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¿Patente: Perdonatutti o responsabilidad?

¿Patente:  Perdonatutti o responsabilidad?
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La propuesta de realizar quitas a los deudores de patente de rodados generó la polémica en el Congreso de Intendentes.  Algunas voces plantearon que muchos de  los morosos son incobrables ya que deben más que el valor de los autos, que se fomenta la viveza criolla, y otras argumentaron que no se puede castigar a los buenos pagadores favoreciendo a los que no pagan.

¿Cómo actuar con los morosos? ¿Es correcto dar amnistía? ¿No incentiva una medida así que la gente no pague? ¿Hay que estudiar caso a caso?  ¿Genera responsabilidad impositiva en la ciudadanía? ¿Siguen siendo los buenos pagadores “los nabos de siempre”? ¿Qué haya quienes deben más que el valor del vehículo no es un signo de cierto valor confiscatorio de los tributos? ¿Es realmente negocio no pagar y esperar la amnistía? ¿Hay métodos más efectivos para que las intendencias recauden parte de lo adeudado?  

 

Patentes de rodados por Gonzalo Abella

Dame los datos completos sobre la política impositiva y recaudatoria de un Estado y en esos datos, reorganizados para responder a mis preguntas,  reconoceré la cara oculta de la clase dominante, entenderé  las Relaciones de Producción, te devolveré el diseño del Modo de Producción imperante.

En un Estado capitalista, la política recaudatoria, su estructura lógica y sus contradicciones internas,  también me permitirán desentrañar la correlación de fuerzas entre las clases sociales, y evidenciarán lo que hay detrás de cualquier máscara de discurso sobre justicia ciudadana y equidad en los aportes´.

En el tema de las patentes de rodados lo importante no es sólo lo que se discute; también es relevante lo que no se discute, lo que se busca hacer invisible. Lo que no se discute allí públicamente, pero se implementa, se consolida, es un modelo específico de país.

El debate sobre “respetar  buenos pagadores” versus “entender a los morosos” no tiene nada que ver con la equidad, ni siquiera con la justicia abstracta del Orden burgués donde se nos presenta un mundo ficticio de iguales, sino con la potencialidad diferente de ambas estrategias para recaudar más, mejor y más rápido. Las realidades  locales diferentes aconsejan una  u otra estrategia para recaudar mejor. Más allá del discurso, más allá de las coordinaciones necesarias para evitar los corrimientos, hasta la patente única complica la capacidad de maniobra de cada administración local.

El Estado “uruguayo” ha perdido el rumbo que alguna vez impulsó la industria nacional, y estimuló al campesino medio, especialmente al hijo del inmigrante europeo. Aún entonces, (hasta los años 50) dentro de los límites de un Capitalismo con ciertas aspiraciones soberanas, al campesino medio se lo llamó  “pequeño productor rural” para estimular una concepción pequeño burguesa, individualista, con aspiraciones a moverse en la competitividad y en las reglas de juego del Mercado.

Patentes diversificadas y amnistías jugaban por entonces otro papel. Hoy, los 19 administradores del segundo nivel de Gobierno (intendencias) y probablemente todos los del tercer nivel (municipios) aceptan resignados la entrega feroz al capital internacional, y entonces su margen de maniobra se reduce significativamente.

Para la Unidad Popular-Asamblea Popular, este debate importa desde otra óptica, y está vinculado a la propuesta de precios diferenciales para el consumo de  las diferentes energías consumidas en el proceso productivo y en la salvaguarda del medio ambiente. Una política diferenciada de patentes debería  desincentivar el uso excesivamente individualista del parque automotor y muy especialmente el suntuario, apostando al utilitario en sus funciones legítimas. Ah, y todo esto vinculado a un ferrocarril recuperado del gran capital trasnacional y puesto nuevamente  al servicio del pueblo trabajador y del “pequeño  productor” rural.

