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FFAA: ¿Mandaderos uniformados o ciudadanos con armas?

FFAA: ¿Mandaderos uniformados o ciudadanos con armas?
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La crisis que se desarrolló con los cambios en el ejército, el ministerio de Defensa, el tribunal de honor, el papel de la presidencia y la confesión de Gavazzo, y la prolongada discusión sobre el costo de la Caja Militar, pusieron el tema castrense sobre la mesa. Estamos frente a una situación que pone en cuestión el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿Se ha logrado insertar al poder militar a la vida democrática? ¿Cómo afectaron los recientes sucesos a la relación militar con la sociedad? ¿Cómo se logra que se venzan los prejuicios con las FFAA? ¿Acaso toda la oficialidad ha sido formada en la vieja doctrina de la seguridad nacional? ¿Se sigue educando con esta doctrina en las escuelas militares? ¿Tenemos que abrir la discusión sobre el papel de los militares? ¿Hay alguna razón de peso para seguir manteniendo un ejército? ¿Es imprescindible aprobar la ley orgánica militar que está en el parlamento? ¿Hay temor a criticar a los militares en vistas de un proceso electoral inminente? ¿Solo sirven para tareas de emergencia o tienen otra función?

Hay mucho por hacer por Gonzalo Abella

Quizás muchos no recuerden cuál fue el primer proyecto de ley que presentó, hace cuatro años, el recién electo diputado de la Unidad Popular. Era la anulación total, definitiva, de la Ley de Caducidad. Levantó su mano solitaria y miró a su alrededor, esperando vanamente alguna compañía. Muchos legisladores del oficialismo miraban incómodos el suelo o movían sus dedos nerviosamente sobre la pantalla de su celular. Algún legislador opositor, la mano igualmente baja, no podía reprimir una sonrisa.

De pronto, las conjeturas se volvían certezas: si en la Administración no todo era transparente, tampoco lo era en los vínculos entre Gobierno y cúpula militar.  ¿Qué pasó realmente en 1984 en la salida pactada de la dictadura y en el retorno a una institucionalidad tutelada? ¿Por qué el hoy fallecido Ministro de Defensa del FA, E.F .Huidobro, defendía la impunidad? ¿Por qué el MPP impulsó al Senado a gente como Almagro? ¿Por qué se insistió en el “nunca más y el reencuentro de los orientales” en lugar de verdad y justicia?¿por qué después del famoso Tribunal de Honor, cuando Manini Ríos buscó victimizarse y lo logró, el Ejecutivo designó a uno de sus cómplices, que estaría hasta hoy en su puesto si no fuera por lo que sacó a luz un periodista?

Razón tuvieron en el 2004 los abnegados militantes frentistas, que habían peleado duramente contra las crecientes desviaciones de la cúpula del FA,  en preferir la intemperie antes que la conciliación y el abandono de los principios.

Pero lo que siguió fue peor. Los llamados “Cuerpos de Paz”, que en realidad eran protectores del saqueo a un pueblo explotado, encendieron la guerra patriótica en Haití. ¿No hay un balance de su impacto, además de la expansión del cólera y las violaciones en serie? ¿No es injusto que para que un humilde soldado tenga acceso a  la vivienda deba vivir meses separado de los suyos y en muchos casos –muchos- volver con alteraciones psíquicas que las FFAA ocultan?

¿Reformas a la Caja Militar y a la ley Orgánica? Nuestro único cuestionamiento es por qué no se hizo antes. Pero cuando el Cr. Astori redactó en primera instancia una propuesta que golpeaba duramente al soldado raso, y que en algunos casos le quitaba hasta el derecho a la jubilación, no lo aceptamos. Para nosotros, un trabajador es un trabajador, de uniforme o de civil. Cuando se modificó ese aspecto, votamos con el FA.

En realidad, el primer proyecto presentado por la cúpula del FA, tenía una segunda intención: ir adelantando la reforma previsional dictada por el Banco Mundial, empezando por un sector humilde y uniformado que no está agremiado y cuyos supuestos voceros, la alta oficialidad, es en realidad su opresora. De la Caja Militar pasarán a meter la mano en el BPS, tratando de que olvidemos que las ganancias indebidas de las AFAP son el doble del déficit de aquél.

