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No nos condenen por ser pobres por Leonardo Flamia

No nos condenen por ser pobres  por Leonardo Flamia
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Cuando el lunes 20 de abril un grupo de familias del barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina se manifestaba en la Plaza Independencia el director de este semanario y quien escribe conversamos con dos de las voceras del barrio. Una de ellas le decía a Alfredo: “él (por mí) sabe porque ha ido. Esta ocupación está bien organizada, no ves basura tirada en ninguna parte como pasa en otros asentamientos”. Lo paradójico es que lo que para vecinos y vecinas de Nuevo Comienzo es un valor en sí mismo, el orden, la limpieza, la capacidad de organizar un merendero para dar el desayuno a niños y una olla para resolver el almuerzo o la cena, ha sido uno de los principales causales de “sospechas” de parte de medios de comunicación, policía y fiscalía. “Están demasiado organizados” se escucha, y casi se oye a continuación lo que no se dice pero se piensa “tienen que estar en algo raro”.

Y que están organizados es verdad, como integrante del núcleo sindical de la UTU de Santa Catalina conocí la ocupación a principios de marzo, cuando ya hacía varias semanas había comenzado. Uno de los límites de los terrenos ocupados queda frente al edificio principal de la UTU y como núcleo sindical entendimos pertinente acercarnos para colaborar con familias integradas en muchos casos por estudiantes de la UTU. Y una de las cosas que siempre percibimos fue el orgullo por la forma organizada en que se había llevado adelante la ocupación. Algunos de los integrantes de la comisión que funciona en la zona central de los terrenos, cercana al complejo deportivo del Club Cerro, nos contaban sobre cómo habían delimitado las parcelas, de las zonas reservadas para espacios verdes y plazas para niños, y de los espacios en que pensaban hacer funcionar el comedor y merendero. Si bien hacían una olla los fines de semana, nos decían que no podían comprometerse todos los días porque no sabían si iban a llegar las donaciones regularmente para garantizarla de forma diaria. Consultados acerca de qué era lo más necesario fueron claros: leche en polvo y otras cosas para el merendero, y también ropa de abrigo, fundamentalmente frazadas, pensando en la cercanía del invierno.

Criminalizando por trascendidos

Como se sabe la ocupación de los terrenos comenzó en enero, y en pocas semanas ya eran centenares las familias que se habían establecido en las mismas. El 27 de enero el ex alcalde, y actual diputado, Gabriel Otero por un lado relativizó las dimensiones de la ocupación y por otro indicó “todo el tema está judicializado” confirmando que la Intendencia había denunciado la ocupación.[i] El 15 de marzo, seis semanas después de las declaraciones de Otero, El País titulaba “Ocupación masiva en Santa Catalina: estafas, narcos y un riesgo inminente amargan el sueño de levantar un barrio”[ii] Lo extraño es que si uno lee la extensa nota, en donde se entrevista a vecinos, vecinas y autoridades de la Intendencia, las referencias al narcotráfico son meros trascendidos, cosas que se comentan sin que nadie lo proponga como eje central de sus declaraciones. Sin embargo lo menos relevante desde el punto de vista de los entrevistados es lo que termina como título de la nota. La criminalización comenzaba su derrotero, paso previo a justificar el desalojo ante la opinión pública. Un mes después, el 18 de abril, el matutino titulaba: Ocupación de terrenos en Santa Catalina: identifican a jefes de banda narcotraficante[iii] Se continuaba generando alarma para justificar el desalojo ante la opinión pública, pero nuevamente sin pruebas, ya que si uno lee la nota, no existen los mencionados “jefes narcotraficantes”  de los que se habla en el título. Sí podemos leer, en el desarrollo, que fueron formalizadas algunas personas por “asociación para delinquir” y “usurpación”. O sea, “asociación” de varias personas para “usurpar” un terreno abandonado. Lo grave de la forma en que El país titula no es que defienda la propiedad privada en detrimento del derecho a la vivienda, nadie esperaba menos, sino que mienta. Al día de hoy el número de personas formalizadas ha llegado a 17, siempre por atentar contra la propiedad privada, pero 45 días después del primer titular y 10 días después del segundo, nadie ha sido formalizado por delitos vinculados al narcotráfico o estafa. Lo que no impide que ese rumor siga rondando por informativos y programas de televisión en formato de debate como Esta boca es mía, programas en que los únicos que no tienen voz son los propios protagonistas de los hechos. A esta altura el único delito cierto, además del de “usurpación”, es el de difamación sistemática hacia centenares de familias a las que se acusa de delitos graves sin prueba alguna.

