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LUC: ¿PREMATURA O INELUDIBLE?

LUC: ¿PREMATURA O INELUDIBLE?
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La semana pasada el Poder Ejecutivo envió al parlamento la Ley de Urgente Consideración cumpliendo con su compromiso electoral.

El hecho político marcó la agenda y salieron defensores y opositores a tal medida. ¿La situación de pandemia no ameritaba postergar el envío? ¿A qué se debe el apuro? ¿Un proyecto ideado previamente a la pandemia puede tener la misma vigencia en la nueva situación? ¿Tiene aspectos inconstitucionales? ¿Todos sus artículos son realmente urgentes? ¿Es o no viable su discusión ahora? ¿Divide la LUC a la coalición multicolor o se envía ahora para ser aprobada antes que la misma pueda resquebrajarse? ¿Es viable un referéndum contra la ley? ¿Puede ser la recolección de firmas para derogarla una herramienta para fortalecer a la oposición? ¿Qué aspectos le parecen más positivos y cuáles le preocupan?

El PUC está servido por David Rabinovich

Tuvo éxito Luis. Armó una amplia coalición y logró sacar al Frente Amplio del gobierno. Con notorias carencias e improvisaciones ahora tiene que gobernar.

Antes de las elecciones anunció que, al inicio de su gestión, el nuevo gobierno presentaría un proyecto de ley con las principales medidas y los lineamientos más importantes. De su contenido concreto se sabía poco. Sus intenciones podían suponerse. Blancos, colorados, cabildantes e independientes firmaron un acuerdo y ganaron el balotaje. Luego de las elecciones circuló algún ‘borrador’: “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”; 257 páginas, 10 capítulos y 457 artículos. El artefacto no vino con manual de funcionamiento. La ausencia de una exposición de motivos que ayude a entender, contribuye a la incertidumbre. El mecanismo de la ‘urgente consideración’ acota los plazos a poco más de dos meses, con la amenaza de que, si el Parlamento no se pronuncia, hay una aprobación tácita.

El país había llegado a las elecciones de octubre de 2019 lejos de estar en una profunda crisis; sí con problemas, claro. El relato hegemónico propone, sin embargo, que todo está al borde del abismo: la economía peor que en 2002, la educación, la seguridad, la salud, los valores…  Crisis total. Todo está fundido, por eso se impone la necesidad de que el gobierno actual cambie todo. La alternancia ofrecería la posibilidad de encarar otras políticas. Pero el conjunto de las propuestas y propósitos que las alientan no resiste el análisis o la discusión democrática. Entonces surge la idea de hacer todo ya, de apuro, es de urgente consideración y no admite otro trámite que el expeditivo de una ley de cientos de artículos que abarca temas de los más diversos y cuyas consecuencias son lo menos claras y previsibles posible. Sin embargo, por el camino se atraviesa la imprevista pandemia del Coronavirus que lo trastoca todo… Menos los designios del capital. Si no fuera trágica, en esta situación, sonaría ridículo esta promoción de urgente para un programa conservador. Un espanto.

Eso sí, las consecuencias pueden ser de muy complicada revisión y de más difícil reversión. De eso trata esta nota porque en ‘la Ley de Luis’ está delineada la estrategia para imponer medidas con cambios profundos. Todo en el sentido que impulsan los Piñera, los Bolsonaro, los Macri o los Trump. Las recetas, que fracasaron en Chile y en cualquier otro país donde se hayan implantado, serán ensayadas en Uruguay.

Aquellos borradores (BUC) son hoy (PUC) un Proyecto de Urgente Consideración presentado al Parlamento. Medio millar de artículos para cambiar profundamente el sentido en el que transitaba el Uruguay. Lo que se apruebe, o sea la Ley de Urgente Consideración (LUC) que resulte del proceso, será promulgada y reglamentada por el poder ejecutivo que, además, se encargará de ejecutarla.

Toda esa agua inundará los puentes. Quisiera estar equivocado, pero creo que mucha gente se va a arrepentir de lo que votó en octubre.

