus viviendas gracias al esfuerzo familiar y contando con la solidaria ayuda de vecinos y, si son viviendas formales, adecuado soporte de financiamiento público.

Los asentamientos y el número de personas que viven en ellos han crecido en los últimos 20 años a un ritmo aproximado de 10% anual acumulativo. Las regularizaciones o la construcción pública de conjuntos de vivienda van a un ritmo mucho menor y actúan como promotoras de la idea de que el camino más corto para llegar a tener una vivienda definitiva es ocupar tierras y esperar.

Las cooperativas de vivienda tienen antecedentes en fines del S XIX. Si bien hubo otros tipos de cooperativas, es recién en 1968 que se formalizan las cooperativas de vivienda. (Ley 13728). Parten de la base de la asunción de responsabilidades por parte de los cooperantes, ya sea en el pago de cuotas para reunir el dinero para la adquisición de tierras y la construcción o por la prestación de horas de trabajo para ayuda mutua. Han construido viviendas dignas para grandes sectores de las clases medias y medias bajas en todo el país.

Las acciones públicas en materia de garantizar viviendas a la población han sido erráticas y descoordinadas entre diversas instituciones públicas nacionales y departamentales. Las políticas públicas al respecto merecen un análisis detallado que escapa a esta nota. Son características notorias de los distintos sistemas de provisión de viviendas por el Estado la fragmentación institucional y los altos costos de las mismas, a los que se debe hacer frente con presupuestos limitados.

Iniciativas privadas como “Un techo para mi país” han provisto techos no servidos que sólo mantienen la precariedad, por su misma naturaleza. La mal llamada Ley de Acceso a la Vivienda Social (Ley 18759) ha sido sólo un medio para apoyar a las empresas de construcción en crisis. Sus productos son inaccesibles como vivienda social por su alto precio final.

En síntesis:

  • Los uruguayos hemos tenido siempre y tenemos ahora población que vive sin disponer de un techo digno. Desde 1968 (CIDE) se estima el déficit en 100.000 viviendas. La modificación de la familia y de los hábitos de vida hace que ese número se eleve constantemente. El crecimiento de las soluciones habitacionales informales muestra una demanda adicional, que no se soluciona con las difíciles regularizaciones de asentamientos.
  • Los problemas más graves a encarar son posibilitar el acceso a tierra (urbana y rural) dotada de las infraestructuras imprescindibles al funcionamiento adecuado de las viviendas y asegurar la universalidad de empleo que habilite la capacidad de ahorro como para encarar la construcción individual o colectiva progresiva de viviendas. El precio de mercado de la tierra es demasiado alto y la búsqueda de tierras baratas (realizada tanto por el estado como por privados) es el motor de expansión horizontal de las ciudades, por el que la sociedad debe asumir el costo altísimo de dotarlas de infraestructuras después de instalada la población.

Los uruguayos, individual o cooperativamente, han sido y son capaces de gestionar la construcción de viviendas adecuadas a sus necesidades y con capacidad de evolucionar en función de los cambios en los modos de vida.

  • Resulta imprescindible encarar políticas nacionales tendientes a la recuperación de espacios territoriales servidos, ocupados hoy por construcciones generalmente ruinosas, de diseño inadecuado a la vida contemporánea y frecuentemente desocupadas, para habilitar procesos de renovación urbana y edificatoria.
  • Las “soluciones” estatales producen viviendas uniformes, rígidas en su diseño (no se adaptan a los cambios de modo de vida de familias y personas), o en las tecnologías empleadas. Están ubicadas generalmente en periferias de difícil acceso.
  • Es necesario alentar la construcción y el uso de viviendas arrendables. Si los arrendamientos tienen precios justos, son una muy buena inversión para los pequeños capitales, generan empleo y habilitan cambiar de vivienda cuando así lo requieren las nuevas condiciones de las familias o los individuos.

 

Timidez y posibilismo por Mauro Mego

Según datos del MIDES/DINEM/Observatorio Social, en 2006 el 60,7%  eran propietarios de su vivienda  y el resto se repartía entre inquilinos (15,5%), ocupantes con permiso o en  relación de dependencia (15,5%) y ocupantes sin permiso o sólo propietarios  de la vivienda (8,3%). En 2016 las cifras muestran cambios leves: los propietarios de vivienda y terreno constituían un 52,1%, los inquilinos un 19,9%, y el resto se repartía  en ocupantes con permiso o en relación de dependencia  y ocupante sin permiso o propietarios  sólo de la vivienda. Si someramente vemos datos por tramo etario (2016), veremos que entre personas de entre 30 y 64 años los propietarios de vivienda y terreno son el 54,1% y si nos fijamos en el mismo año pero en el tramo de edad de 65 y más años, el porcentaje de éstos asciende al  71, 1%. Y si nos vamos al extremo de 0-5 años, vemos que los que en esas edades viven en viviendas con propiedad de casa y terreno alcanzan un 37,7%,  mientras que el resto se divide entre los que viven bajo régimen de  inquilinos/ocupante con permiso o en relación de dependencia/ocupante sin permiso/propietario de sólo vivienda. Además en 2006 la relación cuota de compra de la vivienda/ingresos del hogar era del 14,6% mientras que la cuota del alquiler representaba el 19,8% de los ingresos del hogar. En 2016 la primera relación representaba un 12,6% mientras que la cuota de alquiler era el 21,1% de los ingresos del hogar.  Otro dato que francamente me impresionó, del mismo Observatorio Social, es que en 2011 había en el país 165.271 personas viviendo en asentamientos irregulares, unas 48.708 viviendas (para mayores datos: observatoriosocial.mides.gub.uy).

