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Reforma Caja militar: ¿Revanchismo o necesidad imperiosa?

Reforma Caja militar: ¿Revanchismo o necesidad imperiosa?
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Está en discusión el proyecto enviado por el gobierno para modificar el sistema de retiros de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Para algunos es producto del prejuicio antimilitar de la izquierda y para otros es un resabio de la dictadura que hay que modificar.

¿Está bien que no se les exija a los militares la misma edad y años de trabajo que a los civiles? ¿Se debe igualar el tope máximo para todos? ¿Hay demagogia por parte de la oposición para ganar la simpatía de la familia militar? ¿Esta reforma es fundamentalmente ideológica? ¿Hay que discutir antes que Fuerzas Armadas queremos? ¿Es correcto que se les otorgue un grado superior al que tenían trabajando al jubilarse? ¿Son funcionarios o servidores públicos? ¿Qué diferencia hay entre los policías y los soldados? ¿Es lógico un déficit de 400 millones de dólares por año para mantener estos privilegios?


Privilegios  por Isabel Viana

El tema de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) tiene varios abordajes posibles.

El primero es la percepción que la población uruguaya tiene de sus fuerzas armadas (sin discriminar entre ejército, marina y fuerza aérea). Recuerdo las épocas en que los 18 de Julio las fuerzas armadas desfilaban por la avenida homónima, precedidas generalmente por escolares. Convocaban aplausos de tanta o más población que los desfiles de carnaval. Eran una institución más del sistema democrático, que expresaba,  a su manera, la institucionalidad del país.

Luego vino la dictadura, y con ella, el ejercicio descarnado, abuso del poder y la sistemática violación de la legalidad que se decía defender. No voy a detallar los graves abusos cometidos – creemos conocerlos. Pero como memoria de privilegios auto-generados, traigo algunos ejemplos menores: además de las apropiaciones de niños, hubo robo bienes de perseguidos: viviendas, vehículos, libros, objetos varios pasaron a manos militares; se hicieron rutas para acceder a los campos comprados por generales; se construyeron viviendas personales empelando mano de obra y materiales de funcionarios públicos, se construyeron viviendas de descanso para oficiales en el Parque Nacional de Santa Teresa, ocupando los mejores miradores de la costa… y muchos más. Impunes en su momento, impunes después de la recuperación de las formas republicanas.

Entre otras ventajas obtenidas de parte de los gobiernos electos en los últimos tiempos, hubo un Ministro de Defensa Nacional cuya actuación atajó sistemáticamente todas las iniciativas que habilitaban el acceso a la información necesaria para ubicar los restos de los desaparecidos y romper definitivamente con la impunidad, único procedimiento para separar criminales del resto de los militares.

Así se bloqueó en el 2008, en aras de no alterar el reconocido equilibrio de poderes supérstite, la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA).  El Parlamento aprobó en ese momento y por iniciativa del Poder Ejecutivo, las reformas de la Caja Policial y de la Caja Bancaria.

Hay diferencias notorias entre las condiciones y beneficios que otorga la jubilación de los funcionarios públicos y los retirados militares. Éstos pueden optar por el retiro voluntario con 20 años de servicio simple, tanto los oficiales como los subalternos; estos últimos con 38 años de edad cumplidos. También existe el retiro obligatorio cuando se cumple determinada edad (entre 40 y 55 años, según el grado). Los  militares se jubilan y cobran 100% del salario que tenían como activos, y se les computan como años de trabajo aquellos que transcurren en los centros de formación. Cobran como pasividad la totalidad del sueldo de un grado mayor al que ejercieron, reciben aguinaldo y al morir buena parte de sus haberes es heredado por su familia. Los topes que rigen en el BPS no se aplican a éstos jubilados: hay quienes perciben remuneraciones que oscilan entre los $200.000 y $300.000 mensuales.

Las transferencias de dinero del Estado a la Caja militar, para hacer frente al pago de esos retiros, llegan a los U$S 450 millones por año. La confirmación de estas cifras es difícil por el continuo retaceo de información por parte de las autoridades militares.