“No nos condenen por ser pobres”

Pero retomando la línea inicial, entre el 15 de marzo y el 18 de abril, distintos compañeros y compañeras del núcleo sindical nos acercamos a la ocupación para llevar ropa e insumos para el merendero. Cada vez que íbamos notábamos los adelantos en la organización, con particular preocupación por cerrar el espacio en que se resguardan los alimentos donados. Ya a principios de abril, y gracias a los aportes de decenas de sindicatos y otras organizaciones sociales, desde la comisión central nos confirmaban que no solo funcionaba el merendero diariamente, sino que también la olla popular brindaba un plato de comida todos los días a quienes lo necesitaban. Otra cosa que fue constantemente destacada es el pedido legal del acceso al agua de OSE, siendo también visibles los avances de la cañería hacia los terrenos. El entusiasmo notorio, sin embargo, empezó a recibir golpes desde el 16 de abril, cuando algunas vecinas fueron detenidas y luego formalizadas por “organizar” la “usurpación”. Pero pronto algo cambió el eje de las acusaciones y los titulares se fueron modificando.

Si bien el operativo de criminalización intentó cercar a los ocupantes bajo el signo de “estafa y narcotráfico” la realidad es que ninguna persona ha sido formalizada por estos hechos. Y más aún, ante la aparición pública de los vecinos y las vecinas de Nuevo Comienzo en el centro de Montevideo el lunes 20 de abril la mentira quedó al descubierto. Junto a esa aparición una serie de notas en medios alternativos (La senda, Reactiva, Rebelarte) hicieron visible a un grupo de vecinos y vecinas que en nada se parecían a los titulares de El País. A esto se agregaron comunicados de solidaridad de FUCVAM, de la mesa representativa del PIT CNT y de otras organizaciones sociales que se solidarizaban con los que solo reclamaban “tierra para habitar”. Es así que empezaron acusaciones cruzadas hacia la Intendencia (que es la que realizó las denuncias inicialmente) y hacia quienes serían los responsables del aumento constante de los asentamientos irregulares. Para completar el combo el domingo 26 se acercaron al terreno, con ánimo “mediador”, referentes del partido de gobierno departamental (Leonel Groisman) y el propio titular del MIDES (Pablo Bartol).

Ante la falta de pruebas sobre delitos ajenos a la “usurpación” el giro pasó a estar en la capacidad de organizarse de los vecinos de Nuevo Comienzo, y en la sospecha acerca de esta capacidad de organización. El lunes 27 Telenoche informaba que el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, sobrevoló junto al fiscal Diego Pérez los terrenos ocupados confirmando que el delito real de los ocupantes es “usurpación”[iv]. Pero Ruiz agregaba que “es una usurpación muy bien planificada (…) ya en este momento, y en poco tiempo, hay muchísimos lugares ocupados con muchas familias”. El jefe de Policía, recordado por reprimir con plomo a los manifestantes del Filtro en 1994, continuaba dejando bajo sospecha a los ocupantes por el “delito” de estar bien organizados, algo de lo que vecinos y vecinas siempre sintieron orgullo. Uno no sabe cual es el eje de esta crítica ¿Será que se asume que los “pobres” no son capaces de organizarse y por ende alguien siniestro los está organizando? ¿Se estará gestando un nuevo rótulo “demasiado organizados” para criminalizar organizaciones sociales? Lo cierto es que el único delito real de gran parte de las familias de Nuevo Comienzo es intentar construir su casa en un terreno que hace más de medio siglo está sin uso. Está claro que el mensaje es que la propiedad privada, aún abandonada, no se toca, aunque sea para resolver un derecho que está consagrado en la Constitución pero que el estado no garantiza.

