Home Reflexion Semanal ¿Reforma constitucional garantiza más seguridad?

¿Reforma constitucional garantiza más seguridad?

¿Reforma constitucional garantiza más seguridad?
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El sector de Jorge Larrañaga lanzó hace unos días una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución para modificar algunos artículos.

Las modificaciones apuntan a permitir allanamientos nocturnos, utilizar a las fuerzas armadas en la represión de la delincuencia y mayor pena para algunos delitos entre otras cosas.

¿Es un intento de marcar un perfil para las próximas elecciones? ¿Manotón de ahogado de un sector que ha perdido muchos apoyos? ¿Política en serio o demagogia? ¿Rinde  políticamente hablar de seguridad? ¿Se intenta reflotar la experiencia intentada con la baja de la edad de imputabilidad?

 

VIOLENCIA SOCIAL SIN METAS por Gonzalo Abella

En la campaña electoral anterior, el Dr. Larrañaga fue a los países nórdicos a buscar propuestas educativas.  No estuvo mal que fuera; lo malo es que volvió. En lugar de buscar en aquellos Sistemas profundamente individualistas y competitivos, que ignoran valores y anulan el pensamiento crítico, pudo bucear en la historia de la Educación uruguaya, incluso en aquellas experiencias de Educación Rural que un gobierno reaccionario desmanteló en 1959.

Lo mismo ocurre ahora con el tema de la inseguridad y la consecuente  alarma pública. Este aspecto es, como el deterioro educativo, resultado del modelo desmantelador y vende patria  del neo-frente amplismo. Pero el Dr. Larrañaga no puede cuestionar el actual Modelo Económico Financiero, porque (como dijo sabiamente el Dr. Sanguinetti), el Cr. Astori podría ser ministro de un Gobierno colorado o blanco. Entonces el líder (¿nacionalista?) cuestiona la gestión oficial, no su filosofía,  y reclama más represión militarizada. Viajando más cerca, porque son  tiempos de austeridad, propone la solución ya ensayada en México, Brasil y Colombia. Digamos que la solución brasileña de militarizar las favelas generó tanta paz social como la educación de Finlandia generó sentimientos solidarios en las nuevas generaciones. Mientras tanto, Novik invita a represores “made in USA” para que nos den clases y propone que las personas privadas de libertad (que ya tienen oferta de formación terciaria en Delincuencia en cárceles super – super-pobladas) tengan más tiempo recluidos, para hacer allí también su postgrado de Crimen.

La UP-AP  ha planteado propuestas de fondo para enfrentar el tema de la Violencia, y estas propuestas se vinculan con un cambio en el Modelo de Desarrollo, apostando a la soberanía, al  mercado interno, a la ruptura del sometimiento servil a las trasnacionales y  al agro negocio extranjero, y a  la reinstalación de la industria nacional, por empleos estables, por la tierra para quien la trabaje, por la vivienda dignificante y por el trabajo colectivo.

Pero nuestra UP-AP no se limita a decir que quien siembra injusticia y desesperanza, quien siembra deshonestidad y acomodo, recoge inevitablemente una cosecha de violencia social en aumento. Eso es verdad, pero por ahora no resuelve nada.

Hay aspectos que deben ser cambiados con urgencia, y pueden ser cambiados desde ya. Por eso concurrimos en su momento a la Torre Ejecutiva a intercambiar con el Ejecutivo y con los otros partidos; pero simultáneamente y por nuestra cuenta organizamos nuestros talleres, a los que convocamos a educadores sociales, asistentes sociales, médicos forenses y docentes que trabajan en cárceles, víctimas y familiares de víctimas de la violencia social, vecinos alarmados que fueron testigos de esa violencia, y, (más discretamente) a funcionarios del Ministerio del Interior vinculados a los establecimientos penitenciarios.

En el plano de las propuestas, no todo lo que pensó el Gobierno en estos últimos trece años está mal. Muchas ideas buenas se pusieron en la práctica  y funcionaron a pequeña escala… mientras se insistía inexplicablemente, en la construcción de mega cárceles como la nueva de Punta de Rieles, y se liberaba a la ley del Mercado Libre la construcción y gestión económica de estos establecimientos estratégicos para nuestra seguridad. Se decidió, en lógica de mercado  salvaje,  ahorrar en grande y barrer para debajo de la alfombra sus consecuencias.

No somos anarquistas; la represión del delito es necesaria, y deberíamos empezar por los crímenes de lesa humanidad que la Ley de Caducidad, (mantenida por la complicidad del FA) impide juzgar. Pero hemos aprendido algunas cosas: si tenemos una reincidencia delictiva del 70%, es imprescindible un seguimiento interinstitucional (MIDES, UDELAR, Ministerio de Trabajo, INAU, Instituto Nacional de Colonización) de cada liberado. Si la violencia inter carcelaria se agudiza (e inevitablemente esto repercute afuera), ese mismo seguimiento inter institucional debe darse adentro. Si todos coincidimos en que la persona privada de libertad debe trabajar, hacer deporte, estudiar (y todos coincidimos en eso de palabra) hagamos establecimientos pequeños, dotemos de recursos a las instituciones para programas rehabilitantes,  califiquemos al personal policial de las cárceles, protejámosle del miedo que tienen al sentirse amenazados, y saquemos a los corruptos y depravados de la institución, que son amparados por los burócratas acomodados que no se la juegan. Si el Ministerio del Interior hiciera bien las cuentas, estas inversiones  le ahorrarían mucha plata y muchas maldiciones  ciudadanas.

Sé que el Dr. Larañaga es padre de familia, y los jerarcas del FA también. Ante la emergencia, no estamos proponiendo la socialización de los Medios de Producción desde ya, aunque sabemos que ésa  será la solución definitiva de muchos males, sino que mencionamos algunas de las medidas que pueden encuadrarse en una lógica simplemente humanizada. Si debemos volver a la Torre Ejecutiva para explicarlas, para hablar por los cientos de voces de técnicos, de profesionales y de víctimas, que nos enseñaron, allí estaremos.