Hay un segundo abordaje para negarse al cambio: el peso político del cuerpo militar. No sólo porque tienen el privilegio constitucional de estar armados, sino porque puede resultar decisivo el voto de los 29.000 efectivos sumado a los 49.000 retirados y a sus familias. El resultado de enfrentar al corporativismo militar, así como el de defenderlo, puede ser traducible en votos, que significan pérdida o acceso al poder.

Hoy se proponen medidas tendientes a la convergencia entre los sistemas jubilatorios. Más allá de detalles y procedimientos ajustables, parece necesario para equilibrar el déficit y de toda justicia frente a los demás servidores públicos. No son aceptables los argumentos de defensa de los militares señalando la condición especial de su labor: hay muchas otras funciones públicas que requieren estudio, dedicación y entrega y no gozaron nunca, ni gozan, de privilegios especiales.

Es un tema pendiente el revisar el rol de las fuerzas armadas en el país y asegurar la efectiva seguridad de nuestro territorio, espacio aéreo y marítimo. Pero esos son otros temas, para otros momentos.


¿Un país al servicio de las FFAA? por Gustavo Buquet

La reforma de la Caja Militar es un problema político. También fue un problema político (y sigue siendo) la reforma del BPS – AFAP, la reforma de la Caja Bancaria, la reforma de la Caja Profesional, y la reforma de la Caja Policial.

Es un problema político porque se toma una decisión de política pública que afecta de forma directa a grandes contingentes de la población. Las reformas de los sistemas previsionales son producto de los cambios demográficos los que repercuten directamente en su sistema de financiación. El aumento de la esperanza de vida ha generado una drástica disminución de la tasa activo/pasivo.  Dada esta situación, la proyección a largo plazo del sistema previsional se vuelve insostenible. Esto no es un problema solo de Uruguay, sino que los sistemas previsionales en el mundo han sufrido también profundos procesos de transformación.

En Uruguay falta solo la Caja Militar. Es verdad que el personal militar tiene especificidades (por cierto al igual que otros colectivos, como por ejemplo los docentes), pero al revés de lo que debería ser, hay dos pasivos por activo; los años mínimos exigidos para jubilarse son 20 y la edad mínima es de 38 años; la jubilación es mayor que el último sueldo recibido, en vez de ser el 60%; no hay tope de jubilación; y casi 3.000 oficiales retirados ganan entre 100 y 200 mil pesos por mes, lo cual genera un déficit al Estado de 140 millones de dólares (el 35% del déficit de una Caja que tiene 50.000 pasivos). La Caja Militar tiene un déficit hoy de 470 millones de dólares por año (casi el 1% del PBI).

La reforma es necesaria. La cuestión es por qué no se ha hecho todavía. Y este es el otro problema político. ¿Qué diferencia tiene este contingente si se les compara con los demás?; ¿tiene coronita?; No hay que pensar más de dos minutos para darse cuenta que la diferencia es que tienen armas, poder político y han operado como un grupo de presión desde la salida de la dictadura a la fecha. Es hora de que el sistema político profundice su democracia y no permita más que el país esté al servicio de las fuerzas armadas, y no como debe ser: que el país defina sus prioridades concernientes a las FFAA.

El Proyecto de Ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo aproxima el régimen de retiro y pensiones de los militares al régimen general. Es un importante paso adelante. Pero tal como está planteada, esta reforma se comenzará a sentir en las cuentas del Estado dentro de 20 años. Esto significa que los militares, desde los que hoy están en servicio con 38 años de edad y más, hasta el total de jubilados y pensionistas, van a mantener sus ingresos de por vida. De aprobarse este proyecto tal cual está redactado no se tocarían los privilegios económicos de los oficiales, y el déficit generado por la Caja en torno al 1% del producto durará entre 15 y 20 años más. Aparentemente, los altos oficiales, otrora en el poder, siguen influyendo corporativamente en las decisiones del gobierno.