Creo que en el tema vivienda, como en otros casos, la política del posibilismo y la “cautelocracia” nos arrojó en los brazos de los cambios tímidos. Claro que hoy  estamos mejor que al iniciar la era progresista, pero-y quienes no tenemos vivienda propia aún lo hemos vivido-la vivienda sigue teniendo soluciones parciales y lejanas para buena parte de los uruguayos. Da la sensación que aún tenemos una visión  más centrada en el mercado que en la vivienda como derecho. Por supuesto, no se trata de ser temerarios, engrosando déficits públicos a pura demagogia, pero sí de intentar todo lo que esté al alcance para desburocratizar (vale para otros campos del Estado) la búsqueda del derecho al suelo y techo  propios, sin tener que asumir que pasaremos  la vida pagando cuotas de eso  que no alcanzaremos. En un país de 3.000.000 de habitantes que nos perdemos en nuestra geografía, deberíamos tener mayores energías en erradicar algunas formas de construcción de espacios barriales, terminar con las viviendas precarias, con la perpetuación no-deseada de la marginalidad económica, social, espacial y de muchas injusticias que aún persisten. Porque la política se vuelve atractiva no en el campo del posibilismo y el culto de las formalidades burocráticas sino en intentar cambiar aquello que hay que cambiar.

 

Viviendismo demagógico o mitigar la fragmentación sociourbana por Jack Couriel

 El “Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública” presentado por Unidad Popular y aprobado en la Cámara de Diputados sólo se explica por una chicana política al Frente Amplio. Sobre todo, porque la valiosa Ley de Vivienda de 1968 es aún vigente. Juan Pablo Terra decía que debería ser complementada por una Ley de Urbanismo. A 40 años de aquella positiva y articulada ley, afortunadamente, el Frente Amplio aprueba, con la oposición en contra, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (en adelante LOT y DS) que contiene en sus fundamentos las aspiraciones del informado y activo legislador demócrata cristiano, obviamente, actualizada según los nuevos desafíos que se presentan.

La pobreza intelectual del “Plan” deriva de ignorar las crecientes vulnerabilidades sociourbanas, y no es casual que en esta errónea propuesta no se realiza mención alguna  a la trascendente LOT y DS. Los Intendentes de los partidos tradicionales encantados con realizar clientelismo político con este “Plan”. Siempre tendrán tierras disponibles y así continuarán ampliando sus manchas urbanas, con viviendas en baja densidad, de manera insustentable. Siempre serán ariscos a los planes que exige la LOT y DS.

La fragmentación sociourbana ocurre tanto en el Gran Montevideo como en la mayoría de las ciudades medias del país. De este modo la segmentación social y la segregación urbano-residencial tiende a agudizarse, es decir, las periferias de las ciudades se amplían; y en el caso de Montevideo, la ciudad intermedia que se encuentra entre la periférica y la de altos ingresos, pierde población a pesar de contar con todos los servicios de infraestructura urbana. Así lo demuestran las dinámicas demográficas según censos 85-96 y 96-11.

Las zonas críticas de la ciudad periférica, donde residen familias de bajos ingresos, presentan cuatro situaciones sociourbanas vulnerables que interactúan entre sí: asentamientos irregulares; conjuntos habitacionales subsidiados por el Estado, en general de pésimas calidades urbano-arquitectónicas, tejidos residenciales formales carenciados; y carencias urbanas generalizadas.

Esta descripción sintética revela la ineficacia operativa del término vivienda, en estas situaciones se requieren planes urbano-habitacionales realizados por las Intendencias Departamentales en el marco de la LOT y DS cuyo carácter debe ser el mejoramiento barrial para mitigar la fragmentación sociourbana.

Identificada la fragmentación sociourbana existente en nuestras ciudades, es evidente la necesidad de implementar políticas urbano habitacionales donde la colaboración entre lo Departamental y lo Municipal con lo  sectorial sea eficaz, entre otros organismos, MVOTMA, MIDES, OSE, MSP y ANEP.

Importa precisar que atender el déficit habitacional es atender a la vez el déficit cuantitativo y el cualitativo que es el más relevante. Dicho en otras palabras el desafío central es construir ciudad en la ciudad.

 

Nosotros también creamos ilusiones inútiles por Roberto Elissalde

Hace años que me hago la misma autocrítica y termino perdonándome (perdonándonos) la vida: ¿Cuántas veces los izquierdistas de este país fuimos capaces de generar ilusiones imposibles, alentando esperanzas que no tenían chance de convertirse en realidad?