La coalición gobernante no tendrá fisuras por Max Sapolinski

La furibunda oposición que desde algunos sectores del Frente Amplio se instaló contra el envío de la Ley de Urgente Consideración es escandalosa.

Y lo es, exclusivamente porque la misma no está sustentada en argumentos basados en el contenido del texto sino en todo tipo de planteos falaces en cuanto a su legalidad y su oportunidad.

De hecho, hemos llegado al extremo de anunciar por parte del Presidente de la coalición opositora la intención de analizar propiciar un referéndum contra ella sin saber siquiera cómo quedará el texto finalmente aprobado. Anuncios que no hacen más dejar en evidencia el derrotero sin rumbo por el que atraviesa dicha fuerza política sin encontrar una forma de posicionarse en el momento político en que vivimos.

Vayamos por partes.

Se ha intentado cuestionar la constitucionalidad de la propuesta. Este tipo de procedimiento está expresamente establecido en el Numeral 7° del Artículo 168 de la Constitución de la República. Está definido taxativamente como una de las potestades que tiene el Presidente de la República actuando con uno o más Ministros o con el Consejo de Ministros.

Se ha intentado sostener que para el envío de un Proyecto en estas condiciones debe existir una urgencia constatada en la temática que trata. Nada está establecido al respecto. La urgente consideración es un procedimiento. En ningún lado de la Carta Magna se establece que la temática a tratar debe establecer una urgencia explícita, que siempre podría ser de alto grado subjetivo y por lo tanto, quien dispone de la iniciativa al respecto, en este caso el Poder Ejecutivo, es quien tiene el derecho a establecer la necesidad del procedimiento.

Se ha intentado sostener que se está actuando a las apuradas. Mala memoria ostentan aquellos que pueden sostener esta tesis. La inmensa mayoría de los temas planteados y la necesidad de un envío de Ley de Urgente Consideración fueron claramente expuestos en la campaña electoral. Luego se hizo público un primer borrador aún antes de haber asumido el nuevo gobierno. Finalmente, quince días antes de enviar el proyecto se hizo público el mismo en igualdad de condiciones a los socios de la coalición, a la oposición y al público en general.

Se ha intentado sostener que la situación de coyuntura por la que atravesamos ameritaba postergar el envío del proyecto. Nos caben preguntas firmes y contundentes. ¿Es que acaso todos los problemas del país han cesado por la llegada de la crisis sanitaria?  ¿Es que, por arte de magia, cuando podamos ir volviendo a la “nueva normalidad” a la que todos ansiamos llegar, tendremos solucionados los problemas impostergables que el país ya tenía? ¿No fueron suficientes tantos años de rehuir encarar temas urgentes?

Se ha procurado sostener que el proyecto no encara nuevas realidades provocadas por la pandemia. El gobierno ha actuado con firmeza y se han tomado las resoluciones y se ha legislado para asumir las dificultades del momento. Nada que haya sido imperativo encarar por las nuevas condiciones ha sido postergado por el tratamiento de la LUC. Esos sí eran temas de urgencia y no sólo de tratamiento urgente.

Se ha procurado sostener que no es viable una discusión de la norma en estas condiciones y que este intento es una forma de apurar su tratamiento para evitar futuras escisiones en la coalición gobernante. Con poca diplomacia, me permito preguntar si el esfuerzo en el tratamiento de la LUC no es el menor intento que los parlamentarios se deben en procura de allanar el futuro de la República. Mientras desde el Poder Ejecutivo todos los ministros atienden sin pausa los sinsabores provocados por la pandemia e igualmente deben atender la problemática propia de cada cartera, parece lógico que los legisladores se esfuercen por tratar los instrumentos imprescindibles para encarar el futuro.

La coalición gobernante no tendrá fisuras. Por el contrario, la adversidad de la coyuntura la fortalecerá. Cabe la pregunta si toda ella mantendrá una posición monolítica en la aprobación de la LUC. Seguramente no. Todos sus actores saben que los compromete el documento firmado al anunciar la conformación de la coalición. Sobre los otros temas que se tratan surgirán intercambios y posicionamientos y seguramente el proyecto quede aún más enriquecido.

