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“¿Cuánto cuesta no hacer nada?” por Luis Alberto Lacalle Herrera

“¿Cuánto cuesta no hacer nada?” por Luis Alberto Lacalle Herrera
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El conferencista no puso demasiado énfasis al plantearse ese interrogante. Es más, lo dijo al correr de un párrafo sobre la necesidad de llevar a cabo reformas tanto en el ámbito estatal como el privado, para adecuar las sociedades a los tiempos cambiantes que vivimos. Se nos ocurre que el concepto da para reflexionar…
Herrera enseñaba ¨gobernar es prever ¨, a lo que agregamos que por ello gobernar es también hacer, utilizar las armas jurídicas que reconoce la Constitución para plantear y eventualmente lograr los cambios normativos que faciliten y orienten a las fuerzas naturales hacia una mejor etapa.
El cambio porque sí, por novelería o por una concepción liviana de la acción de gobierno, no merece consideración. Pero cuando lo que dictan con dureza los hechos, los datos, la constatación de una realidad en crisis, es cuando se debe asumir el muchas veces duro empeño de plantear los cambios de rumbo, adecuando el velamen y la barra del timón a las aguas que se atraviesan.
No es posible medir lo que no ocurrió, evaluar lo que se evitó, especular con escenarios imaginarios. Sí se puede medir lo que cuesta no hacer nada, permanecer y vegetar en un presente defectuoso. Hoy nos enfrentamos como país a dos realidades de que nos interpelan: el estado de la educación y el del sistema de seguridad social. La realidad objetiva, mensurable de los resultados de estas dos actividades esenciales nos dice que, así como vamos no podemos seguir.
Los gobiernos nacionales, al no admitirse la reelección, tienen un plazo acotado para intentar su obra, para ejercer su conducción. Sesenta meses de ejercicio del poder y… para casa. Ante esta limitante caben dos actitudes, la de esperar que pase el tiempo o la de intentar ejercer el poder con sentido de progreso, de mejora, de modificación del entorno legal en un sentido más propicio para el avance de la propia sociedad.
En materia de seguridad social varios intentos y una concreción se pueden anotar. En 1990 convocamos a una reforma sustancial del sistema y, durante cinco años presentamos al parlamento cuatro versiones de nuestras ideas al respecto. Nunca obtuvimos los votos necesarios. Apenas iniciado el siguiente período de gobierno las nuevas autoridades presentaron su proyecto el que fue apoyado por el Partido Nacional, cumpliendo con el antiguo y noble concepto de que lo que es bueno para el país lo es para nuestra colectividad.
Hoy todos sabemos, que el sistema va en franca decadencia hacia un final de quiebra y de imposibilidad de prestar servicios dignos de jubilación y pensiones. No hacer nada cuesta tanto como puede costar una crisis definitiva de proporciones tan catastróficas que es casi imposible de imaginar.
No hacer lo que hay que hacer nos puede costar la paz social y el derrumbe de un sistema de resguardo social que es una característica esencial de nuestra convivencia.
Una nacionalidad se basa en comunes denominadores, en lo que articula la propia existencia como comunidad, en lo que es percibido y aceptado como de todos. Algunos problemas entran en esa categoría, pudiendo haber diferencias en cómo solucionarlos, pero nunca en considerarlos patrimonio ineludible del común. Negar ese carácter a la seguridad social implica o poca confianza en la posibilidad de ejercer el gobierno o una decidida apuesta al caos.
Sabemos cuánto cuesta no hacer nada. Todos los técnicos en la materia coinciden en que el sistema tal cual está organizado no resiste a las variables de la realidad, entre ellas a la mayor longevidad de nuestra población y al creciente desfinanciamiento del mismo, que es auxiliado en forma creciente por las rentas generales.
Se habla también de otro costo, el mentado ¨costo político ¨que supuestamente acarrearía el llevar adelante una reforma. Sobre este aspecto nos limitamos a recordar lo expresado el 11 de marzo de 1991 ante la Asamblea General. ¨Se ha puesto en boga el mencionar, ante decisiones de carácter gubernativo, el término ¨costo político¨. En función del tan mentado costo se posterga, se evita y se pospone tal o cual decisión política difícil. Para no incurrir en él, lo que muchas veces se sabe ineludible, se elude. No señores legisladores, en nuestra profesión, frente al mandato que tenemos, no es problema de costos, es asunto de responsabilidad y honestidad intelectual ¨
Tal cual ayer como hoy apelamos a los mejores valores nacionales para encarar este problema.

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