Que no quepa duda: cuando el FA lo proponga, apoyaremos la rebaja en el número de la alta oficialidad, apoyaremos plenamente la rebaja de los topes a sus jubilaciones insultantes, y seguiremos exigiendo en solitario la retirada de las tropas uruguayas de los llamados Cuerpos de Paz, como nos opusimos en solitario a la presencia de fuerzas ocupantes yanqui en nuestro territorio cuando la visita de Trump a un país vecino, y del mismo modo que no queremos a los integrantes de las FFAA más asesinas del Planeta como instructoras de nuestros oficiales, clases y soldados.

Los adolescentes que hacen la opción por el Liceo Militar deben recibir las asignaturas humanísticas y de ciencias no directamente vinculadas a su profesión, de manos de docentes concursantes del Sistema Nacional, para no recibir una visión deformada y reaccionaria de nuestro pasado, para no ser influidos por un mesianismo demente e impune.

Hay mucho por hacer. Pero en el tema militar, las ambiguas declaraciones del Gobierno muestran más lodo que el que amenaza hoy al agonizante río Santa Lucía.

Concebirlas de una manera diferente por Hebert Gatto

Las FF.AA. gozan de un gran prestigio social, sin embargo, en varios aspectos sus doctrinas tradicionales, aún vigentes, no comulgan con la cultura de la modernidad. Especialmente en lo referido a su ambiguo rol en la sociedad. Admitir que ellas interpretan el alcance de la seguridad nacional, de la cual se sienten depositarios y custodios, constituye una rémora inaceptable en el siglo XXI. No obstante, los hechos la demuestran a cada paso. La historia reciente de latinoamericana, producto de los graves desatinos militares, por más que ellos no fueran los únicos que se desviaran del camino, fue la mejor demostración de ello. En la actualidad las Fuerzas Armadas deben asumirse definitivamente y para siempre como custodias de la democracia, el pluralismo, la diversidad y la tolerancia. Sin indecisiones ni confusiones como las que permanentemente manifiestan. Pero para ello, particularmente en el Uruguay donde su rol exterior es muy limitado, es necesario comenzar a concebirlas de una manera diferente.

En un mundo, como el que vivimos, donde la autonomía y el libre albedrío se ha constituido en valor central, la función militar, tal como se la ha entendido hasta ahora, es servir, estar siempre y en todo momento a disposición de las decisiones del poder civil, sin tener la facultad, constitucionalmente prohibida, para desarrollar un pensamiento propio. Eso significa que su rol social es en cierto modo, contrario a los avances civilizatorios hacia la libertad la autodecisión y la iniciativa, tan presente en los restantes estratos sociales en las sociedades de nuestros tiempos. Tal, sin embargo, su difícil lugar en el moderno estado de derecho donde los ejércitos gozan de una fuerte capacidad técnica, pero sus posibilidades de acción están absolutamente limitadas y durante largos períodos (cuando no hay emergencias) se ven sometidas a una inacción paralizante.

En un mundo ideal, gobernado por la pura razón, el ejército carecería de funciones, en el imperfecto universo en que vivimos, su presencia resulta imposible de erradicar. Ello supone, vale insistir, un cuerpo social poderoso, con autonomía organizativa y financiera que eventualmente cumple funciones sociales básicas, pero que, fuera de su aptitud para servir y subordinarse, está, tal como debe ser, sometido al orden civil.  Por más que las propias particularidades de su función, el hecho de monopolizar el poder armado y cultivar una cultura endogámica signada por valores jerárquicos corporativos, la invitan permanente a evadirse de su rol y procurar manifestarse como organización independiente. En lo que termina constituyendo una paradoja: un cuerpo autónomo, fuertemente institucionalizado, que cumple una función necesaria en el estado, pero carece, puesto que de otro modo la democracia resultaría imposible, de toda autonomía ideológica. Vaya dilema de los tiempos. Sólo superable cuando, como condición esencial la cultura democrática del estado mantiene la suficiente profundidad y solidez, pero, a su vez, las fuerzas armadas desarrollan, además de las propias, diferentes tareas sociales y económicas que las alejen de un rol meramente pasivo. Tan apto para frustrarlas. Para superarlo es necesario un esfuerzo imaginativo profundo, pero, proyectado en el tiempo, para nada imposible. Especialmente en un pequeño país como Uruguay, donde sus fuerzas armadas, en su conjunto alrededor del diez por ciento del personal del estado, deberían desempeñar, además de sus roles específicos, distintos cometidos, por tierra, mar y aire, en tanto se preparen adecuadamente para los mismos. Ello les permitiría auto justificar su existencia, mejorar su auto estima y cumplir un rol importante en el desarrollo del país.

