Hipocresía por Hoenir Sarthou

“La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud”

Francois de la Rochefoucauld.

A juzgar por las declaraciones, la oposición política uruguaya está llegando a un cuasi consenso: el “Contrato ROU UPM” fue mal negociado y puede perjudicar al País”.

Lo han dicho y lo dicen, entre otros, Lacalle Pou, Larrañaga, Sartori, Antía, Sanguinetti, Talvi, Manini, Novick (puedo olvidarme de alguno), sin contar a los partidos que se han pronunciado directamente contra UPM2, como Unidad Popular, el PERI, el Partido Verde Animalista (Salle – Viana) y el Partido de los Trabajadores, y sectores de otros partidos, como el Movimiento Pro Ecología, del Partido Independiente, y el Espacio 567 (PVP) del Frente Amplio).

Sin embargo, el  tema de hoy son los candidatos que tienen detrás nutridas bancadas parlamentarias, acceso a los medios de comunicación y cierta expectativa de gobernar o de participar en un eventual próximo gobierno. Sí, hablo de Lacalle Pou, Larrañaga, Sartori, Antía, Sanguinetti, Talvi, Manini, etc.

Varios de ellos han adoptado una actitud extraña: declaran que está todo mal con el “contrato”, que se negoció en secreto y se mintió, que se cedió demasiado, que es un disparate gastar esa plata cuando la empresa no decidió invertir, que hay riesgo de afectaciones al medio ambiente y que no es momento cuando el País tiene tantos problemas. Sin embargo, cuando se les pregunta qué harán al respecto, ponen mirada huidiza o distante y contestan: “Cuando seamos gobierno vamos a estudiar bien el contrato y, si es necesario, lo vamos a renegociar o a rescindir”.

Señores, ¡un poquito de seriedad! En marzo de 2020, cuando alguno de ustedes tenga chance de ser presidente, o ministro, o senador, o incluso director de algún ente autónomo, el pescado de UPM2 estará todo vendido. La empresa habrá tomado la Decisión Final de Inversión (para lo que tiene plazo hasta febrero de 2020) o habrá desistido de tomarla. En cualquiera de los casos, no habrá nada para negociar. Si UPM decidió invertir, las obligaciones de Uruguay estarán selladas y cualquier incumplimiento nos arrastrará a juicio ante tribunales del Banco Mundial. Y, si la empresa desistió, obviamente nada habrá que hacer.

¿De qué hablan, entonces, cuando afirman que “revisarán el contrato”?

La democracia no requiere políticos iluminados. Cuando los hay, cuando un dirigente político es capaz de mirar más lejos y de ver las cosas antes que el resto de sus conciudadanos, es una suerte para la sociedad toda. Y, si tiene el coraje de actuar en consecuencia, mucho más. Pero no siempre hay esa clase de dirigentes, e igual se vive. Porque la función básica del político democrático no es decir qué se debe hacer, sino sintonizar aquello que la población necesita o desea, para expresarlo y darle forma de ley o de política pública.

Pero, aun aceptando eso, uno tiene derecho a esperar de los dirigentes políticos cierta coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Si varios candidatos a presidente, con apoyo de senadores y diputados, afirman que un negocio es inconstitucional, que se lo gestionó indebidamente y con mentiras, que se entregó demasiado y que es perjudicial para el País, y si además el negocio puede ser rescindido sin perjuicios para el Uruguay, lo esperable es que hagan jugar su prestigio y sus votos parlamentarios para exigir deshacerlo.

Extrañamente, no es lo que hacen nuestros candidatos opositores.

Que nadie se equivoque con el título de esta nota. No estoy calificando a personas sino a actitudes. No dudo de que, en su fuero íntimo, todos nuestros candidatos sean de un principismo y de una honestidad acrisoladas. Pero, en su conducta pública, están manifestando una dualidad insostenible. No se puede ser muy crítico con un proyecto público y, pudiendo, no mover un dedo para ponerle fin.

Es cierto que los discursos sobre UPM2 han ido cambiando. Hasta hace pocos meses, nadie hablaba del asunto y todo parecía deslizarse hacia un pacífico cumplimiento de los objetivos del Poder Ejecutivo y de UPM. Poco a poco, a medida que el contenido del “contrato” ha ido siendo conocido por la población, los discursos políticos han tenido que cambiar.

No está mal. Eso demuestra que la sociedad uruguaya está procesando recién un asunto complejo sobre el que se le ha negado información y se la ha mentido mucho. El lento cambio de los discursos políticos bien puede estar reflejando ese proceso de despertar social.

Pero también es cierto que los dirigentes partidarios a los que me refiero no han contribuido mucho a develar el contenido del “contrato”. Insólitamente, algunos siguen diciendo que “necesitan más información” y que “van a estudiar el contrato”, aunque UPM2 sea el centro de las politicas oficiales y el “contrato” esté publicado en la página de Presidencia desde hace un año y medio, además de ser tema de la prensa todos los días.

En síntesis: está bien que los dirigentes políticos reflejen los procesos de la población. Pero hay un momento en que es necesario definirse.

El rechazo social a UPM2, y a lo que expresa respecto al futuro de la vida nacional, está gravemente subrepresentado en el sistema partidario y en el Parlamento. Es sorprendente que tan pocos dirigentes partidarios y legisladores perciban que ese desequilibrio no puede sostenerse sin grave deterioro de la credibilidad del sistema representativo. Es sorprendente que tan pocos tengan el coraje y la decisión de expresar esa voluntad privada de voz.

Que una parte de la población diga “sí” a UPM2 y otra parte (creciente) le diga “no”, no significa que los dirigentes políticos deban promediar y decir “NI”. En algún momento es necesario que se definan y sean coherentes. Porque la democracia es debate de posiciones diferentes, no una incierta y casi babosa ambigüedad.

Tengo para mí que las próximas elecciones van a traer algún mensaje para esa concepción de la política que dice una cosa y hace otra, o que no dice ni hace nada, por temor a quedar mal con Dios o con el Diablo.

El próximo 5 de junio, la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados recibirá a una delegación de ciudadanos denunciantes de la inconstitucionalidad del “Contrato ROU UPM”. Será una buena oportunidad para saber hasta qué punto el sistema político es capaz de expresar un debate que crece y se profundiza en la sociedad.

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