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Misión imposible por Hoenir Sarthou

Misión imposible por Hoenir Sarthou
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Las mediciones de popularidad de los gobiernos y presidentes de nuestra región dan cifras escandalosamente bajas.

Según la encuestadora que se consulte, pasada la mitad de este año, la gestión del brasileño Temer tenía entre un tres y un cinco por ciento de apoyo, la de Macri entre un treinta y un treinta y tres por ciento, y la de Tabaré Vázquez entre un veintiseis y un veintiocho por ciento. En todos los casos tomé como “piso” los resultados que recoge la “Tabla de popularidad” de ACOP (Asociación de Comunicación Política) y, como “techo”, los de otras encuestadoras. En el caso de Uruguay, ACOP recoge las cifras de “Equipos Mori” de julio de 2018 (26%), en tanto que “Cifra” estimaba el apoyo a la gestión de Vázquez en un 28%.

Esas mediciones no se refieren a intención de voto.  En los resultados electorales juegan otros factores, como “Es lo menos malo” o “Los otros son peores”, que cambian las cosas. Esas cifras miden la conformidad con la gestión del gobierno, con independencia de lo que terminen votando los encuestados.

Mi confianza en los resultados estadísticos no aumentó demasiado. Por eso, la interrogante que dispara este artículo se me presentó antes de consultar las cifras, por la simple percepción (¿olfato?) de que los gobiernos regionales navegan en un mar de desconformidad o, a lo sumo, de resignada indiferencia por parte de la población.

Sin que sirva de consuelo, la escasa aprobación a la gestión de gobierno no es exclusiva de nuestra zona. En el mundo, sólo un puñado de países tienen gobiernos que rondan el 50% de aprobación. El resto, la enorme mayoría, son dirigidos por cúpulas políticas que, cuando no recurren a la fuerza, se apoyan más en la fragmentación o indiferencia de quienes se les oponen que en su propia capacidad de convencer. Son, por decirlo de algún modo, lo menos impopular dentro de lo impopular.

Sin embargo, si uno consulta los entusiastas análisis de los organismos internacionales, la democracia parece ser un sistema en expansión, al que cada vez adhieren más países.

¿Cómo explicar la paradoja de gobiernos democráticos que reciben la desaprobación de tres cuartas partes o más de sus ciudadanos?

Hasta hace pocas décadas la explicación era obvia. Los gobiernos, sobre todo en nuestra región, solían responder a las oligarquías locales y a la embajada de los EEUU, que lograban instalar y mantener en el gobierno a políticos de su confianza mediante una mezcla de dinero, persuasión, corrupción, represión, fraude y demagogia. Y, cuando eso fracasaba, recurrían directamente a los golpes militares.

Eso ha cambiado. No sólo porque los golpes militares son menos frecuentes, sino porque “el poder detrás del poder” ha cambiado. El papel que antes jugaban las oligarquías locales y la embajada de EEUU es hoy cumplido por gerentes de empresas multinacionales, personeros del capital financiero y tecnócratas de los organismos multilaterales. Son ellos los que tienen las llaves de los créditos y de los mercados, los que califican los riesgos, los que dicen cuáles son las “buenas prácticas” de gestión, los que bendicen ciertas inversiones, los que promueven las pautas de consumo y determinan qué se investiga y qué se enseña en las universidades.

Ante esa influencia poderosísima, ejercida bajo la amenaza de dejar a los países sin créditos y sin mercados, los gobiernos se ven obligados (al menos así lo describen los más sinceros de esos gobernantes) a aplicar políticas, votar leyes y firmar contratos muy inconvenientes para sus países y casi siempre ajenos a los intereses y deseos de sus ciudadanos.

Repasemos casos que conocemos: ¿quién en el Uruguay reclamaba la bancarización obligatoria o la forestación, quién pedía las leyes de lavado de activos o la de riego, quién la instalación de Aratirí y de UPM o de la regasificadora, quién pidió en su momento las AFAP, la ley de zonas francas, la de puertos y la de promoción de inversiones,  y quién a nivel popular reclamaba ahora el nuevo Código procesal penal?

Hablamos de cambios de alto costo y de fuerte repercusión social. Cambios que en su mayoría no figuraban en los programas de los partidos que los impulsaron. Obviamente, esas iniciativas no nacieron en el Uruguay. Son las políticas que el sistema económico global les exige a todos los gobiernos que carecen de la suficiente fuerza o voluntad como para rechazarlas.

El problema con esas políticas no es sólo el esfuerzo social y económico que demandan, sino también lo que no se hace por estar dedicados en cuerpo y alma a cumplir los programas impuestos. Si se relega la reforma de la enseñanza o la protección de los pequeños productores nacionales, si no hay ningún proyecto de desarrollo nacional, pero hay dinero, créditos y voluntad de sobra para facilitar la inversión extranjera, no es casualidad.

Buena parte de la población tiene dificultad para percibir que se la está postergando y endeudando para privilegiar inversiones y negocios ajenos. Compran de buena fe las consignas de “Es lo que se hace en el mundo”, o “Hay que modernizarse”, o “Es el progreso”.

Cuando se ven los resultados, endeudamiento público, daños ambientales, pocos impuestos, muy escasas fuentes de trabajo y juicios internacionales, cunde el desaliento (el que mide ACOP, por ejemplo). Pero la respuesta es siempre la misma, una huída hacia adelante: “Necesitamos más inversión”, y entonces aparece en el horizonte una nueva megainversión extranjera que nos salvará a todos. Luego se frustra y vuelta a empezar.

La paradoja de los gobiernos democráticos es que el sistema económico global les exige políticas, inversiones y concesiones que chocan con los intereses de sus países y de sus habitantes. Y también les exige lograr el voto de esos mismos habitantes para seguir gobernando y gestionando las inversiones. Una verdadera “Misión Imposible”.

¿Hay alguna alternativa?

Los ideólogos, tecnócratas y publicistas globales se empeñan en convencernos de que no la hay. El desaliento, junto con una entretenida agenda de temas divertidos, inocuos y secundarios, es su arma secreta para mantenernos inmóviles, vagamente desconformes pero distraídos o resignados.

Si hay alternativa, parece difícil que surja del mismo sistema político adaptado a repetir el credo y a cumplir las exigencias del modelo. Si existe alternativa, probablemente dependa de ciudadanos que se nieguen a adormecerse e insistan en cuestionar lo que ocurre. No es fácil, porque hay mucho dinero y mucha publicidad invertidos en canciones de cuna.

Probablemente, el despertar implicaría ocuparnos y reapoderarnos de lo público, aunque ese gesto de independencia signifique vivir con menos, afrontar amenazas, estudiar y pensar más, consumir menos y aplicar nuestras energías con una creatividad desacostumbrada.

Yo también me lo pregunto: ¿es posible la alternativa?