LUC:   La Utopía Conservadora por Eduardo Vaz

Pasaron 12 años entre la pandemia financiera de 2008 y la biológica actual. Cada día son más los testimonios desde la ciencia, la política, el arte y movimientos sociales, que vienen advirtiendo sobre estas pandemias, sus crecientes riesgos, la falta de preparación y la necesidad de buscar nuevos enfoques. Lo mismo sobre el cambio climático, el modo irracional de producción y su insostenibilidad.

Acá, pasaron apenas 42 días entre el 13/3 que se declaró la pandemia, el gobierno decidió no mandar la luc pues no había condiciones para su tratamiento y el jueves 24/4, que entendió que sí se podía enviar.

¿Imagina el lector si esto lo hubiera hecho el FA en alguno de sus gobiernos qué habrían dicho los coaligados multicolores?

Fue interesante escuchar en el Senado la explicación que la urgencia no era por los contenidos, según Gandini, y que sí lo era, según Gloria Rodríguez y otros.  Que era vital, declararon Coutinho y más, que Larrañaga contara con los artículos sobre seguridad que mucha gente votó en el plebiscito Vivir sin Miedo. Que alcanza y sobra el tiempo para debatir semejante Frankestein de 501 artículos, y que la pandemia no genera tantas dificultades para su tratamiento democrático.

Pero lo más importante no se trata de la legalidad –aunque esté cuestionada pues hay dos o más bibliotecas jurídicas, como siempre-, ni de la legitimidad del gobierno – ganada en las urnas, aunque no así el plebiscito que igual se mete en la ley-. Ni de la oportunidad que, estando en medio -con suerte- de la pandemia no se puede debatir ni movilizar libremente. Tampoco es sorpresa el contenido: se prometió en campaña una luc y las definiciones neoliberales, conservadoras y autoritarias del herrerismo, el coloradismo y los cabildantes, no dejaban dudas.

Lo grave es el sinsentido de un programa que caducó antes de nacer. La coalición debería recordar el aforismo: “cuando tuvimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”.

Lo que negaban los neoliberales a pesar de reiterados fracasos en todo el globo, lo pudo el virus en pocos meses: el estado minimal y un mercado todopoderoso no pueden asegurar el bienestar social. Uno de los primeros en ver la urgencia de este cambio ha sido el presidente francés, neoliberal y proveniente del mundo de las finanzas, E. Macron:

“Queridos compatriotas, mañana tendremos tiempo de sacar lecciones del momento que atravesamos, cuestionar el modelo de desarrollo que nuestro mundo escogió hace décadas y que muestra sus fallos a la luz del día, cuestionar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela esta pandemia es que la salud gratuita, sin condiciones de ingresos, de historia personal o de profesión, y nuestro Estado de Bienestar Social no son costes o cargas sino bienes preciosos, unos beneficios indispensables cuando el destino llama a la puerta. Lo que esta pandemia revela es que existen bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado”.   (1)

Como sea, la coalición cumplirá esta promesa y habrá LUC, chorizo más, chorizo menos, porque alguna hay que cumplir ya que no se pudo con bajar impuestos, bajar combustibles, no más “tarifazos”.

Lo que resulta más evidente cada día y las encuestas van reflejando es que las medidas urgentes que se necesitan son cuidar a la gente primero, más y mejor, evitar que caigan en la pobreza miles de personas y otro tanto en la marginalidad, que se fundan definitivamente las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que están imposibilitadas de funcionar bien.

Y dar señales de un mínimo equilibrio: la política Hood Robin declarada tan pomposamente por el Presidente de no tocar a los ricos, los artículos de la LUC en favor de las corporaciones privadas (desmonopolizar los combustibles, etc.), la ley de medios a medida de los canales privados, en fin, son demasiado explícitas en un país con gran base batllista, progresista y de izquierda, no solo patrimonio del FA.