 

 

SEGURIDAD: DEMAGOGIA UNOS, HIPOCRESÍA OTROS, SOLUCIONES NINGUNO por Federico Kreimerman

El tema de la seguridad pública está instalado, es un hecho que el país tiene hoy serios problemas en esta materia, que son muy sentidos por todos los uruguayos.

Antes que nada, son los trabajadores quienes sufren principalmente las consecuencias de la inseguridad, tanto en sus barrios, donde cuentan con menos recursos para protegerse, como en los lugares de trabajo, expuestos a la delincuencia y engrosando las cifras de los asesinatos en asaltos.

Con el alto nivel de sensibilidad que esto genera, y con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, varios buscan sacarle un redito a la situación.

Es así como hoy está sobre la mesa la propuesta del senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga de juntar firmas para un plebiscito que reforme la constitución para: una Guardia Nacional conformada por militares que colaboren con la policía; realizar allanamientos nocturnos y aplicar la prisión perpetua revisable para delitos graves.

Aumentar las penas (incluyendo perpetua), supone que quien comete un delito realiza un cálculo racional sobre el tiempo que podría pasar en prisión.

Con la realidad de las cárceles uruguayas es claro que nadie evalúa como beneficioso estar ahí por un tiempo aunque sea corto, quienes realizan robos violentos no se ven amedrentados por penas más largas, ya están jugados.

Las otras propuestas de allanamientos nocturnos y uso de los militares para reforzar la policía son parte de una retórica represiva, parte de viejos anhelos de la derecha que hoy el senador Larrañaga vuelve a promover aprovechándose de la sensibilidad que hay sobre el tema y abusando de la impotencia que generan los casos recientes de homicidios

No ha logrado ni siquiera el apoyo de su propio partido, y ha permitido a su vez que el Frente Amplio se ponga a la izquierda de esto, lanzando la campaña “Yo no Firmo”.

Aquí debemos detenernos y mirar con atención, y como decía Bertolt Brecht, “Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”

Luego del 2014 donde el pueblo le dijo que no a la política de la “mano dura” derrotando la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, eso quedara prácticamente en letra muerta.

Por ejemplo, el gobierno impulsó el nuevo Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente (CRIA), que aumenta las penas máximas a menores de 5 a 10 años, utiliza la lógica del  Código Penal Adulto, aplicando figuras penales del mismo, es una baja de la edad de imputabilidad encubierta.

La hipocresía aumenta desde que los militares quedaron habilitados a patrullar, a identificar personas, controlar de vehículos y detener en caso de flagrante delito, con la aprobación del  proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que da al Ejército la potestad de cumplir estas tareas policiales en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras del país. El único voto en contra fue del diputado de Unidad Popular.

Poco duró la coherencia político-ideológica del progresismo, que no demoro en claudicar ante la prensa y la oposición política.

Primero en el 2008 con la Ley de Procedimiento Policial y la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública para una política de Estado en materia de seguridad, que mostraba el rumbo  hacia la derecha en las políticas del área.

A partir de allí, los procedimientos policiales y judiciales comenzaron una escalada punitiva que llevó al Uruguay a los primeros lugares del mundo en procesados per cápita, llegando a pasar los 11000 presos adultos, y a ser el país en el mundo con  más cantidad de adolescentes privados de libertad en relación a su población.

Hay también medidas represivas concretas, como el PADO  (Programa de Alta Dedicación Operativa), que criminalizando la pobreza, en 2 meses detiene y registra a más de 40.000 jóvenes en Montevideo, eso deriva en solo 700 arrestos reales, los otros son jóvenes cuya sospecha es ser joven y vivir en un barrio pobre.

También se ha militarizado a la Guardia Republicana, con la que se han realizado razias y mega operativos, se han estigmatizado zonas enteras de la ciudad, se ha instalado una presencia policial permanente, por lo que la propuesta de Larrañaga en los hechos ya fue realizada.

Esto se ha concretado además multiplicando en cinco veces el presupuesto del Ministerio del Interior.

Esto que planteamos no implica esquivar el problema, pero hay que mirar los hechos, a pesar de la mayor represión, de más presupuesto al ministerio del interior, de endurecer las penas y de aumentar la cantidad de presos, el problema de la inseguridad sigue presente y se siguen sucediendo muertes de trabajadores.

Según los informes del MI en 2017 hubo 283 homicidios, un 42% más que los 199 homicidios de 2011.

Es claro también que el actual sistema carcelario no reeduca ni rehabilita, sino que fomenta la espiral violenta y delictiva.

Y sin embargo las propuestas de “solución” son más de lo mismo, más control, más represión, más reclusión.

El modelo económico que implementó el progresismo, genera población sobrante, a la que a su vez enfrenta con un modelo de éxito personal basado en la capacidad de consumo. La forma de gestionar esto ha sido la transferencia directa de recursos mediante los programas sociales del MIDES, y a los que no se adaptan, la represión que forma un espiral que margina y excluye aún más.

Para enfrentar el problema de la delincuencia se requiere que haya trabajo de calidad para los uruguayos, cuando los hijos de los trabajadores tengan perspectivas de una vida digna, para eso el país precisa rescatar su dignidad, y que sus gobernantes no se arrodillen ante el poder del capital.