La propuesta de Unidad Popular (UP) de una Ley de vivienda popular es un ejemplo claro de los errores que la izquierda (inocentemente o no) cometió antes de llegar al gobierno: prometer una escalera al cielo sin tener ni la madera ni los clavos para construirla. Promoverla simplemente porque son justos sus contenidos y sus fines.

La actitud de los partidos tradicionales es un capítulo aparte al que le dedicaré los últimos párrafos.

Personalmente participé en muchos de esos operativos: pidiendo tres turnos para cada materia en la facultad (así los estudiantes que trabajaban podían asistir a clase a pesar de todo), la propuesta de atar las jubilaciones al salario mínimo nacional (para garantizar que los viejos tuvieran una vida digna) y seguramente algunas más.

Supongo que quienes en los años 80 y 90 se oponían a algunas iniciativas gubernamentales lo hacían tan bien intencionadamente como yo. Algunas de estas se reflejaban en pintadas en los muros de la ciudad que hoy me dan algo de escozor. Recuerdo el movimiento contra “el hotel 5 estrellas” (sí, tal como se lee, parte de la izquierda fue capaz de escribir pintadas contra la construcción de un hotel 5 estrellas), “No a esta ley de educación; por una ley verdaderamente popular, con participación de docentes y estudiantes” (la oposición a cualquier ley de educación ha sido señal de identidad de la izquierda), etc.

El diputado Eduardo Rubio, de UP, está planteando una ley de vivienda popular que es imposible porque no se puede financiar. Entiendo que UP lo hace para desenmascarar al gobierno del “Fraude Amplio”, incapaz de llevar adelante el programa de la revolución socialista (desde su posición de gobierno elegido en el marco de las leyes de juego democrático-burguesas). El resultado esperado es poner a todos quienes “quieren lo mejor para el pueblo” de un lado y aislar a quienes desean mantener los privilegios de las clases dominantes en el otro. En el plano teórico sería posible sacar recursos de las Fuerzas Armadas (o del organismo que menos nos interese, como el Instituto Antártico o las embajadas en el exterior) y financiar un plan de vivienda popular que termine con el déficit histórico de vivienda. Creo que esto es coherente con la estrategia de UP.

Pero quienes apoyan a Rubio tienen otras estrategias y otros conocimientos. Todos ellos participan o participaron en gobiernos y saben las limitaciones, las complicaciones y los conflictos que generaría crear un fondo suficiente como para financiar el plan. Y respaldan al diputado no para “desenmascarar” el fraude del gobierno sino para ponerlo en un aprieto contra sus potenciales votantes. La credibilidad de blancos y colorados respecto al tema es nula.

Cuando ya había entendido algunos mecanismos y limitaciones del arte de gobernar tuve la ilusión de que el aprendizaje de la izquierda mejoraría la calidad de la política en Uruguay. El Frente Amplio había demandado, exigido, reclamado cosas que eran inviables. Muchos de esos reclamos eran fruto de la ignorancia sobre la cosa pública. La próxima vez, por coherencia y honestidad intelectual, no cometeríamos los mismos errores.

No tardé mucho en darme cuenta que blancos y colorados, en vez de exigirnos la autocrítica propia de la madurez, nos devolvían con la misma moneda: apoyando planteos imposibles e intentando acorralar a la izquierda con demandas que ellos sabían, por experiencia, que eran impracticables.

Si ese va a ser el recorrido, que la oposición, cualquiera sea su experiencia o su convicción, va a apoyar cualquier cosa que complique al gobierno sólo calculando los costos y las ganancias políticas, vamos por mal camino. Espero que cuando nos toque ser oposición seamos leales y reclamemos y exijamos sólo lo posible. La calidad de la política uruguaya depende de eso.

 

Sin voluntad no hay nada por José Luis Perera

El problema de la vivienda tiene sin dudas un componente económico, pero no se debe olvidar ni por un instante que es fundamentalmente y por sobre todo un problema social. Esto significa que para resolverlo se necesitan recursos (financieros, materiales, humanos), pero lo primordial es la voluntad política para resolverlo. Si no hay esto último, lo demás no sirve de nada.

Es un derecho humano fundamental, consagrado en el art.25 de la Declaración Universal, y como surge del propio texto, si se brindara a los ciudadanos un nivel de vida adecuado, esto le aseguraría derechos como a la salud y la vivienda: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [a ella], así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial […] la vivienda.” .

Como todo modelo en el que el mercado es el que manda, el mercado de la vivienda en nuestro país, atiende a los segmentos de población que tienen ingresos suficientes para comprar una vivienda propia. los de altos ingresos escogen si se hacen una mansión, compran una vivienda o un apartamento ya hecho, que satisfaga sus gustos y preferencias o alquilan, si sus cálculos financieros así se lo aconsejan. Los sectores de ingresos medios tienen menos opciones, pero tienen la opción de comprar una casa, construir una vivienda en el terreno comprado anteriormente o bien un apartamento accesible a su presupuesto. El caso de los segmentos de ingresos bajos, conocidos como sectores populares, es mucho más complejo. Aquí el problema central es la falta de ingresos suficientes para poder adquirir una vivienda, para refaccionar la que se tiene o siquiera alquilar. Y cuando de alguna forma logran acceder a ella, en algún momento dejan de pagar, porque lo que no tienen es un nivel de vida adecuado (más de la mitad de los trabajadores uruguayos ganan un salario absolutamente insuficiente).

