Home Reflexion Semanal ¿Cárcel o tortafritas? Una sentencia que chorrea grasa

¿Cárcel o tortafritas? Una sentencia que chorrea grasa

¿Cárcel o tortafritas? Una sentencia que chorrea grasa
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Esta semana tuvo amplia difusión un fallo judicial por el que fue condenado un señor que compró una bordeadora robada a una pena de hacer cien tortas fritas. El polémico fallo hizo arder las redes sociales y puso otra vez en la picota el nuevo código de proceso penal.  Sin embargo, no existió la misma reacción cuando los que habían comprado vacas robadas las devolvieron y zafaron de tener algún tipo de pena. Ya antes habíamos visto el caso del joven que arremetió a fierrazos contra un cajero y le pusieron como pena la prohibición de acercarse al mismo, o el del manifestante que cometió actos vandálicos, y su pena se postergó hasta su regreso de las vacaciones en Valizas.

Este tipo de penas alternativas son usuales en la mayoría de los países, y con frecuencia también se dan casos de fallos que resultan llamativos.

¿Estamos preparados como sociedad para admitir las penas alternativas? ¿Le quitan seriedad a la actuación judicial algunas de estas decisiones que parecen ridículas para buena parte de la opinión pública? ¿Deberían cuidarse las formas para evitar un mayor desprestigio del Poder Judicial? ¿Hay una explotación política de estos casos que se prestan a la ironía, por parte de los enemigos del nuevo Código? ¿Es preferible que vayan todos a la cárcel? ¿Es más suave el nuevo Código de Proceso Penal  que el anterior? ¿O ahora es más transparente la información?

 

CÁRCEL: INFIERNO DANTESCO por Esteban Pérez

A veces nos causa pavor la superficialidad de no pocos compatriotas pidiendo cárcel para todo tipo de delito. Es poco serio opinar hormonalmente cuando no se conocen las condiciones de las cárceles uruguayas.

Muy lejos de cumplir los cometidos que indica la Constitución: ser centros de rehabilitación y no de tormentos, son grandes núcleos de corrupción y sufrimientos de todo tipo.

Nos tocó hace un tiempo integrar la Comisión de Asuntos Carcelarios y también la de Derechos Humanos del Parlamento. No hicimos la plancha, nos comprometimos y recorrimos a menudo los establecimientos penitenciarios.

A diario recibíamos denuncias de familiares de detenidos. Voy a contar, a modo de ejemplo, la anécdota de un jovencito de 18 años quien, urgido por la desesperación de la abstinencia de pasta base, manotea una prenda de vestir (un simple canguro) en plena calle, con tan poco oficio que fugó corriendo justo en dirección de la Comisaría. Es apresado y el juez lo envía al COMCAR. Allí, con aire canchero un compañero de celda le ofrece un celular para que llame a la familia e ingenuamente el chico lo hace. Por supuesto la intención era que el número quedara registrado y así sus padres empiezan a recibir llamadas que amenazaban con matar a su hijo si no depositaban determinada suma en equis cuenta. El chico fue golpeado y agredido a puntazos a diario para que a su vez presionara a su familia y esos meses que estuvo preso fueron de terror permanente para él y su familia.

En otros casos los primarios son reclutados por las bandas y obligados a traficar “merca” en el Penal y a seguir “trabajando” para ellos una vez en libertad.

Corre en las cárceles más dinero que en un Banco, lo que sumado a chantajes y amenazas genera un antro de corrupción que se extiende más allá de las rejas.

Nuestra sociedad enferma, hija del sistema capitalista, tiene un gran tumor en el sistema carcelario y de cada 10 condenados que cumplen su pena, entre 6 y 7 reinciden.

Es indudable que estamos ante un fracaso en la administración de las cárceles, que deberían volver a pasar a manos del Ministerio de Educación y Cultura para un rediseño de las mismas que permita el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

No nos asustan las medidas sustitutivas en tanto sean aplicadas con criterios sensatos y justos, en los que no haya hijos y entenados o tratamiento desigual si se es adinerado o pobre.

Cualquier ciudadano por causas fortuitas, puede verse compareciendo ante la justicia, por ejemplo, a causa de un accidente de tránsito con consecuencia de muerte. En estos casos a menudo se tipificaba como homicidio y el culpable era enviado a prisión, con todo lo que implica el escenario que narrábamos anteriormente. Pensemos en la indefensión de la persona que cae en esos antros accidentalmente, sin tener la menor idea de cómo moverse en una cárcel.

Aplaudimos la actitud de los actores judiciales que dejan como último recurso la remisión del acusado a prisión, prefiriendo usar la opción de dar una lección moral al acusado dejándolo en libertad, pero con obligaciones que permitan reparar de alguna forma el daño causado contra la sociedad o las personas.