(1)https://elpais.com/sociedad/2020-03-12/macron-ordena-el-cierre-de-guarderias-colegios-y-universidades-hasta-nueva-orden.html

 

Mucho más que una pandemia por Camilo Márquez

Según encuesta de Cifra, la principal preocupación de los uruguayos es la sanitaria y el Covid-19. El 44% considera que el principal problema es este y un tema recurrente es el temor a un posible colapso del sistema de salud. El podio de preocupaciones lo completan la desocupación y cierres de empresas (20%) y la situación económica del país (17%).  El factor inseguridad que en noviembre representaba más de un 50%, cayó hasta un residual 5%.

La situación política tiene un nuevo eje. El plan económico del gobierno esta dinamitado. El envió de la LUC al parlamento persigue el objetivo de retomar una iniciativa política que se le escurrió de las manos. El ingreso del mamotrético proyecto al parlamento implica chispazos y choques a la interna de la coalición gobernante: “Cabildantes y colorados se distancian del gobierno por Ley de Urgencia” resumió un portal. Las diferencias abarcan toda la gama de colores. Desde el problema de la vivienda a la liberalización de combustibles (desmonopolización). En el medio, Guido Manini Ríos lanzó que su partido tiene «todo el derecho» a comunicarle a sus votantes que hicieron propuestas que fueron descartadas. «Me importa poco lo que alguien entienda que eso significa», sentenció el ex Comandante en jefe, quien se quejó de la cantidad de aportes de Cabildo Abierto que no fueron tenidos en cuenta. A la tropa de Manini y los colorados se suma el Partido Independiente que manifestó que el proyecto definitivo supera “largamente” el “compromiso país” firmado antes del balotaje entre los cinco partidos. Lo cual no aprueba.

En resumen, la LUC sólo es válida para quien la redacto, es decir, un pedazo del partido nacional. Obligado por las circunstancias, Lacalle rompe el precario equilibrio sobre el que se apoyaba mientras ensaya una caricatura de bonapartismo. El hecho de que Lacalle se apoye sólo en una débil minoría de la burguesía se pretende subsanar con unilateralidad, aunque tenga los brazos demasiado cortos para la tarea.

En este marco la gran ausente es la clase obrera. Lacalle, ante una pregunta en conferencia de prensa, respondió que las manifestaciones no estaban prohibidas e incluso que Israel se habían producido algunas muy numerosas manteniendo las distancias. El presidente le tiró la pelota a la dirigencia del PIT-CNT que se retiró pateando piedritas. Que el Cuquito te corra por izquierda no suele ser algo frecuente y tampoco tan sencillo, y esto justo cuando la combinación que permitió el ascenso a la presidencia del Lacalle esta visiblemente deshilachada, es decir que no está para esos lujos.

El episodio resume como se posicionan las fuerzas políticas en el nuevo escenario. La política del FA y especialmente la del P“C”U está costando muy cara a los explotados. Mantiene al movimiento obrero en un estado de dispersión e impotencia permanente, embarulla, levanta medidas ya decididas, como los actos hacia el primero de mayo. Aquí conviene detenerse un momento. El remplazo de actos por una caravana y aplausos, no ha suscitado un debate público de la amplitud y altura que requiere el hecho entre las corrientes presentes en la mesa representativa del PIT-CNT, incluso con las limitaciones numerosas que tendrían dichos actos y sus sombras chinescas. Esto indica una adaptación intensa a la opinión pública de la burguesía y pequeño burguesía del conjunto de las tendencias presentes en el aparato sindical.

Plantear medidas más osadas para cuando pase lo peor (¿cuándo sería esto?) significa reducir la crisis a un incidente sanitario. Un despropósito, pero que además la realidad desmiente, pues en los barrios no se espera nada. La negativa a movilizarse subestima el alcance de la crisis política, subestima la crisis del capitalismo, subestima la crisis de la burocracia, subestima las acciones que con tapabocas y distancia se producen en los barrios, es decir desarrolla un ángulo político conservador, aunque se empaquete con una terminología incendiaria. La lucha contra la LUC es entendida como un llanto a distancia, cuidando el ancho de banda y con abundantes hashtags. No existe otro camino para salir de esto que con los métodos históricos. La movilización, el paro, el plan de lucha, la asamblea y el piquete. Todo lo demás es acompañamiento.