Los requerimientos de vivienda expresados en el déficit habitacional son consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población. La exclusión consiste en insuficiencia de empleo adecuado y estable, falta de acceso a créditos, etc. De ahí que la primera expresión de voluntad política en estos temas es una mejor distribución de la riqueza. Pero también el apoyo real a los planes concretos.

Cuando un presidente (Mujica) plantea como buque insignia de su gobierno la construcción de viviendas a través del Plan Juntos, y  destina una miseria en el presupuesto para hacerlo, promete construir 4 mil viviendas en cinco años (cuando el déficit es de más de 50 mil), pero apenas construye mil, entonces podemos evaluar en su justa dimensión cuál es la voluntad de solucionar el problema.

El plan contó para ese quinquenio con un presupuesto total de $ 1.330 millones, de los cuales el 70% (poco más de 30 millones de dólares) corresponde a ingresos presupuestales y el resto a donaciones, reintegros y convenios. Al Antel Arena de destinaron tres veces más recursos que para la construcción de viviendas, 80 millones de dólares y seguramente terminará saliendo unos 100 millones.

Si algo quedó demostrado con el proyecto de vivienda popular que se votara por estos días en el Parlamento, es que la voluntad política del gobierno para solucionar este problema es igual a cero. Si el defecto del proyecto es que no tiene un financiamiento, si habrá tenido tiempo el oficialismo en casi tres años que llevó su tratamiento para proponer formas de financiarlo!!

 

No lucrar con el nido por Esteban Perez

Una vez más nos sentimos obligados a afirmar ¡todos lucran! Y esta vez nos referimos al nido.

No hay nada más apreciado en las especies que pueblan el mundo que el nido, la madriguera, el refugio, la casa o como queramos llamarlo.

Es el lugar donde nos sentimos protegidos del clima y de los peligros exteriores, donde procreamos y criamos a nuestra descendencia.

Llegada la proximidad de las elecciones y obviamente especulando con los posibles votos a obtener, la demagogia sacude sus tradicionales banderitas: trabajo, salario, jubilaciones decorosas y nunca falta la vivienda, el nido…

Desde el 73 para acá nos han gobernado milicos, blancos, colorados y frenteamplistas y algunos de ellos (como los milicos y el Frente Amplio), durante muchos años. Los resultados en ninguno de los casos han sido similares a sus promesas.

Los cantegriles llamados hoy delicadamente “asentamientos” (pero cantegriles al fin), en vez de disminuir han ido creciendo y la falta de viviendas se estima aproximadamente en 80.000.

Esta cifra es a su vez engañosa pues no toma en cuenta la vivienda de trabajadores que lograron acceder a un terrenito construyendo en él como han podido, en muchos casos viviendas tan carentes como las de los llamados cantegriles.

Queda en evidencia en primer lugar los magros salarios de la mayoría de los uruguayos, aunque la macroeconomía diga otra cosa.

Queda en evidencia también que los planes de vivienda social sirvieron para enriquecer a los empresarios de la construcción y han quedado fuera del alcance del bolsillo de los asalariados.

En el circo legislativo a su vez, se votan leyes confusas de vivienda que se sabe de antemano fracasarán, pero sirven para pescar algún votito usando dos calderines: uno en la mano derecha y otro en la ultra-izquierda.

En el medio quedan don Juan y doña María en su hogar húmedo, a medio hacer, arrastrando sus penurias toda la vida.

El Plan Juntos, a su vez, encendió un chispazo de esperanza y miles de voluntarios sociales dieron un paso al frente diciendo: ¡Presente! Pero fue peor el remedio que la enfermedad: en torno al Plan se construyó una burocracia rentada y su resultado fue no sólo la construcción de un número de  viviendas muy por debajo de la promesa electoral, sino que  peor aún, abortó la solidaridad y la esperanza influyendo fuertemente en el retroceso ideológico que hoy nos aqueja.

Abundan los terrenos y  casas ruinosas abandonadas y también los predios estatales en desuso o cedidos a particulares, pero el Estado no gasta ni su poder, ni sus medios legales (ley de expropiación) o recursos financieros en lograr soluciones accesibles de vivienda para los sectores de más bajos recursos.

Pero sí el Estado endeuda el país en mil millones de dólares para que UPM  instale su 2da.  Planta haciendo  un negoción con nuestros árboles y sin asegurar el reintegro de esa brutal cifra que se gasta en su  provecho.

Los árboles son nuestros  y las familias sin vivienda también; pero no se apuesta a una industria maderera nacional, orientada a la fabricación de viviendas de rápida construcción y de calidad decorosa, mucho más baratas que las realizadas  tradicionalmente.