Miserias de una cuadrera.  Como se puede mancar un ¨burro¨ por Milton Romani

¨Apostar por el favorito rinde poco. En las carreras de caballos si el pingo favorito es el ganador, su apostador volverá a casa con unos pocos pesos. Los conocedores dicen que el caballo ganador más festejado es el que viene de atrás: “por los palos”. Ese al que le queda la chapa de la sorpresa. El senador blanco Jorge Larrañaga sabe de caballos. Y también sabe de llegar de favorito o dar el batacazo cuando no está en los cálculos de nadie¨

Estas afirmaciones aparecieron en El País del domingo, firmada por Pablo Fernández bajo el título: La vieja historia de los blancos: ¨Larrañaga retoma impulso en la interna con campaña por seguridad¨ y agrega: el líder de Alianza logró protagonismo y colocó a Lacalle Pou en una posición incómoda¨

Visto así quizás se entienda un poco más, la absurda propuesta. Pretende ganar la interna y posicionarse en el juego político. Tirando la mosqueta y dejando en orsai a los otros. Parece más mezquina, pero al menos tiene una lógica que no tiene el contenido de la misma. También decir que todo ¨burro¨, hasta el mejor potrillo, se puede mancar. Cosas de la política timbera.

La ´vieja historia de los blancos´ nos dice otras cosas. Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra en gesto que los honró, reconocieron que votar en 1972 el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado no fue cosa buena. Eso que la situación de aquella época era realmente crítica.

Afirmaba Wilson por entonces: “No hay ninguna causa, que no se destruya, que no pierda validez moral, que no se transforme en una porquería, si para defenderla hay que hacer estas cosas.¨  Años después diría:”No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad.¨

Paradoja: estas citas las extraje de un excelente trabajo que firma un militar, el Capitán de Navío (R) Tabaré Fernando Patrón en un ensayo: ¨Los valores de Wilson Ferreira Aldunate en la conducción política del poder militar ¨

Los militares ya estuvieron al frente de la seguridad del Estado y les fue, nos fue, muy mal. Al frente, al costado, abajo y arriba de la seguridad de todos nosotros.

Alguien debería decirle al insigne burrero, que tampoco los militares están conformes en salir a la calle para trabajar de policías. Ellos también se preguntan: ¿cómo sería la cosa? ¿Pedirían documentos, harían pinzas, detendrían gente? ¿Cómo Larrañaga? Apoyar a la policía bajo sus órdenes. ¿Ordenes civiles para un militar? Al mismo precio. El Estado de Guerra les permitir cobrar el doble. Las misiones al Congo tienen otro precio. ¿Cómo Larrañaga, como sería esto? Una inteligente pregunta que se lanzó en las redes: en caso de hacer fuego o cometer algún delito ¿quién los juzga? Se me dirá la justicia civil. No podría sostenerse en serio, habida cuenta de la historia en este país. Pero más allá de la historia ¿los militares aceptarán salir a la calle, recibir órdenes de civiles, actuar y eventualmente ser juzgado por civiles? Reitero: ¿todo por la misma plata?

Debatir en serio con esta propuesta implica una base mínima de seriedad. No los hay. Ni la misión fundamental de las FFAA definidas en sus leyes, ni la formación, ni el despliegue, ni las características propias de las fuerzas, ni su presupuesto, pueden cumplir funciones de seguridad interna.  A propósito: se piensa que con la carga de impunidad que conllevan los uniformes militares, la existencia brutal de cementerios clandestinos en los cuarteles de la patria, ¿se podría salir a la calle con prestigio?

A medida que escribo me vuelvo medio wilsonista: “Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza. Nosotros queremos un país donde los soldados exhiban su condición militar con orgullo.” (Wilson Ferreira Aldunate, en Buenos Aires el 30 de abril de 1984)

Sobre la moda de seguir aumentando penas solo decir lo que criminólogos y especialistas que estudian el tema afirman: no parece lógico poner el acento y las penas luego que agarraste al delincuente. El tema es como evitar el crimen. En sus causas, que son muchas y diferentes, y en una aplicación racional de la fuerza de la ley. La respuesta punitiva solo convoca más violencia. No lo queremos para Uruguay. Tenemos otros recursos y otros valores. La seguridad es un derecho que se garantiza no solo con la policía y la ley penal. Poner a articular todo esto con perspectiva de futuro es también una responsabilidad de la oposición.

Es una responsabilidad compartida. De varias instancias del Estado. También de la conducta de los líderes políticos. De los medios de difusión como canales de comunicación social. Una pregunta al paso: ¿porque los medios se inhiben de dar noticias sobre suicidios, siendo una de las causas violentas de muerte más altas que tenemos?

Se me dirá que para evitar el efecto contagio. Bien. ¿No hay efecto contagio cuando se propala hasta el hartazgo todo tipo de crimen, rapiña, asalto, y copamiento? Informar es un derecho. Viralizar haciendo uso insensato de las facetas de espectáculo es una manera de alimentar el circuito del crimen. Igual que aquellos ¨ciudadanos¨ que compran objetos robados. O los líderes políticos que usando el miedo e inseguridad de la gente intentan avanzar un par de cuadros en el tablero partidario.

La violencia no se combate con más violencia. Fui testigo en mi condición de Secretario Nacional de Drogas y de Embajador ante la OEA, de los desastres que ha ocasionado el enfoque de la guerra contra las drogas y la incorporación de las FFAA a esa lucha. Están las pruebas ahí, no se necesita ninguna especulación. América Latina y el Caribe son testimonios dramáticos de esta realidad. Colombia México, Guatemala. Lo han afirmado los analistas y políticos más encumbrados. Origen de Los Zetas, principal cartel mexicano:  La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano. No se necesita ir a informes muy secretos, esto es de Wikipedia, Larrañaga. Como afirma el estudioso de estos temas Luis Moras: si no queremos ser El Salvador, no apliquemos políticas salvadoreñas.

Estuve preso por primera vez en 1968, en el 5o de Artillería, bajo Medidas Prontas de Seguridad. Triste debut de las FFAA en seguridad interna. Junté firmas muchas veces. La principal de todas contra la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No basta con olfato burrero, ni con picardía de stud o pretendidas dotes de gurú populista. Se precisa mucha militancia y mucha organización para reunir firmas. Créame Larrañaga: no las va a conseguir. Es un ¨dato¨ posta.