Una sociedad civilista por Cristina de Armas

Entre los años 1943 y 1944 en el contexto internacional de una Europa sumida en la guerra, Estados Unidos emergiendo como nueva potencia mundial y buscando instalar bases militares aeronáuticas en nuestro país, la amenaza de una invasión nazi desde Brasil y dictadura militar en Argentina que veía nacer el peronismo, el pueblo uruguayo se movilizaba en manifestaciones populares en contra de la ley de instrucción militar obligatoria de 1940.

El Canciller de la época, el General José Serrato diría que “incurriríamos en cobardía y deslealtad si quisiéramos aprovecharnos del auxilio militar de países asociados cuando pudiera cernirse sobre nosotros algún peligro de agresión y rehuyéramos por egoísmo o por falta de preparación.”

Hoy, a más de 70 años de aquellos hechos, a 34 años del fin de la dictadura militar iniciada en 1973, en plena democracia y en año de elecciones nacionales, surge la pregunta desde la política y en las redes sociales impensadas en aquel tiempo:

¿Tiene sentido con nuestro tamaño y en este tiempo tener FF.AA. convencionales teóricamente preparadas para la guerra? (sic)

La pregunta llega en un contexto de tercer gobierno de izquierda, con el comandante en jefe del ejército siendo destituido por el presidente de la República y aceptando el primero casi en forma simultánea la pre candidatura a la presidencia por un nuevo partido creado para impulsarle.

En el mismo contexto el también pre candidato y primer presidente democrático a la salida de la dictadura militar de 1973, Julio María Sanguinetti había anticipado que lo peor que podía hacer el ex comandante era liderar un partido político nuevo, “un partido de ese tipo divide, fracciona, lo cual es muy malo” – decía.

Para la democracia es importante que las estructuras ya establecidas, los tres partidos tradicionales se mantengan fuertes, que los nuevos candidatos se integren a sus estructuras

El mensaje de las FF.AA. parece claro y contundente al pretender exponerse ante la ciudadanía y someterse a su voluntad, se ha entendido que el camino es el de las urnas, no el de las armas.

La política reacciona ante esta falta de sometimiento de las FF.AA., primero con un comentario en redes sociales y luego con una nota de prensa que no hace más que poner en duda el carácter democrático de las nuevas jerarquías. La decisión es nuestra.

Es la guerra, estúpido por Gerardo Tagliaferro

La escena resulta tenebrosa: un hombre arrojando al río un bulto, desde un bote en el medio de la noche. El hombre es José Gavazzo y el bulto que arroja es el cuerpo de Roberto Gomensoro.

Esto al menos es lo que Gavazzo confesó que hizo hace casi medio siglo. Pero no lo confesó ante la justicia, que le ha escuchado mentir muchas veces en los últimos lustros, sino ante sus pares militares en un Tribunal de Honor.

Tuvo que mediar la investigación de un periodista, Leonardo Haberkorn, para que esa confesión viera la luz pública y tuviera como resultado el descabezamiento del Ministerio de Defensa y la cúpula del ejército.

En la actuación del Tribunal de Honor hubo dos derrapadas, pero con el paso de los días y después de que El País transcribiera un diálogo entre uno de sus periodistas y el secretario de la Presidencia, solo parece quedar en pie una: la que es funcional a la puja política propia de estos días, porque permite pegarle al presidente. Me refiero al hecho de que nadie hiciera de inmediato lo que se supone debía hacer: enviar el expediente a la justicia porque había una confesión de un hecho delictivo.

Sin negar la trascendencia de esa omisión, la otra derrapada parece mucho más grave, por lo que está revelando. Y es que el tribunal condenó a Gavazzo –y también a “Pajarito” Silveira- no por el delito aberrante que cometió y confesó casi 50 años después, sino porque por ese crimen había pagado un “camarada” inocente.

Obviamente, permitir que un inocente sea condenado teniendo los medios para evitarlo es muy grave. Pero a los efectos de la institucionalidad –esa palabra tan repetida en los últimos días- lo realmente preocupante es otra cosa: este episodio reveló que la cúpula militar DE HOY –todos quienes intervinieron- no considera que cometer un crimen de esa naturaleza afecte el honor de la institución, ni de la oficialidad, ni del propio criminal.