Falta, o no se quiere tener, la convicción necesaria para enfrentar la corporación de empresarios de la construcción,

Hoy, en la proximidad del 2019, podemos afirmar que se tira humo sobre este tema tanto por parte de la derecha tradicional como del progresismo y de la ultraizquierda, mientras que don Juan y doña María lo ven elevarse de todas las tiendas, cada vez con menos esperanza de que las elecciones le cambien su suerte.

Para que haya patria para todos, hay que construir la herramienta que la consiga….

 

Si el Herrerismo y Asamblea Popular están detrás,  algo está funcionando mal por Julio Villamide

Cada año se agregan unos 15.000 hogares nuevos en Uruguay. Al margen del actual déficit habitacional, se necesitarían construir igual número de viviendas, para no seguir ampliando el déficit. Sobre un costo de unos 70.000 U$S/vivienda, la inversión anual requerida supera ligeramente los mil millones de dólares. Pretender cubrir casi toda la nueva demanda, con recursos públicos, agrandaría el rojo fiscal en 1,5% anual. Con la Ley 18.795 los privados cubrieron buena parte de la demanda, que antes satisfacía el BHU con recursos públicos, y lo están haciendo con riesgo y recursos 100% privados.

El Proyecto de Ley presentado por el Diputado Rubio, tiene mucho de realismo mágico, ya que casi nada se dice de las fuentes de financiamiento, ni tampoco de los costos de producirlas.

El objetivo de la Ley 18.795 fue dejar de usar recursos públicos para financiar viviendas de clase media, permitiendo que los recursos públicos se concentraran en los segmentos más vulnerables.

Cuanto mayor sea la inversión privada, destinada a sectores medios y altos, mayor la disponibilidad de recursos para que el sector público atienda a otros segmentos de ingresos, que requieren financiamiento estatal, como el cooperativismo, por ejemplo.

Una política habitacional inteligente es la que aprovecha al máximo los recursos privados, en beneficio de un desarrollo urbano equilibrado y hace un buen uso de la infraestructura urbana existente.

Hay sectores de la izquierda que piensan que los alquileres suben o bajan en función de decisiones adoptadas en el ámbito privado, al margen de la incidencia de oferta y demanda.

En rigor los privados han invertido cerca de 10.000 millones de dólares en viviendas para alquilar, en los 14 últimos años, y lo han hecho porque la rentabilidad les resulta atractiva y porque se han mantenido estables las reglas de juego.

Sin la participación privada de los últimos 14 años, hoy tendríamos alquileres más elevados y un porcentaje de población viviendo en Asentamientos Irregulares, muy superior a la actual.

Cuando desde sectores del propio gobierno y ni que hablar desde Asamblea Popular, se propicia penalizar y desestimular la inversión privada, lo que hacen en realidad es disminuir la oferta de viviendas formales e incentivar la expansión de la informalidad urbana.

Pasó por última vez en Octubre de 1985, cuando el Parlamento aprobó la última regulación del mercado de alquileres, que generó que un tercio de los propietarios retiraran sus viviendas del mercado, los alquileres se dispararan, nacieran los Asentamientos Irregulares tal como hoy los conocemos y, la Ciudad de la Costa, para los afectados más afortunados.

Hay algún legislador que propone reeditar aquel caos y cuando uno indaga descubre que en la fecha de la última regulación, ni siquiera iba a la escuela, por ende no tiene ni idea la angustia que por entonces generaba en los inquilinos, llegar al fin del plazo contractual de su arrendamiento.

Lo que está claro es que la demanda es muy heterogénea y por ende las soluciones al problema de la vivienda deberán ser múltiples y creativas. No hay uno o dos instrumentos que alcancen para brindar cobertura al total de la demanda, particularmente la nueva, que se expande sin cesar, acicateada ahora por la llegada de inmigrantes.

Lo último que se necesita en las actuales circunstancias son propuestas demagógicas, detrás de las cuales se alineen desde el Herrerismo hasta Asamblea Popular, anestesiando la capacidad de innovación que esta problemática requiere.

 

Querer los acuerdos por Alejandro Sciarra

La semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Vivienda Popular propuesto por Unidad Popular, con el apoyo de toda la oposición.

Es de celebrar que el sistema político se haya propuesto un debate sobre el acceso a la vivienda propia. Por alguna razón es un tema que no genera locas pasiones ni es de los puntos más debatidos en campaña electoral. Es además una victoria de la oposición, que actuando en perfecta coordinación, logra quebrar la mayoría aplanadora del oficialismo e imponer el tema en discusión.

No voy a decir que el proyecto así como está me gusta, porque estaría mintiendo. Pero creo que tiene una buena intención, y atiende una difícil realidad desde una óptica distinta. Habría que pasarlo por unos cuantos filtros, pero no lo tiraría a la basura.