La dictadura en la grieta por Andrés Copelmayer

A 44 años del golpe de estado no consensuamos ni internalizamos un relato que resignifique las causas, consecuencias y el impacto de la dictadura en los valores republicanos y la reserva moral de nuestro país. La política no ayuda a la historiografía. La ley de caducidad, con apoyo popular mayoritario, tuvo un efecto divisionista y amnésico, reforzado por el latiguillo cortoplacista de Sanguinetti: “hay que dar vuelta la página”. Menos ayudó a la reconciliación, la militarista y falaz teoría de los dos demonios, que confunde la supuesta guerra de honor entre la guerrilla y los uniformados, con la dictadura que sumió al pueblo entero en el miedo. Tampoco aporta a la síntesis que en la izquierda queramos empoderemos en exclusividad del sufrimiento y la lucha antidictatorial. Poco aportaron los Presidentes previos a Jorge Batlle, impidiendo toda investigación sobre los delitos de lesa humanidad que habilitaba la propia Ley de Caducidad. Nada contribuyó la Justicia. Resignó su poder republicano, se lavó las manos y encajonó todos los casos que si se podían procesar. Traen más leña al fuego de la cobardía histórica, los que insisten con esperar la muerte de los protagonistas del terrorismo de estado para empezar a develar donde están los desaparecidos asesinados. Que el Frente Amplio haya tardado 12 años en proponer reformar los privilegios jubilatorios exclusivos de la caja Militar, es una sombra más de esta grieta histórica. El miedo a como interpretará la gente cada acción sobre los militares; la milicia como coto de caza de votos; y la leche aún caliente del fascismo del Centro Militar; hizo que nos demorásemos, llorando apenas vemos la vaca. Sin grieta sociodictatorial, esta reforma no tendría objeción alguna. Aún con las modificaciones estructurales realizadas, el BPS sigue jaquedo por la curva demográfica del Uruguay. En sólo 20 años aumentó en 2 la esperanza de vida promedio, manteniéndose una tasa de remplazo laboral activo/pasivo deficitaria; y sin modificaciones relevantes en los topes de la edad jubilatoria. La iniciativa del Poder Ejecutivo es ideológicamente justa, equitativa y pragmática. Los cambios propuestos significan que en el futuro los uruguayos no aportaremos U$D 470 mill. por año para subvencionar privilegios corporativos. Se propone una transición gradual que respeta los derechos adquiridos y contempla los derechos en curso de adquisición. El retiro voluntario, actualmente permitido con 20 años de servicio y por lo menos 38 años de edad, se configurará con sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios computados, al igual que el resto de las pensiones administradas por BPS. El Haber Básico de Retiro, en caso que éste sea voluntario, se calculará del mismo modo que en el régimen general aplicable al BPS: 45% del HBR cuando se computen un mínimo de 30 años de servicios, adicionándose un 1% por cada año de servicios que exceda de ese número y hasta los 35, y un 0,5% por cada año de servicios que exceda de 35 al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5%. A partir de los 60 años de edad, para cada año de edad que se difiera el retiro completados 35 años de servicios, se adiciona un 3% con un máximo de 30%. Si a esa edad no se cuenta con 35 años de servicios, se adiciona un 2% del HBR por cada año de edad que supere los 60 hasta llegar a los 70 o hasta completar 35 años de servicios. En cuanto al máximo de retiro, se establece en $ 101.108. Como novedad, el proyecto elimina la asignación del Grado Inmediato Superior que implica hoy que todo aquel personal subalterno y coroneles que se retiren con más de 25 años de servicio, lo hacen con el grado inmediato superior al pasar a integrar la reserva. Hoy se da en casi el 40% de los casos de retiros voluntarios, que terminan cobrando más cuando se jubilan que activos.