Si el coronel Juan Carlos Gómez no hubiera estado preso tres años por un crimen que no cometió, el “Nino” no hubiera recibido sanción alguna pese a que ante los generales DE HOY dijo lo que dijo.

El fallo del tribunal fue homologado por el ex comandante del ejército, Guido Manini Ríos y por quien lo subrogó, que integraba ese mismo tribunal. Y por todos los generales que lo integraron y los del Tribunal de Alzada que intervino después. Manini fue más lejos: en su informe adjunto al fallo se despachó contra la justicia que condena “sin pruebas”. Esto lo escribió después de leer y no decir una palabra sobre la confesión de Gavazzo.

A esta altura parece claro que a Gavazzo lo sancionaron por un ajuste de cuentas cuyas razones conocerán quienes dominan la interna militar. El Nino cayó en desgracia, le soltaron la mano después de bancarlo durante 35 años. Pero sobre el fondo de la cuestión –los crímenes de la dictadura- tenemos, a más de tres décadas de reinstalada la democracia, un ejército que sigue cultivando la “omertá”, el pacto de silencio, la tapadera. Y siguen llegando a lo más alto de su estructura oficiales para los que no es deshonroso torturar, matar y desaparecer a un ser humano. “Es la guerra”, parece seguir siendo su lógica. ¿Hasta cuándo?

Aquellos vientos por José Luis Perera

Que no se ha logrado insertar a los militares a la vida democrática es un hecho constatable permanentemente. El único cambio verificado desde el retorno del país a la democracia es la vuelta de los militares a los cuarteles, que no es lo mismo ni mucho menos.

No hay un único responsable de que las fuerzas armadas mantengan intacta -como institución- su visión autoritaria y retrógrada de la sociedad. Podríamos señalar como mínimo tres grandes responsables:

  • En primer lugar, las propias fuerzas armadas, incapaces de reconocer que su actuación durante los años de dictadura no solo fue ilegal (no están llamadas a ocupar los cargos de gobierno bajo ninguna circunstancia), sino además que establecieron un régimen de terror en donde la violación de todos los derechos humanos fue una constante desde el primero al último día de esa larga noche de la historia.
  • En segundo lugar (no estoy señalando un orden de importancia), el sistema político en su conjunto, que pactó con los militares a espaldas del pueblo la salida de la dictadura, y que luego votó la impunidad de todos los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.
  • Y en tercer lugar, el propio pueblo uruguayo (su mayoría, para ser más exactos), que llamado por dos veces a terminar con la impunidad, prefirió dejar todo como estaba, en una actitud tan cobarde y pusilánime que nos pinta de cuerpo y alma como sociedad.

En ese marco general, difícilmente podría haberse generado una verdadera inserción democrática militar. Muy distinta habrían sido las cosas si el sistema político hubiera actuado con dignidad y el Estado hubiese encarado desde un principio la actuación libre de la Justicia como cuestión principal. La depuración de las fuerzas armadas de sus elementos más inmundos e inhumanos, era una tarea de primer orden al retorno de la democracia, porque no hay democracia con criminales impunes y portando armas que el pueblo mismo pone en sus manos.

Si así hubiesen actuado, el pueblo los habría apoyado. Los pueblos en general responden a sus líderes, y si sus líderes actúan con cobardía y el pueblo los avala…

Ese fue el principio de todos los males, y el molde de actuación política de aquel entonces se mantuvo incambiado hasta hoy. Los sucesos de estos días no son otra cosa que la continuación de la impunidad y sus consecuencias. Los generales que integran tribunales de honor para juzgar a sus pares tienen la misma cabeza antidemocrática y enferma que los juzgados por ellos; los comandantes que hoy son destituidos fueron nombrados por el mismo que los destituye, y el comandante Feola que ahora designa Vázquez (¿y que lo destituirá?), y que se negó a condenar hechos sobre desaparecidos porque no sabe «si están confirmados o no», no surgen por generación espontánea. La impunidad continuará siendo impune.

Echar agua a la leche por Jorge Zabalza

“¿Se ha logrado insertar al poder militar a la vida democrática?” …pregunta que merece recibir otras como respuesta: ¿el poder militar no es un órgano vital del cuerpo democrático? ¿dónde y cuándo ha existido vida democrática sin poder militar? No es necesario insertar nada, el poder militar fue insertado cuando nacieron las repúblicas democráticas en la antigüedad. Otra cosa es que no agrade su forma de inserción.