Los bastiones del Frente Amplio en materia de vivienda (Plan Juntos, Programa Ahorro Joven, Ley de Vivienda de Interés Social) han sido un fracaso tras otro. Por lo que la bancada del partido de gobierno podría con dignidad, prestarse a discutir y mejorar esta nueva propuesta. Por supuesto, para suplir el menjunje que hay hoy. Porque no me gusta nada que se sigan creando organismos públicos que no generen ningún tipo de sinergia y coadyuven solamente a más y peor burocracia.

El proyecto así como está deja demasiadas incógnitas. El asunto de la casa propia no es sencillo. Ni acceder a ella, ni mantenerla luego. El sueño de la casa propia puede convertirse en pesadilla cuando a estos compatriotas que estén pagándola con el diezmo, les llegue además, la contribución inmobiliaria, el impuesto a primaria, la tasa de saneamiento, la tasa de alumbrado público y todos los “bonos colaboración” con que soportamos al Estado a cambio de nada.

El articulado referente a la construcción también me deja dudas. Hace referencia a preferencias de materiales nacionales, al Estado suministrándolos, pone la construcción en manos de la Agencia Nacional de Vivienda, licitaciones y la mar en coche.

Dudo que en los partidos de la oposición se reciba con agrado y conformidad todo esto. Pero no es mi intención profundizar en el proyecto sino decir que estamos ante la oportunidad de discutir un rumbo en materia de acceso a la vivienda propia.

Sinceramente, me tiene sin cuidado que este proyecto sea aprobado o no. Pero creo que es una brillante oportunidad para llegar a un acuerdo. Habrá que hacer concesiones, habrá que votar artículos que no nos gustan demasiado, habrá que discutir, argumentar, estudiar. Pero es el momento de, por qué no, volver a Comisión de Vivienda y discutir serenamente qué tipo de acceso a la vivienda queremos.

El Senador Lacalle Pou tendió un puente. Se fue lo más lejos que se podía ir políticamente a buscar un acuerdo. Si el Partido Nacional pudo golpearle la puerta a Unidad Popular, entonces las barreras ideológicas no son tan infranqueables. Con buena voluntad, astucia, y ganas de construir, se pueden lograr acuerdos. Solo hay que quererlos y buscarlos.

 

Sin Desperdicio por Celina McCall

Era casi la medianoche del martes 13 de marzo, cuando la barra en Diputados estalló en júbilo: había acabado de ser aprobado el Plan de Viviendas de Unidad Popular, por una mayoría ínfima de 50 contra 49 votos, gracias al diputado “rebelde” del FA. Escuché hasta tarde los argumentos de un lado y del otro, y fue irónico que la izquierda discutiese contra el proyecto en términos como demagogia, oportunismo, pensamiento mágico, voluntarismo, acusándolo de ser propietarista, mientras recibía elogios de la “derecha neoliberal”.  Lo más risible fue que, cerca del fin, la bancada oficialista pidiese diálogo porque no era sano que el plan no fuera consensuado y tenía a “un lado fajándose al otro”.  Juro que se lo escuché decir a la diputada Susana Pereyra. El principal argumento contrario al proyecto era que no tenía financiación.  Eso lo decía la misma bancada que había aprobado inúmeras leyes sin fondos, como la reforma al Código Civil (hay jueces y fiscales llevando papel higiénico a los juzgados) o la Ley de Violencia Doméstica (no hay con qué construir refugios).

Se dijo que al final del quinquenio el gobierno habría gastado más de mil millones de dólares en soluciones de vivienda.  Sin embargo, crecen los asentamientos a ojos vistos. Entonces ¿dónde metieron la plata?

“Soluciones” recientes serían el plan sindical (hay una persona presa por estafa) rodeado de misterios y el Plan Juntos del presidente Mujica del cual tampoco se sabe mucho, ya que ninguno es política de Estado.

Todas las tiendas políticas han tratado de implementar soluciones habitacionales, con mayor o menor éxito.  El problema actual es el ansia recaudadora del gobierno, el crecimiento de impuestos y los ajustes fiscales, que han hecho con que la gente construya menos y prefiera tener sus inmuebles cerrados antes que alquilarlos, lo que ha aumentado el déficit.  Hay unos 45 mil desempleados recientes en la rama de la construcción.  Solo el BPS representa un 70% de incremento al costo de una obra, escuché decir.  ¿El gobierno no podría parar un poco la mano?

Mientras el gobierno y la DGI fiscalizan y ahogan a los que pueden pagar, no lo hace con los que no pueden.  Conozco a una familia a la cual le designaron una vivienda en un conjunto habitacional y que se vieron obligados a dejar todo, ante los ataques de los vecinos (uno de los hijos recibió una paliza casi fatal) porque eran los únicos que pagaban la cuota mensual correspondiente (algo así como 1 UR) y daban “mal ejemplo”.  Volvieron al asentamiento de donde provenían.   También se ha expulsado de algunos barrios, como Casavalle, a la gente que se “porta bien”.

Los alquileres están por las nubes y las medidas están lejos de solucionar el problema.  No creo que con esta ley se arregle algo.  Es probable que no pase en el Senado.  Por lo menos sirvió para mostrar la hipocresía de algunos actores que creen tener el monopolio de “hacer el bien”.  Y que hay que sentarse a negociar, por un futuro mejor, sin desperdicio.

