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La protesta rural y los límites del desarrollo agropecuario por Eduardo Gudynas

La protesta rural y los límites del desarrollo agropecuario por Eduardo Gudynas
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Sin duda la protesta ruralista agitó el verano. A pesar de las distintas novedades que expresaba, buena parte de los abordajes quedaron atrapados en la superficialidad de las 4×4 o en buscar intereses partidarios ocultos. Para no repetir esas miradas, aquí propongo otras perspectivas sobre lo nuevo y lo viejo, para así señalar algunos hechos destacados. Estos convergen en mostrar un tipo de desarrollo agropecuario que está chocando contra sus límites y por ello genera disputas por los excedentes.

Soberanía nacional o dependencia extranjera

 Una primera particularidad es el regreso a los primeros planos de la defensa de intereses nacionales ante lo que se denuncia como dependencia extranjera. Algunos autoconvocados cuestionaron los beneficios económicos que reciben los inversores extranjeros, y otros atacaron las concesiones que se daría a la nueva pastera. Se escuchan interrogantes válidas, tales como preguntarse por qué el Estado pagará una enorme cifra de dinero por una nueva vía férrea para UPM pero no gasta en reparar adecuadamente las carreteras en otros rincones del país.

No pasa desapercibido que los gobiernos del Frente Amplio construyeron un consenso en globalizar el comercio exterior y otorgar muchas concesiones a la inversión extranjera. Las clásicas denuncias de la izquierda contra la extranjerización se apagaron, y muchos festejaban, por ejemplo, el encuentro de Mujica con Rockefeller.

Pero ahora retornan los enfrentamientos entre lo que se presenta como necesidades nacionales contra las concesiones a transnacionales. Es interesante observar las tensiones que esto genera por ejemplo dentro del Partido Nacional. Allí, algunos líderes políticos ya habían puesto en primer lugar esa cuestión al enfrentar el proyecto minero Aratirí (reclamando, por ejemplo, nacionalizar el hierro). Se puede argumentar que eso se dice estando en la oposición, y que los partidos tradicionales son todavía más subordinados a capitales y exigencias extranjeras. Pero no minimizaría el aprendizaje político que ocurre dentro de los conflictos, y especialmente en líderes más jóvenes. Y en la acera opuesta, los líderes del progresismo gobernante abandonaron esa trinchera y ahora defienden los reportes del FMI, los indicadores de riesgo país, y cortejan a las transnacionales.

Brecha “macro” – “micro”

El debate también discurrió por la insistencia, de un lado, en que los indicadores “macro” eran excelentes (dineros transferidos al agro o las intendencias, crecimiento económico, exportaciones, etc.), y del otro lado, que a nivel “micro” hay severos problemas (caída de rentabilidad que lleva a abandonar el campo, costosísima canasta de vida, combustibles carísimos, pérdida de empleos privados, etc.).

Mi punto es que ya no puede ocultarse que existe una brecha notable entre esos dos tipos de indicadores. La misma situación se observa en otros ámbitos. Se repiten, por ejemplo, buenos macro indicadores en acceso a la educación, pero cada vez es más frecuente lidiar con jóvenes que son incapaces de resolver una cuenta matemática simple. Se indican mejoras en la criminalidad, pero a nadie puede escapar la cotidianidad de violencia que nos rodea, no sólo en Montevideo, sino también en los pueblitos del interior y el medio rural.

Por lo tanto hay que asumir que varios de los indicadores macro que maneja el gobierno y muchos académicos, especialmente economistas, no son los más adecuados para las circunstancias cotidianas actuales. Necesitamos nuevos indicadores y leer de otra manera a las viejas variables para poder entender mejor lo que sucede y cómo responder.

El colapso de un esquema de participación

 Que la reacción rural alcanzara la intensidad y extensión observada, muestra que fallaron los canales de participación y comunicación con el gobierno. No puede minimizarse la gravedad de esto ya que esa institucionalidad fue creada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y más específicamente por José Mujica al frente del MGAP. En efecto, en 2007 se constituyó el Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos Agropecuarios Departamentales, y en paralelo las Mesas Departamentales de Desarrollo Rural. Se suponía que todo esto permitiría consensuar políticas nacionales agropecuarias, brindar información y abrir el diálogo. Mujica afirmó en agosto de 2007 que esto sería “una verdadera revolución para los productores”.