Es democrático y republicano que el FA cumpla con su propuesta programática y el Poder Ejecutivo envíe al parlamento este proyecto de ley. Es democrático y republicano que la oposición y los trabajadores afectados cuestionen los fundamentos y el articulado. No lo es tanto, que dirigentes políticos de fuste agiten el fantasma del supuesto “revanchismo” histórico del FA con las FFAA. Menos democrático y republicano aún, es que los líderes del Centro Militar, activos protagonistas de la cruenta dictadura, confundan deliberadamente los $ que a futuro dejarán de percibir, con un ataque a la tan manoseada reconciliación nacional. Triste y fallida metáfora  de reencuentro amoroso o societal, que en nada refleja la relación de la sociedad civil y la dictadura militar. Prefiero que si usan la palabra “reconciliación” recuerden el origen religioso del término que consta de 5 fases consecutivas que los militares jamás han cumplido: el examen de conciencia, el arrepentimiento, la contrición, la confesión y la penitencia. Es democrático y republicano que cualquier acción sobre los militares reabra el debate sobre el rol que deben cumplir en la sociedad nuestras FFAA. No lo es tanto usar este proyecto para arrimar agua para el molino de la grieta del relato partidario sobre el proceso dictatorial, con verdades absolutas miopes. Menos aún, demagogizar el discurso para ganarse el voto de la tropa, como si nuestros soldados fuesen todos tarados.

No parece nada democrático ni republicano el manejo partidario que se hace, garganteando laicidad, cuando se discute sobre la enseñanza de la dictadura en el sistema educativo. Acusaciones cruzadas; disputas por adueñarse de la verdad oficial; y cuestionamiento permanente a quien habla, como y porque, en escuelas y liceos sobre el proceso dictatorial. Más de lo mismo, pico y pala para agrandar la grieta. No hacemos lo que necesitamos y no escuchamos lo que exigen los gurises a los adultos sobre cualquier tema trascendente del presente o de la historia reciente: la libertad de  construir su propio relato.

Seguimos pelando las chauchas de los maracanazos sin generar, por ejemplo un  acuerdo socio político para promover un plan nacional educativo de debates testimoniales con los protagonistas de la dictadura aún vivos. Articular un proceso integral que trasmita ideologías y vivencias de todas las partes sin exclusiones, para que los gurises hagan la síntesis que nuestra implicancia subjetiva nos impide procesar. Incluyéndolos  a todos los que quieran participar. Militares y civiles pro dictadura; concertados en la lucha por recuperar la democracia; indiferentes; representantes de sectores políticos y sociales; la Iglesia y la central sindical; los de a pie; los niños de aquel entonces; los exilados; los perseguidos; familiares de desaparecidos; víctimas y victimarios de todos los palos. Sin miedo ni grieta. Confiando en que respetar la sensibilidad e inteligencia de nuestros jóvenes para integrar la historia a su manera; será fortalecer la democracia republicana. Si lo logramos, seremos un país menos agrietado, que abre las puertas de la historia al futuro, que se anima a escuchar y conocer los nuevos valores de la reserva moral y la ética de la responsabilidad de las generaciones nacidas post dictadura que fijarán el rumbo futuro del país.


Urge discusión seria sobre las Fuerzas Armadas por Oscar Mañán

Ante las urgencias presupuestales aparece, al vapor como siempre, la propuesta de reforma de la Caja Militar (CM), donde el argumento que sobresale es la imposibilidad de autofinanciarse. Adornando esta tesis aparecen argumentos colaterales, falaces, ideológicos sí (en el sentido de falsa conciencia de la realidad) que buscan fundamentar la decisión.

Desde mayo 2005 (si no recuerdo mal), ya la última carta de intención que Uruguay firmara con el FMI (cuando aún el país tenía deuda sujeta a condicionalidad estructural del organismo) exigía el compromiso de reformar la CM. Tal vez, debe ser el único de los compromisos pendientes de realización sin siquiera haberlo intentado. Esto, solo relativiza los argumentos de justicia, equidad y otros supuestos de esta reforma, ya que el FMI (en cuanto organismo técnico-económico) nunca tuvo estos valores como guía (sabemos que la economía del establishment “se encarga del ser y no del deber ser”).

