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San Rafael: Lógicas económicas y territoriales por Isabel Viana

San Rafael: Lógicas económicas y territoriales por Isabel Viana
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El proyecto presentado por Giuseppe Cipriani y el arq. Rafael Viñoly para San Rafael ha sido motivo de críticas centradas en su forma arquitectónica y la validez de su inserción en el contexto natural idealizado de Punta del Este (producto del la negación o el olvido de los procesos de ocupación del suelo que se han producido en la península y su entorno). Fue un entorno natural privilegiado. Ahora es una ciudad peculiar, de llenos y vacíos, producto de la conurbación de la ciudad histórica de Maldonado y de la ocupación salteada, con usos balnearios, de las tierras costeras y las dunas que originalmente la separaban del mar.

Punta del Este-Maldonado es una forma urbana fuertemente fragmentada. La ciudad pobre se ubica al norte, hasta el punto de que la zona norte la trama histórica de Maldonado está plagada de tugurios, edificaciones clausuradas, baldíos y pensiones de baja categoría. Por el contrario, en la costa y en la propia península se ha instalado históricamente la riqueza: impresionantes caserones con enormes jardines primero, edificios de altura, caracterizados por el lujo y su diseño de acuerdo con los vaivenes de la moda.

La ocupación de lugares privilegiados, a la que se agregó la implantación de edificios en altura, fue regulada durante la dictadura con una norma que ha permanecido vigente por más de 20 años, con modificaciones menores. De ahí que los edificios elevados (permitidos en zonas específicas) den el perfil urbano relativamente uniforme dado por las alturas máximas de 45 mts. (15 pisos). En otras zonas, la Ordenanza permite edificaciones de altura media (28 mts.) y en otras, bloques bajos de 12 mts., elevación definida por la altura de los pinos.

La ola siguiente de construcciones en altura fue la de las excepciones, autorizadas por las autoridades departamentales competentes, dando razones cortoplacistas. La explícita  fue la creación de empleo. Las otras fueron señaladas por la población como corrupción, tanto a nivel del ejecutivo como del legislativo comunal.

Las alturas y ocupaciones de suelo se dispararon y dieron ocasión a que el exhibicionismo de riqueza se manifestara con fuerza: vivir en el edificio que se destaca por su forma, o en el más alto de todos, es una demostración de pertenencia a ciertos niveles de riqueza que se expresan de manera objetiva en viviendas, autos, ropa, relojes, estilo de vida.

La administración De los Santos dio un paso más hacia la satisfacción de la demanda de “lo nuevo” o lo “destacado” de los potentados de la región, que significa la altura: promovió, con apoyo de la UDELAR, la realización del Plan Director para la zona de Rincón del Indio, limitada por el Océano y el arroyo Maldonado, (aprobado en la Junta Departamental por el Decreto 3911 de 2012), habilitando la construcción de torres de 63 mts. de alto (planta baja más 20 pisos). Cabe destacar que esa decisión generó un fuerte proceso de especulación inmobiliaria, debida al aumento del precio de la tierra generado por otorgar el uso intenso del suelo que significa la edificación en altura, en un área totalmente carente de servicios públicos (vialidad, saneamiento, energía, agua), en la que sólo podían edificarse construcciones bajas o de 12 mts.

El decreto 3978  de 2017 elevó ese límite a 70 mts.: planta baja más 23 plantas altas.

Estas operaciones no son casuales, ni responden a presión demográfica o de escasez de tierra urbana que requieran proveer de más superficies edificables. Responden a intereses creados de propietarios del suelo a recalificar, a demandas de inversores que quieren obtener rentabilidades mayores de sus capitales y a las de compradores finales que buscan ser vistos como miembros de elites globales.

Como tales, “crean” sitios de última moda (Dubai, Abu Dhabi), o usan sitios ya creados para revitalizarlos (el nuevo Cannes en Uruguay) y demandan todo tipo de condiciones preferenciales por parte de los gobiernos donde radicarán sus capitales. Uno de los lujos que pueden permitirse es contratar arquitectos estrella, cuya presencia significa un valor agregado en el momento de la venta de sus productos. Igual que UPM con la celulosa, le cobran al país por radicar en ellos sus inversiones inmobiliarias para destinos turísticos.

El tema no debe ser la forma de los edificios proyectados para San Rafael. Tampoco la preservación de un supuesto patrimonio construido, ni la de la calidad ya afectada del entorno natural.

El problema trascendente es que los uruguayos decidamos, de manera transparente, hasta que punto seremos dóciles testigos de decisiones de inversión de capitales que pretenden actuar sobre nuestro territorio. ¿Queremos minería de gran porte? ¿Queremos que la forestación siga expulsando mano de obra de nuestro medio rural y restando diversidad a nuestra vida? ¿Queremos que se abra una carretera y se construya un puente en plena costa (Laguna Garzón) para que un inversor venda mejor las tierras llenas de cárcavas, que debieran ser no edificables por sus dinámicas intrínsecas?  ¿Queremos alentar el crecimiento especulativo de ciudades, para las que después deberemos construir y mantener las infraestructuras y servicios urbanos?

Los inmuebles proyectados en San Rafael responden a la moda de los riquísimos de la tierra: altas torres esbeltas, que exhiben su poderío económico. Esa es la lógica de la inversión. A ninguno de los actores de ese negocio le preocupa cómo está el edificio del Hotel San Rafael, ni el efecto urbano de aprobar esas excepciones, ni sus posibles afectaciones para con la naturaleza o la ciudad preexistente.

Los de UPM 1 y 2, los de Montes del Plata (que ni consideraron la condición patrimonial de Conchillas), los sojeros que agotan el suelo o los que promueven edificios del tipo del que nos ocupa, sólo buscan maximizar sus ganancias.

Lo terrible es que cuentan con la aquiescencia cortoplacista de los gobiernos de turno, dispuestos a conceder lo que sea necesario para poder exhibir lo hecho como obra realizada al final de sus cortos períodos de gobierno. Dejo de lado considerar que puedan haber otro tipo de intereses, de los que aparecen ligados a las grandes inversiones.

Creo que debemos elevar la mira. En el caso, ver la forma en que se ha ido construyendo la conurbación de Maldonado-Punta del Este y reflexionar acerca de futuros deseables para ella y su naturaleza originalmente privilegiada. Creo también que, con igual criterio, debe ser re-pensado el territorio nacional y valorados los efectos de las inversiones convocadas por gobiernos que acuerdan con el extractivismo, ya sea de recursos naturales o culturales para incrementar las ya inconmensurables ganancias de sus promotores.

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