Mientras tanto, y  esta situación dramática, estudiando cada caso, buscando un tratamiento desigual de situaciones desiguales, que es la única  garantía de la equidad, siempre estaremos proclives a la defensa del moroso por necesidad y contra el moroso por especulación. A partir del 2019, con ediles de la UP en los parlamentos departamentales, en la próxima administración, nos será más fácil luchar por todo ello; ya vieron lo que se pudo hacer con un solo diputado si hay una fuerza popular organizada respaldándolo y marcándole el rumbo.

 

Malditos autos por Oscar Mañán

Las discusiones políticas del paisito en los últimos años se enmarcan en una definición de “lo político” expuesta por Carl Schmitt en la lógica “amigo/enemigo”. Todos los temas se polarizan en una discusión que difícilmente toca el fondo del asunto.

La creciente utilización del transporte individualizado, automóviles, no es un indicador de riqueza de la población como gustan referenciar políticos de todos los gobiernos; es consecuencia de la no existencia de un sistema público de transporte urbano, eficiente, que en la capital es cuasi monopólico y de muy mala calidad.

La gente utiliza automóvil porque no tiene alternativas más seguras y económicas, a pesar de que éste sea muy caro y contamine. Los impuestos son altos porque se entiende al automóvil como “bien de lujo” y los combustibles son caros. El transporte colectivo, público y eficiente es el gran pendiente, cuestión que hace al auto una “necesidad” y no “lujo”.

La discusión entre intendentes sobre la posibilidad o no de amnistiar parte de las deudas, tiene dos caras: a) quienes piensan que de esa forma se agencian fondos frescos; renunciando a multas, recargos e intereses permitirían que muchos regularicen sus deudas; y b) quienes presentan la opción punitiva para los malos pagadores, y de esa forma se sitúan del lado de los que sí cumplen (rédito político por medio claro: porque son los más).

Además de lo caro de la patente, el problema comienza cuando no se puede cumplir con las cuotas respectivas. Allí el sistema de multas y recargos que se aplica es leonino, usurero. El simple olvido de pagar una cuota desata múltiples mecanismos, multas (+ 20%) y luego recargos, intereses de mora, que llevan prontamente, a que se vuelva irracional pagarlos. ¿Quién pagaría una patente que exceda el valor del auto?

La no comprensión de cómo operan los préstamos en el capitalismo, no solo en este aspecto sino también en el financiamiento de la vivienda, hace que se caiga en cuellos de botella “insalvables” (distorsión en “precios relativos” dicen los economistas). Los préstamos capitalistas tienen una lógica de ganancia, no una lógica de solidaridad. Cuando se pide un préstamo solidario, “para comer o para afrontar un imprevisto”, la obligación es moral y casi siempre se cumple con ella. Pero cuando el crédito es un negocio, es decir, se paga el coche a crédito luego de sopesar opciones, se elige la más rentable, la posible dado los riesgos; pero el financiamiento y los intereses, debe guardar relación con el precio de mercado del activo. Si no se cumple tal condición, nadie lo paga; el problema de fondo es el sistema usurero de financiamiento que los intendentes deberán, tarde o temprano, revisar.

El no racionalizar este sistema de castigo/financiamiento dará lugar a mercados informales o negros, donde los autos se comercialicen cada vez más con deudas impagas, llevando a las intendencias a aumentar sus costos de persecución, juicios, etc. y molestias al resto de los circulantes. Por último, la explosión de la planta automotriz traerá desvalorización de los coches, cuestión que ya resulta incoherente con los costos de las exigencias de títulos de propiedad, certificaciones y documentos notariales.

 

 

Perdonar está muy bien; el problema es el “tutti” por

 

 Benjamín Nahoum

 

Si errar es humano, y perdonar es divino (y rectificar, de sabios), como sostenía hace unos trescientos años el poeta inglés Alexander Pope, los intendentes uruguayos que, aparentemente encabezados por el de Maldonado, Enrique Antía, están propiciando una refinanciación de las deudas de patentes de rodados, están demostrando una gran humanidad, y que han sido iluminados por un toque divino.

