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América “De Facto”

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Los datos sobre  la existencia de una operación internacional destinada a derribar al gobierno de Nicolás Maduro aparentan ser cada vez más firmes.

Un documento, suscripto y no desmentido por el Jefe del Comando Sur del ejército de los EEUU, Kurt Tidd, así como declaraciones previas de su antecesor en el cargo, John Kelly, parecen confirmar lo que muchos analistas y el propio gobierno venezolano  venían denunciando. El documento, filtrado a la prensa a mediados del año pasado, se propone el derrocamiento del gobierno de Maduro por medio de un conjunto de acciones políticas, económicas y eventualmente militares. Además le asigna a la OEA, y en particular su Secretario General, Luis Almagro, la misión de aislar a Venezuela, expulsándola mediante la aplicación de la “Carta democrática”.

La existencia de ese plan no borra los muchos defectos del gobierno de Maduro. Pero impone pensar el asunto superando la dicotomía simplificadora de “Maduro, dictadorzuelo caribeño, versus la democracia y el derecho internacional”, o “Maduro, líder popular, víctima del imperialismo yanqui”.

La situación de Venezuela nos exige-permite tratar de entender algunos aspectos del nuevo mundo (el sistema global) en el que estamos viviendo.

Una visión de izquierda tradicional despacharía el tema en dos minutos: “Es lo de siempre –diría- el imperialismo yanqui  va detrás de los recursos naturales, en este caso nada menos que el petróleo, y para eso arrasa  a cualquier gobierno, democrático o no. Por eso hay que tomar partido incondicionalmente por el gobierno de Maduro”, que quedará así automáticamente adornado por todas las virtudes populares, socialistas y revolucionarias.

Por otro lado, ciertas visiones liberales (tanto “de derecha” como “progresistas”) resolverán también el asunto con facilidad: “La cuestión es entre la democracia y la dictadura, o entre la libertad y el autoritarismo. Por eso hay que respaldar al derecho internacional, encarnado en este caso por la OEA”.

He visto sostener las dos posturas con buena fe. Sin embargo, tengo la sensación de que ninguna de las dos da cuenta de ciertos importantes asuntos en juego.

Para empezar, si el plan contra Maduro es cierto, ¿quién lo está llevando a cabo? ¿Los EEUU? ¿El gobierno de Trump? ¿El ejército? ¿Quién?

El documento del Comando Sur es de febrero de 2016. Desde entonces, hubo campaña electoral, perdió Hillary, Obama terminó su mandato y asumió Trump, para sorpresa y desazón de todo el sistema político estadounidense. Pero Trump tiene dificultades para implementar casi cualquiera de las medidas a las que se comprometió. De hecho, desde su asunción enfrenta una virtual rebelión del sistema político. Sin embargo, el plan contra Venezuela sigue su marcha desde principios de 2016 como si nada hubiese pasado en la política de los EEUU. Cualquiera puede colegir que no son el nuevo presidente ni su gobierno quienes lo planearon y lo impulsan. ¿Quién, entonces?

Hay razones para pensar que la política exterior de los EEUU –y probablemente también buena parte de la interna-  no es ya de resorte de los presidentes ni de sus gobiernos. Una conjunción de intereses no estrictamente estadounidenses sino globales, las corporaciones financieras, la industria petrolera, la industria armamentista asociada al estamento militar y las empresas que arriendan sus servicios en los territorios en guerra, parecen ser los verdaderos beneficiarios de las costosas guerras iniciadas durante la administración de George W. Bush, proseguidas durante la de Obama y heredadas ahora por la de Trump. Eso explicaría que el plan del Comando Sur, redactado e inicios de 2016, con otro gobierno, se siga ejecutando ahora como si nada hubiese cambiado en los EEUU.

Este fenómeno no es nada menor. Durante décadas, estuvimos acostumbrados a ver a los intereses nacionales de los EEUU detrás de sus intervenciones diplomáticas y militares en el mundo. Eso ya no es así. Ahora puede ocurrir que la diplomacia y el poder militar de los EEUU actúen en formas que perjudiquen incluso los intereses del Estado y del pueblo de los EEUU. La destrucción de Irak, que eliminó un obstáculo para el poder de Irán en la región, es un buen ejemplo. La globalización neoliberal es también eso: los Estados y los pueblos, incluso los poderosos, pueden estar supeditados y ser usados por intereses que ya no tienen un asiento territorial determinado.

El otro asunto al que nos enfrenta el “caso Venezuela” es el de la función del derecho internacional.

