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Agua y movimientos ciudadanos por Hoenir Sarthou

Agua y movimientos ciudadanos por Hoenir Sarthou
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Mientras escribo, martes de noche, miles de personas se preparan a vivir mañana una de las últimas jornadas para firmar, recibir y enviar papeletas del referéndum contra la ley de riego. El viernes vence el plazo para presentarlas ante la Corte Electoral, por lo que cada hora y cada firma cuentan.

El clima de los últimos días contrasta con el de los meses anteriores. La campaña fue lenta. Por falta de información, por esa costumbre uruguaya de dejar todo para último momento, o porque algunos resortes de la vida ciudadana están todavía enmohecidos. A mucha gente parecía costarle entender que el agua, uno de los recursos naturales más importantes, se privatizaría y se convertiría en mercadería de empresas privadas si la ley queda vigente. Aun entendiéndolo, a muchos les costó reaccionar y actuar.

Hace pocos días, al saberse que las firmas podrían no alcanzar, la reacción fue sorprendente. Miles de firmas en poquísimo tiempo. Redes espontáneas surgieron por todos lados para difundir información, suministrar papeletas y recabar firmas.

Pase lo que pase el viernes, cientos de miles de firmas, reunidas sin recursos económicos ni respaldo político- partidario, con un tardío y tibio apoyo de la Central sindical y en medio del silencio de la prensa “grande”, son de por sí un éxito.

Este año ocurrió algo muy novedoso. Cuatro movimientos, con muchos rasgos en común, han pugnado por incidir en ciertas decisiones políticas del país. El Movimiento por la Rambla Sur, la convocatoria a referéndum contra la ley de riego, el proyecto de reforma constitucional para eliminar la bancarización forzosa y la petición dirigida al Poder Ejecutivo contra el proyecto UPM 2, tienen en común varias cosas.

En primer lugar, son movimientos ciudadanos, en el sentido de que no fueron inspirados por un partido político ni tienen detrás a ningún partido, cosa inusual en nuestra tradición; a sus integrantes no se les pregunta qué ideología profesan o qué votan, y, en los hechos,  los integran gentes de muy variadas ideologías y definiciones políticas.

Otro rasgo en común reafirma su condición ciudadana: todos utilizan como medio de acción procedimientos expresamente previstos y regulados por  la Constitución de la República. En el caso del riego, el referéndum contra las leyes; en el caso de la bancarización, la reforma constitucional; en el caso de la campaña contra UPM2 , el derecho de petición de los artículos 30 y 318 de la Constitución; para la Rambla Sur también se recurrió al derecho de petición, aunque de manera más informal.

Quizá el aspecto más destacable de su condición ciudadana es que todos tienen en común la defensa de la soberanía y del interés público contra alguna forma de apoderamiento, actual o potencial, por parte de intereses extranjeros. Así, la beneficiaria  de la venta del Dique Mauá era una empresa propiedad del Sr. López Mena.  La campaña sobre bancarización se opone a la obligación de manejar las operaciones económicas a través del sistema financiero, en buena medida extranjero. La campaña contra la ley de riego prevé que la privatización del agua, dispuesta por la ley, implicará su concesión a empresas privadas, en especial transnacionales. La campaña contra UPM 2, por su parte, se opone a las desmesuradas concesiones que el Poder Ejecutivo se comprometió a darle a una empresa, la finlandesa UPM. Concesiones entre las que se cuenta el agua del Río Negro, un puerto en Montevideo, una enorme zona franca,  el control de una vía de ferrocarril de casi 300 kilómetros, exoneraciones tributarias, expropiaciones, miles de millones de dólares del Estado en infraestructura, sin contrapartidas, y la injerencia de la empresa en la legislación laboral y tributaria, y en los planes de estudio.

Cosa inusual y nada menor, las demandas de estos movimientos no son corporativas, no pretenden expresar un interés particular o colectivo de sus integrantes. Invocan el interés público, el de los habitantes del Uruguay.

En estos momentos, por razones de plazo, todas las miradas están puestas en lograr las firmas para el referéndum de la ley de riego. Pero, detrás de esa urgencia coyuntural, hay un fenómeno nuevo:  ciudadanos que se agrupan para asumir, con escasa o nula mediación de las organizaciones políticas y sindicales ya existentes, la defensa de intereses que consideran nacionales y la exigencia de decisiones políticas que, tanto el oficialismo como la oposición, se resisten a adoptar.

¿Esos movimientos, en apariencia dispersos, son el coletazo de una sociedad que se debate ante lo inevitable, o el inicio vigoroso de una nueva forma de intervención ciudadana en la vida política? ¿Son gestos románticos, u obligarán a cambiar los términos del debate y el accionar político futuros?

Es pronto para decirlo. Si los participantes se ven a sí mismos como devotos de una  causa aislada (el agua, el ambiente, la rambla, el molesto ferrocarril, la protesta ante las inequidades tributarias, la rabia por los cajeros automáticos, o el rechazo a las políticas de cierto gobierno o partido), es muy probable que todo termine en una cantidad de derrotas y decepciones.

Pero, si se percibe que todas esas cosas son expresiones de un mismo modelo económico, que apareja además un modelo ambiental, político, jurídico, social y cultural, las cosas pueden ser distintas.

El modelo económico globalizador tiende a convertir a los Estados en una suerte de capataces de las inversiones privadas deslocalizadas. El control del dinero, y la explotación de recursos naturales valiosos y escasos, requiere de Estados serviciales, fuertes para garantizar las inversiones y débiles para controlar a los inversores. El vaciamiento de los Estados, la desnaturalización de su funcionamiento democrático, y la corrupción de los gobiernos, son estrategias inteligentes de cierto tipo de inversión.

No por casualidad, todos los movimientos a los que nos referimos están usando mecanismos constitucionales de democracia directa para defender sus causas.

Perseguir el funcionamiento democrático y transparente del Estado, y exigirle al sistema político la función para la que fue electo, parece ser, de momento, la estrategia en curso. Los hechos demuestran que, para mucha gente, esa tarea no puede hacerla el  sistema político por sí sólo. Por algo la asumen directamente los movimientos ciudadanos.

La coincidencia en el origen de los problemas que enfrentan esos movimientos, la similitud de fines y la coincidencia en los medios elegidos, parecen indicar un camino futuro. El tiempo dirá si logran confluir en un camino común. Es probable que, como país, nos vaya la vida en ello.