Un Plenario Nacional del Frente Amplio realizado en setiembre de 2016 decidió avanzar en el proceso de reforma constitucional, aunque no resolvió el método a utilizar. Javier Miranda afirmó, en ese momento: «Existe consenso que ya está afirmado por el Frente Amplio y ratificado por este plenario de que efectivamente es necesaria una reforma constitucional. (…) el Frente compromete su esfuerzo en la reforma constitucional y ha aprobado documentos base que van a constituir insumos para el debate que se lanza con vistas al Congreso del 26 y 27 de noviembre», explicó.
Todos los mecanismos de reforma constitucional previstos en el Artículo 331 de la Constitución culminan en un proceso plebiscitario. “El Plenario es un ejemplo del funcionamiento de un partido: participan 160 personas representando a las bases de todo el país y a todos los sectores políticos que integran el Frente Amplio», afirmo Javier Miranda. El Frente Amplio aprobó además que se debe «llevar el tema (de la transformación constitucional del país) a la sociedad y acordarlo con el movimiento social, y reafirmo su vocación de reformar la Constitución de la República para avanzar en el proceso de transformaciones que el país necesita e impulsar un amplio debate en toda su estructura, y hacia el conjunto de la sociedad”.
El debate del Plenario Nacional se cerró con un llamado a “constituir un espacio permanente de coordinación que nos permita definir conjuntamente contenidos y procedimientos hacia la Constitución que el país necesita». Aquí, entonces, algunos de los argumentos, motivaciones y propuestas del Frente para iniciar un curso político dirigido a culmina con el cambio de la Constitución de la Republica. La estrategia y el método utilizado consistió, durante 2016, a entrevistas con partidos políticos, encontrando clara oposición en los principales sectores del Partido Nacional y Colorado.
El Frente Amplio constató que los más de diez años de gobiernos nacionales habían transformado progresiva y profundamente la realidad nacional, condición que imponía adaptar la Constitución de la nación al nuevo tiempo. Sin embargo, la posibilidad de concreción de transformación de la Constitución, la reforma constitucional, con oposición del resto de los partidos parlamentarios, se fue postergando en el debate político interno como en la decisión sobre los instrumentos. De fondo, los partidos y movimientos, en el Partido Obrero Revolucionario, todos, incluidos los que se declaraban a favor, vieron o protagonizaron actos antidemocráticos deleznables durante el Congreso para impedir que fue el mismo organismo el que resolviera darle forma y estructura a la reforma, colocándole plazos tanto al Plenario Nacional como a la Mesa Política Nacional.
Marcos de Campo, Omar Fuentes y Elisa Capote en una investigación para un Seminario en la Facultad de Ciencias Sociales, afirmaron: “con la victoria electoral y la llegada del Frente Amplio al Gobierno Nacional (2004/5) se intensifica el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución…” junto a “la preocupación del Frente Amplio por la legitimidad y la eficacia” de la Constitución de la nación.
El Partido Socialista y el Movimiento de Participación Popular persisten en proponer transformaciones en la Constitución, aunque no han apoyado iniciar el debate en la conducción del Frente Amplio cuando la delegación del POR lo propuso, seguramente acuciados por el declive del apoyo político–electoral al Frente Amplio a partir de la victoria con Tabaré, sin necesidad de balotaje, en el 2004, hasta los triunfos con balotaje en 2009 y 2014, y la derrota del 2019. Gonzalo Civila, secretario general del PS, declaró a La Diaria que hay una “convicción de que es necesario adecuar el orden jurídico institucional del país a una etapa nueva con desafíos democráticos nuevos”, entre otras cosas porque “el orden jurídico institucional actual está pensado en función de intereses minoritarios que obstaculizan el avance de propuestas transformadoras que vayan en dirección a la igualdad”.
Civila propuso incluir en la transformación institucional, incluya la “seguridad alimentaria, la propiedad social, la descentralización y la desconcentración del poder, FF AA y que los bienes públicos no queden supeditados a los vaivenes del mercado y los intereses particulares”. Y concluyó: “No hay área de la vida social, económica, productiva y política del país que no pueda discutirse por la vía del debate de la Constitución, que es una ley de leyes”. Coincidimos con Gonzalo Civila en la necesidad de que el próximo Congreso del Pueblo debata y se pronuncie sobre el punto.
Al igual que el POR, el PS ha sido partidario de convocar una Convención Nacional Constituyente. Proponemos que el PS y el MPP –junto a nosotros– lleven el punto a resolución del Plenario y la Mesa Política Nacional. En lo inmediato, coincidimos con Gonzalo Civila en convocar un referéndum constitucional junto a las elecciones nacionales del año que viene (2024), para lo que se requiere previamente reunir el 10 % del padrón electoral. Agrego: “nos preocupa mucho el alejamiento de amplios sectores de la sociedad de los grandes debates políticos y el descreimiento. … (la transformación constitucional) socializa la discusión política…”
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