 

Cuestión de prioridades por Leo Pintos

Desde el Presidente hornero que hacía las casas con el pico, pasando por los vergonzosos núcleos básicos evolutivos, el fracaso del Plan Fénix y el cuento de la ciudad satélite malaya, siguiendo por la confiscación de 75 millones de dólares del Plan de Integración de Asentamientos Irregulares para pagar la joda de los Peirano y los Röhm, sin olvidar  el caso de corrupción del Banco Hipotecario presidido por Salomón Noachas, hasta llegar a nuestros días con el fracaso del Plan Juntos y con viviendas de interés social arriba de los 2 000 dólares el m², así, el país ha manejado su política de vivienda y explica parte del porqué de tantos uruguayos sin solución habitacional. Somos un país que vive de espaldas a las oportunidades. No es casual que tengamos más de 200 000 km² de mar territorial y el pescado a precios prohibitivos, ni que tengamos millones de hectáreas fértiles y que ir a la feria sea una inversión. Menos casualidad es que haya arriba de diez millones de cabezas de ganado y paguemos por un kilo de carne un pastizal. Nada es casual en Uruguay. Siempre hay algún intermediario medrando más allá de lo razonable y quien debiera intervenir para impedirlo mirando para otro lado. El Estado, que es dueño de la principal cementera del país, no ha sabido, o no ha querido, encarar una política de construcción accesible para las clases baja y media. Un país que forestó más de un millón de hectáreas no ha sido capaz de estimular la construcción en madera, pese a que este es un material noble, económico, sustentable, confortable y práctico, utilizado en gran parte del mundo desarrollado. Le tiro una pista del porqué de esto: construir en madera o en obra seca implica recaudar menos impuestos por venta de cemento y menos jornales de trabajo en el bps. En ese nivel de incongruencia andamos. Y como si todo esto fuera poco, por estos días la Cámara de Diputados votó la Ley de Vivienda Popular a sabiendas que es inaplicable en las actuales circunstancias, sin el correspondiente cálculo de costos ni de financiamiento. Una muestra más de que para la política oportunista no hay límites, ni siquiera la necesidad de la gente. La realidad es que cada vez hay más gente viviendo en asentamientos, en muchos casos, entre  el barro y la mierda, familias hacinadas sin servicios básicos y expuestos a las inclemencias del tiempo y enfermedades de todo tipo. No hemos entendido que el derecho a la vivienda se relaciona directamente con la calidad de vida y la salud de las personas. Y es también un asunto estrechamente vinculado a la seguridad, y debiera ser columna vertebral de todo plan tendiente a bajar el delito. El Estado y el sistema político no han sabido dar una alternativa a los que no pueden seguir el ritmo del mercado.Porque una sociedad verdaderamente democrática no puede abandonar a parte de sus integrantes y empujarlos a vivir en condiciones indignas. Cualquier gobierno que se diga de izquierda, y luego de tres períodos de gobierno consecutivos, en vez de hablar de organizar un mundial de fútbol ya tendría que haber encarado acciones firmes y concretas para una mejor redistribución de la riqueza, que no pasapor dar dinero a los pobres sino por aportar mecanismos para que todos tengan la oportunidad de satisfacer las necesidades básicas, empezando por la vivienda; estimulando la autoconstrucción, incentivando el uso de nuevas formas de construcción más eficientes y ecológicas, bajando la carga impositiva lo más que se pueda. Tenemos vastas zonas urbanas prácticamente vacías, tenemos tierras disponibles, tenemos cemento y madera, tenemos un ejército sobredimensionado y más de 11 000 presos ociosos. A lo mejor, sumando voluntad y decisión se puede hacer algo. Porque pese a lo que se cree, no es cierto aquello de que la política es el arte de lo posible, es el arte de lo necesario, ni más ni menos.

Viviendo por Fernando Pioli

Cuando se discute sobre la agenda de derechos muchas veces nos perdemos lo obvio. Hay derechos que son esenciales y de tan esenciales que son los perdemos de vista, pasamos a su lado sin rescatarnos de su existencia y también de su vulneración.
El acceso a la vivienda sigue siendo el gran derecho vulnerado en nuestro país. Más allá de los notorios avances que se han hecho en los últimos años en diversas áreas, en esta no son nada notorios.
En nuestro país la existencia de amplios sectores geográficos de construcciones irregulares en donde vive la población más vulnerable sigue siendo una ofensa irreparable. Esta población comprende a los sectores sociales más jóvenes y que tienen más hijos. O sea, en los asentamientos irregulares o “cantes” se concentra y se juega el futuro de nuestra sociedad.
En la antigua Grecia (y no ocurre algo distinto en la posterior dominación romana), el concepto de oikos (casa) era realmente trascendente. Esto hasta el punto de que el conflicto entre el sentido de pertenencia a una casa y al Estado era visto como una fuente de conflicto. Allí, en la casa se jugaban los primeros valores con los que el ciudadano debía formarse. Valores esto que no siempre eran armoniosos con los vaivenes políticos que proponían alinearse a una lógica y una ética superiores.
No obstante este conflicto (quizás, incluso, gracias a él) la casa es el la unidad básica de la sociedad. En este caso no sólo remitiéndonos a ella como el resultado de una construcción arquitectónica, sino extendiendo su significado hasta algo parecido al de familia, es decir incluyendo a sus habitantes.