A veces nos gusta pensar con dos termómetros diferentes para medir la estatura moral de un Estado: cómo trata a sus presos y cómo trata a sus ancianos… y ambas son dos patas muy rengas en nuestro país hoy por hoy….

 

Justicia tierna por Perla Lucarelli

Blandas, inoportunas y promotoras de impunidad.  Así son las penas alternativas que maneja nuestra Justicia según la aplicación del nuevo Código Penal.

No se sabe si es chiste lo de irse de vacaciones a Valizas y volver a cumplir la pena, devolver las vacas robadas y aquí no ha pasado nada o la sanción de hacer 100 tortas fritas para regalar.

TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ¿Qué es?  Es la reparación del daño cometido por el delincuente a la comunidad, en términos de trabajo socialmente útil y no remunerado. Tiene como objetivo cumplir la pena eludiendo todo contacto con la prisión y se aplica a delitos muy leves. Eso es en teoría.  En mi opinión, muy interesante si se cumplen las premisas más importantes:  “trabajo socialmente útil y no remunerado” y si realmente se aplica a delitos muy leves.

El fin del Trabajo en beneficio de la Comunidad es el de suplir a la cárcel y es el mejor camino para disminuir los prejuicios que existen contra las personas recluidas en prisión, es la reinserción real. Por eso debería merecer de la sociedad un voto de confianza para poderse extender, siempre y cuando no caiga en la falta de rigidez absoluta, como fueron los casos que últimamente acapararon la opinión pública.

El Trabajo en beneficio de la comunidad como pena alternativa debe cumplir con determinadas características para ser efectivo y para cumplir con lo que es, una condena:

  • Debe tener una duración mínima de 3 meses y extenderse según el delito hasta 2 años, en jornadas de 4 hs., de lunes a viernes, creando en la persona un hábito de trabajo (si no lo tiene), disciplina, la obligación de cumplir un horario, sentirse útil, no caer en depresión, ser un ejemplo en su entorno, dar algo de sí a los demás.
  • Beneficiar a una gran parte de la comunidad. Por ejemplo, tareas como ordenar una Biblioteca pública, ayudar a los estudiantes a encontrar libros, pintar una escuela, un liceo, hacer trabajos de jardinería y limpieza en plazas, escuelas, parques… Trabajo en comedores, Cruz Roja… En fin… Tantos lugares donde se necesita voluntariado…

 

Beneficios de esta medida alternativa para el condenado y para el Estado: La persona no deteriora su socialización y puede continuar con su vida, con su trabajo (si lo tiene) y con su familia. En ocasiones, la actividad que desarrollan es útil desde el punto de vista pedagógico: si aprovecha el tiempo puede aprender un nuevo oficio.  Para el Estado, los trabajos sociales suponen un costo económico mucho menor (solo vigilancia relativa y afiliación en caso de accidente laboral).

En países como España, por ejemplo, este tipo de pena sustitutiva por Trabajo en beneficio de la Comunidad ha dado un resultado ejemplar. Tanto es así que varios sancionados han decidido seguir con esa actividad de forma absolutamente voluntaria, por ser algo gratificante y que les hacía sentir útiles a la sociedad.                        Reinsertemos de verdad y con seriedad.

 

UN COMBO FATAL por Miguel Manzi

 

