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Lista negra por Hoenir Sarthou

Lista negra por Hoenir Sarthou
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Una denuncia presentada por organizaciones empresariales, hace diez años, determinó recientemente que Uruguay fuera incluido en una “lista negra” de países cuyas condiciones laborales y sindicales ameritan especial estudio por la OIT.

Curiosamente, en esa lista figuran países en los que se practica la esclavitud o el reclutamiento forzado, y se encarcela o asesina a dirigentes sindicales, situaciones que –como es obvio- distan muchísimo de la uruguaya.

La inclusión de Uruguay en la lista no se debe a violación de derechos sindicales, sino a que la OIT, haciéndose eco al parecer de las organizaciones empresariales denunciantes, entiende que el régimen de negociación colectiva uruguayo, de tipo tripartito, en el que intervienen representantes empresariales, representantes de los trabajadores y representantes del gobierno, pone en situación de desventaja al sector empresarial. La OIT propugna la negociación bipartita, en la que empresarios y trabajadores negocien solos, sin que el Estado, o el gobierno, intervengan.

El gobierno uruguayo, por boca del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, así como los delegados del PIT CNT en Ginebra,  pusieron el grito en el cielo ante la inclusión de Uruguay en esa lista. Murro aseguró que Uruguay se defenderá y defenderá su legislación ante el organismo internacional. Y buena parte de la prensa “grande” uruguaya se hizo eco escandalizado del aparente conflicto

Lo extraño es que el gobierno uruguayo  ya se comprometió con la empresa UPM a modificar la normativa laboral del País en este año, mediante un acuerdo con la empresa y con el PIT CNT.  Ese acuerdo, como es notorio, dista de estar encaminado. Y, en año electoral, resulta todavía más difícil encaminarlo.

¿Hay alguna relación entre esta súbita exigencia de la OIT y los compromisos asumidos por Uruguay con UPM? ¿La presión del organismo internacional molesta realmente al gobierno, o lo ayuda a justificar cambios legislativos que de todos modos está obligado a hacer si quiere seguir adelante con el proyecto UPM2?

Objetivamente, lo requerido por la OIT es funcional a lo acordado con UPM.  Sería políticamente más fácil presentar los cambios en el régimen de negociación colectiva, e incluir en el paquete normas sobre ocupaciones, como respuesta a la censura de la OIT que como acatamiento a las exigencias de una empresa privada.

Otro aspecto  interesante del asunto es el papel que se autoasigna la OIT en la regulación de las relaciones laborales. Su postura es estrictamente liberal (por no decir neoliberal). Le exige a Uruguay que el Estado deje de terciar en ciertos aspectos de la regulación del trabajo, confiando el tema exclusivamente a la negociación bipartita entre empresarios y trabajadores. Huelga decir quiénes serían más beneficiados por esa abstención estatal.

Quizá algunos empresarios uruguayos festejen agradecidos la postura de la OIT. Pero hay razones para pensar que no es para ellos el favor. De lo contrario la OIT no habría esperado diez años para decidirse. Y no se habría decidido, justamente, cuando el gobierno uruguayo y la empresa UPM necesitan “una pequeña ayuda de sus amigos” para justificar y concretar lo que tienen acordado.

La postura de la OIT puede ser muy impresionante para quien no conozca el papel de los organismos multilaterales en el desarrollo del modelo económico global.

Casi todos los organismos multilaterales, ONU, OEA, BID, FMI, Banco Mundial (y la OIT no parece ser la excepcion), han adherido ideológica y financieramente al dogma globalista y neoliberal de la inversión extranjera y de la desregulación normativa. Recomiendan, a todo país que quiera o deba oírlos, promover la inversión extranjera como vía ideal o única de desarrollo. Y, con el pretexto de no espantar a esa inversión, impulsan y financian políticas de neutralización del Estado como organo de contralor.

En el caso concreto que nos ocupa, la OIT –en la medida de sus posibilidades, porque sus decisiones no son vinculantes-  le exige al Estado uruguayo que modifique su legislacíón laboral. Y que lo haga reduciendo si intervención en la regulación laboral.

Curiosamente, esa modificacion coincide, incluso en el tiempo, con compromisos que el gobierno uruguayo ya asumió con la empresa UPM.

Llamativo, ¿no?

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