La pandemia se acopló con una crisis capitalista que ya se las traía, conmocionó a todas las clases. ¿Alguien puede pensar que de esto se puede salir juntado firmas? ¿Discutiendo en el parlamento? ¿Presentando “recursos” legales? La cuarentena fue siempre un espejismo en vastas zonas del país, ahora comienzan a desmantelarla donde se alcanzó algún grado de confinamiento más o menos serio. En esto multicolores y FA van en yunta. La crisis sanitaria-política-económica diseña una perspectiva política nueva.

El orden del día es: cuarentena asegurando el cierre de toda actividad económica no indispensable, garantizando el 100% de los salarios; prohibición de los despidos; reducción de la jornada y rotación del personal de salud, dejando sin efecto todos los envíos al seguro de paro; cuarentenas en las barriadas con protocolos que contemplen el hacinamiento habitacional: ningún rescate al capital, nacionalización bajo control obrero, y destinar el dinero a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la medicina; no a los desalojos: total apoyo a los que luchan por la vivienda; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo de trabajo incluyendo a los trabajadores no registrados, monotributistas, desocupados, precarios, jefas de hogar, y finalmente poner fin a todo pago de la deuda externa. Por un plan de lucha para conquistar el retiro de la reaccionaria LUC y todo el programa que representa.

La nueva normalidad por Cristina de Armas

Como todo tiene un principio comencemos por el origen de la ley de urgente consideración (LUC). Eran los años 60, el país en crisis, el gobierno colegiado liderado por el Partido Nacional en absoluto fracaso, el parlamento fraccionado y sin disciplina alguna. Para salir de esa situación se elabora la nueva Constitución de 1967 y la LUC para ordenar aquel lío y fortalecer al Ejecutivo que vuelve a la figura presidencial. Para la población actual parece ser algo nuevo, sin embargo, desde 1985 se han votado 13 leyes de urgente consideración y sólo cuatro no han salido adelante, dos de ellas en gobierno de Lacalle Herrera. Dice un informe de la Udelar que los constitucionalistas de 1967 la idearon pensando en un presidente en minoría en el parlamento, pero como pasa en la vida, ha sucedido lo contrario. Es posible entonces que este aparente apuro por su votación en la legislación actual tenga que ver con aprovechar la actual mayoría que la Coalición da al presidente en las cámaras. La LUC fue anunciada en la campaña electoral, nadie supo de qué se trataba, la mayoría de la población aún no lo sabe, pero esa mayoría – por mucho o por poco, no importa -, le ha dado un cheque en blanco a este gobierno y es ahora que el gobierno lo va a hacer efectivo, en medio de una pandemia y recesión económica mundial; que no es el mejor escenario no lo puede negar nadie, que no tiene otra opción, tampoco. Se tienen que considerar los tiempos constitucionales que son ineludibles para no caer en una acusación de inconstitucionalidad por parte de la oposición. La LUC ingresó al senado donde se tratará 40 días, pasará a diputados, 30 días, en que si se modifica se devolverá al senado 15 días, y si no hay acuerdo entre las cámaras la Asamblea General tendrá 10 días más. Es todo el tiempo que tienen todos nuestros legisladores para votarla o descartarla. Ésta es la cancha donde se muestran los pingos, aquí es dónde vale un legislador, éste es su trabajo. Quisiera decirles que la mayoría de legisladores está capacitada para este trabajo, pero la verdad es que la mayoría no entiende lo que lee y ese siempre es un gran peligro, y esa siempre es culpa de los votantes porque lo que decide la LUC es tan simple como la forma en que viviremos la vida dentro de este país. Son más de quinientos artículos donde se encuentran la Biblia y el Calefón, desde lo más importante que no lo parece, a lo más trivial con lo que se puede enardecer a un pueblo. Estamos en las manos de esos hombres y mujeres, dependiendo de los motivos por los cuales están allí, rezando aún sin creer para que el bien general, el país, les pese. Difícilmente un Ejecutivo envíe una Ley que de alguna manera no le beneficie, dependemos del resto, no sólo de la oposición, de los propios miembros de la Coalición que ya han marcado diferencias, han realizado correcciones y han anunciado que no votarán lo que el Ejecutivo ha agregado luego del acuerdo al que ya se había llegado. Eso no es deslealtad, es corrección institucional.

