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¿Qué sentenciás juez? 

¿Qué sentenciás juez? 
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Las últimas semanas nos hemos encontrado con diversos fallos judiciales que llaman la atención. La condena de prisión efectiva por dos años a un violador, la prisión domiciliaria de Francisco Sanabria y la resolución de tareas comunitarias y firmas en una seccional, con interrupción por vacaciones, a uno de los vándalos de la manifestación del G20, estuvieron en el debate. Anteriormente causaron conmoción las prisiones domiciliarias de connotados torturadores de la dictadura y el “retiro” puntaesteño de Figueredo. Para buena parte de la opinión pública la Justicia parece estar siendo muy liviana frente a determinados delitos. A nivel social hay desconcierto y bronca.

¿Qué pasa con la Justicia? ¿Se está aplicando este tipo de condenas por el nuevo código? ¿Termina siendo más benévolo que el anterior? ¿Hay presión social sobre los jueces? ¿Hay una justicia para pobres y otra para ricos? ¿Hay que endurecer las penas o tapar los baches por los que las eluden algunos delincuentes?

 

La hojarasca y las raíces por Marcelo Aguiar

 

Todos fuimos testigos esta semana. El indignómetro al rojo vivo. Las redes sociales y los noticieros transformando un hecho absolutamente menor en un escándalo indignante, sin reparar en que el propio fiscal Romero lo reconoció, rápida y dignamente, como un error. Si este fuera un síntoma representativo de los problemas de la justicia en nuestro país, podríamos dormir tranquilos.

El hecho en sí era una banalidad porque no se trataba de un acusado por la rotura de las vidrieras ni por haber grafiteado las fachadas en ocasión de la protesta por la cumbre del G20, sino de uno que intentó, sin demasiado éxito, obstruir el trabajo de un periodista. Y la resolución del fiscal, postergando por dos semanas el cumplimiento de una pena tan leve como presentarse a una comisaría una vez por semana es, en los hechos, todavía más irrelevante. Pero en esta era de comunicación en tiempo real y de hipertrofia semiótica importan más los símbolos que los hechos, y simbólicamente, cualquiera lo puede entender, la decisión de Romero fue una torpeza de escala cósmica.

Vivimos en un país en el que las políticas informativas de los principales medios son poca cosa más que campañas destinadas a potenciar la sensación de inseguridad. Un mix perfectamente funcional entre el más rancio amarillismo y una inocultable y machacona intención de incidir en la agenda política. Pero a no engañarse. La manija se opera con cuidadosa selectividad.

Un caso como el error de Romero, tan torpe como inofensivo, viene bien para fortalecer la idea de que la justicia no actúa con el mínimo rigor y severidad que requiere el accionar impune de los vándalos. Pero la indignada vocación justiciera se desvanece rápidamente cuando se trata de alertar sobre otras impunidades, mucho más pesadas para la sociedad y para la salud institucional. Alcanza con ver la nula cobertura mediática sobre la causa por delitos sexuales y torturas a 28 mujeres en dictadura, que involucra a casi cien militares y que en siete años no consigue avanzar, o sobre la pasmosa inacción judicial ante la violación de la prisión domiciliaria de uno de los asesinos con más víctimas a cuestas de la historia del país.

Si hubiera una mínima proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y su cobertura mediática, si existiera más interés en promover otro tipo de símbolos, como los que apuntan a reforzar los valores democráticos, no estaríamos malgastando indignación con tanta hojarasca. Y tal vez podríamos aprovechar una parte de ese tiempo intentando que no se nos pudran las raíces de un sistema de justicia que muestra una inoperancia a esta altura desesperante, para cerrar con dignidad uno de los capítulos más nefastos de nuestra historia.

La verdadera brecha por Leo Pintos

Superar la brecha que existe entre la realidad que nos rodea y nuestra capacidad para entenderla, no es una tarea sencilla. Y el funcionamiento de la justicia es un perfecto ejemplo de ello. ¿Se trata de que la Justicia ha empeorado, o del hecho de que todos podamos opinar exponiendo como nunca las contradicciones del Poder Judicial? ¿Cómo entender la realidad de un poder del Estado que no funciona como nosotros entendemos que debiera funcionar? Son preguntas que nos permiten descubrir una realidad marcada básicamente por una situación de injusticia. Lo cierto es que es difícil opinar sobre el funcionamiento del Poder Judicial sin caer en situaciones de expresión de deseos, más cercanos al ideal del deber ser que de la realidad. Y nótese la diferencia entre Poder Judicial y Justicia. Mientras el primero es el conjunto de órganos e instituciones encargadas de aplicarla, la Justicia es el conjunto de normas que rigen la vida en sociedad. Sutil diferencia que no siempre es tomada en cuenta al momento de opinar. Y es que en Uruguay nos acostumbramos a debatir sobre el síntoma y no sobre las causas de la enfermedad. Porque las resoluciones judiciales que causan polémica son el síntoma de una enfermedad cuyo origen es perfectamente conocido; la desigualdad. Un mal que en todo el mundo está fuera de control y que es la principal amenaza para la democracia, y Uruguay no escapa a eso. Hemos perdido la confianza en las viejas formas de ejercer el poder y no sabemos cómo recuperarla. El sistema político no ha sido capaz de asumir esa tarea y por el contrario, contribuye a deteriorar aún más la imagen de la justicia con discursos complacientes pero que también resulta cómodo para la ciudadanía; si nuestros líderes políticos apuntan sus baterías a los operadores judiciales, desentendiéndose de la responsabilidad que les asiste en la redacción de las normas, el ciudadano también lo hará.

