Cuando de temas ambientales se trata, hablamos en distintas lenguas y dialectos, tantos que se nos hace imposible entendernos, escucharnos; a tal punto llegamos que apelamos a performances casi desesperadas para lograr algo de visibilidad, que para muchos raya el ridículo e invalidan el mensaje.
La forma de expresión elegida para manifestarse el 17 y 18 de mayo en Plaza Independencia nos lleva a esta reflexión.
Los ambientalistas somos seres apasionados, arriesgados, y concebimos la tierra como nuestro lugar para habitar en vínculo con otras especies y otros no humanos, asumimos su cuidado y algunos van a más, asumen su protección.
Lo que queda en evidencia es la necesidad urgente de diálogo, ser parte de la decisión del destino de los bienes comunes, porque la percepción no hegemónica y la perspectiva ambiental de las personas y grupos sociales nos permiten entender cómo perciben y actúan en su ambiente, qué es exactamente lo que aprecian o rechazan, y cómo estas experiencias determinan lo que se consideran ambientalmente adecuado o permitido.
La conciencia ambiental comienza a anidar en nuestro país allá por los 90, con la aprobación de la Ley Forestal, cuando se escribía el destino de las matrices tierra y agua como “recursos naturales”, hoy se supone que no hay otro camino, mientras asistimos a un tiempo acelerado donde los límites planetarios son evidentes.
Pasados los años se aprueba el ingreso de los primeros eventos transgénicos, y ya en el año 2002, viviendo una de las crisis más impactantes a nivel socioeconómico, el movimiento social se pone en sus hombros ollas populares, huertas comunitarias, y merenderos, entre muchos otros espacios de subsistencia, pero también de encuentro e intercambio, como talleres de plástica, danza, todo aquello que alimentara el espíritu y generara ganas de quedarse aquí y seguir luchando. Esos colectivos empobrecidos, conviviendo con el hambre, la desolación y el descreimiento se fortalecieron. No estábamos solos… intercambiábamos semillas, plantábamos, enseñábamos a plantar, y esos alimentos se redistribuían, pero hacíamos mucho más que eso, generábamos comunidad.
Generamos un lenguaje con un discurso propio, arraigado en la fortaleza de enamorar a otros, a creer para salir adelante. Así se logra en el 2004 la reforma constitucional del art 47, consagrando el agua como derecho humano fundamental, un hito en el mundo, que le dio nombre al “Octubre azul”.
Aquellos que en el 2002 quedaron descreídos de la vida, de la Política, pero en ese impulso aportaron mucho más que su voto a espacios políticos partidarios, en el 2005 también celebran el triunfo del primer gobierno del Frente Amplio. Pero quienes en el 2002 nos quedamos aquí con una fuerza desgarradora, física y emocional, porque “queríamos cambiar el mundo”, hoy seguimos coincidiendo en las mismas luchas, por el agua, los bienes comunes, por la soberanía alimentaria, igual de convencidos e igual de valientes, pero esas voces encuentran poco eco en la clase política, que si está atenta al alto porcentaje de indecisos que dan las encuestas sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales.
Hace apenas unos meses, más de 300.000 personas expresaron su voluntad –en silencio- y muchos sectores políticos advirtieron el apoyo que tuvo la campaña de recolección de firmas para habilitar el referéndum por la derogación a las modificaciones de la Ley de Riego. Pero fue en base a militancia sindical, social y al apoyo de un único sector dentro del Frente Amplio, el espacio 567 del PVP, quienes votaron negativamente aquellos artículos que en su letra creaban nuevos mercados del agua.
Entonces todos los ismos se unen, ambientalismo, ecologismo, ecofeminismo, todos con un punto en común, alertar sobre el riesgo de la sobre explotación y consumo de la tierra, los bienes naturales, los no humanos y nuestros cuerpos. Pero no queda aquí, estos movimientos tienen una característica particular, son altamente propositivos, pero lo hacen de una forma tan contundente que apabulla, y eso choca ante la urgencia política, con un sistema económico que requiere la expansión geográfica para mantener la acumulación de capital, e insisto, Uruguay es parte del sistema mundo, país periférico e históricamente exportador de materia prima.
Hoy no me asusta lo que para muchos puede considerarse una forma de protesta ridícula, me preocupa el silencio, entre esos tantos lenguajes, el silencio como expresión de temor a la protesta, como consecuencia del temor al dialogo, a la confrontación. Hay mucho sobre qué dialogar, porque no somos una burbuja en el planeta, estamos absolutamente permeados por un sistema global y los activistas ambientales lo tienen claro, sus luchas locales se relaciona con luchas regionales y mundiales por mucho más que defender sus territorios.
Entonces “Aratiri”, Ley de Riego, UPM2, Puerto de Aguas Profundas, Puerto de Sayago, “No a la soja transgénica”, los movimientos sociales dicen NO, encuentran la forma más simple de irritar, porque aún con fundamentos los espacios de discusión son cuasi “clandestinos”. Cada lucha tiene matices, pero esos matices no encuentran espacio de escucha y diálogo. Cuando se acude a performances en un país donde las formas de expresión son más bien discretas, inmediatamente alejan, generan “vergüenza ajena” el efecto contrario, entonces, la invitación para habilitar espacios donde compartir investigaciones académicas de las más diversas disciplinas, reclamos de colectivos ambientales y resultados del periodismo de investigación ambiental, termina siendo boca a boca.
En relación a la información compartida sobre la posible instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay, la misma es abundante, de calidad y está disponible. Solo es necesario querer y estar dispuestos a enfrentarnos por nuestros principios. En un contexto latinoamericano con importantes desafíos emergentes la estrategia política se centra en los resultados económicos, quedando las cuestiones socioambientales, como la calidad del agua, la gestión ambiental a nivel país, la atracción pobreza – exclusión – medioambiente degradado, muy minimizadas. Paralelamente los colectivos denuncian la existencia de acuerdos previos sobre la gestión del territorio refrendados por la Junta Departamental. Destacan la vigencia de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (2013), Plan Especial de Ordenamiento de la Bahía de Montevideo aprobado por la Junta Departamental (2009), y la exigencia de que pase por los niveles de decisión que pauta la legislación.
Son demasiadas las luchas y los activistas no se cansan, pero tampoco confían, la pérdida de confianza es peligrosa en un sistema democrático, y eso se refleja en que siempre hay colectivos dispuestos a levantar su voz y en el creciente porcentaje de indecisos a la espera de una señal política clara.
Si vamos al núcleo de la disputa la misma refiere a los procedimientos, esa es la esencia, se denuncia y se reclama participación, diálogo, convivencia ambiental.
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