 

Según lo que se sabe, la refinanciación que se propone, que también ha sido llamada amnistía, consiste en pagar sólo una parte de lo adeudado,  en cómodas cuotas mensuales. El argumento es que en muchos casos lo que se debe, más las multas y recargos, supera el valor del vehículo y por tanto la deuda es incobrable, aun cuando se pagara con el susodicho vehículo. Y en consecuencia, se plantea reducir la deuda a un valor cobrable, y cobrarlo,  para que sea más fácil todavía, en un plazo bastante extenso.

 

Este baño de realismo de los intendentes (casi todos, pero no todos) ha sido llamado por otros un “perdona tutti”, un término que mucho agradaba al expresidente Jorge Batlle. Los que así piensan alegan que si quienes deben pagar se acostumbran a que, aunque les cobren severos recargos por no hacerlo, más tarde o más temprano no sólo esos recargos desaparecerán, sino que desaparecerá también parte de la deuda, nunca nadie más pagará nada, dado que además el no pagar es lo que mejora las condiciones de pago: cuanto más morosos y más pesados, más facilidades.

 

Y bien: si una persona que tiene un modesto negocito se compró una camioneta de reparto, y después no le fue bien, y no pudo pagar la patente, porque entre eso y comer su familia, eligió esto último, es de buena política que busquemos solucionar esa situación, que no la compliquemos más todavía con recargos que vuelven la deuda impagable, que la financiemos, e incluso que le hagamos una quita, llevando el costo al de algo así como una “patente social”.

 

Pero si quien tiene un vehículo de alto estándar es el deudor, no porque no pueda pagar, sino porque justamente está especulando con que no pagando lo que tiene que pagar, pagará menos, no sólo estaría mal no cobrarle los recargos por su incumplimiento deliberado, sino también subsidiarle parte del costo de la patente.

 

O sea: lo que está mal no es perdonarle una deuda a quien realmente no puede pagarla, sino aprovechar esa circunstancia para el famoso “perdona tutti” del que siempre los más beneficiados son los que menos lo necesitan.

 

Por eso lo que no funciona de este asunto no es el “perdona” sino el “tutti”: las quitas al barrer, y no el estudio y la resolución caso a caso. Porque si ese señor o señora del vehículo de alto estándar tiene una deuda que supera el valor de lo que antes llamábamos un “colachata”, es porque es recontra moroso, y moroso con premeditación y alevosía.

 

 

¿REPUBLICA O CAOS? por Isabel Viana

 

La pregunta de Voces no puede responderse en sí misma, como tema aislado. Debe ser considerada en el contexto de la actuación del Estado, porque se constituye en una muestra más de su  descaecimiento como cabeza de la vida social.

Los Estados son instrumentos para posibilitar la vida en común de los habitantes en un territorio. Los ciudadanos, seres adultos, son los actores fundamentales de ese proceso. Como tales, tienen  derechos y obligaciones. Entre las obligaciones está cumplir con las disposiciones emanadas de las instituciones creadas para regular la vida de la comunidad. Los ciudadanos cumplirán con sus  responsabilidades… si éstas son coherentes con sus capacidades. El incumplimiento debiera significar una sanción, que resarza a la sociedad del daño causado por la falta. El cumplimiento normal no debiera significar otro premio que la buena calidad de vida.

En el caso planteado, el Estado como institución y algunos  gobernantes como individuos, han actuado de dos maneras:

a/ incrementando más allá de límites razonables la presión impositiva sobre sectores de la población (en particular, sobre las clases medias, en las que se carga el peso de las políticas redistributivas). Se generan así imposibilidades de cumplir con obligaciones contraídas.

b/ El Estado y muchos gobernantes cometen, aceptan y validan ilegalidades de muchos tipos, entre las que señalo:

  • la impunidad frente a uso ilegal e inadecuado de bienes comunes – fiestas o la inversión en proyectos imposibles; usufructo de las facilidades inherentes a sus cargos para beneficio privado; ingresos a la administración de su parentela y amistades; aceptación de dineros de origen espurio, etc.
  • el incumplimiento de sus competencias específicas (por ejemplo, sólo pocos criminales son castigados, lo que alienta las manifestaciones de violencia, confiando en la posible impunidad).
  • el permitir, cuando no alentar, la ocupación de tierras públicas o privadas y el colgado de las redes de agua y electricidad por parte de los ocupantes ilegales

Esas y otras actuaciones del Estado y de algunos gobernantes son tomadas como modelos válidos, que desvirtúan la posible vocación individual de cumplir con obligaciones inherentes a la ciudadanía.