Dos Ministros no la han firmado, eso es perfilamiento hacia 2024. Este año, sólo por ser primer año de una nueva legislatura tiene por delante la Rendición de Cuentas y la votación del nuevo Presupuesto Nacional. Los intereses políticos, electorales, sociales, económicos campearán, con menos evidencia quizás sometidos bajo la pandemia, pero como siempre, han de incidir. Vivimos un tiempo en el que convivimos con el miedo y la indiferencia, la vida y la muerte, el enriquecimiento y el empobrecimiento, la solidaridad y la hipocresía. Con un poco más de propaganda por un visitante inesperado que cargará con muchas culpas, pero se parece a la vida de siempre. En noventa días se decide la nueva normalidad.

El país prometido por Diego Durand

Hace 2 meses comenzó el nuevo Gobierno, comprometido con la coherencia de Cumplir lo dicho en campaña electoral, derribando aquellas teorías de que los políticos prometen y no cumplen.

La izquierda pretende deslegitimar la LUC  y con ello deslegitimar al Gobierno, desprestigiando a personas e incluso a la coalición multicolor. El buque insignia del Gobierno es la LUC, por cuanto reordena el Estado a través del plan de ahorro y eficiencia Estatal, con acciones en Economía, Seguridad, Educación, Vivienda, entre otros fracasos del Gobierno que se fue.

La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas se adoptan por el pueblo por mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Terminada la elección, los representantes están instalados en el Parlamento con la capacidad de representar, oponerse, formar comisiones, escuchar y decidir sobre aspectos sustanciales para los ciudadanos del Uruguay, no solo respecto de sus seguidores, sino del país entero que aclama necesidades.     Muy por el contrario, la imagen democrática se mantiene con un Gobierno que cumple con lo prometido – mandato soberano – de hacer lo pedido por la gente.

La llegada del Covid 19 no solo es una pésima noticia para el mundo, sino que también es una excusa para justificar o llevar agua para el molino de cada uno. ¿Se daña la calidad democrática del país?

Desprestigiar la LUC es una chicana para no dejar en evidencia las omisiones de lo que no se hizo antes, pretendiéndose que nos olvidemos del pasado para etiquetar al presente. Se escuchan voces que señalan que NO es el momento oportuno dada la pandemia instalada.

¿Se sabe cuándo es el momento que pasará el corona virus? ¿Y cuando pase el corona virus tendremos tiempo para atender lo que no se hizo por pensar en el momento supuestamente oportuno? Cuando llegará el momento de atender los faltantes en la Reforma Estatal de Eficiencia y los problemas en seguridad existentes, tales como el crecimiento en homicidios. No será momento de renovar las leyes.

En cuanto a los plazos que tiene la LUC, son similares a los de una ley de presupuesto, no debería alarmarnos el rotulo de urgente consideración, incluso el FA voto en 4 días la ley de capitalización de Ancap y el Gobierno actual voto en 24 horas el Fondo Coronavirus. El Gobierno por tratar la LUC, NO dejó de atender la problemática actual, ambas perillas se regulan y controlan conforme a las necesidades. Se construye un relato (tribuna) lamentable de poner al Gobierno en el borde del autoritarismo, de avasallar la democracia, de una ley deshonrosa, de inconstitucional, cuando el órgano jurisdiccional para catalogar una ley de inconstitucional es el Poder Judicial. La concepción democrática es cuidar la República sin adjetivar, sino aplicar derecho sustantivo construyendo – legislando para el País – levantando la bandera del bienestar de la propia República.

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