 

No, no, no y no  por Oscar Ventura

Es fácil rechazar las propuestas del Senador Larrañaga porque es de la oposición. O porque es una maniobra para recoger votos. O porque aunque es de mi partido, si se posiciona me roba la pelota. Es fácil también aceptar las propuestas, porque la gente tiene miedo y está harta, porque las rapiña y los homicidios y los daños personales registran guarismos nunca antes vistos en el país. Resulta fácil sentarse de un lado u otro del límite aceptación/rechazo por razones viscerales, políticas o vivenciales. Resulta difícil en cambio tratar de sopesar ventajas y desventajas de la propuesta y posicionarse a partir de allí.

Sin duda la propuesta tiene un trasfondo político. ¿Qué otra cosa puede pedírsele a un político profesional que el aprovechar las oportunidades para captar voluntades que le permitan luego desarrollar su programa? Pero también es cierto que la propuesta, como la anterior que Larrañaga activamente torpedeó, apunta a “resolver” situaciones reales de criminalidad y violencia. ¿Lo harán? Creo que no.

No cabe duda que la política de seguridad del Frente Amplio, ya sea por ineptitud o por propósito deliberado, ha llevado al desastre actual. A modo de ejemplo, mientras que los homicidios aumentaron 59% en los 24 años del período 1980-2004, aumentaron 83% en la mitad del tiempo, un poco más de 13 años entre 2005 y mayo 2018. El Ministro Bonomi y su equipo han batido todos los récords de número de homicidios anuales, mensuales y tasas de homicidio, en lo nacional y lo departamental. Pero para corregir esa inaguantable migraña, hay que hacer algo mejor que cortar la cabeza. Y nada cambiará mientras las políticas sociales que se aplicaron durante los últimos trece años no cambien. Es decir, hasta que no cambie el gobierno.

¿Por qué pensar que pasar militares a la órbita de la policía, con un entrenamiento mínimo y con supervisión de aquella, cambiará algo? ¿No es más factible, como ya se dio en otras regiones y períodos históricos, que se corrompan los efectivos más vulnerables? ¿O, incluso que, envalentonados por su percepción de ser imprescindibles, se tomen los de más arriba atribuciones que no les corresponden? Otra cosa, que comparto, es vigilar las fronteras del país o de los institutos penitenciarios. Pero no los pongamos a combatir rapiñeros, atracadores u homicidas, porque en su contacto con gente común no están preparados para negociar, sino para vencer o ser vencidos. Y, por otra parte, porque es innecesario. Ya existe la Guardia Republicana, con muchos efectivos, armada y preparada para la tarea.

¿Allanamiento nocturno? ¿Para qué? Si es por las bocas de pasta base, operan a plena luz del día, con la complicidad de todos, incluso de algún gobernante que confiesa que no las combate para no aumentar la pobreza. Si algo falta, es fuerte inteligencia policial, no actuar en la oscuridad. Porque, además, ¿están preparados los efectivos? ¿Tienen armas con linterna táctica incorporada? ¿Lentes infrarrojos? ¿Preparación sicológica para desenvolverse en recintos cerrados en la oscuridad? Y más ¿cómo sabemos que los allanamientos nocturnos serán infalibles? No hace una semana dos policía vinieron a entregarme una citación, sólo que no era para mí, se equivocaron de número de calle. ¿Y si hubiera sido un allanamiento nocturno? Y aún desde el punto de vista político ¿se quiere realmente entregar un instrumento que disminuye derechos individuales a un partido que tiene veleidades no democráticas en ciertos sectores?

Lo del Senador Larrañaga no es solución a nada. Porque no se aplica inmediatamente. Porque exige una engorrosa modificación constitucional que siempre tiene consecuencias no deseadas. Porque actúa sólo en la represión y punición, pero no en la prevención, la educación o el trabajo. Porque los males y el costo social que potencialmente generaría serían probablemente mayores que los que pretende atacar.

De la misma forma que tuvimos Eduy21 con sus propuestas pensadas en forma transversal por expertos teóricos y prácticos de todos los partidos, necesitamos un Seguy21 que haga la misma cosa para disminuir la criminalidad y la violencia. Y, claro, un Poder Ejecutivo comprometido en ejecutar la hoja de ruta. El camino es por ahí.

 

Una Carta Magna exige un magno consenso  Por Oscar Mañán

 

La Constitución de la República es, como se la define, la carta magna, la norma de mayor jerarquía, la expresión vívida de los principios ético-filosóficos y jurídicos que rigen la república. Muchos manifiestan que está vetusta en varios aspectos, pero casi nadie tiene expectativas que un cambio implementado en las actuales circunstancias genere más garantías. Claro que varias normas podrían rediscutirse a la luz de los cambios históricos, pero cualquier reforma constitucional exige un profundo debate para reflejar un sólido consenso que garantice la más amplia libertad y estabilidad política.

Particularmente la iniciativa de Larrañaga no logra tener un mínimo consenso dentro de su propio partido, por lo tanto, no tendrá un porvenir más allá del ridículo. Máxime, cuando se apunta a temas parciales que van contra las garantías fundamentales de los ciudadanos. Tanto irrumpir en un domicilio por la noche o la salida de los militares a realizar tareas policiales, son aspectos que le ponen “los pelos de punta” a cualquier uruguayo que tenga memoria histórica, o simplemente cierta información, sobre los oscuros tiempos del “pachecato” o la dictadura. La conciencia del “nunca más” para el ser nacional es algo muy preciado, por lo tanto, el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos de posibles desmanes del Estado pocos osarían cuestionarlas.

La seguridad ciudadana, ciertamente es uno de los temas “top” de la preocupación de los uruguayos. No porque Uruguay sea el país más inseguro, que no lo es, sino porque varios eventos delincuenciales comunes aparecen ahora asociados a una forma de violencia extrema. Por ejemplo, las rapiñas con exceso de violencia o muertes de trabajadores/as ocurridas sensibilizan a la población. Demás está decir, que el país está muy lejos cualitativamente de la delincuencia regional, si bien el Director Nacional de Policía ya alentó que esa puede ser una imagen de futuro.

