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Iglesias truchas ¿Pare de ayudar?

Iglesias truchas ¿Pare de ayudar?
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A raíz de la comisión investigadora  sobre financiación de los partidos políticos en el parlamento surgió la denuncia del apoyo económico que la iglesia Misión Vida del Pastor Márquez brindó a la candidatura de la senadora Verónica Alonso, trasgrediendo eventualmente su función religiosa.  Todos sabemos del apoyo que el Estado le da a diferentes congregaciones religiosas mediante subsidios o exoneraciones impositivas. ¿Debe ser así? ¿Se está subvencionando a curros religiosos? ¿La vigencia de la laicidad es un vale todo? ¿Debemos los ciudadanos a través del Estado aportar a organizaciones que lucran con la religión? ¿No se deben prohibir este tipo de prácticas?  ¿Cómo podemos diferenciar a las religiones de los que lucran con la fe? ¿Cómo se protege a las personas vulnerables que caen en las garras de estos vivos?

La Iglesia al servicio de la reacción por Lucía Siola

En primer lugar es preciso hacer una distinción entre lo que constituye la profesión de una fe, la religión como la cultura de culto en la que puede creer cualquier trabajador, y la iglesia –católica, evangélica, o cualesquiera que sea-como institución que actúa en la vida social y política. La distinción no es caprichosa, sino que tiene que ver con el papel que ha jugado y que juega la iglesia como institución conservadora y reaccionaria en la defensa del orden social existente. El problema del lugar de la religión y sus instituciones es algo que los socialistas han combatido históricamente en la lucha por la conciencia de la clase obrera, tal fue la famosa frase de Marx de que “la religión es el opio de los pueblos”. El político y filosofo nacido en Tréveris hacía referencia a que las ideas de la clase dominante también prevalecían en el terreno espiritual, por lo que la religión cumplía y cumple un papel regimentador de la conducta social, llevando la responsabilidad de todos los males sociales al terreno individual obstaculizando cualquier acción colectiva que subvierta el orden y la conducta establecida. El marxismo consideró que todas las religiones e e iglesias son órganos de la reacción burguesa llamados a defender la explotación y embrutecer a la clase obrera. Por eso, la revolución Rusa además separar a la Iglesia del Estado, confiscó todas sus propiedades y bienes con el objetivo de poner fin a dicha institución.

En Uruguay, el proceso de secularización tuvo lugar en los primeros años del siglo XX bajo el liderazgo de Batlle y Ordoñez. Esta separación temprana – respecto al resto de América Latina por ejemplo – colaboró en el desarrollo de una población mayoritariamente atea, a partir de la propagación de la educación laica. La influencia de la Iglesia católica – sobre todo- continúo siendo considerable, y en las últimas décadas se vio fuertemente beneficiada a partir de los favores del presidente Tabaré Vázquez, quien entre otras cosas habilitó la instalación de una cruz como monumento, en la vía pública, y una estatua de Juan Pablo II. Además, el Estado se ha encargado de otorgar diversos subsidios, y exoneraciones fiscales a las iglesias, en particular, a las evangélicas y franciscanas – estás últimas realizan asistencialismo y negocios a partir de tercerizaciones con el Estado en los barrios pobres de la periferia de Montevideo.

El Estado no debería subsidiar ni exonerar a las iglesias, sino por el contrario debería confiscarle todos sus bienes, porque no expresan una profesión de fe, de una religión, sino un negocio. Se expresa bien en Brasil, donde la presencia de más de 40 diputados evangelistas, promovieron el golpe de Estado, asociándose con los sectores de la burguesía industrial paulista. Los diputados evangélicos y de la Iglesia Universal promovieron toda una serie iniciativas contra la legislación del aborto y proyectos homofóbicos y reaccionarios; esta bancada fue antes de 2014 base aliada del PT para luego promover el impeachment a Dilma Roussef. Son, además, propietarios de grupos económicos que controlan medios masivos de comunicación y participan de diversos negocios de la burguesía brasileña. A pesar de lo que diga la constitución, el Estado está lejos de ser laico.

Bajo la cobertura financiera del Estado, en el actual contexto en América Latina, la Iglesia se transforma en la punta de lanza de la reacción de la burguesía contra los derechos de las masas trabajadoras.

Suprimir los privilegios económicos a las Iglesias y proceder a su confiscación forma parte de la lucha de la clase trabajadora contra el ajuste de la clase capitalista y sus gobiernos.

 

T O M A  Y  D A C A por Esteban Pérez

El cristianismo, más allá de nuestras creencias religiosas o no, fue la ideología que minó letalmente las bases del formidable Imperio Romano.