Los ejércitos han sido un recurso de las clases dominantes, su uso es imprescindible para obtener el consentimiento de los dominados. Si bien es cierto que los instrumentos de la hegemonía son la cultura, la filosofía y el discurso político, la garantía de que cumplan su cometido es la tutela cuartelera. Sin la amenaza latente de descolgarse con un malón, no habría un modo pacífico de oprimir a las clases subordinadas. La democracia liberal, queridos lectores, no es tan democrática como aparenta, la no democracia late en su vientre y se prepara a golpear cuando sea necesario.

Se corre el riesgo de echar las campanas al vuelo y festejar los últimos episodios como una derrota del terrorismo de Estado. La estampita de San Jorge descabezando el dragón es muy atractiva y convoca aplausos. Sin embargo, apenas se analizan los hechos con más cuidado aparece la cruda realidad: desde el Club Naval los gobiernos civiles vienen protegiendo a los criminales; el terrorismo de Estado continúa vivito y coleando en los liceos y escuelas militares, en los casinos cuarteleros, en los clubes de oficiales y en los centros de retirados militares. Crece y se reproduce en los círculos donde prosperan las viejas ideas de la Seguridad Nacional y, a lo Bolsonaro, se rinde un callado culto al golpe de 1973 o se esconden los secretos mafiosos.

La confesión del hijo de puta debía haber provocado una reacción indignada en los hombres y mujeres del presidente. Sin embargo, al parecer, las influencias del poder militar han anestesiado la sensibilidad de los gobernantes y los ha vuelto indiferentes. Los estómagos fríos son una de las condiciones de existencia de la impunidad, es increíble que recién se les haya revuelto las tripas cuando el periodista Leonardo Haberkorn sacó a la luz pública la miseria humana del hijo de puta. Si no fuera por este acto revulsivo, los dichos de Gavazzo estarían hoy durmiendo en un archivo de presidencia.

Para tranquilizar a las posibles víctimas de futuros Gavazzos, se hacen malabares con la democratización de las fuerzas armadas. ¿Cómo hacer que los señores oficiales dejen de creerse “encargados de preservar los valores de la patria y la nación”? ¿cómo se podría concretar cliché tan hueco y vacío? En el clima de impunidad esas vaguedades democratizadoras toman la forma de solución mágica, pero eluden la cuestión básica: en una sociedad de clases ¿es posible un ejército sin disciplina vertical y obediencia? No. Es un contrasentido. Es mucho más viable disolver las fuerzas armadas que democratizarlas.

Si la fuerza armada estuviera orientada a la liberación de los oprimidos, sus mujeres y hombres no obedecerían las órdenes de reprimir las clases populares, su disciplina sería consciente y no impuesta y los mandos deberían ser elegidos y revocados en asambleas de soldados. Dejaría de ser un ejército al servicio de la dominación y se transformaría en milicia popular, en montonera artiguista. ¿Utopía? Bueno, puede ser, pero tiene la ventaja de apuntar a la creación de una sociedad libre y socialmente justa, mientras que la etérea ‘democratización’ deja las cosas como están: los ricos cada vez más ricos y los pobres tal vez un poco menos pobres.

 

Buenos tiempos para las FFAA por Roberto Elissalde

No creo que Claudio Feola haya torturado a nadie. Tampoco creo que haya hecho las mismas cosas que su colega José Nino Gavazzo (viajar con el cadáver de un asesinado, cientos de kilómetros, atarlo con alambre y piedras, meterlo en un bote y tirarlo a un lago artificial para que “desapareciera”). Tiene 56 años y recién salió de la Escuela Militar en 1982, cuando los dictadores ya estaban pensando en cómo salvar sus privilegios en caso de una derrota política. El asesinato de Vladimir Roslik en 1984 prueba que nada es imposible para quienes usaban el uniforme militar en aquellos días, pero quiero concederle el beneficio de la duda. Es decir, como siempre, alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Su intento de proteger a algunos asesinos fue un reflejo que echa sombra sobre él, pero no es prueba de delito.

No creo que Feola sea un gran declarante ante los medios. Sus primeros intercambios con la prensa, en los que efectivamente dijo que la existencia de desaparecidos no estaba probada demuestran que cree que a la gente común le puede hablar como a la tropa. La tropa no está autorizada a cuestionar la solidez de los argumentos de los oficiales, pero en el mundo civil eso está permitido. Incluso debería ser mucho más común de lo que hoy podemos ver.