Fue así que la opinión pública prefirió apuntar sus baterías contra un pobre idiota adoctrinado que decidió dar rienda suelta a su estupidez, mientras el heredero de una formidable fortuna construida a partir de uno de los esquemas de corrupción más grandes de la democracia post dictadura, se iba para su casa tras pasar algunos meses preso. En un país en el que nadie reconoce un error, el Fiscal que entendió en el caso del manifestante contra el G20 admitió su error, pero el grado de desenfoque de los temas judiciales es tal, que acaso si la condena al revoltoso hubiese sido a 25 años, la sociedad lo hubiese considerado un justo castigo y lo de la prisión domiciliaria para el corrupto, también. La tendencia es clara, una sentencia que no es percibida socialmente como justa resulta reprobable. Lo siento mucho, pero reprobable es una sentencia no ajustada a derecho y sujeta a factores al margen de la instrucción.

Seguramente los fiscales y jueces se equivoquen más de lo deseado al aplicar la justicia, pero hay una lógica perversa por la cual, si la sentencia no se ajusta a lo que ya habíamos decidido que debía ser, procedemos a la indignación colectiva.

No es culpa de nadie, es una herencia: Uruguay es uno de los pocos países en el que los crímenes de Estado y los delitos económicos tienden a permanecer impunes.

 

A la justicia, en pipa por Alejandro   Sciarra

El delincuente fue apresado con unos buenos kilos de droga en la camioneta. Pidió una salida transitoria para cuidar a su madre enferma, y concedida, desapareció.

Otro quiso destrozar un cajero porque no tenía saldo. Lo agarraron infraganti. Quedó en libertad “vigilada” (ponele otro par de comillas), pero no podrá acercarse a menos de 500 metros de ese cajero. Increíble. Como si el reo tuviere una obsesión amorosa con ese preciso cajero. Con los demás cajeros seguramente no tendrá arrebatos de ira.

Luego de una rapiña en un local comercial de Maroñas, dos delincuentes se tirotearon con la policía. Los atraparon. Ambos tenían antecedentes penales. Uno de ellos, había sido detenido en marzo por rapiña. La rapiña, en nuestro Código Penal, tiene una pena mínima de tres años de penitenciaría. O sea, es inexcarcelable. No podría estar suelto. Así, que, o se fugó, o la justicia está funcionando tan mal como las cárceles.

Un tipo echó ácido a su mujer en reiteradas ocasiones y le dieron 15 meses de prisión. Un recreo.

Una cantidad de vándalos salen a destrozar todo lo que encuentran a su paso por la Avenida 18 de julio. La policía tiene orden de no actuar. Luego, las cámaras hacen su trabajo y detienen a un revoltoso. Pero cumplirá la pena, luego de sus vacaciones en Valizas. ¿Les habrá dado pena que ya tenía alquilada la casa con los amigos?

Ni entramos en las fugas recurrentes. Escaparse de la cárcel es más fácil que ratearse de clase de geografía.

Sé de la frustración que todo esto causa en la policía. Es imposible que un oficial no se sienta impotente y frustrado. No sólo se les ordena no actuar ante una horda de inadaptados destrozando todo (después, para desalojar feriantes mandan a la Guardia Republicana), sino que no se los protege ni siquiera con el beneficio de la duda en su diario accionar contra la delincuencia. Y para colmo, cuando logran apresar al delincuente, entre apurados acuerdos judiciales y dificultades probatorias, muchos delincuentes no pasan por el penal ni a reflexionar un rato. El mismo policía que lo detuvo hoy, se lo va a cruzar la semana que viene. La indefensión en la que se encuentra nuestro cuerpo policial es inaceptable.

Para terminar, Figueredo libre y Sanaría ya está en su casa (con “prisión domiciliaria”).

No sé si la justicia está más laxa (más rara seguro), o está intentando evitarle al ser humano el infierno de la cárcel. Pero la realidad indica, que los delincuentes, se la fuman en pipa.

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