No es diferente la exigencia de realizar pagos en fecha (bajo amenaza de multas y recargos) y que se proponga premiar a los incumplidores reduciendo la deuda y facilitando el pago en múltiples cuotas.

El problema no es sólo de las patentes.

Es saber si queremos vivir en un caos creciente, caracterizado por el incumplimiento de deberes y obligaciones, que van desde no efectuar los pagos o acatar simples normas de convivencia, hasta realizar justicia por mano propia.

Para evitarlo, el Estado debe escuchar a sus ciudadanos y asumir sin fallas sus responsabilidades, disminuyendo su costo e invirtiendo en interés de la colectividad. Ese es el significado de vivir en una República (res-pública, cosa pública) administrada con equidad y justeza. Significa además que se ejerzan controles que eviten los desbordes institucionales e individuales, que se restablezcan límites y se realicen a tiempo los debidos controles respecto a la corrección de fondo, formal y ética de lo actuado.

Hemos saltado por encima de muchos límites. El resultado es la sociedad en la que convivimos. No estamos actuando creativamente y a tiempo para evitar las disfunciones y demasiada gente no puede sostener la vida “formal” y pasa a la “informalidad”, ámbito de una cultura otra, donde la norma es incumplir los contratos sociales.

Es hora de cambiar.

Para regularizar las patentes, el Estado tendrá que evaluar hasta que punto su valor es adecuado a la realidad de los usuarios, analizar porqué mucha gente opta por transporte privado en vez de usar el colectivo, estudiar las inversiones públicas que habiliten un tránsito razonable y planificar sin egoísmos departamentales la movilidad en todo el país. Recién con esos datos podrán tomarse medidas justas acerca su monto y oportunidad y obtener el consenso e}de quienes pagan, a partir de que reciban prestaciones congruentes con el esfuerzo que se les requiere.

 

Tener siempre en el centro a los buenos pagadores por Alfredo Asti

Hay una creencia popular que sostiene que de un lado de la balanza están los que no pagan impuestos para luego aprovechar los descuentos y amnistías de las administraciones y del otro lado “los nabos de siempre”, los contribuyentes cumplidores. Personalmente, creo que esta creencia está sustentada en la realidad.

Si bien es cierto que estos últimos pueden tener hasta un 20% de bonificación si pagan todo el año por adelantado la patente de rodados, y un 10% sobre la cuota si la pagan en fecha, creemos que la amnistía para los deudores es una muy mala señal para la población que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones.

Mi posición personal sobre este tema se basa en mi pasaje como Director de Recursos Financieros en la Intendencia de Montevideo en el periodo 2000-2005. Luego desde el Parlamento promoví la ley que declaraba la obligatoriedad del empadronamiento en el departamento donde se domiciliaba el titular o usuario, proyecto que luego de ser declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia fue predecesor del Sistema único de patentes (SUCIVE).

En aquellos momentos y hasta el presente sigo considerando inconveniente estos regímenes amplios de amnistía no solo porque afecta la justicia con los buenos pagadores sino porque alienta futuras conductas de no pago a la espera de soluciones más favorables.

En 2016 ya hubo un régimen de amplias facilidades, que por supuesto no logró entusiasmar a quienes ya eran morosos antes del SUCIVE y en la mayoría de los casos responde a la posición “paternalista” y/o “electoralista” de no fiscalizar a sus vecinos que era la base de la “guerra de patentes”.

Muchos de los que promueven esta medida suelen priorizar la necesidad de tener más recaudación en su departamento, mientras que otros tienen los ojos puestos en la próxima campaña electoral, para lo cuales puede entenderse que esta propuesta genere simpatías.