Solo queda solidarizarnos con las familias de Nuevo Comienzo y recordar la proclama que integrantes de la propia “organización” escribieron y leyeron el lunes 20 en la Torre Ejecutiva:

“Haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos. Hoy, lunes 20 de abril del 2020 queremos contar nuestra verdad. Se formó un barrio donde actualmente viven aproximadamente 1000 familias, siendo tal ocupación espontánea iniciada a principios de enero por 30 familias. El predio estaba desocupado hace 50 años, siendo una tierra sin vida. Dos mujeres madres y amas de casa fueron procesadas y coaccionadas por el fiscal Diego Pérez a exhortar a las casi 1000 familias a desocupar dicho predio, estas familias no cuentan con una solución habitacional. Aquí viven mujeres víctimas de violencia, alguna se encontraban en refugios del Mides, jóvenes rehabilitados provenientes de ONG, personas de nacionalidad extranjera, madres y padres jefes de hogar, militares, policías, pescadores, etc.
¿Qué pasa con la campaña «quedate en casa»? Si el fiscal no mal recuerda, se exhortó a la población a realizar una cuarenta, debido a la pandemia que se transita a nivel mundial.
Esta cuna de delincuentes como se maldice cuenta en tan sólo 4 meses con agua potable regular y las obras de ose continúan, con un merendero en funcionamiento gracias a donaciones de varios sindicatos, organización y trabajo voluntario de los propios vecinos, también llegan donaciones para cubrir una campaña de abrigo. Estamos haciendo escuchar nuestras voces como un barrio en formación no pedimos que nos regalen nada, solo que nos brinden la oportunidad de solucionar nuestros problemas habitacionales y la de nuestros niños. NO NOS CONDENEN POR SER POBRES”

[i]
        https://radiouruguay.uy/otero-desmintio-ocupaciones-masivas-en-santa-catalina/

[ii]      https://www.elpais.com.uy/que-pasa/ocupacion-masiva-santa-catalina-estafas-narcos-riesgo-inminente-amargan-sueno-levantar-barrio.html

 

[iii]     https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/ocupacion-terrenos-santa-catalina-identifican-jefes-banda-narcotraficante.html

 

[iv]    https://www.telenoche.com.uy/nacionales/17-personas-fueron-imputadas-por-ocupacion-de-terrenos-en-santa-catalina

 

 

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Leonardo Flamia Periodista, ejerce la crítica teatral en el semanario Voces y la docencia en educación media. Cursa Economía y Filosofía en la UDELAR y Matemáticas en el IPA. Ha realizado cursos y talleres de crítica cinematográfica y teatral con Manuel Martínez Carril, Miguel Lagorio, Guillermo Zapiola, Javier Porta Fouz y Jorge Dubatti. También ha participado en seminarios y conferencias sobre teatro, música y artes visuales coordinados por gente como Hans-Thies Lehmann, Coriún Aharonián, Gabriel Peluffo, Luis Ferreira y Lucía Pittaluga. Entre 1998 y 2005 forma parte del colectivo que gestiona la radio comunitaria Alternativa FM y es colaborador del suplemento Puro Rock del diario La República y de la revista Bonus Track. Entre 2006 y 2010 se desempeña como editor de la revista Guía del Ocio. Desde el 2010 hasta la actualidad es colaborador del semanario Voces. En 2016 y 2017 ha dado participado dando charlas sobre crítica teatral y dramaturgia uruguaya contemporánea en la Especialización en Historia del Arte y Patrimonio realizado en el Instituto Universitario CLAEH.