Ante acontecimientos sensibles y transversales a las clases sociales, donde la política de seguridad se ve desbordada, la oposición política se ve tentada a jugar sus cartas para cuestionar la actuación ministerial. Sin duda, la política de seguridad no es lo eficiente que podría ser, y tampoco se basa en una perspectiva de derechos humanos como a menudo se la presenta. Ni las estrategias de ocupación de territorios en base al despliegue sin par de las fuerzas represivas, ni la inflación de cámaras vigilantes o el aumento del patrullaje han logrado cortar los vasos comunicantes del crimen y la impunidad.                                                                    Tampoco se avanzó en el reencuentro con nuestros  desaparecidos o en la persecución de delitos de “lesa humanidad” aún impunes. El poder político luego de “33 años de democracia” no logró disciplinar o conminar a los viejos mandos militares para objetivos de verdad, inclusos con las garantías de que la justicia no los alcanzaría. El ejército con su “espíritu de cuerpo”, no contribuyó a brindar información y esclarecer hechos impunes que lo reconciliaran con la sociedad. Esto, sin duda, no lo hace confiable para ninguna tarea de inserción social más allá de coyunturas particulares ya previstas en la actual Constitución.

El tema de la seguridad sigue instalado por Max Sapolinski

La campaña lanzada por el sector del Senador Jorge Larrañaga buscó agitar el clima político en estas semanas previas al inicio del Campeonato Mundial de Fútbol que sin dudas desviará el foco de la atención pública.

Se han abierto las más disímiles opiniones sobre la iniciativa. Desde los más fervientes defensores, pasando por los que dan un tibio apoyo o plantean sus interrogantes, hasta llegar a los más ríspidos detractores, parece que en general todo el espectro reaccionó ante la misma.

No es para menos. El tema de la seguridad sigue instalado desde ya hace un buen tiempo en el centro de la atención y la preocupación ciudadana. Si bien se podría conjeturar en que el intento de Larrañaga es reposicionarse en una interna que le es compleja, la realidad indica que la temática en cuestión se deteriora cada vez más y que el tema sigue siendo objeto de desvelo y no aparecen soluciones convincentes de parte de las autoridades competentes.

Como siempre llueven los argumentos. Algunos fundados y criteriosos. Otros livianos y sesgados. También las contradicciones y la demostración de que es difícil soportar el “propio archivo”.

Una de las discusiones que siempre se da, está radicada en si las soluciones al problema de la seguridad deben sustentarse en materia constitucional. Supongo que nadie piensa que esa es la mejor alternativa. Pero también es cierto que la inamovilidad de las mayorías absolutas parlamentarias vuelve muy difícil legislar con eficiencia en la materia. Parece que Larrañaga aprendió sobre estas dificultades y se muestra ahora sí propicio a intentar reformar la Constitución.

El segundo gran tema en discusión es la competencia del poder militar en temas de seguridad ciudadana. Sin duda que la formación militar difiere con la policial y cada una de ellas tiene un objetivo distinto. Aparte de ello, la policía ha visto incrementado su potencial en cantidad y calidad, que le permite operar en forma más eficiente, en algunos casos, incluso a lo que podría hacerlo el Ejército. Es hora que nos convenzamos que hay un problema en la gestión, que ésta no es buena o mala si es militar o policial y que la misma no se mejora con reformas constitucionales. Tampoco manteniendo la incapacidad constatada en los responsables de ella.

El último tema en notoria discusión es el relacionado con la posibilidad del allanamiento de las viviendas en horario nocturno. La medida que prohíbe el mismo y que tiene como incuestionable objetivo preservar el valor del hogar, a esta altura es un tanto anacrónica. El valor del “hogar” se preserva dando las garantías de la participación de la justicia. Este no es un tema de horario, y justamente, preservaremos tan sagrado valor si combatimos el deterioro del mismo y su conversión en centros de delito.

Paralelamente, algunos plantean su rechazo en virtud del tiempo que demoraría tener operativa la reforma. Este argumento tampoco es muy sólido. Vivimos dejando pasar los años discutiendo sobre el tiempo que requerirá implementar los cambios. Mientras tanto la vida pasa.

Los argumentos vienen y van. Aquellos que no marquen su preferencia de acuerdo a su afinidad política y por el contario busquen expresar su apoyo o rechazo a la iniciativa en virtud de sus convicciones, pueden encontrarse en la dificultad de discernir sobre propuestas conjuntadas todas ellas pero pasibles de ser defendidas unas y rechazadas otras.

De lo más lúcido que he leído con respecto a este tema se escribió bajo la pluma de Hoenir Sarthou en la edición de Voces de la semana pasada. Sarthou esgrime con una claridad incontrastable tres elementos básicos a ser tenidos en cuenta para un eficiente combate a la delincuencia y por ende lograr éxito en alcanzar mejores niveles de convivencia y seguridad: un sistema educativo realmente obligatorio, sustituir medidas asistencialistas por una política dirigida al trabajo y trazar un mensaje inequívoco de represión contra las conductas delictivas. Parece tan claro y tan difícil de lograr los consensos necesarios.

