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Dinero y elecciones: una difícil combinación

Dinero y elecciones: una difícil combinación
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Durante una conversación que tuve hace muchos años con César Aguiar acerca de la actividad del consultor político, este me comentó que cuando un candidato le pedía algún tipo de asesoramiento para comenzar una campaña, le formulaba cuatro preguntas. La primera era si realmente tenía ganas de ser diputado, senador, intendente, presidente, o el cargo al que estuviera postulando. La voluntad es un componente muy importante de cualquier actividad, y seguramente para ser, primero hay que querer.

La segunda pregunta era si contaba con el apoyo incondicional de su familia. Como sabemos, las campañas electorales suponen un elevado grado de exposición, largas jornadas de trabajo, y ausencia del hogar, por lo que muchas veces la familia sufre durante el desarrollo de cualquier actividad pública que uno de sus miembros decida encarar. En tercer lugar, César les preguntaba si estaban dispuestos a que se dijera de ellos cualquier cosa a través de los medios de comunicación. Esa charla que mantuve sucedió hace más de quince años, por lo que por aquel entonces las redes sociales eran solo un proyecto, y la generación de opinión pública a nivel de medios se daba mayormente a través de la televisión y los diarios. Estos tiempos de redes sociales seguramente hagan a cualquier persona que encara la actividad pública reflexionar acerca de su exposición a críticas las veinticuatro horas, de y de individuos con diferentes niveles de credibilidad, pero compartiendo todos el mismo foro. Finalmente, el cuestionario incluía la pregunta de si contaba con dinero suficiente para financiar la campaña.

Si cualquiera de las preguntas encontraba un no como respuesta, la sugerencia era esperar otro momento, o dedicarse a otra actividad.

Al día de hoy, y siguiendo esa vieja enseñanza del maestro, cuando un candidato me consulta por su deseo de ingresar a la competencia política, le formulo estas mismas cuatro preguntas, con la misma condición. Y sobre todo, hago especial hincapié en la posibilidad de contar con dinero suficiente para encarar la campaña.

A lo largo de la historia, la relación de la política con el dinero ha sido siempre cercana. Están aquellos que se dedican a la actividad política con el propósito de ganar dinero, y también están aquellos que hacen política para defender o representar los intereses de grupos económicos poderosos. Lo que está cada vez más presente en la relación dinero y política es la creciente importancia entre contar con dinero suficiente y poder competir con éxito en un campaña electoral.

La importancia que el dinero tiene en la política actual supone una seria amenaza para la democracia, ya que quienes no cuenten con dinero suficiente no podrán competir con aspiraciones serias de ganar. El contar con dinero se vuelve un requisito indispensable para la competencia,  y ello trae aparejados dos efectos negativos: la existencia de esquemas de intercambio entre apoyos electorales y adjudicación de beneficios en una futura gestión, y la irrupción en política de personajes que a impulso del dinero alcanzan posiciones que anteriormente les resultaban de difícil acceso.

El primero de los casos tiene como ejemplo de actualidad en el mundo el caso Odebrecht. Esa poderosa multinacional de la construcción brasilera montó un verdadero esquema de corrupción tanto en sobornos a funcionarios como de apoyo a candidatos en campaña, que resultaron en miles de millones de dólares de sobreprecios, obras no ejecutadas, y finalmente, en personas que no pudieron acceder a mejores servicios de infraestructura.

La segunda consecuencia de la sobredimensión del dinero en las campañas electorales tiene que ver con la cada vez mayor presencia de candidatos por fuera del sistema, que cuentan con sus propios medios de financiamiento, pero escaso apego institucional o partidario. El ejemplo más paradigmático en este sentido lo constituye Donald Trump, quien a partir del uso de sus propios recursos logró ubicarse en una de las posiciones de mayor poderío del mundo. A nivel más regional, podemos citar también ejemplos como los de Mauricio Macri o Edgardo Novick, quienes utilizan buena parte de sus fortunas para costear una carrera política, surgida a partir de su gestión como empresarios.

Líbranos del mal

¿Qué tan a salvo estamos del excesivo poder que el dinero tiene sobre la elección de nuestras autoridades en Uruguay? Actualmente, nuestro país cuenta con una ley en materia de financiamiento de campaña que si bien puso un poco de orden en una situación bastante caótica, dista de ser ideal.

Tradicionalmente, los partidos y candidatos se financiaron a partir de fondos que el Estado asignaba a cada organización partidaria por cada voto logrado. Basados mayormente en estimaciones, los partidos obtenían a través de adelantos en forma de créditos bancarios, aportes a cuenta de simpatizantes, e incluso de donaciones o actividades de recaudación de fondos, el dinero suficiente para costear la aventura electoral. Pero no existió fijación de topes para los aportes de particulares, o siquiera un registro de donaciones, por lo que la actividad de la campaña siempre se movió en una opacidad preocupante.

Recién en 2009 se votó la ley 18.485, que establece que los partidos deberán presentar una estimación de gastos e ingresos previstos, y documentar las donaciones recibidas, treinta días antes de la elección nacional, y deberán rendir sus gastos en un plazo máximo de noventa días a partir de la elección. A su vez, establece un tope a las donaciones de particulares, que deberán ser, además, nominativas.

El principal problema que enfrenta el cumplimiento de esta ley es la escasa capacidad de fiscalización que se le otorga a la Corte Electoral, dejando las rendiciones a discreción de los partidos, y quedando algunos aspectos como la posibilidad de obtener precios diferenciados en la publicidad de medios privados, por fuera del alcance de la normativa.

La realidad indica que las campañas electorales son cada vez más costosas, y que el dinero juega un papel cada vez más decisivo en la elección de representantes.  Por ello, es necesario contar con mecanismos que aseguren la equidad de oportunidades para todos los actores en competencia, y garanticen a los ciudadanos la mayor transparencia en materia de manejo de fondos, que muchas veces son públicos.