Pasaron algo más de dos años y medio y la brújula política chilena produjo un cambio de sentido: de apuntar auspiciosamente hacia la izquierda las circunstancias dieron un giro que se detuvo en la disciplinada e indeseable ultraderecha. El 25 de octubre de 2020 -llamado para apagar las
pretensiones de la revuelta popular iniciada un año antes y salvar al propio gobierno del derechista empresario-presidente Sebastián Piñera- determinó con casi 79% de los votos emitidos voluntariamente sustituir la Carta Magna de la dictadura, adecuada por el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Piñera, que había declarado la pandemia y habían en el país alrededor de 14 mil contagiados, saludó el proceso y su resultado.
La exitosa convocatoria del voto libre promovió el comentario Ernesto Águila que señaló: “entra en nuestra historia como voluntad de cambio expresada en las calles (2019) y en las urnas con el plebiscito (2020)”. Más adelante dirá: “en sus 200 años de vida republicana, Chile nunca elaboró su Constitución Política en los términos que hoy lo hace”. En este acto plebiscitario más allá que ingresaron a la Convención Constituyente integrantes de partidos políticos con registro oficial, lo hicieron candidatos independientes, hubo amplia participación femenina y se hizo espacio para la representación de los pueblos originarios (en un número menor al que merecían).
La Convención elaboró un texto que entregó en 2022 al abogado Gabriel Boric, presidente en ejercicio (tras el balotaje del 19 de diciembre de 2021 y la toma de posesión el 11 de marzo siguiente), el que fue plebiscitado el
4 de septiembre de 2022. Este texto -considerado por muchos como “una Constitución de la izquierda”, planteaba que el país sería un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
Si resumo el texto puesto a la consideración pública y mal no recuerdo lo más destacado, incluía pasajes en otros artículos donde se confirma que Chile sería un país laico, donde se respetaría y garantizaría la libertad de
creencias; estaría integrado por diversas nacionalidades, sería regido por una democracia inclusiva y paritaria, mientras que aquel que dañara el medio ambiente debería resarcirlo. Asimismo, se proponía el Legislativo
de una sola cámara (la de representantes) y se eliminaba la de Senadores.
Todo esto fue objetado por sectores de centroderecha, derecha y ultraconservadores, donde los medios de comunicación
hegemónicos (así se catalogan mayoritariamente a los “desinformantes”) jugaron un papel de importancia en la contrapropaganda: los “análisis” orquestados en las usinas empresariales fueron incrustados tanto en la prensa escrita y radiofónica como en
la televisión.
Por todo el mundo -Sudamérica no es la excepción- es conocido el método: después de los fracasos en el sudeste asiático y ciertas reacciones de gobiernos regionales, el imperialismo (Estados Unidos -EE:UU.-) cambió y reforzó la antigua práctica de las “concesiones”, la explotación y colonización financieras – a través de sus accesorios BID y FMI-,
evitando de esta forma recurrir a la “diplomacia de las cañoneras”. Así se atrapan estos territorios, con la aquiescencia de las oligarquías, las derechas y grupo de mesócratas locales, entregándolos maniatados a la expoliación del imperialismo “invisible” y su provecho. Parte de esta teoría estratégico-táctica fue impuesta (con sus debidas adecuaciones) por los dueños del capital en Chile a los renuentes a construir bloques de opinión contrarios a la oferta constitucional. El resultado es por demás conocido.
Sin embargo, lo que resultó más en contra del texto -aquel que el gobierno abrazó e hizo imprimir para regalarlo- fue el cambio de las reglas comiciales: se dejó de lado el voto voluntario -pese al éxito que tuvo para elegir convencionales- y se impuso el voto obligatorio. Ese cambio, implementado e impuesto por la “partidocracia” en medio de gran disputa anuló la competencia voluntaria (en 2021, para la Convención, votaron libremente 6 millones de ciudadanos) y para la evaluación
ciudadana de septiembre de 2022, con sufragio forzoso se elevó la cifra a 12 millones 750 mil; para la pasada del 7 de mayo (en que únicamente participaban frentes o partidos con representación parlamentaria) a 15 millones 150 mil (números redondos).
Es hora que exprese algo acerca de lo acontecido. Para el primer plebiscito, de voto voluntario, lo hicieron gente informada de los contenidos del texto presentado y guardando relación con la ciudadanía acorde con enterrar la emanada de la dictadura que, posteriormente se modificó. Resultó de tal forma la elección que ocurrió que la sumatoria de los candidatos independientes (que finalmente fueron aceptados) doblaron a los obtenidos por los candidatos partidarios, incluyendo a alguno de los últimos que
quedó fuera: no llegaron al 1%. En cambio, al modificarse las reglas para la definición sobre el primer texto, se conminó (por medio de la obligatoriedad) a aquellos que se declaraban apartidistas, que no habían participado de ningún acto político, que se habían ausentado o nunca habían sufragado y a muchos que no entendían de qué se trataba el texto pero querían debida seguridad y no alterarse cuando concurrían al dios mercado (de valores o al súper de cualquier lado) a decidir sobre lo que no conocían.
En los comicios de principios de este mayo, la derecha se dedicó a criticar al gobierno, transformando el plebiscito en una compulsa para evaluar a Boric. En diciembre, con la guía de un republicano ultraderechista, José Antonio Kast, declarado admirador en todo momento de Pinochet, es hasta posible que presente un texto más conservador que el de la actual Carta
Magna y que la izquierda quede defendiendo el actual.
La unidad programática de todos los progresistas (concertantes, socialdemócratas, socialistas, comunistas, miristas y rodriguistas) parece ser el único medio eficaz para detener el «kastismo» con poder de veto sobre toda propuesta.
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