Hay otros que piensan, opinión que reitero comparto, que no corresponde una amnistía, que no es justo con los buenos pagadores, en tanto no se reconoce el esfuerzo y compromiso de los contribuyentes que están al día y en lugar de premiarlos se les da una mala señal, y es lógico pensar que se sientan “los nabos de siempre”.

Desde la Intendencia de Montevideo afirman que la amnistía para deudores de patente está a “contraflecha” de sus medidas para bajar la morosidad, ya que la administración impulsa que la ciudadanía confíe en que, si el contribuyente paga en tiempo y forma, va a ser beneficiado y por ello ha implementado medidas para disminuir la morosidad, premiando a los buenos pagadores.

No puede nunca descartarse la fiscalización necesaria luego de aprobados los regímenes de facilidades, que buscan precisamente la regularización de los adeudos con menor carga de recargos, para quienes cayeron en la situación de incumplimiento de pago.

No se puede desconocer la morosidad y que ésta es una preocupación para todos, pero las soluciones deberían tener siempre en el centro a los buenos pagadores y no al revés.

 

Otra vez; patentes en guerra por David Rabinovich

Como decía el General Líber Seregni: “Hay que pensar en el día después”. Siempre es necesario medir las consecuencias de las decisiones que se toman. Hoy, una vez más se discute sobre las sucesivas “facilidades de pago por única vez” que las intendencias otorgan1 para patentes y contribuciones; en general, una por cada período de gobierno. ¿Es justo facilitar que los deudores se pongan al día haciendo quitas importantes a sus deudas? ¿En qué medida son eficientes para paliar el faltante en las arcas municipales?  ¿Qué consecuencias podemos esperar hacia el futuro?

Hay distintos puntos de vista en estas discusiones en las que nadie tiene toda la razón. El desafío puede ser definir un par de objetivos centrales con las medidas correspondientes para aproximarnos a ellos de forma rápida y eficaz.

Sin duda que hay morosos incobrables, sucede en todos los rubros. La sociedad necesita, para funcionar, recursos que provienen de impuestos y tasas. Hay quien sostiene que deben ser iguales para todos los impuestos que se paguen; parejo. Otros defienden que pague más el que tiene más patrimonio y/o el que tiene más ingresos. Hay impuestos por tener riqueza (propiedad), por la transferencia de esa riqueza, por los ingresos (renta) que se origina en la propiedad, por las diferentes actividades económicas… También están las llamadas tasas y tributos relacionados con el uso de servicios públicos. Las ‘políticas’ de recaudación son permanente fuente de disputa porque no hay manera de separarlas de los ‘criterios políticos’ que orientan las ‘políticas económicas’ y estas se basan en convicciones ideológicas: de confirmación capitalista o de orientación socialista.

¿Es aceptable permitir circular vehículos -poco o mucho -, sin pagar los derechos correspondientes o en condiciones deficientes de seguridad? Los que deben más de lo que vale el vehículo -o casi- ¿no pagan porque no pueden o porque entienden que no les conviene luego de hacer un cálculo financiero?  Porque ‘la viveza criolla’ suele ser norma de conducta aceptada, cuando no aplaudida, por la cultura dominante. Los buenos pagadores cumplen con sus obligaciones. No esperan ningún reconocimiento especial y ya existen descuentos razonables por cumplir en tiempo y forma. ¿Se corre el riesgo de transformar algunos de buenos en malos? Es posible.

Cabe preguntarse si las tablas de aforo, que fijan los valores por los que se contribuye, están bien calculadas y actualizadas. Podemos cuestionar si la capacidad de pago debe contemplarse en el caso de la patente y cómo se instrumenta eso.

Las intendencias deberían tener sistemas de registro, recaudación y control eficientes. Deberían. Eso tiene un costo económico y político. Si la gestión de la morosidad se hace de manera justa y en base a reglas claras actuantes para todos, a muchos no les va a gustar.