Alguna vez advertimos el entredicho entre coherencia y urgencias que llevaba a esta reforma (Semanario Voces, N°539, p.8). De lo que se sostiene a menudo, varias cuestiones son ciertas por separado, pero se manejan de manera superficial y sin abordar el tema de fondo. ¿Debe preocupar el déficit que año a año debe afrontarse de la CM que según diferentes estimaciones supera los 400 millones de dólares? Por supuesto. Y, no solo eso, debe buscarse la estructura de funcionamiento deseable para minimizarlo.

También se habla de que con 20 años de servicio se configura causal jubilatoria, y que esto puede ocurrir a los 38 años de edad, lo que implicaría un privilegio injusto si se toma en cuenta el régimen jubilatorio de la mayoría de los trabajadores. Por supuesto esto es un privilegio, pero deviene de las características de las tareas o funciones que se pensaron originalmente para el ejército. Otros privilegios pueden observarse en los radiólogos u trabajadores que por su tarea están más expuestos a riesgos sanitarios o de vida.

Otra discusión implica el que un trabajador del ejército, luego de cumplido su ciclo laboral, obtenga un premio de ascenso para acceder a la jubilación con un estipendio mayor. Bien, esto debe ser corregido en el sistema de incentivos propio de la carrera administrativa de la institución militar.

Sin discutir el papel de las fuerzas armadas, la importancia o no de la misión que se le asigne, es muy difícil apuntar si tal o cual tarea está sobrevalorada o subvalorada en términos salariales, previsionales u otra.

Hay definiciones muy genéricas, por ejemplo en el art. 2, cap. II, de  la Ley Orgánica del Ejército: “Su misión fundamental consisten en contribuir a dar la Seguridad Nacional exterior e interior, en el marco de la misión de las Fuerzas Armadas, desarrollando su capacidad en función de las exigencias previstas”. El lector podrá preguntarse, sobre sobre las exigencias, o las instancias de seguridad nacional exterior o interior en que el ejército podría ser útil por su capacidad.

Es menester debatir la necesidad o no de Fuerzas Armadas, para qué cuestiones, ¿serán necesarias para “apoyar y tomar a su cargo planes de desarrollo que le sean asignados realizando obras de conveniencia pública”? (art. 3; Ley Orgánica del Ejército, 1984). O, ¿quizás para engrosar los ejércitos de ocupación encubiertos de las misiones de la MINUSTAH, o tal vez aquí mismo? Ese es realmente el debate necesario.


Pour la gallerie por Gastón Villamayor

Está de moda decir ahora que “fulanito llegó por mérito propio”, o que “a fulanito nadie le regaló nada”, el lobby judío, la Iglesia Católica, las logias, el Poder Rosa entre otros tantos, son algunas de esas formas de llegar por “mérito propio”. Pero no sólo permiten “llegar”, sino que también pueden permitir que no se llegue, que no lleguen personas o que no lleguen a tomarse decisiones que los afecten. Me parece que este es un esos tantos temas, sobre los que sabemos mucho menos de lo que pasa en realidad. Y opinar sobre esos temas cada vez me resulta más difícil, no porque no sepa que decir, sino porque hay muchas cosas que no se pueden decir. Los militares son uno de los grupos de poder que más influencia tienen, y esa influencia se logra gracias a la participación que tienen en ámbitos selectos. Ámbitos que son espacios de convivencia de grupos de poder, en donde se toman decisiones y se respetan principios y valores determinados que transversalizan todo, espacios que terminan oficiando de catalizadores de procesos que requieren acción política.