Y esta vez ocurrió. Rápido. El Comandante, seguramente guiado por la autoridad civil, se animó a escribir que reconoce la existencia de desaparecidos, que rechaza las acciones aberrantes y repudiables que comprometieron el nombre de la institución, que continuará haciendo los máximos esfuerzos para responder a los reclamos de Familiares, que acatará los pedidos judiciales orientados a esclarecer los hechos del pasado y que la enseñanza de los futuros militares  hará énfasis en los derechos humanos y los ideales democrático-republicanos.

Feola pensó que se podía quedar bien con los colegas cesados y con los “camaradas de armas” y ser Comandante en Jefe del Ejército en un país democrático. Sus jefes lo corrigieron y aceptó plenamente la corrección. Es una buena señal.

Otra buena señal es la del excomandante Guido Manini Ríos. Es otro ciudadano que va a tener que acostumbrarse a discutir, a ser criticado, a pelear por que sus opiniones sean conocidas. Ya no va a tener las cámaras del Comando del Ejército para dar su mensaje. Cuando pase la novedad, va a tener que decir cosas en serio, dirigirse a tres millones de personas y tratar de convencer que el Poder Judicial está flechado y que las jubilaciones militares son paupérrimas. En octubre veremos a cuántos logró juntar. Si son muchos, podrá ser presidente de la República. Si son pocos, habrá aprendido que en una democracia no hay órdenes que valgan.

Es posible y necesario cambiar por Gonzalo Perera

En el Uruguay de las revueltas armadas que enfrentaron a las dos divisas tradicionales, el Ejército fue a menudo el principal activo del Partido Colorado. Como ha sido señalado varias veces, eso motivó un despliegue territorial de las unidades militares en el país basado en la existencia de contingentes considerables de tropas en las cercanías de todas las ciudades más importantes del país. En épocas de lento transporte, esto garantizaba que, si en cualquier punto del país había un alzamiento “que se iba a las cuchillas”, muy cerca y pronto, habría tropas regulares para sofocar el levantamiento. Instalados en la realidad actual, con las velocidades de transporte y las lógicas políticas actuales, ese despliegue suena un tanto absurdo.

Este comentario es un mero indicador de que hay muchos aspectos en este tema que son de muy larga data.

En particular, no se puede deslindar la resistencia de sectores militares a la normal inserción en la vida democrática post dictadura, de un pecado original   de varias décadas ya. Cuando el Teniente General Hugo Medina guarda en su caja fuerte citaciones judiciales y so pretexto de “evitar un quebranto institucional”, se vota en el Parlamento la ley de caducidad (algo así como eliminar las señales de tránsito para evitar que alguien las ignore), se da una señal muy fuerte y negativa hacia las FFAA: no se llamaría a responsabilidad a los protagonistas de genuinas atrocidades. Si se considera que quien ejercía la Presidencia de la República era el Dr. Julio María Sanguinetti, quien ha reaparecido como precandidato presidencial, es absolutamente imposible considerar este hecho un mero dato del pasado. La posterior inacción en materia de investigaciones sobre desapariciones forzadas al amparo del artículo cuarto de la propia ley, quedó en particular evidencia al asumir la presidencia el Dr. Jorge Batlle y mostrar que algo era posible hacer.

En los gobiernos del FA, los principales responsables de crímenes de lesa humanidad han debido enfrentar la justicia y recibido condenas, se han encontrado e identificado restos de detenidos desaparecidos y si bien nada es fácil, ha habido debates ásperos y queda camino por recorrer, la señal global de cambio es muy clara. En esa tónica, las remociones resueltas por el Presidente de la República transmiten una señal de orden institucional. Por otro lado, resolver la situación de la Caja Militar y promover una nueva ley orgánica militar son medidas necesarias.  No terminan con una historia muy larga y con pasajes tenebrosos, pero es necesario mostrar que, en este tema, como en otros, el Uruguay cambió, y puede y debe seguir cambiando.