El pasado 2 de febrero se publicó en la página web de la Facultad de Derecho de la UCUDAL, un artículo titulado “La reforma procesal penal y la relativización del Derecho Penal sustancial”, autoría del Dr. Luis Pacheco Carve (el fiscal Pacheco: el que archivó la denuncia de sobrecostos por más de USD 100 millones en la planta de ALUR, porque no encontró USD 360 mil para pagar el peritaje; que al final parece que la Facultad de Ingeniería lo tenía que hacer gratis en virtud de un convenio preexistente). En dicho artículo, Pacheco le da con un caño al nuevo CPP, de manera prolija y sistemática (se puede leer en https://www.fder.edu.uy/node/1684). En la edición del pasado jueves 14 de marzo de “Búsqueda”, por su parte, se publicó un reportaje al fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz en el que, bastante alteradito, agita los fantasmas de “la impunidad” y “el colapso del sistema” para justificar una defensa ultramontana del nuevo Código, confirmando implícitamente los peores defectos que comentó Pacheco. El diagnóstico de los males que afectan al complejo preventivo-represivo-punitivo del Estado, hiriendo de muerte la convivencia y la calidad de vida de este sufrido país, se sigue repitiendo vanamente, sin que se produzca ningún cambio visible en el mundo real. Sí, ya sabemos, hay insuficiencia de recursos humanos y materiales. Sí, es verdad, cada uno de los fiscales penales recibió y mantiene 900 o más casos pendientes. Sí, se les nota, hay muchos fiscales, y jueces, y abogados, incompetentes, pusilánimes y/o infatuados. Sí, por supuesto, Bonomi, Vázquez, Layera, Leal & Cía. son una parte gigante del problema. Sí, claro, descalifica moralmente a los gobernantes y repugna a la decencia, pero las cárceles son centros de tortura y de muerte, infinitamente más masivos que los de la dictadura (pese a los grotescos payasos -y payasas- oficialistas que se llenan la boca con los derechos humanos). Sí, y además de todo, el CPP aprobado multiplica todas esas plagas. A este combo fatal, deben agregarse las condiciones generales que propician o desestimulan las conductas punibles: educación, empleo, salario, vivienda, entorno, expectativas, estrategias de contención y reinserción para quienes no funcionó todo lo anterior. Huelga decir que también en estas materias la situación es deficitaria. ¿Entonces no hay esperanza? A corto plazo, ninguna. A mediano y largo plazo, toda. La incógnita es a partir de cuándo empezamos a contar ese plazo, cuándo es el “día cero”. Adviértase que todos los males referidos son tributarios de políticas públicas. De ello, por fuerza, el cambio de rumbo importa un cambio político (también para la reforma del CPP). Acabemos, pues, con este ciclo frenteamplista, y ahí empezamos a conversar.

 

 

El gobierno no es anti-chorro; maneja el patrullero por

Cámilo Márquez

Según se desprende de la entrevista realizada al Fiscal de Corte en este mismo semanario hace unas cuatro semanas atrás, entran unos seis mil presos por año a los establecimientos penitenciarios del país.En verdad el dato se lo lanza Alfredo García y Jorge Díaz no lo desmiente. Mas acá el propio fiscal rectifica esto mismo en otro semanario: “El dato que yo manejo es que todos los años ingresan a los establecimientos carcelarios 6.000 personas y salen 6.000” le responde a Victoria Fernández del semanario Búsqueda (14/03).

Lo admite el fiscal de corte.A ver si nos entendemos: en una población carcelaria total algo por arriba de los diez mil, si entran seis mil y salen seis mil T-O-D-O-S LOS AÑOS, ¿dónde está la magnanimidad del nuevo código? ¿Antes había mas procesados?, sin embargo, la cifra de recluidos no era sustancialmente mayor. Algunos manejan otros números, más disparatados que los que admite Jorge Díaz. Sea como fuere, lo que queda claro es que tanto los gobiernos de blancos y colorados como los del Frente Amplio han recorrido caminos idénticos, no sólo en lo económico sino también respecto a la rehabilitación y en el llamado “combate” al delito.

El programa de gobierno del FA, votado luego de numerosas instancias, que atravesó un sinfín de filtros y que recibió su última podada hace unos días (aún no es pública la versión final, pero todo indica que será una considerablemente peor que las anteriores) sobrevuela sobre todo este problema, lo cual me hace pensar que muchas de la columnas que aparezcan sobre esta misma temática tocaran la misma partitura, esto es: La “multiplicidad” de causas del delito; la “cuestión educativa”; la (infaltable hoy día) cuestión “cultural” (nadie sabe a que se refieren con esto pero suena bonito y da impresión de ser ducho en la materia); la sociedad “consumista” (el que consume bastante suele poner la lupa sobre el que se endeuda para comprarse un plasma). Es decir, se pregona un mujiquismo de templarios al mismo tiempo que se aplaude que el país tome deuda para construirle infraestructura a una multinacional. A todo ese palabrerío, en el barrio le decimos chamuyo.

Si dice “cultura” más de tres veces en un párrafo estamos ante una clásica operación de salvataje del partido político en el poder. Sea cual sea. En realidad, es un recurso que no explica nada y deposita la responsabilidad en seres etéreos, impalpables. Me tomo esta libertad polemizando por adelantando por que la realidad es que el progresismo carece de un programa propio para hacer frente a la inseguridad ciudadana, y le ha expropiado la agenda a la derecha. Con la diferencia que, a los megaoperativos en la periferia, el endurecimiento judicial sobre los menores infractores, el aumento sostenido del presupuesto del Ministerio del Interior, y ainda mais, son coloreados con un discurso pomposo y modernizante: innovación, gestión de territorio, ambiente, biodiversidad, desarrollo sostenible, etc. Pero el planteo de un cuerpo militarizado era de Larrañaga, no se llamará Guardia Nacional, pero los que vivimos en el Cerro vemos a los blindados y a los uniformados vestidos de camuflado en cada esquina.