Un gran ejemplo de esto es la creación de la Comisión para la Paz atribuida a Batlle en el año 2000. La verdad es que esta idea fue un acuerdo a puertas cerradas entre algunas logias militares, fundamentalmente Chucrut y Tenientes de Artigas, la Iglesia Católica, algunas logias filosóficas y por los Tupamaros, la idea fue presentada a Sanguinetti en uno de sus mandatos presidenciales y fue rechazada inmediatamente. Cuando Jorge Batlle asumió la presidencia nuevamente fue planteada la idea, aceptada y materializada. Hoy se la exhibe como un gran logro de Jorge Batlle.

De este modo la política actúa como legitimadora de decisiones de no se toman en su ámbito natural – partidos políticos- .  Lo mismo ocurre con tantísimos temas de especial interés, y creo que la Reforma de la Caja Militar es uno de ellos, aunque de los menos importantes. Hay por parte de algunos grupos de izquierda –pequeños- un claro interés en justiciar la desigualdad que existe en los derechos de seguridad de social de militares con los otorgados por la previsión social estatal, pero son esfuerzos solitarios que colisionan con el poder predominante.

Quiero ser determinante al expresar que pienso que es un disparate mayúsculo decir que el gobierno frenteamplista es antimilitar, hay que tener una profunda ignorancia o una ceguera importante para poder sostener tal barbaridad. Para demostrar la falsedad de tal afirmación, basta exponer pequeños números que la dictadura nos dejó: niños recuperados 14, desaparecidos 233, detenidos 7000, funcionarios destituidos 10000, exiliados 300000. Militares y policías procesados 18, civiles 2. Ni hablar que mientras tenemos más de 10.000 presos hacinados, sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos y violación sistemática de sus derechos humanos, a los militares les hicimos una cárcel V.I.P. Y la ley de caducidad sigue más vigente que nunca, con todos los votos para derogarla. Francamente, decir que el gobierno del Frente Amplio es antimilitar es por lo menos cínico. El Frente Amplio ha ganado elecciones, pero el poder lo conservan los de siempre, y mientras así sea, no importa quien haga las leyes. El proyecto de ley que está a estudio afectará ligeramente los privilegios militares (creados por la derecha y mantenidos por el Frente Amplio), y representará para el Estado un porcentaje irrisorio en los números macroeconómicos. Las negociaciones sobre sus detalles se dan en espacios dónde no participan quienes después tienen que levantar la mano en el legislativo y todo lo demás, es pour la gallerie.


La gorra de Pandora por Fernando Pioli

En la antigüedad formar parte de las formaciones militares no era una cuestión de simple vocación sino de supervivencia. Los territorios y los dominios se decidían por la fuerza mucho más que por la diplomacia. En el caso uruguayo, la presencia militar luego de establecida la paz tras las guerra civil de principios de siglo XX, tuvo más un sentido disuasorio frente a enemigos internos que cualquier otro. Ante una posible invasión de una potencia extranjera estaba claro que no había chance efectiva de resistir, pero también estaba presente la convicción de que ninguna de las dos potencias regionales iba a permitir un exceso de la otra, ni juntas un exceso de un tercero.
Sin embargo, existe una especie de invariable cultural en virtud de la cual en distintas épocas y sociedades el formar parte de las élites militares genera una especie de prestigio autorreferencial. Es decir, hay personas que consideran formar parte un grupo especial y moralmente superior como resultado de participar de una fuerza armada. Esta convicción moral es la que ha llevado a que los procesos democráticos sean obstaculizados por regímenes de mano dura protagonizados por militares de distinta especie y orientación.

El asunto es que los vaivenes históricos le han ido dando o restando lugar a este sentir. En la actualidad es difícil entender por qué los oficiales militares merecen una consideración especial por encima del resto de las personas. ¿Le debemos la supervivencia de la nación? ¿Contra qué enemigo combaten? ¿Cuál es su misión actual?

Los privilegios de los altos oficiales de las FF. AA. en cuanto a sus beneficios jubilatorios hunden su historia en su excesivo poder histórico en la sociedad. Lo que observamos ahora es la caída de ese poder hasta transformarlos en ciudadanos como los demás. Esto es ante todo un cambio civilizatorio. ¿Cuántos ríos de tinta han corrido para denunciar gastos supuestamente injustificados en políticas sociales? ¿Cuanta gente insiste en que no quiere mantener vagos?