El futuro del Estado, y en la antigüedad el Estado no es algo esencialmente distinto de lo que actualmente llamamos sociedad, comienza a discutirse y encaminarse en la casa. Allí es donde se forman los primeros valores y las primeras convicciones,valores y convicciones muy difíciles de desarraigar fuera de su aura protectora.

Es por esto que la política de vivienda es la batalla más importante que resta por dar y que va de la mano del resto de las batallas, especialmente la de la educación. Actualmente, con la crisis del concepto tradicional de familia es más determinante que nunca generar políticas exitosas de vivienda que permitan darle estabilidad y perspectiva de futuro a amplios sectores de la población. Justamente a sectores de la población que por su juventud e indefensión, sin saberlo, son el futuro del Estado. Por eso , nada más y nada menos deberían ser responsabilidad de todos.

Demagogia, Oportunismo y Cinismo por Gastón Villamayor

 Unidad Popular presentó un proyecto de ley que ofrece un Plan Nacional de Vivienda Popular y Estatal, el mismo fue objeto de un sinnúmero de críticas, técnicas y políticas. Respecto a lo técnico, muchas de las críticas son de recibo, el proyecto tiene importantes debilidades que en caso de aprobarse sin corregirse, lo harían inaplicable. También tiene aspectos a mejorar, por ejemplo el monto por el cual se calcularía el valor de la cuota a abonar es en función del ingreso del núcleo familiar, aspecto bastante difícil sobre el cuál ejercer contralor, pero además no tiene en cuenta los egresos, la cantidad de personas a cargo, entre otras tantas cosas. No obstante me parece mucho más importante poder abordar el otro aspecto crítico que tiene que ver con el político.

El mayor logro de Unidad Popular en lo que respecta al caso, no tiene que ver con la eventual aprobación del proyecto de ley sino con haber logrado el apoyo de toda la oposición e incluso de un diputado del Frente Amplio decisivo, que colocó al tema en los medios de comunicación y en la opinión pública, evidenciando el fracaso del gobierno en materia de vivienda.

El nivel de la discusión parlamentaria podría haber caído muy bajo si no fuera por la altura del diputado Rubio a la hora de responder agravios por parte del oficialismo, que no escatimó nada; “demagogo”, “oportunista” y “cínico” fueron algunos de los calificativos que recibió el diputado de Unidad Popular por promover el proyecto de ley. Y acá me quiero detener a opinar concretamente sobre la reacción del Frente Amplio. La banca que ocupa Eduardo Rubio tiene una particularidad interesante, ejerce representación real, “sus” miles de votos, siguen con atención su labor y le exigen representación constante; por eso cuando lo insultan, muchas personas que lo votaron, se sienten agraviadas. En segundo lugar, el proyecto surgió del movimiento social, no de una oficina de tecnócratas, eso explica su debilidad técnica y demuestra la necesidad social insatisfecha, pero el Frente Amplio en vez de trabajar para mejorarlo y hacerlo posible, eligió descalificarlo. Y en tercer lugar me quiero referir a las dos críticas principales que se le hicieron, una técnica y otra política. La técnica, refiere a falta de recursos que viabilicen el plan, pero no entiendo, porque por ejemplo, votaron la ley 19580, “ley de violencia hacia las mujeres basada en género” y tampoco le asignaron recursos. La justicia está decretando colocación de tobilleras para proteger a las mujeres víctimas de violencia, pero muchas no se están cumpliendo porque no hay; también por falta de recursos. Sin embargo hace unos días el gobierno decidió continuar auspiciando a Santiago Urrutia, quién desde 2012 a la fecha ha recibido más de 1.000.000 de dólares. Capaz que el problema no es tanto la falta de recursos, sino la falta de voluntad política. Por otra parte, la crítica política con la que se pretende descalificar a Unidad Popular, es el apoyo de la derecha al Plan de Vivienda y  también la negativa de UP a votar la Reforma de la Caja Militar, cuestionando de ese modo la pureza ideológica del partido. La crítica la hace el Frente Amplio que gobierna hace 3 períodos con mayoría parlamentaria y que ha votado de la mano con la derecha decenas de leyes penales, privatizaciones, exoneraciones tributarias por millones de dólares, extranjerización de la tierra agropecuaria, ha regalado concesiones de frecuencias a canales privados, es responsable de la tortura y tratos crueles e inhumanos de adolescentes en INAU, y no ha tocado ni un solo privilegio a los militares, ni siquiera a los torturadores procesados a los que además de mantenerle las jubilaciones de $100.000 y computarle sus torturas como trabajo efectivo, les construyó una cárcel VIP.

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