Desarrolló territorialmente pequeños círculos, pequeñas comunidades que fueron expandiéndose desde lo que hoy es Palestina-Israel hacia todo el enorme territorio conquistado por Roma, llegando incluso a instalarse en las entrañas mismas de la capital imperial.

El Cristianismo, a no dudarlo, jugó un papel fundamental en la descomposición de dicho coloso.

Pero ese ensayo original de base de la humanidad duró hasta que se casó con el poder. A partir de ese momento la Iglesia Católica y sus desprendimientos han ejercido el poder en conjunto con las clases dominantes, ya estén éstas representadas por reyes, duques, dictadores o presidentes electos, y han encontrado siempre los mecanismos para apoyarse en los poderosos y éstos, a su vez, en ellas como ideologías de dominación.

Quiero precisar que cuando hablo de “Iglesias” me refiero a la Iglesia como Institución; por supuesto que los cristianos consecuentes con las enseñanzas de las primitivas comunidades se la han jugado y mucho contra la opresión, a favor de los humildes  apostando a la construcción de una sociedad igualitaria.

Por lo tanto no nos escandaliza porque una Iglesia haya financiado al Partido Nacional a cambio de unas bancas parlamentarias que le permitan participar del ruedo político y contar con el respaldo institucional: eso está en el ADN de las Iglesias.

Dicha Institución ha sabido aplicar las reglas del capitalismo desarrollando formidables empresas, a caballo de la “caridad” y el fomento de las “virtudes”. Legiones de mano de obra  otrora desahuciadas, le generan fabulosa plusvalía.

Al igual que los dados, este asunto tiene varias caras. Una de ellas pone en evidencia una importante carencia del Estado en la atención de las víctimas de la drogadicción.  Si los gobiernos realizaran la inversión necesaria y aplicaran el método correcto para sanar y rehabilitar jóvenes, no existiría ese “cachón” que aprovechan empresarios oportunistas en nombre de una religión. Obtienen resultados económicos que acrecientan su poder político, pero también logran, nos guste o no, la rehabilitación de jóvenes en un porcentaje que  las instituciones gubernamentales no logran.

Ahora bien, por los antecedentes históricos es dable esperar que las Iglesias coqueteen y se asocien a las clases dominantes, pero ello no exime ni de responsabilidad ni de culpa a nuestro gobierno por las soluciones “livianitas” que ha instrumentado para la rehabilitación de nuestros gurises destruidos por el narcotráfico.

Esa es a nuestro entender, la principal conclusión que surge del escandalete que tiene a mal traer a la senadora Verónica Alonso.

Como la murga: ¡Palo pa’la empresa MISIÓN VIDA por su explotación de las víctimas y palo pa’l gobierno por su omisión de asistencia!

Embustes geniales y acaso compasivos por Miguel Manzi

La Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo de salarios y jubilaciones de arzobispos y obispos. La Ley 22.162, por su parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la Ley 22.950, a seminaristas. Estas disposiciones implican que se sostenga a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas. Para 2016, el monto previsto en el Presupuesto Nacional fue de $134 millones. Este financiamiento tiene su origen en el artículo 2º de la Constitución, que indica que “El Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano”…

Tranquis, el párrafo anterior refiere a la hermana República Argentina… La constitución uruguaya, en cambio, consagra en su Art. 5º que “El Estado no sostiene religión alguna” y “Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”. Esta exención, junto con la ley que permite descontar impuestos de un porcentaje de las donaciones a instituciones educativas, son los únicos “sacrificios fiscales” que realizamos los ciudadanos uruguayos a favor de las iglesias. Los impuestos por los templos no sé, pero los otros suman poco más de un millón de dólares. Si consideramos que el presupuesto del Estado para 2017 fue de 13.000 millones de dólares, un palito, y en educación, no suena demasiado, ni siquiera para un jacobino como quien escribe (debe ser la edad). Descartado el asunto de la plata por insignificante, y aunque soy ateo y anticlerical, no puedo desconocer que, para un número de personas, los dioses, las iglesias y los curas son fuente de consuelo, refugio y esperanza. Por otro lado, a fuer de liberal, ni se me pasa por la cabeza considerar un criterio para distinguir a los predicadores sinceros, de aquellos que curran con la fe de los crédulos o con la necesidad de los desvalidos. A lo más, defiendo la rigurosa aplicación del art. 347 del Código Penal: “(Estafa) El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. Finalmente, impedido de extenderme acerca de cuestiones trascendentes en virtud del espacio disponible, proclamo a viva voz que los mitos fundacionales (básicamente los mismos para las centenas de religiones vivas que paradójicamente coexisten en el mundo) son, a mi juicio, expresiones de genialidad del espíritu creador de la especie, lo que contribuye a explicar la persistencia de supersticiones milenarias. Y, en términos de estricta actualidad, confieso mi admiración sin límites por el inspirado maestro del marketing que concibió un eslogan absolutamente insuperable: “Pare de sufrir”.