Cada vez que un grupo se posiciona en una especie de Olimpo desde el cual observa al resto se comete una injusticia, y si ese grupo es el encargado de ejercer el uso de la fuerza estamos a la puerta de una dictadura.

En definitiva, la reforma del sistema jubilatorio de los militares no es más que una obvia resultante del triunfo del espíritu democrático republicano. Era hora.


El dos de la muestra por Rodrigo da Oliveira
Idas y venidas, discusiones de pasillo, discursos enardecidos y pataleos tribuneros. Todo esto y más ha generado el manido tema de la reforma del Servicio de JUB Y PENS del Ejército. Lejos de estar zanjado, se espera mucho más debate en la cuestión, aprovechado electoralmente por unos e ideológicamente por otros. La innegable necesidad de ajustar esa fuga de divisas que es una parte de los retirados militares, que no la tropa por cierto, hay algunas cosas que carecen de sentido, como el hecho de que algunos retirados cobren más que el Cdte en Jefe actual. Esas diferencias de ingresos existen en toda la administración a nivel de activos, dicho sea de paso. Será hora de adecuar los ingresos en actividad (tema que debería ser incluido en esta discusión, así como el número de efectivos y los objetivos a que deben ser destinados el Ejército Nacional y sus integrantes) y los haberes que se perciban luego del retiro.
Todo esto sería posible si tuviéremos dos partes en esta contienda más ocupadas de mirar hacia el futuro del país que de las elecciones próximas. Pesan muchos los votos radicales identificados con la “izquierda” que no quieren ni ver algo verde por el mundo, como no sea la yerba, y los votos de la “derecha”— que sacan ellos solos un Senador puesto que andan en los 80000 entre retirados y activos— que a pies juntos apoyan a tapas cerradas algunas iniciativas salidas del Centro Militar.
Debemos distinguir entre este CM y el Ejército actual. Mal que les pese a los muchachos del edificio de Av Libertador, no son representativos del cuerpo en su conjunto. Por el contrario, flaco favor hacen a la actual imagen institucional cada vez que salen con declaraciones subidas de tono y de época. Tan fuera de tono y época como la mirada despectiva que le tira a todo lo que sea verde el sector de la sra. Senadora de cabellera frondosa.
Cabría preguntarnos: ¿todo esto surge de la nada? No. ¿Qué duda cabe de que la rotura de ese muro de contención que fue Fernández Huidobro marcó la cancha en cuanto a tomar el tema y encararlo? Lo cual nos lleva a esa pregunta de larga data y escasa respuesta, que esa que nos develaría los vínculos reales y efectivos que hubieron (¿hay?) entre tupas y milicos. Coletazos de esa enorme incógnita vemos hasta hoy, el libro de Urruzola es una muestra de lo vivo que está el tema.
Los nabos de siempre seguiremos soñando con que debemos hacer las cosas bien.


Caja Militar: Jubilación VIP, un lujo para los represores por Lucia Siola 

Los privilegios con los que cuentan los militares, fundamentalmente los de rangos superiores, se encuentran consagrados en la Ley Orgánica militar de 1974, es decir una legislación de la dictadura militar, que le otorga beneficios y establece una diferenciación respecto del régimen jubilatorio del resto de los trabajadores. El hecho de que recién ahora, luego de más de tres décadas de la dictadura militar, se esté debatiendo la modificación de tales beneficios, da cuenta de que la salida pactada en el Club Naval, otorgó garantías y favoreció a quienes llevaron a cabo el golpe de Estado y el régimen dictatorial. Así, la gran mayoría de leyes y decretos emitidos en la dictadura continúan vigentes al día de hoy, la inmunidad de los genocidas que se perpetuó con la ley de impunidad muestra también la continuidad del accionar de las FFAA con el reciente descubrimiento del espionaje en democracia expresado en los archivos Castiglioni. Cómo si esto fuera poco, el puñado de genocidas condenados por sus crímenes en la dictadura continuaron cobrando enormes jubilaciones que van desde los $100 mil a $170 mil, y no hubo ninguna modificación, ni suspensión de sus haberes. Es decir, que los años de tortura, asesinatos, violaciones de todo tipo a los derechos humanos fueron computados y por tanto reconocidos por el Estado como años de trabajo, respetando remuneraciones, beneficios, y acomodos de todo tipo. Todo esto, con la completa complicidad de todos los partidos del régimen, incluido el Frente Amplio. Por supuesto, nada de esto se contempla en la reforma actual que plantea el Ejecutivo.