El camino es la respuesta por Leo Pintos

¿Qué tienen en común banqueros responsables del descalabro del país en 2002 operando entidades bancarias hoy, un ex vicepresidente procesado por peculado haciendo campaña, un exjerarca político del BROU admitiendo que retiraba plata con la tarjeta del Banco para su partido, un rascacielos de lujo en un exclusivo balneario, una mujer acusada de lavar dinero en prisión domiciliaria en su mansión y un exdirigente del fútbol mundial acusado de corrupción paseando su perrito por la rambla? La impunidad. La misma impunidad que si se trata de un “pichi” subleva a la sociedad, parece no molestar en casos de delitos aparentemente no violentos, pero cuyas consecuencias son mucho más devastadoras para la sociedad en su conjunto. Delitos que básicamente consisten en lavar y blanquear dinero sucio proveniente de la corrupción política y del gran narcotráfico. El mismo narcotráfico que provee a sectores pudientes con cocaína y pastis para los chicos de las fiestas electrónicas, y pasta base que llega a los asentamientos para los pobres y a los que se pretende combatir con allanamientos nocturnos, endurecimiento de penas y militares en la calle. Una respuesta policial y carcelaria para algo que es de una dimensión mucho más compleja, evidentemente inabarcable para el intelecto del impulsor de la propuesta de reforma constitucional.

¿Qué sucede con un cachorro de perro que crece en la calle, comiendo de la basura, durmiendo a la intemperie, maltratado por la gente y agredido por otros perros más grandes? Tiende a desarrollar conductas violentas. Bien, tómese ya a ese mismo perro en edad adulta, enciérreselo con otros perros más agresivos y castíguelo a diario, constantemente. Así durante un buen tiempo. Luego, suéltelo. ¿Sabe qué sucede? Sale más agresivo y será un peligro aún mayor al que representaba antes de su encierro. Pues bien, pese a ser uno de los países con mayor número de presos en relación con la población, en su mayoría jóvenes pobres con un pasado triste y un futuro inexistente sin otra expectativa más que la de amanecer vivo, para algunos políticos hacinar gente en cárceles parece ser la solución a los problemas de seguridad que vivimos. Otra vez la demagogia nos hace sucumbir ante lo inoportuno y cerrar los ojos ante lo importante. De nuevo la necesidad de buscar un culpable. Se dice que la justicia no está dando la respuesta adecuada para la situación de inseguridad. Más allá de los problemas propios de un cambio tan radical, como fue el del Código del Proceso Penal, el derecho —especialmente el penal— es extremadamente complejo y se rige por normas rígidas. A su vez, la lógica de los medios de comunicación que funciona a golpe de efecto no contribuye a hacerlo entender. Pero la libre expresión es eso, y que siga así. Lo que no es serio es legislar a golpe de tendencias, eso es populismo —en este caso populismo punitivo— puro y duro. Porque a la inmensa mayoría le importa poco las familias, los amigos y, donde me apuren un poco, la misma víctima, sino que lo que importa es posicionarse ideológicamente ante un drama humano devastador.

«Firmar para vivir sin miedo», son los propios políticos con propuestas así los que no respetan a la justicia. No se trata de endurecer el código penal, se trata de aplicarlo con racionalidad y evitar que quienes deben impartir justicia puedan interpretar la ley de manera tan disímil. Se puede discutir el código penal e incluso cambiarlo. Lo que no se puede hacer es exigirle a un operador judicial que prevarique para contentar a la opinión pública.

Ya se endurecieron las penas, nos llenamos de cámaras, y la delincuencia no afloja. ¿Qué vendrá después si estas medidas planteadas como la solución no resultan? ¿Seguiremos experimentando o se empezará a atacar las reales causas de la delincuencia?

Queremos castigos ejemplares contra todos los delincuentes, pero solo contra aquellos que pueden ir directo contra las personas y los bienes, sin embargo, los delitos de corrupción siguen considerándose en el tópico viveza.

En el último tiempo, casos de violencia mortal contra menores nos han sacudido y en medio del drama hemos visto a madres y padres, en el peor día de su vida, llamar a la calma a la turba enardecida. Turba que mañana estará tuiteando o cortando calles por un gol de Suárez o un nuevo título para su equipo. La misma turba que proclama que la Tierra es plana, que promueve no vacunarse y que el cáncer se cura comiendo semillas.

El país se debe un debate serio sobre una verdadera política de seguridad desde una perspectiva integral e integradora. Debemos replantear la política carcelaria pues el modelo actual de centros para miles de presos demostró ser un fracaso. Rediseñar las políticas sociales que acaben con los bolsones de pobreza antes que se profundice la cultura del gueto. Combate directo —y ahí sí—durísimo contra todo tipo de corrupción, el verdadero flagelo que priva a la sociedad de recursos vitales. Profesionalización de las fuerzas de seguridad, especialmente en áreas como la investigación y la inteligencia que se han visto relegadas en pos de la vigilancia con cámaras. Como sociedad debemos entender que nos llevará décadas modificar esta realidad y que no es prometiendo mano dura que se hará. No podemos darnos el lujo de caer en el “ellos contra nosotros, sería un error imperdonable para nuestra vida en sociedad. Recordemos aquella antigua enseñanza de la sabiduría china: si piensas en el próximo año, planta maíz. Si piensas en la próxima década, planta un árbol. Pero si piensas en el próximo siglo, educa a la gente. Ese es el camino, otra cosa es si estamos dispuestos a seguirlo.

Firmar o No Firmar, Esa es la Cuestión por Celina McCall

Dice el artículo 7 de la Constitución: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.   Claramente, el  gobierno actual no está cumpliendo con esa norma.

Señalaba el último editorial de Voces: “Deberíamos como sociedad encarar de una vez por todas, el tema de la seguridad y que no sea una consigna ‘asustaviejas’ electorera”.

No creo que una reforma constitucional garantice más seguridad, pero ¿cómo se encara el problema cuando se fue de madre?  ¿Qué puede hacer un ciudadano común frente a la violencia que le acecha en todos los rincones de la patria?   Violencia que ha destrozado a innúmeras familias.  A pedido, hubo nada menos que catorce reuniones de los opositores con el presidente Vázquez en Torre Ejecutiva durante el año 2016.  Ahí, donde hubo consenso,  se firmaron unos 10 proyectos sobre seguridad.  Murieron todos en el parlamento, o en el intento.  No se cumplió una resolución siquiera.  ¿Qué se espera que hagamos?  Los ciudadanos estamos de manos atadas, no podemos hacer nada, nadie nos escucha.