Dioses y democracia por Gonzalo Pérez del Castillo

A raíz de un hecho puntual de la política nacional (relación de Verónica Alonso con iglesia  Misión Vida) VOCES plantea una serie de preguntas que no pueden abordarse sin antes dilucidar algunos enigmas de difícil solución.

Enigma 1: La gente quiere democracia/la democracia requiere partidos políticos/los partidos políticos requieren dinero/ la gente NO quiere darle dinero a los partidos políticos.

Enigma 2: La gente necesita a los Dioses/los Dioses requieren iglesias/las iglesias requieren dinero/ la gente NO quiere darle dinero a las iglesias.

El segundo enigma tiene  la particularidad de que la gente SÍ está dispuesta a hacerles  “ofrendas” a los Dioses. Resulta entonces que algunos representantes de Dios en la Tierra aprovechan la circunstancia para recolectar  dinero  en nombre de su representado. Es muy difícil para el Estado inmiscuirse en esta transacción. Nadie ha tenido mucho éxito en conseguir que los vivos desistan de abusar de los ingenuos. El Estado puede solo aplicar la Ley cuando el abuso es de tal magnitud que se tipifica como delito. Ello no obstante, cualquier arreglo oculto entre finanzas, política y religión debe ser expuesto y observado con el máximo cuidado. El caso que VOCES nos presenta puede ser uno de ellos.

Una cosa muy distinta son las exoneraciones tributarias o subsidios que el Estado otorga a organizaciones religiosas que se desempeñan en áreas como la educación o la salud. Estas cumplen una función social concreta, son públicas  y están sujetas a reglas y  controles por parte del Estado.

El  enigma 1- financiamiento de la política-  no  tiene solución sin  la intervención del Estado. El Senado de la República  ha avanzado en este tema y propone una mejor distribución de la publicidad gratuita por TV, un tope a las contribuciones de las empresas/instituciones a los partidos políticos y la obligación de que los partidos tengan su contabilidad de ingresos y egresos y que esta pueda ser auditada. Es de esperar que la Cámara de Diputados apruebe estas nuevas medidas que representan un paso importante, justo y necesario.

Evidentemente esta nueva Ley  no será suficiente para evitar que algún ciudadano/institución sea capaz de realizar contribuciones en dinero o en especie a su partido político de preferencia por fuera de estos controles. Estos ciudadanos/instituciones  desean asegurarse que quienes se convertirán en autoridad de gobierno respeten sus libertades y derechos fundamentales. O tal vez, sus intereses, ambiciones o  negocios.  Cuando tales “ofrendas” se descubren, corresponde investigar.

 

La neutralidad del Estado frente a lo religioso por Pablo Romero

Poseer sólidas políticas de laicidad es uno de los mecanismos que las democracias tienen para garantizar la libertad de conciencia y de religión, para garantizar el respeto a las diferentes opciones religiosas que puedan darse a nivel social, por lo cual  el tener una clara separación entre el campo político y el religioso es uno de los aspectos fundamentales a desarrollar y a preservar cuando se ha alcanzado.

Esta cuestión es aún más delicada cuando el posible vínculo se genera entre un partido o sector político y algunas organizaciones religiosas de dudosa buena fe, por decirlo de algún modo. En ningún sentido, por cierto, esto inhabilita a que a título personal un político pueda adherir públicamente a tal o cual religión (todos sabemos de la marcada fe cristiana de nuestro presidente Vázquez y de su entorno familiar) o admire a tal o cual líder religioso o incluso que se embandere “filosóficamente” con los valores positivos que entienda se encuentran en los principios y prácticas religiosas. Una cosa es el ámbito privado y la libertad de culto, pero otra muy distinta es cuando esa adhesión se hace desde el rol público, sea ya en representación de un partido político o en cargos que nos representan a todos.

Subvencionar, hacer apología religiosa desde espacios estatales o ser financiado en una campaña política por instituciones o movimientos religiosos es ingresar justamente en ese terreno donde la laicidad queda aplastada.

