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El NO A UPM2 como movimiento ciudadano

El  NO A UPM2 como movimiento ciudadano
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Mañana, viernes 24, a partir de las 11 horas, se presentará en Presidencia de la República la primera tanda de las peticiones promovidas por el movimiento ciudadano “UPM2 NO” por las que se requiere al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el acuerdo con la empresa UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa, esta vez sobre el Río Negro.

En esta columna se ha insistido, desde hace un año, en la infinidad de aspectos perjudiciales para el País que contiene el acuerdo con UPM. Desde la completa imprudencia de endeudarse en más de mil millones de dólares destinados a infraestructura sin que UPM se comprometa a nada, hasta la agresión a nuestra soberanía que implica someter al país a tribunales arbitrarles que operan en la órbita del Banco Mundial, pasando por el desborde institucional de que el Poder Ejecutivo comprometa al País en áreas que no son de su competencia (el acuerdo invade competencias del Parlamento, de los Gobiernos Departamentales, del Poder Judicial, de UTE, de AFE y de los Consejos de Enseñanza, y lo hace por un plazo superior a veinte años) o que, en caso de instalarse la planta, se deteriore aun más la condición de las aguas del Río Negro, o que se establezca una irritante inequidad con los trabajadores y productores uruguayos por las privilegiadas condiciones económicas, tributarias, jurídicas y comerciales que se le aseguran a UPM.

Sin embargo, el tema de hoy es otro. Porque resulta necesario detenerse en algo que suele pasar desapercibido.

El movimiento “UPM2 NO”, que lanzó y promueve la petición contra UPM2, se define a sí mismo como un movimiento ciudadano. ¿Qué significa que una iniciativa se defina de esa forma?

Primero lo evidente: un movimiento ciudadano no es un partido político y no tiene objetivos partidarios ni electorales. Tampoco tiene una ideología única. Por definición, se nuclea en torno a una causa ciudadana, en la que pueden coincidir personas de diversas ideologías y convicciones políticas.

Pero hay algo más. Un movimiento ciudadano no expresa intereses particulares. A diferencia de los grupos de interés, los grupos de presión, los sindicatos y las organizaciones gremiales o empresariales, que persiguen legítimamente el beneficio de sus propios miembros, los movimientos ciudadanos se nuclean y actúan por causas de interés general. La diferencia es importante. Porque un interés particular, individual o colectivo, puede ser muy legítimo, pero nada asegura que sea compatible con los intereses y los derechos del resto de la sociedad. En cambio, el interés ciudadano presupone la conveniencia general de la causa promovida.

Eso determina el alcance de la convocatoria. Los partidos políticos convocan a las personas por su  identidad ideológica, los sindicatos y las corporaciones gremiales o empresariales por sus intereses o derechos como trabajadores o empresarios, y las organizaciones religiosas en función de sus creencias. Los movimientos ciudadanos, en cambio, apelan a aquello que todos tenemos en común. Aquello para lo que no es necesario tener cierta ideología, o ciertos intereses especiales, o cierta creencia en particular. La condición ciudadana la compartimos todos y nadie está excluido del derecho-deber de actuar como ciudadano, defendiendo lo que cree mejor para la sociedad en la que vive.

Muchos años de neoliberalismo, consumismo y publicidad, muchos años de buscar el confort, la comodidad, la diversión y el menor esfuerzo, muchos años de creer que el voto es lo único que la democracia requiere y nos exige, han devaluado a la palabra “ciudadanía”. Nos han hecho creer que la sociedad funciona sola regida por el mercado, por el poder político, por unos técnicos  y un conjunto de fuerzas que se regulan a sí mismas.

Pero, claro, después de cierto tiempo, abrimos los ojos y lo que vemos no nos gusta. Violencia, inseguridad, bajo nivel educativo, corrupción administrativa y política, endeudamiento, una obscena acumulación de riqueza en ciertos sectores y una profunda miseria en otros.

¿Qué esperábamos? ¿Quién nos dijo que podíamos desentendernos y confiar en inversores, gobernantes y tecnócratas?

Bueno, sí, nos lo dijeron. Pero era mentira. La sociedad que hoy tenemos es, en buena medida, el resultado de muchos años de desinterés ciudadano.

El acuerdo con UPM resume muchos de los males que nos aquejan como sociedad. Hay privilegio injusto a una inversión de muy dudoso beneficio, violación de todas las reglas que deben seguir los gobernantes, decisiones tomadas en secreto, información restringida, inversión de dinero sin control, endeudamiento público, entrega de recursos naturales irrecuperables, sometimiento a tribunales internacionales y genuflexión irrestricta ante las exigencias de una empresa privada extranjera.

El gobierno, casi indignamente comprometido con UPM, defiende con uñas y dientes el proyecto de la empresa. Y lo hace con armas arteras. Una de ellas es hacer ver, a través de sus voceros y voceras, que la oposición a UPM 2 se limita una organización como “USU”(Un solo Uruguay, o autoconvocados del campo). Astuta estrategia, que tarde o temprano (apuesto a que temprano) se verá desmentida por la realidad. La oposición a UPM 2 es un movimiento ciudadano, mucho más amplio que los limitados intereses de una corporación en particular.

Si hay una causa que amerita la reacción ciudadana, es la de dejar sin efecto ese acuerdo que compromete los intereses y la soberanía de todos los uruguayos, nacidos y por nacer.

Simple: me sumo a la invitación de ir mañana, viernes 24, víspera de la independencia, entre las 11 y las 13 horas, a la Plaza Independencia a decir: “UPM 2 NO”.

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