 

¿Y ahora qué? Por Leo Pintos

Es la gran pregunta que varios nos hacemos luego del reconocimiento por parte de un represor de que en unidades militares se torturó y se asesinó, lo que constituye el hecho más importante de nuestra democracia pos dictadura en el difícil proceso de llegar a la verdad y la justicia. Es natural que las personas intentemos esconder momentos dolorosos de nuestra vida, con la inevitable consecuencia de crearnos un trauma. Y eso mismo pasa también con las sociedades que intentan barrer bajo la alfombra. Así nos pasó con la Ley de impunidad. Y como todo trauma llega un momento que sale a la luz y nos perturba.  Desde el 1 de marzo de 1985 en este país hubo auténticas «zonas francas judiciales», cuarteles y dependencias militares que se manejaron con total prescindencia de la justicia y sin rendirle cuentas a nadie. Pasaron más de 34 años y los recientes acontecimientos en torno a las declaraciones de José Gavazzo y Jorge Silveira ante el tribunal militar, sumado a las acciones de espionaje a diferentes actores de la sociedad, demuestran que las fuerzas armadas no han tenido la evolución esperable para una integración plena a la sociedad. Lejos de ello, persisten en el error histórico de no reconocer los crímenes de lesa humanidad en un corporativismo absurdo y contraproducente. En este sentido es inquietante constatar que es sorprendentemente similar la psicología de un miembro de una secta autodestructiva y la de un militar.

Los uruguayos nos merecemos que quienes detentan las armas del Estado representen y defiendan los valores democráticos y abandonen para siempre el perfil represor y conspirativo que rige las fuerzas armadas. Quizá haya llegado la hora de discutir qué clase de fuerzas armadas queremos. Y no se trata de revanchismo, sino de poner en la balanza los pro y los contras de tener fuerzas armadas equivalentes al 1.45% de la fuerza de trabajo. De sostener un sistema de jubilaciones y pensiones injusto y deficitario. De invertir en el mantenimiento de una maquinaria armamentística que ante cualquier hipótesis de conflicto armado  sería inútil. Se trata de redimensionar la fuerza para alcanzar objetivos propios de un país pequeño; la custodia de la frontera seca y fluvial, la vigilancia del espacio aéreo y del mar territorial, y la creación de un reducido cuerpo de élite profesional entrenado y equipado para el caso de conflicto interno. Por qué no pensar en la sustitución del ejército de tierra por una fuerza profesional de defensa civil para intervenir ante situaciones de catástrofes. En un país sin hipótesis de conflictos internacionales y con esporádicos eventos catastróficos, a todas luces parece por demás oneroso el actual presupuesto militar, pues se parece demasiado a un sistema encubierto de desempleo en localidades del interior. Pero para esto nuestros representantes políticos deben asumir un papel distinto al que han tenido en estas tres décadas de democracia, que ha sido de sumisión, de miedo, y de sometimiento ante una institución preparada para cualquier cosa, menos para lo que debe ser la tarea militar profesional.

FFAA: un submundo por Valeria David de Lima

Segunda quincena de febrero estando yo en la playa, mi hermano se ve invadido por una carga intensa de humor negro -característica que compartimos genéticamente- y me escribe diciendo que mi lugar de trabajo en Salto había tomado fuego, a lo que respondí que me hiciera el favor de avisar si el fuego había llegado al escritorio del medio -el mío-, si era así me quedaba algunos días más, de lo contrario debía estar el lunes siguiente trabajando en el lugar del supuesto “incendio”, sino me iban a llamar a retiro.
Salvando las distancias y el bolazo de las llamas, el que parece que se descansó la segunda quincena de febrero fue el compañero Toma, le llegó una molotov en cajita de cristal, pero la encajonó y se fue a pescar.
Por suerte apareció el lápiz de Leonardo Haberkorn (mi Avengers favorito en todo éste lío) y fue así que el sábado por la tarde, mientras ojeaba las noticias del día en su Ibirapitá, Tabaré se entera que los “milicos” rompieron el pacto de silencio; hecho histórico que desencadena un “strike” de mandos militares y ministeriales. Menos Miguel Ángel, cayeron todos.

De las actas del tribunal de honor se desprende la confesión de José “Nino” Gavazzo, quien admite su autoría en la desaparición de Roberto “Tito” Gomensoro, siendo la primera víctima de terrorismo de Estado en el país, aun estando en democracia.
Curiosamente, – ya en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo-, el tribunal militar entiende que el hecho que mancha el honor del ejército es que uno de los suyos -Gómez- haya estado preso siendo inocente, pero no señala como deshonor cuando se mata, se tortura y desaparece personas. ¿A ustedes les sorprende?, porque a mí NO.
El lunes pasado asumió el nuevo comandante en jefe del Ejército; Claudio Feola, quien dijo en rueda de prensa que no repudiaría actos de terrorismo de Estado de la dictadura militar porque no sabía si estaban confirmados.
Por 28 homicidios está procesado Gavazzo, pero Feola dice que no hay confirmaciones y pide test sicológico. Ya estamos haciendo apuestas de cuánto dura el nuevo comandante en jefe del ejército.(?)