El artículo quinto de nuestra Constitución señala en su comienzo que “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”, lo cual contrasta, por ejemplo, con las declaraciones que hace poco tiempo atrás realizó el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, quien señaló que “las leyes de Dios” están por encima de la República y de la Constitución. El punto, claro, no son las convicciones personales y la fe que en todo su derecho tenga quien ha presidido la Cámara de Diputados de nuestro país, sino que lo haga desde una función pública que justamente debe considerar a todos y mantener como una única fe, en el marco de sus funciones públicas en ese recinto sagrado de la República, el velar por la democracia en todas sus manifestaciones, guiado por los principios superiores de la Constitución.

En tal sentido, el trabajo que ha emprendido la Comisión Investigadora del Parlamento respecto de los posibles aportes de la Iglesia Misión Vida al sector político de la senadora Verónica Alonso son una buena señal de los límites que debemos tener siempre presentes en este tema: la neutralidad del Estado frente a lo religioso es parte del debido respeto a los derechos de los ciudadanos y a la base de la convivencia enmarcada en sociedades plurales.

El Estado debe estar atento por Alejandro Sciarra

La propuesta de VOCES para esta semana es en mi opinión demasiado amplia y reúne temas tan complejos que trataré de abordar no más que a modo de pinceladas.

De adolescente una catequista me dijo algo que me quedó marcado a fuego: “La Iglesia en política siempre, en política partidaria jamás.”

Puedo creer que este axioma debería regir a otras organizaciones humanas, de carácter religioso, sindical, deportivo, o empresarial. Pero prefiero por el momento, acotar este concepto al papel que entiendo debe cumplir mi Iglesia: la defensa de los ideales y valores sobre los que se cimienta, en todos los terrenos y órdenes de la vida. Incluido, por supuesto, el plano político, o sea, en la relación con los ciudadanos de nuestro país.

Mi Iglesia no financia actividad política ni lo debería hacer jamás. No se embandera con partidos políticos aunque defiende causas a menudo políticas y que implican manifestaciones ideológicas o un posicionamiento determinado en el acontecer nacional. Sus autoridades no podrán hacer política partidaria y de hacerlo, será esta una opción a cambio de otra. Nunca las dos.

El artículo 5 de la Constitución declara “exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”.

Esta norma no es un resabio histórico. Estamos ante una norma muy sabia y conocedora de la realidad humana y la identidad nacional. La fe, el sentimiento de que esto que vivimos hoy no es lo definitivo, es necesario (en mayor o menor medida) para el ser humano y como tal, debe ser protegida por el Estado, independientemente de las manos que muevan los hilos del poder.

Pero, ¿qué es religión y cómo se la diferencia de otras prácticas? ¿Es siempre tan sencilla su diferenciación? Claramente no lo es. Se ha escrito muchísimo sobre este asunto al más alto nivel académico a nivel nacional e internacional. Incluso pueden encontrarse entrevistas muy interesantes. En particular, recomiendo una entrevista que tiene ya algún tiempo, de Jaime Clara a Miguel Pastorino para El Observador TV (se la encuentra fácilmente en Youtube). El asunto es que, si bien no es sencillo decir cuándo estamos ante una religión y cuándo no, hay en los hechos, parámetros suficientes para determinarlo. La inducción al engaño para obtener dinero de las personas (la obligatoriedad de realizar aportes), la finalidad de obtener un lucro, los antecedentes a nivel internacional, son elementos que deben tenerse en cuenta.

Decía más arriba, que la libertad religiosa debe ser custodiada. Pero la integridad psicológica, el patrimonio de la gente y el erario público también deben serlo. Si sabemos que una asociación civil (y no hago aquí referencia a ninguna en particular) viene del extranjero expulsada, o con una mochila de causas penales por malversación de fondos y se instala en nuestro país haciendo millonarios negocios inmobiliarios en nombre de Dios, y además ingresar a sus inmensas salas no es del todo fácil, pues entonces, no podemos decir que el control de las asociaciones civiles es un control de forma que realiza el Ministerio de Educación y Cultura y desentendernos del asunto.

El Estado debe estar atento. Cuenta con los instrumentos para vigilar y velar por el correcto cumplimiento del artículo 5, para que estas exoneraciones no terminen en un ”vale todo” en que se solicitan, y en paralelo se realizan negocios millonarios, inversiones inmobiliarias espectaculares exprimiendo a la gente, o por qué no, se utiliza el dinero para el financiamiento de campañas políticas. Que puede ser legal o no (no creo que ingrese en el objeto social de una Asociación Civil del estilo), pero que sin duda aleja a quien aporta, del espíritu del artículo 5 de la Constitución. Las exoneraciones se otorgan, porque se brinda un servicio a la comunidad. Si se sirve al César, entonces no.

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