El hecho de que ahora se esté discutiendo un proyecto de ley que modificaría la Caja Militar, tiene que ver con la necesidad de bajar el déficit fiscal, una medida con la que el gobierno se comprometió ante las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito, cuya sugerencia fue la de ajustar también en este rubro.  La evidencia de que la Caja Militar genera un déficit monstruoso, de 400 millones de dólares, que salen de rentas generales, para financiar fundamentalmente las jubilaciones privilegiadas de los mandos militares, oficiales, coroneles, generales, etc, que obtienen jubilaciones abultadas en pocos años de trabajo y a una edad temprana, estableciendo también una enorme brecha con las jubilaciones de los soldados y cargos medios, ya no se podía seguir ocultando. De todos modos, todo indica que el gobierno no va a establecer una igualación con el resto de los trabajadores que se jubilan por BPS, eliminando el beneficio de los militares de la jubilación por el 100% del salario.

La reforma establecería un impuesto a los militares retirados por 18 meses, mayores aportes, la modificación en las edades de retiro, aumentando los años de trabajo y de edad, y se eliminaría el aumento de grado inmediato superior con el cual se jubila todo funcionario, además de establecer un tope a las jubilaciones.

El argumento de los partidos patronales y de los propios mandos militares de que las FF.AA son servidores públicos porque están a disposición todo el año, las 24 horas, no pasa de ser un absurdo, pues existen otras reparticiones del Estado y de los Ministerios que tienen las mismas disposiciones y no tienen beneficios jubilatorios algunos. Además, todos sabemos que a lo único que sirven es a la defensa del orden existente y por lo tanto como fuerzas represivas son servidores de los empresarios y los grandes capitalistas, como quedó demostrado en la dictadura militar.

Los blancos y colorados férreos a sus tradiciones históricas quieren aparecer como los defensores de las FFAA, fundamentalmente para ganarse el apoyo de los altos mandos, por si acaso fuera necesario, en un contexto de grandes convulsiones en América Latina.

Al igual que en anteriores ocasiones, la reforma de la Caja Militar pretende ser un grito para la tribuna para avanzar al mismo tiempo en un mayor recorte del gasto social, táctica a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno en cada rendición de cuentas.

Pero lo que hay que tener en cuenta, es que el cuestionamiento por parte del Poder Ejecutivo y esta reforma, se presentan a la opinión pública justificadas por la causa del déficit fiscal, presentación que en un contexto de fuerte crisis, de aumento de la desocupación y de la masividad de los envíos al seguro de paro, habilita al debate general sobre las jubilaciones, cuando el BPS también tiene un déficit importante, y cuando el presidente se ha pronunciado en varias oportunidades por el aumento de la edad de retiro, como un elemento más para ‘sanear’ el déficit y de pasó descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, medida adoptada por la ‘progresista’ Bachellet en Chile, y por el derechista Temer en Brasil, repudiada en ambos países por fuertes movilizaciones populares.

De lo que se trata, es de defender un sistema único púbico de jubilaciones que se sustente en base a impuestos progresivos a las patronales, terminando con los privilegios de todo tipo, y con la privatización de la seguridad social (afaps).

Semanario Voces

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