Díaz ha dicho en numerosas ocasiones que las cárceles están llenas de pobres y al mismo tiempo que la impresión de los fiscales es “que las penas hoy son más duras” (idem anterior). El hombre sin proponérselo desnuda la naturaleza de clase del conjunto del régimen y en especial de la fuerza política que subía al poder para desmantelar esas “lógicas”.

Por eso, uno no puede más que sonreírse cuando después de bucear en los PDF de las “Bases programáticas” aprobado en diciembre por la fuerza de gobierno entre una interminable catarata de lugares comunes se afirma que se apostara a: “La creación de las Mesas de Seguridad y Convivencia dando participación a los habitantes en la búsqueda de soluciones a problemas comunes (…) una perspectiva multidimensional de la seguridad pública…”(Bases programáticas 2020-2025/Desafío 4-pag.9) Pero todo el país pudo apreciar como el comodín de Bonomi le espetaba a una joven mujer que él era un “anti-chorro”, (por lo cual los demás al otro lado del tejido eran todos pro ladrones) con una docena de patrulleros detrás de él.También vimos a los gurús como el saltimbanqui de Richard Read salir a aplaudir y (más penoso aún) a pedir que más dirigentes apoyaran a Leal y lo acompañaran en su alcahuetería mediática.

Este episodio es ilustrativo porque podemos ver dos actores que sostienen al gobierno del FA en su etapa terminal; la pequeño burguesía y la burocracia sindical (al menos una de sus patas). La descomposición de estos dos no tiene atenuantes. Es irreversible. Hay que superarla.

Mientras se indignan con un anciano, que debería estar jubilado y sigue trabajado vendiendo tortafritas, porque compró una bordeadora a un adicto que no tiene ni dónde caerse muerto, se deja libre a torturadores, se endeuda al país a perpetuidad y se le entrega el patrimonio y riqueza nacional a los pulpos de la celulosa. El gobierno no es “anti-chorro”, anti-chorros somos los laburantes, el gobierno maneja el patrullero.

SIN AZÚCAR por Fernando Pioli

 

El mecanismo de recurrir a penas sustitutivas a la prisión en casos de delitos menores y con personas primarias es un recurso claramente saludable, pero sin embargo no debidamente instrumentado en nuestro país. el principal inconveniente es el ajuste que se debe procesar entre un sistema procesal nuevo y la idiosincrasia local.

Existe un escollo difícil de superar que consiste en la comprensión cabal de que las sentencias judiciales no se remiten a un acto de venganza, sino que tiene un rol moderador de las conductas sociales. En tanto que el castigo tiene que ser acorde al delito cometido, parece obvio que la pérdida de libertad no debe ser exigida para personas que cometieron un delito sin violencia y cuya acción es aislada y no forma parte de un estilo de vida criminal.

Una vez comprendido este punto se debe encontrar una pena que constituya un castigo pero que no implique la reclusión. En este contexto la donación de tortas fritas por parte de un vendedor de ese noble producto gastronómico no parece estar alejada de este concepto, más allá de lo folclórico. Ahora, bien, el acto de comprar cosas robadas a sabiendas de que son robadas posiblemente merezca una sanción más ejemplarizante, pero debemos detenernos en este afán especialmente cuando todavía resuena en nuestra memoria el caso de los compradores de vacunos obtenidos mediante una maniobra con caravanas de trazabilidad que no tuvieron más castigo que pagar por los bienes mal habidos.

Es posible que este asunto de las penas sustitutivas requiera un proceso de adaptación por parte de los operadores judiciales que implique el uso del famoso sentido común. Es que las penas sustitutivas no pueden estar previstas en una especie de manual porque dependen de las características y posibilidades del sujeto castigado, así como el contexto cultural, y seguramente sea esto lo que no está siendo debidamente regulado ante la novedad del procedimiento. Falta práctica, experticia.

Más peligroso aún resulta la debilidad de las penas a las que se someten los violadores y abusadores sexuales. Nuestro sistema legal no parece estar de acuerdo en que parte de la pena de un abusador de menores pague con tortas fritas, pero a veces parece que estaría gustoso de hacerlo. El asunto de las tortas fritas por comprar una desmalezadora robada es un poco ridículo, pero mucho más grave es que seamos permisivos con personas que cometen delitos violentos contra las personas más débiles de la sociedad y lo arreglemos con prisión domiciliaria por unos meses. Porque, en definitiva, ¿qué tiene que hacer alguien para ir preso? ¿Hacer algo irreparable o simplemente ser pobre y no tener una buena defensa?

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