Es inevitable que se apodere de uno cierta angustia e impotencia cuando tratamos el tema.  Es el asunto del momento. Y nadie avizora ningún cambio ni luz al final del túnel.  ¿Por qué está Bonomi enchufado a su puesto?  ¿Hay explicación?  Como estamos, no se puede seguir, eso queda claro.

Tan claro cuánto que el propio Presidente de la República se puso él mismo a cargo de la seguridad.  Acusan a Larrañaga de tribunero, demagogo, de buscar réditos políticos por querer conseguir firmas para cambiar la Constitución en temas de seguridad pública.  ¿Acaso lo de Vázquez no es demagógico también?  Hacer promesas que se sabe no se cumplirán y crear una comisión para que nada cambie, simplemente para callar las voces que piden medidas urgentes, ¿no es por acaso demagógico también?

Sigue el artículo 7 de la Constitución: “Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.

¿Qué pasa si el “interés general” pasa a ser de interés partidario o clasista?  ¿Qué pasa si ya has agotado todas las instancias posibles? ¿Qué pasa si el propio jefe de policía denuncia que el Estado se ve superado por la fractura social y el delito?

Y como en el soliloquio de Hamlet: ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?

Esa es la pregunta que se hacen todos hoy.  Cada uno que haga lo que crea mejor.  Lo que no se puede es permanecer indiferente, o de brazos cruzados.  O que en un país de solo tres millones no se pueda imponer la ley. No nos acostumbremos a ver la violencia como algo normal.  Firmar o no firmar no es la cuestión, sino ¿qué es lo más digno que podemos hacer para impedir la marcha inexorable hacia la anomía?

 

Rechina la idea de invocar la urgencia por Florencia Cornú

 

Desde hace años vivo en el exterior, en una ciudad con una tasa de delitos bajísima en la cual, al igual que en mi casa del Cerro de hace 40 años, raramente cerramos la puerta con llave. En aquel Cerro, la casa ni siquiera tenía cerradura sino un hueco relleno con trapos. Y así nos íbamos a la escuela, a trabajar o un mes de vacaciones, dejando la puerta de adelante trancada con una silla. Claro que podíamos dejar la puerta abierta, pero teníamos que tener cuidado de dejar bien cerrada la boca. Pero ese es otro tema. O no.

En mis últimos años en Montevideo, había naturalizado el tener que manejar con el asa de la cartera enroscada en la palanca de cambios, entrar la ropa de noche para que no me la robaran de la cuerda, poner la alarma antes de dormir, los nervios de dejar salir solos a mis hijos, la imposibilidad de caminar distraídamente por la calle, sin temor a que alguien te empuje para sacarte lo que lleves en la mano. Solo cuando cambié de escenario, me di cuenta de la tensión en la que vivía. Esta introducción, para explicar la distancia desde la que asisto a la discusión sobre la recolección de firmas.

En un extremo, veo a  aquellos que siempre piden mano dura, tolerancia cero al delito, por menor que sea (salvo, en general, cuando se trata de delitos de “cuello blanco” como si la violencia física fuera la única que corroe nuestra sociedad) y, en el otro, los que se llenan la boca con palabras que suenan a ideales, pero que desprovistas de una visión crítica y de una propuesta práctica, se vuelven vacías. En el medio, mucha buena gente, con las mejores intenciones.

Lo más cómodo en este debate sería alinearse con la postura de nuestra fuerza política y arrancar con los hashtags. Lo difícil es pensar sin miedo, sin prejuicios, en soluciones que trasciendan el dolor por el muerto más reciente, o que se construyan desafiando nuestros propios dogmas.

En abstracto, podría considerar algunas de las propuestas, como la de la prisión perpetua revisable, para casos extremos, no como una medida del merecimiento sino como medida de protección de la sociedad cuando un individuo no está en condiciones de reinsertarse. Sin embargo, en el marco de un sistema carcelario que no reeduca, sino que simplemente atormenta, justo lo que la Constitución prohíbe, una medida de este tipo no parece que pueda mejorar la situación de nadie.

Y así como algunos dejan hueca la palabra libertad, otros omiten considerar que las cárceles están llenas de pobres, de generaciones marginadas del sistema educativo, de excluidos de los beneficios de vivir en sociedad. Y pese a que no creo que deba reformarse la Constitución, creo que las propuestas deberían ser discutidas en serio, con datos y sin acaloramiento, para generar políticas públicas. Me rechina la idea de invocar la urgencia y de someternos a este proceso simplemente “por hacer algo” y me disgusta la incapacidad de la dirigencia política de arribar a acuerdos para temas vitales para todos. No van a ser propuestas escritas en tinta roja, en el medio de un proceso electoral y abrevando en el miedo las que aporten soluciones, de eso estoy segura. Tal vez los allegados al gobierno confíen que esto puede ser un nuevo “No a la baja” que los beneficie. Tal vez Larrañaga piense que, esta vez, podrá sintonizar con las angustias de un electorado que no lo ha acompañado antes.

En cualquier caso, gobierno y oposición parecen dispuestos a utilizar las angustias y las esperanzas de la gente para acentuar la polarización, con la expectativa de obtener, en el río de revuelto de las emociones, algún rédito en las próximas elecciones.

FIRMAR PARA QUE EL PUEBLO DECIDA  por Gonzalo Maciel

 

Por ahí andan diciendo que Larrañaga ha elegido el camino de Pedro Bordaberry con su               propuesta de reforma constitucional. Puede ser, pero lo cierto es que la realidad del              Partido Nacional no es la del Partido Colorado.

Hay que hacer memoria, varias de las propuestas que van en el paquete de esa reforma                planteada, ya fueron expuestos a la ciudadanía desde 2009 en los distintos programas de              gobierno del Partido Nacional.