¿Existe un derecho internacional legítimo, que va abriéndose camino, declarando y garantizando los Derechos Humanos y la paz en el globo? ¿La OEA y la ONU, pese a sus falencias, encarnan para nosotros, los americanos, ese proceso civilizatorio mundial?

Lo políticamente correcto sería responder “sí”. Sin embargo, los hechos indican lo contrario

¿Cuántos golpes de Estado y cuántas invasiones hubo en Centro y Sudamérica desde mediados del Siglo XX hasta ahora?

Haciendo una lista incompleta, desde los años 60 hubo golpes de Estado en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Haití, Bolivia, Honduras. Y hubo invasiones militares por parte de los EEUU en Panamá y Grenada. ¿Y qué hizo la OEA en todos esos casos?

Nada. Al menos mientras los EEUU apoyaran a los regímenes de facto instalados.

La situación de la ONU no es muy distinta. En el Siglo XXI, convalidó invasiones y masacres en Afganistán, Irak, Libia y la aun en curso en Siria. La ONU es, por definición, un instrumento controlado por los EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que tienen derecho de veto sobre cualquier decisión. Por lo tanto, nada que hagan esas potencias  será condenado por la ONU.

Se podrá pensar que esas falencias son prácticas defectuosas que no afectan la validez del derecho internacional. Bien, sostengo que no son prácticas defectuosas sino rasgos constitutivos del derecho interestatal. Reitero entonces la pregunta: ¿hay un derecho internacional legítimo?

La respuesta depende de qué entendamos por derecho legítimo.  Para los occidentales, en especial para los latinos, la legitimidad del derecho requiere una aprobación democrática, por vía directa o representativa, ceñida a normas constitucionales aprobadas en forma directa por la ciudadanía. Nuestros derechos nacionales son derechos de ciudadanía, en el sentido de que surgen mediante procedimientos sobre los que los ciudadanos podemos incidir.

Con el llamado derecho internacional ocurre lo contrario. Es un derecho interestatal, sin ciudadanía, en cuya aprobación no intervenimos los ciudadanos.

Para colmo, avanza cada día sobre áreas reservadas constitucionalmente a la decisión ciudadana. Pretende redefinir los derechos y garantías individuales, limitar las facultades legislativas de los Estados y asumir la función jurisdiccional. Ningún gobernante o parlamentario está habilitado constitucionalmente para alterar los derechos y garantías fundamentales, ni para limitar las facultad legislativas, ni para someter al país a la jurisdicción de tribunales extraterritoriales (un Estado que se somete a una jurisdicción externa deja de ser soberano). Sin embargo, esas decisiones son materia frecuente de los tratados, por ejemplo sobre terrorismo y lavado de activos, o sobre protección de inversiones. Los gobernantes exceden sus facultades cuando comprometen a sus países a cosas que ellos mismos, constitucionalmente, no podrían hacer.

No es una cuestión formal. Los hechos demuestran que el derecho internacional es un instrumento de las élites políticas y económicas. Europa es un buen ejemplo. Cada vez que los pueblos han sido consultados, el resultado ha sido el rechazo. Pasó en 2005 con la Constitución europea, rechazada por Francia y los Países Bajos en plebiscitos. Y volvió a pasar ahora en Inglaterra con el Brexit.

La idea de que existe una comunidad internacional con principios y formas jurídicas universales es falsa. Por eso los tratados, incluso los de la OEA y la ONU, no fueron ni serán plebiscitados. El derecho internacional no es democrático por una buena razón: si se consultara a los ciudadanos, no sería aprobado. Las diferencias culturales y los intereses nacionales lo impedirían.

El derecho internacional no regula ni modera las relaciones de poder existentes en el mundo. Sólo les da apariencia de legitimidad. Suprimir el fundamento democrático del derecho, por relativo que sea, es servirles en bandeja el poder jurídico a las élites políticas y económicas. Por eso éstas invocan, cada vez con más frecuencia, al derecho internacional como superior a los derechos nacionales, que cuentan con la legitimidad de su trabajosa aprobación y control democráticos.

Estrictamente, América, pero también el mundo, viven una situación internacional “de facto”. La fuerza y la riqueza, disimuladas tras tratados, protocolos y discursos técnico-burocráticos inconsultos, imponen las reglas. Y el caso de la OEA es paradigmático, por su sumisión histórica a los intereses que represente el gobierno de los EEUU, sean éstos cuales sean.

¿Se entiende por qué, aun reconociendo que Venezuela tiene grandes carencias democráticas, la OEA no es quién para juzgarla?