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Manini y el codo de Vázquez por Hoenir Sarthou

Manini y el codo de Vázquez por Hoenir Sarthou
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El presidente Vázquez decidió destituir al comandante en jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos. La decisión resulta incuestionable, desde que Manini, en un documento oficial, emitió juicios descalificantes contra un Poder del Estado (el Judicial) cosa inadmisible en quien dirige la principal fuerza armada del Estado. En caso de haber irregularidades en los procesos penales seguidos contra militares, son los abogados de los acusados quienes deben exponerlas, y no el Comandante en Jefe en un documento oficial.

Todos sabemos en qué termina una sociedad cuando los jefes de las Fuerzas Armadas comienzan a emitir juicios sobre las autoridades civiles. De modo que el Presidente cumplió con la Constitución e hizo lo correcto al separar al Comandante de su cargo.

Hay muchos indicios de que Manini buscaba un desenlace de ese tipo para su carrera militar. Ya había sido sancionado antes por hacer declaraciones públicas sobre la reforma de la Caja Militar y mucha gente se preguntaba por qué no se lo había destituido en ese momento. Sus declaraciones, luego de saber de la destitución, confirman que está en su horizonte alguna clase de carrera política. Y, por su perfil, no pocos sospechan –o temen- que planee postularse a un cargo muy ambicionado: el de “Bolsonaro uruguayo”.

Las intenciones político-partidarias de Manini son todavía desconocidas, pero no hay duda de que, cumplidos los procedimientos y plazos que correspondan, tiene el más completo derecho a militar en el partido que prefiera y a postularse para el cargo que desee.

Reitero que el presidente Vázquez actuó bien al hacer lo que hizo, porque emitió una señal fuerte de respeto a la Constitución y a las instituciones. Pero el orden constitucional tiene un requisito nada menor: debe ser aplicado con el mismo rigor al Jefe del Ejército que al Presidente de la República y al resto del Poder Ejecutivo.

El tema viene a cuento porque el presidente Vázquez, al tiempo que firmó con una mano la destitución de Manini, con la otra (o con el codo) decidió que tres funcionarios de confianza del Ejecutivo no concurrieran al Parlamento a dar explicaciones sobre el muy dudoso y cuestionado “contrato” firmado con la empresa UPM.

Como es sabido, el “contrato” para la instalación de una segunda planta de celulosa de UPM en el Río Negro ha generado crecientes polémicas, por la entrega de soberanía nacional que implica, por las condiciones económicas leoninas establecidas a favor de UPM, por los posibles efectos ambientales de la planta, en especial sobre las ya contaminadas aguas del Río Negro, y por la grave inconstitucionalidad de que el Poder Ejecutivo, actuando por sí y ante sí, comprometa al País por décadas en áreas que son indisponibles, o  que no son de su competencia y claramente son competencia de otros Poderes y órganos del Estado.

La inconstitucionalidad del “contrato”, justamente, fue el fundamento de una denuncia presentada por miles de ciudadanos ante la Cámara de Representantes.  A consecuencia de esa denuncia, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes había acordado (tras una semana de prórroga solicitada por los diputados oficialistas) que “invitaría” a los tres firmantes del “contrato” para que explicaran los alcances de lo acordado y los procedimientos seguidos.

Sin embargo, sorpresivamente, el Poder Ejecutivo decidió en las últimas horas que los tres firmantes no concurrirían a la Comisión, lo que coloca al País ante una irregularidad tan o más grave que la planteada con el Jefe del Ejército.

¿Qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo, en secreto y sin comunicarlo ni consultar al Parlamento, firma un documento por el que compromete hasta por cincuenta años la actividad legislativa del País, la autonomía de los Gobiernos Departamentales, la inversión de miles de millones de dólares,  el uso preferencial del agua del Río Negro, el de las vías ferroviarias y el de una terminal portuaria, las políticas de forestación, las normas laborales, los programas de enseñanza, las políticas de energía, y además somete todo ese “paquete” a la autoridad de tribunales del Banco Mundial?

Sin duda, la inconstitucionalidad es garrafal.

Ahora, ¿qué ocurre si, además, el Poder Ejecutivo se niega a concurrir al Parlamento a dar explicaciones sobre lo que firmó?

Es claro que estamos ante una situación de quiebre institucional. No tan evidente porque no hay violencia material, pero quiebre al fin. Porque el Poder Ejecutivo, no conforme con hacer por su cuenta y en secreto lo que quiso en temas vitales, se niega a dar explicaciones. No ya a los miles de ciudadanos que se las pedimos hace meses mediante una petición, sino también al Parlamento, que tiene entre sus cometidos constitucionales controlar posibles desbordes del Poder Ejecutivo.

Para que su insolencia sea completa, el Poder Ejecutivo emitió ayer también un decreto por el que declara “de interés público y de urgente ejecución” todo lo relacionado con las obras ferroviarias acordadas con UPM.

Así las cosas, la pelota está picando en la cancha de la oposición política y sobre todo parlamentaria, que ha sido grotescamente desairada.

Más allá de lo que opinen sobre el proyecto UPM2, la cosa se ha convertido en un problema institucional. ¿Cómo puede admitir un sistema político que el Poder Ejecutivo se niegue redondamente a dar explicaciones de sus actos ante el Parlamento?

Es más, cabe preguntarse si existe oposición en este País, o si las decenas de parlamentarios y los líderes no oficialistas son simplemente un decorado, incapaces de ejercer algún control sobre los actos del Poder Ejecutivo y de defender el derecho más elemental de sus votantes: el de saber por qué y con qué alcance se toman las decisiones vitales de la sociedad.

Más allá de la actitud digna del Presidente de la Comisión, diputado Pablo Abdala, ninguna voz se ha alzado en el Parlamento para cuestionar con fuerza la evidente inconstitucionalidad de lo actuado por el Ejecutivo. Una inconstitucionalidad que, además, no es meramente formal, porque traerá serias consecuencias para nuestra soberanía, nuestra economía y nuestro medio ambiente.

La población, poco a poco, a pesar de la deliberada falta de información, va tomando conocimiento del contenido del “contrato”. Y, a medida que se entera, se enoja y percibe que es inadmisible mantenerlo.

De acuerdo a cómo actúe el sistema político en las próximas semanas, muchos uruguayos tendrán la oportunidad de saber qué clase de representantes tienen.  Y muchos decidirán si renuevan o cancelan el pacto de confianza con aquellos a los que votaron.

Ese “contrato” es una vergüenza nacional. Si no lo frenamos, será señal de que algo anda muy mal en el Uruguay. Y, si el sistema político ni siquiera es capaz de discutirlo, para mucha gente será evidente que es parte del problema y no la solución.