Un examen más atento de esa estructura muestra que en realidad limitaba la participación ciudadana. Por ejemplo, el Consejo Agropecuario está integrado únicamente por ministerios y agencias estatales, sin las gremiales del campo o las cámaras empresariales. Estas limitaciones, que se repiten en otros ámbitos estatales, reflejan las dificultades del progresismo con los mecanismos de participación ciudadana autónomos y plurales.

El empuje de la protesta de alguna manera también rebasó a las propias gremiales rurales, aunque éstas rápidamente lo reconocieron y se adaptaron. Estamos ante movilizaciones ciudadanas flexibles, con coordinaciones laxas, que reaccionan ante las reglas estatales de encauzar la participación, y en buena medida independientes de partidos políticos. La lección aquí es que la gente puede organizarse y coordinarse autónomamente, y nada impide que estalle otro conflicto en alguna otra cuestión.

Izquierda y derecha

 Estas movilizaciones muestran que las etiquetas entre “izquierda” y “derecha” no pueden ser aplicadas como en el pasado. A riesgo de ser muy esquemático, no son pocos los que consideraron que el discurso de Walter “Serrano” Abella era conservador y no tanto el del consultor Eduardo Blasina. Lo paradojal es que Abella arremetió contra los indiferentes, un postura de la izquierda clásica, y lo hizo citando a Antonio Gramsci, el comunista italiano que es referencia para muchos marxistas. Es posible apuntar contradicciones entre esa mirada gramsciana y otros dichos de Abella, pero eso no quita que usó esa referencia, y que, por el otro lado, no se recuerdan discursos recientes con ese tipo de citas entre líderes del FA.

El entrevero entre izquierda y derecha se repite en otros temas, como el señalado arriba entre nacionalismo y extranjerización. Blasina ofreció un discurso que parecía más desideologizado, y se calificó como “rebelde”, no en el sentido de Lenin sino en el de John Lennon de los Beatles. Pero tanto su diagnóstico como algunas de sus medidas apuntaban más a una economía subordinada a la globalización, como fueron sus reclamos por los tratados de libre comercio o la defensa que ha venido haciendo de UPM-2.

No pretendo presentar aquí una escala dogmática para juzgar quién es de izquierda o derecha, sino mostrar que no se pueden asignar las etiquetas como se hacía en el pasado reciente. Hay muchos procesos de cambio en marcha, y a los actores y procesos que antes se les llamaba de izquierda pueden ahora comportarse de manera muy conservadora, como entre los conservadores de ayer asoman algunas posturas que recuerdan a la izquierda.

Disputa por excedentes

Cuando se escarba en los reclamos de esta protesta debe reconocerse que estamos ante luchas por los excedentes. Este concepto alude a esa diferencia que supera a los costos esenciales para consumir, producir o preservar bienes o servicios. Hay varios ejemplos de peleas en ese plano: El productor rural considera (correctamente) que se le apropian de parte de su excedente cuando tiene que pagar por la reparación de un camino que debería mantener el Estado. El PIT CNT atinadamente alerta sobre patrones que pagan salarios sumergidos a trabajadores rurales lo que es otra apropiación de excedentes de los obreros. Otro caso afecta a los que vivimos en Montevideo, ya que el dinero que ahorran productores rurales que contaminan la cuenca del Río Santa Lucía, termina en un aumento de las tarifas de OSE. También hay traspasos de excedentes del país al exterior, por ejemplo como ocurre con los pedidos de exoneración de UPM-2.

Estos ejemplos muestran a unos que intentan atrapar excedentes de otros, y éstos últimos defendiéndose. La protesta rural es un caso de ese tipo. La cuestión clave es que esas disputas no surgen de la nada sino que son el resultado de las estrategias de desarrollo que sigue el país. La solución a esas peleas sólo es posible si se revisa el rumbo del desarrollo.