Las FF. AA y la impunidad que sigue en pie por Lucía Siola

 

En menos de un mes Uruguay conoce al tercer comandante del Ejército designado por Tabaré Vázquez, Claudio Feola, quien declaró este lunes ante una rueda de prensa que frente a los hechos de terrorismo de Estado “no los voy a repudiar, porque no sé si están confirmados o no”. En estos dos meses se ha revelado el fallo del tribunal de Honor que no condenó los delitos de lesa humanidad, las declaraciones de Gavazzo, el apoyo del ex comandante Manini Ríos al tribunal de Honor, la firma del otro ex comandante José González en la resolución de ese tribunal y ahora las declaraciones del actual comandante.

 

Este periplo da cuenta de que el Ejército como institución ha quedado intacto desde el Pacto del club Naval, manteniendo en ejercicio a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Cuando la dictadura militar fue forzada a retirarse, el conjunto del régimen político que lo sucedió se puso de acuerdo en garantizar la impunidad. El Partido Colorado y Nacional mantuvieron intacto ese pacto. Con el ascenso del FA, el pacto se renovó a partir de limitar el enjuciamiento de algunos de los militares (en cárceles VIP), pues de otro modo, se hubiera involucrado al conjunto del aparato militar y policial responsable, y por otra parte, mantuvieron el compromiso de mantener la ley de impunidad. El proceso actual revela que el régimen de impunidad sigue en pie.

 

El balance histórico no deja lugar a dudas: el Estado que emerge de la dictadura y el Pacto del Club Naval es un desenfrenado violador de los derechos humanos -ahí están para probarlo la represión a la protesta social que desde el Codicen a la reciente movilización por el día mundial del Agua muestran la naturaleza del aparato represivo; las torturas en las comisarías, las violencias penitenciarias, la colusión entre los aparatos de represión y la delincuencia, etc.

 

Contexto político. El ascenso de Bolsonaro en Brasil ha dado nuevo impulso a personajes como los generales destituidos que reivindican un revanchismo militar en el cuadro de ajuste y de guerra de clases que se abre en América Latina. Se trata de una intervención política del ejército que busca candidatearse como árbitro de los choques sociales por venir, con la anuencia de un sector de los partidos capitalistas (Larrañaga) que impulsa la campaña “Vivir sin miedo” dándole a los militares un lugar fundamental en el esquema de represión interno contra la protesta social. La reforma plebiscitaria de Larrañaga le permite a este Ejército los allanamientos nocturnos (al mejor estilo de la dictadura). La reciente militarización de Río de Janeiro, además del asesinato de Marielle Franco y su chofer, donde se dio vía libre a la represión del ejército ha tenido un macabro episodio reciente con la ejecución -con más de 81 balazos- de un hombre que se trasladaba con su familia en Río de Janeiro, he ahí el modelo de lo que se pretende.

 

El Ejército uruguayo ha sido formado en la represión de pueblos hermanos, como en el caso de Haití donde se han denunciado casos de abuso sexual y violaciones a los derechos humanos. Estamos frente a un Ejército que continúa formándose en la doctrina de seguridad nacional, cobijado por todos los gobiernos desde la dictadura.

 

Por eso, Feola dice que no sabe si existieron los crímenes del terrorismo de Estado. Las desapariciones, torturas, y los asesinatos en masa si existieron, y allí están los miles de testimonios que lo prueban, además de algunos restos aparecidos en los cuarteles en los últimos años.

Se trata de crímenes políticos, cometidos para defender un orden político y social de opresión y de explotación. La inmensa mayoría de los crímenes en masa son crímenes políticos que se cometen para protección y beneficio de la clase dominante. Por eso el juzgamiento de estos crímenes debe ser también político.

 

El Frente Amplio fue incapaz de desmantelar el aparato represivo a partir de enjuiciar y apresar a los militares, porque en las últimas décadas ha gestionado este mismo orden social. Sólo las organizaciones de derechos humanos y de trabajadores son los únicos capaces de terminar con la impunidad.

 

 

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