Venimos de muchos años de “Guerra de patentes” donde los vivos fueron algunos muy criollos intendentes. Un largo período en el que hubo departamentos que robaron recursos a otras administraciones locales. En muchos aspectos hemos mejorado y el Congreso de Intendentes ha sido una herramienta útil para ordenar bastante el caos que imperaba.

La cantidad de vehículos que circulan crece de manera irracional, son, cada vez más nuevos y de más alta gama.  Por eso es notable el incremento del ‘recurso patentes’, considerado de forma global. Pesa cada vez más en las arcas municipales.

Se logrará acuerdos más o menos buenos o las ‘autonomías municipales’ impondrán una competencia por ver quién es más benévolo o firme administrador. Como telón de fondo en todo este mal teatro callejero, veo las carencias de los servicios de transporte público que funcionan en el marco del ‘mercado’ y la lógica de la rentabilidad.  Son malos y caros.            Hay que mostrar los números y las razones. Hay que pensar en el día después.

1  Salvo pocas excepciones.

 

CREDISOL PAGA por Miguel Manzi

 

Hace un par de años vino al país una neozelandesa amiga de mi mujer (sesentona, igual que nosotros) a quien, como corresponde, le prestamos todas las atenciones a nuestro alcance. Entre los paseos que hicimos, uno fue al campo, incluyendo varios kilómetros por carreteras más o menos destruidas, y atravesando varios pueblos con distinta proporción de ranchos destartalados y maquinaria herrumbrada a su vera. A la vuelta, le pregunté si le había impresionado el inocultable subdesarrollo que evidenciaban algunas zonas rurales, a lo que nuestra amiga contestó, con infinita delicadeza y sin atisbo de ironía: “Para nada, todo lo que vi me resultó familiar, así era mi país cuando yo era chica”. Estoy seguro que hace 50 años en Nueva Zelanda también había amnistías tributarias. Se trata apenas de evolución civilizacional; ya nos va a llegar. Mientras tanto, comento:

  • Los viejos somos testigos de estas prácticas desde que tenemos uso de razón; algún día dejarán de existir, pero mirá que nos está costando.
  • Siendo cierto lo anterior, también lo es que la prédica frenteamplista ha profundizado ese rasgo perverso del carácter nacional que concibe derechos sin obligaciones. El ejemplo cúlmine es un cartel actualmente en vía pública firmado por el Ministerio respectivo, que dice “Turismo, un derecho de todos”; andá a explicar después.
  • Los argumentos a favor de la amnistía son siempre los mismos, falaces y antojadizos, expresión de prácticas políticas primitivas de espíritu clientelar (¿registraron que aplica a coches de hasta USD 30.000? ¡¡Treinta mil dólares!! Ni en mis mejores momentos).
  • Un argumento en contra llama la atención por su desacierto: que la amnistía perjudica a los buenos pagadores. No es así: perjudica a todos los demás residentes de la República, sean o no contribuyentes, tengan o no tengan auto.
  • Para el caso de los tributos departamentales, sospecho que pesa además el ambiente de pueblo chico al que, como ha quedado en evidencia por penosos hechos recientes, muchos intendentes no pueden sustraerse.
  • Estoy curioso por ver cómo se resuelve el pleito en la bancada de intendentes frenteamplistas. Dejo constancia que la razonable posición de Montevideo, no mejora la paupérrima impresión que me transmite Martínez y su gestión.
  • Para terminar con espíritu constructivo, transcribo el comentario de un lector ante la noticia en la prensa de la amnistía, relatando una práctica muy razonable y extendida en otras latitudes (copio textual): “En Bs As los autos de más de 10 años no pagan patente. Pagan un computest que cuesta la cuarta parte, se autofinancia el sistema computest y deja una mínima ganancia, y el dueño del auto tiene que tenerlo en perfectas condiciones, lo que le implica hacer un gasto extra en el vehículo del cual es el primer beneficiado. Si las deudas van a ser incobrables, al menos que los vehículos que circulan estén perfectos. Si las deudas son de vehículos más nuevos… pague hijo, pague o entregue el auto”.

 

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