En cambio, casi toda la prensa, analistas y políticos, creen que la cuestión clave son esas disputas por los excedentes, sin comprender que son síntomas. Presentan como solución atrapar más excedente de algún otro grupo para compensar a ciertos sectores agropecuarios. Entonces, un día tenemos a un periodista indicando que como las industrias recibieron más ayudas económicas que el agro, éste debería recibir más dinero, y al otro día, los economistas próximos al gobierno apuntan a ir por los excedentes que se llevan los dueños de campos arrendados. Pero ninguno de ellos discute cuál es el tipo de desarrollo rural adecuado y posible para el país. Y al no poner eso en debate, lo dan por aceptado y naturalizan, por ejemplo, seguir siendo exportadores de bienes básicos.

Hasta hace poco muchas de esas disputas no se agudizaban gracias a buenas condiciones externas e internas (tales como los altos precios de las materias primas). En cambio, las condiciones actuales son más restrictivas. Uno de los mecanismos más importantes, la captura de excedentes de los trabajadores, especialmente aquellos de la clase media (claramente expresado en el notable aumento de la recaudación del IRPF), ha llegado a sus límites tolerables. Simultáneamente, las estrategias de desarrollo agropecuario, ejemplificadas en celulosa y soja, parecen estar chocando contra sus límites en todos sus planos (económico, social y ecológico).

Por todo esto, la problemática rural del país requiere análisis más profundos que lleguen a las estrategias de desarrollo agropecuario. La urgencia está en revisar cuestiones esenciales tales como la validez de profundizar un modelo como el celulósico o si es inteligente seguir exprimiendo la base de recursos naturales del agro. Dicho de otra manera, tenemos que discutir urgentemente cuáles son los desarrollos posibles dentro de los límites sociales y ecológicos del país. Pero si sólo se atienden posibles compensaciones, regresarán las disputas por los excedentes, y seguiremos presionando todavía más contra los límites de ese tipo de desarrollo. Esa es una postura que condena nuestro futuro.

CONTRA LOS LÍMITES

La proliferación de conflictos hace que debamos preguntarnos si las estrategias agropecuarias ya no están chocando contra varios de sus límites. Entre ellos hay límites en la inserción internacional, ya que la apuesta a exportar commodities agroalimentarias obliga a aceptar tanto las reglas de la globalización, tales como la asignación externa de precios, así como las exigencias de inversores extranjeros. En ese frente, la globalización captura jugosos excedentes nacionales.

También hay límites ecológicos. La superficie agropecuaria del país está acotada (una referencia adecuada es la de poco más de 16 millones de hectáreas, según el anuario de DIEA). Entonces, cuando Blasina presentaba en Durazno el objetivo de exportar el doble, la pregunta inmediata es ¿dónde? ¿cómo? Se suman a éstos, los límites económicos. Es que los incrementos del volumen o la intensificación agropecuaria tienen enormes costos económicos para los productores (al requerir más insumos, combustible, maquinaria, etc.) y para la sociedad significan todo tipo de efectos externos (contaminación de suelos, aguas y alimentos, erosión, etc.). Se aumentó el área y la productividad agrícola, lo que implicó un aumento notable de la importación de agroquímicos (por ejemplo con un pico de 1,3 millones toneladas de fertilizantes en 2013), lo que está por detrás de la crisis de contaminación del agua. La desaparición de pequeños productores muestra, a su vez, los límites sociales de esta estrategia. Estoy convencido cuando se incorporen mejores indicadores “macro”, la situación se volverá todavía peor.

Es urgente revisar esas estrategias, y los gobiernos del FA tuvieron esa oportunidad y no supieron aprovecharla. En la primera administración Vázquez, el MGAP de Mujica lideró un programa para la reconversión agropecuaria que debía compatibilizar la conservación de la base de recursos naturales con producciones que aseguraran adecuados ingresos a las empresas rurales. Con 37 millones de dólares fue una de las iniciativas con mayor financiamiento de su tipo, pero que en lugar de promover alternativas de desarrollo terminó en muchos casos reducida a brindar compensaciones. Hoy queda en evidencia que fue una oportunidad perdida. El gobierno ni siquiera ha aprendido de ese error, y la apuesta actual del MGAP a intensificar la agropecuaria implica persistir en el desarrollismo convencional, con más presiones ecológicas y sociales. Tampoco puede dejar de advertirse que esos límites, y en especial los ecológicos, están ausentes en las demandas de los autoconvocados.

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