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Los ruidosos escándalos del tinglado multicolor Por Hugo Acevedo

Los ruidosos escándalos del tinglado multicolor Por Hugo Acevedo
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La semana pasada, un viejo amigo, compartiendo conmigo un café, lanzó esta reflexión: “este gobierno es como un programa porteño de chimentos: un escándalo tras otro”.
Obviamente, tiene razón. Esta administración multicolor encabezada por el nacionalista Luis Lacalle Pou, que ganó las elecciones mediante un discurso contaminado por la mentira, la falsedad y la distorsión de la realidad, ya ha colmado todos los límites de la tolerancia.
En efecto, al recorte presupuestal, el aumento de la pobreza y de las personas en situación de calle, la precariedad del empleo y la rebaja salarial y de jubilaciones, este gobierno suma varios escándalos con tufillo a corrupción. Es tan descomunal la dimensión de estos oscuros episodios, que ni el blindaje mediático los logró ocultar.
Al respecto, el reciente procesamiento por tres delitos- asociación para delinquir, tráfico de influencias y delito continuado de suposición de estado civil- del jefe de la custodia personal del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, pareció desbordar el contenido del vaso.
Obviamente, ese recipiente, que ya rebasó su capacidad, es realmente una cloaca, en la cual nadan el Partido Nacional, como cabeza del gobierno, e indirectamente los demás socios de la coalición derechista.
El affaire Astesiano, que es más digno de una novela y del guión de una película de ficción que de la realidad cotidiana de un país tranquilo y de reconocida estabilidad institucional, estalló como una bomba de fragmentación en el rostro del Jefe de Estado.
Luego de la cinematográfica detención de la mano derecha del presidente, en la propia residencia de Suárez y Reyes, Lacalle Pou dio un nuevo paso en falso, cuando convocó a una urgente conferencia de prensa en la cual se manifestó profundamente sorprendido por lo sucedido, obviando que el ahora imputado fue procesado en 2002 sin prisión por estafa en concurso real y en 2013 con prisión por el mismo delito, por el cual fue confinado en el penal Las Rosas de Maldonado. Además, fue indagado en 35 oportunidades por diversos ilícitos.
¿Cómo es posible que a una persona de tal calaña le haya sido confiada la seguridad del presidente de la República y de su familia? ¿Acaso Lacalle Pou ignoraba el profuso prontuario de su protector o le mintió nuevamente a los uruguayos? ¿Cómo se puede digerir que el primer mandatario calificara a ese delincuente de persona intachable?
Estas tres preguntas siguen planeando como una suerte de aves de rapiña carroñeras sobre la cabeza del inquilino de la Torre Ejecutiva, donde, concretamente en el cuarto piso, el procesado se reunía con miembros de su banda, que se dedicaba a falsificar pasaportes de personas oriundas de Rusia.
La indagatoria puede conducir a nuevas revelaciones, ya que Astesiano tenía importantes contactos en el Ministerio del Interior y la Cancillería, donde se procesaban los documentos falsos. Paralelamente, el gobierno encontró ya a su cabeza de turco, separando del cargo al director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez.
Además de kafkiano, este episodio ingresa en el más rico folklore de la sordidez propia de las republiquetas bananeras, horadando el prestigio del país en el exterior.
La explicación es muy simple: el presidente Luis Lacalle Pou conoce a Alejandro Astesiano desde 1999. Este siguió en contacto con la familia, ya que acompañó al ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera en la campaña electoral de 2004.
Considerado por ende un hombre de confianza política y personal, se sumó ulteriormente al equipo de Luis Lacalle Pou en 2014 y también lo acompañó en la 2019, hasta transformarse en jefe de la custodia personal del mandatario.
En este contexto, ¿es posible que el presidente de la República no conociera su historial al margen de la ley? Obviamente, no. Ni un niño se creería ese ingenuo cuento de hadas.
Aunque naturalmente este suceso pone un listón ominosamente oscuro sobre la credibilidad y la transparencia del gobierno, no es el único escándalo registrado en la primera mitad del mandato del denominado gobierno multicolor.
En efecto, el otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset mientras este estaba recluido en una cárcel de Dubái por ingresar a Emiratos Árabes Unidos con documentación falsa, sigue siendo insólito y sospechoso. En efecto, ¿alguien se puede digerirse las explicaciones de los Ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, quienes “confesaron” que ignoraban los antecedentes penales del ahora prófugo delincuente?
Aunque el gobierno intentó laudar el asunto sacrificando al subdirector de la Dirección de Identificación Civil, la responsabilidad de ambos Secretarios de Estado es sin dudas inocultable.
Empero, a este hecho, que también enchastró la imagen internacional del país, que hoy es calificado en algunos corrillos diplomáticos como “narco Estado”, se suma la dádiva otorgada a la tabacalera Montepaz S.A, mediante un decreto que avala la fabricación de cajas de cigarrillos blandas y con el logo que identifica la marca, bajo el pretexto de proteger a la industria contra la desleal competencia del contrabando. Empero, lo realmente insólito es que la empresa donó dinero para la campaña del hoy presidente de la República.
Estos tres escándalos, que son la punta del iceberg de otros episodios oscuros, como la concesión de la Terminal de Contenedores del puerto capitalino a una multinacional por 50 años y el caso Cardoso, transforman a este gobierno en un oprobio para la ciudadanía, particularmente para sus votantes.

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