El problema principal es que la gente empezó a reclamar que “hagan algo” en general,               obviamente la mayor responsabilidad es del gobierno de turno, que además gobierna            hace más de 10 años y con mayoría parlamentaria, Larrañaga y otros líderes del Partido               Nacional han intentado desde el ámbito legislativo proponer acciones para intentar           mejorar la situación de la seguridad pública, la gran mayoría no han sido ni siquiera               analizadas por el Partido de gobierno. Asimismo los acuerdos alcanzados por todos los             partidos en el diálogo por la seguridad, tampoco se han concretado. A ese reclamo de la                gente se sumaron las declaraciones del Director Nacional de Policía donde reconoce la             mala situación de la seguridad pública. En este escenario, Larrañaga vio la oportunidad de              reposicionarse dentro y fuera de su Partido, para eso anunció que juntará firmas para              plebiscitar en las elecciones de 2019 cuatro propuestas: dos mil efectivos del Ejército sean              entrenados para cumplir tareas de apoyo a la policía, cumplimiento efectivo de penas,             habilitar allanamientos nocturnos con previa autorización de un Juez y cadena perpetua            revisable a los 30 años para delitos gravísimos.

Las medidas se han criticado desde los prejuicios ideológicos, aunque también surgen            cuestionamientos de expertos tanto en Derecho como en seguridad. Por otra parte, se ha              cuestionado el camino elegido ya que el resultado final recién se concretaría en el 2019.               Algunos consideran que estas medidas se pueden implementar sin hacer una reforma de             la Constitución. Lo cierto es que mientras el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria             nada se podrá hacer a nivel legislativo. Pero, a pesar de las críticas se han plegado a la                  campaña distintos dirigentes políticos de otros sectores del Partido Nacional y de otros             Partidos.

En resumen, hay una clara intención de reposicionamiento político de Larrañaga lo cual             efectivamente está logrando -prueba de esto es la reticencia a firmar de sus competidores              en la interna del Partido Nacional-. Es importante destacar que no es demagógico             escuchar y canalizar un reclamo genuino de la gente, es la tarea de los dirigentes políticos.                De todas formas esto no le garantiza a Larrañaga ni un triunfo en la interna ni la                 recomposición de su sector, lo que sí está asegurado es que llegarán a la cantidad de                firmas necesarias. Por último, la discusión sobre propuestas concretas que intentan  mejorar la seguridad pública obligará al Partido de gobierno a proponer una alternativa a  las medidas a plebiscitar.

Haití en Uruguay por Rafael Fernández

La reforma constitucional impulsada por Larrañaga no implica ninguna solución al problema de la delincuencia organizada o a la inseguridad de la población. El discurso represivo de la derecha afirma que los jueces liberan a los chorros y asesinos que les lleva la policía, mientras que el Poder Judicial sostiene que es por falta de pruebas. ¿El ejército haría las veces de un Sherlock para proporcionar esas evidencias? Sería risible, si no recordáramos que las “pruebas” muchas veces son las confesiones de los propios acusados. El ejército tal vez pueda arrancar más confesiones. Sabemos cómo.

No cabe ninguna duda que el proceso de agravamiento de las penas, que ha llenado las cárceles a niveles históricos, no ha solucionado nada. Mientras no se produzca una transformación social de fondo, que termine con las condiciones de miseria material y cultural en la que vive gran parte de la población, no habrá salida. La descomposición capitalista ha llevado a la descomposición de la sociedad. El crimen organizado tiene ramificaciones hacia los aparatos represivos y por supuesto hacia el capital financiero (¿dónde lavan el dinero las mafias del narcotráfico y la trata de mujeres?).

El planteo de Larrañaga es un nuevo experimento para intentar darle vida a una “oposición” que carece de alternativas. El anterior fue el plebiscito demagógico de la “baja” de la edad de imputabilidad. No le fue muy bien a su promotor, Bordaberry.

Hemos leído que la propuesta sería poco “wilsonista”. Al contrario. Ferreira Aldunate fue perseguido por los golpistas, pero no se puede olvidar que dio los votos decisivos para la declaración de “Estado de Guerra interno” y para la aprobación de la ley de Seguridad del Estado (en 1972), es decir, para la militarización del Estado en las vísperas del golpe de febrero-junio de 1973. Si bien fue crítico del Pacto del Club Naval, le terminó poniendo la firma al mismo cuando impulsó y votó la ley de Impunidad en 1986. Larrañaga en todo caso elige ser continuador de los peores aspectos del wilsonismo.

En un país que pasó por doce años de dictadura militar, no es poca cosa reivindicar al ejército al punto de proponer darle funciones policiales. El nacimiento de una propuesta tan monstruosa sólo se explica por todo un proceso de lavado de cara de ese aparato criminal, que fue desarrollado no sólo por la derecha sino también por los supuestos “progresistas”. Larrañaga propone que el ejército actúe en Uruguay como lo hizo en Haití. No olvidemos que la Minustah fue presidida por el Brasil de Lula, que le hizo los mandados a EEUU, y en esa fuerza de ocupación participaron el Frente Amplio, el Kirchnerismo y hasta Evo Morales. Temer envió a las favelas de Río a ese ejército que fue entrenado en Haití en la represión de poblaciones civiles. Larrañaga se referencia en el actual presidente golpista de Brasil, ex aliado de Lula y Dilma.

No alcanza con repudiar el proyecto de Larrañaga. Es necesario terminar con toda la descomposición social que es intrínseca a esta etapa del capitalismo, en que para obtener ganancias debe corromper y criminalizar a la sociedad. La alternativa es un gobierno de trabajadores, para realizar una transformación social que termine con la explotación capitalista. Un gobierno de trabajadores debe terminar con el ejército profesional separado del pueblo, y sustituirlo por el pueblo reunido y armado -retomando las tradiciones más democráticas del pasado, como el artiguismo.

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