Desde hace unos días el progresismo que condujo al país por 15 años -apoyado por la mayoría de la izquierda- dio paso a un gobierno conservador que ganó (como aglomerado opositor) el balotaje del pasado noviembre. A partir del momento en que se conoció el resultado los trabajadores sindicalizados y sectores de clase media supieron que en el futuro las derechas sumarían dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) a su control, antes reducido a parte del Judicial (en particular, la mayoría de la Suprema Corte).
De cara a los comicios, las fuerzas mayoritarias de la derecha (encabezadas por el Partido Nacional y secundadas por el Partido Colorado), no trepidaron en buscar y conseguir la alianza con el ultraderechista Cabildo Abierto, cuya figura directriz es el ex comandante en jefe del ejército. Ya como gobierno electo, el actual presidente, en nombre de su colectividad política, presentó a los partidos coaligados el borrador de un proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que intenta servir -según creemos muchos- de piso de sustentación para su gestión.
Con la LUC de más de 450 puntos, el presidente y sus principales asesores intentan, asimismo, presentar como iniciativa un proyecto aceptable para las mayorías legislativas que componen el conglomerado y de alguna forma mantener a éste unido para la aprobación futura del presupuesto y pasar la fecha comicial de las elecciones municipales del 10 de mayo próximo. Pese a diferencias notorias de idealidad entre derechistas y ultraderechistas, hay temas centrales en los que están de acuerdo y logran la unión momentánea: el adelgazamiento del Estado y la abolición de las normas y conquistas que tanto el campo popular como -específicamente- la organización sindical alcanzaron en los pasados 15 años.
Por otro lado, las temporales coincidencias de estos momentos no ocultan las diversas ópticas existentes entre las conducciones de estas facciones: mientras es evidente que el eje presidencia, cancillería, Interior, Defensa y Trabajo -por citar algunos- se inclina por un neoliberalismo ortodoxo, el grupo de Cabildo Abierto, del nacionalismo híper conservador, ultramontano, que no apuesta a la globalización, de catolicismo contra la laicidad, alienta las expresiones más oscuras y deleznables sobre la omertà que encubre a violadores en la dictadura, mientras resulta inamovible -por décadas- la doctrina militar.
Les corresponderá a los sindicatos la parte sustancial de la resistencia que deberá emprenderse ante los planes del gobierno. Es oportuno decir que los gremios se han casi circunscrito a ámbitos reivindicativos, ocupados sólo en la negociación, olvidando su papel como herramienta de los trabajadores ante los poseedores del capital. Aun así, lo reivindicativo-negociador requiere que exista otra parte: en este caso, ¿el Estado y sus ejecutores tienen algo que ofrecer o sólo se perciben sus intenciones de hacer retroceder las conquistas pasadas, incitados e impulsados por las exigencias del empresariado? Si el gobierno subsumiera la dirección sindical, sería algo parecido a recular en chancleta. Entonces, ¿el protagonismo se esperaría del estallamiento popular; diríamos que se chilenizaría el rechazo y la repulsa?
Durante 2019, en la campaña electoral la derecha machacó por parte de algunos multicolores con el eslogan de “Se acabó el recreo”, que no sólo estaba referido a núcleos de marginales sino a gran parte de las políticas públicas no tradicionales de contenido jurídico y social -las hubieron inadecuadas y otras consideradas de corte asistencialista-. En la actualidad lo que hay por parte de los antiguos opositores aglomerados en la alianza son “recreos” de apetencias y soluciones, que seguirán favoreciendo a familiares, correligionarios y amigos que dependerán -en gran medida- del Estado y de los cargos repartidos entre coaligados.
Por ejemplo, circula en redes sociales un correo que sostiene que mientras alguien tendrá medio millón de pesos de jubilación por un cargo anterior, sumará a este el sueldo del Legislativo como senador. Otro colega suyo -dirigente de una corriente electoral- es el caso único de quien hizo instalar en su despacho (donde se supone que va a ir a trabajar) un televisor led de más de 40 pulgadas para ver futbol. Por su lado, el que desde hace unos días habita la residencia oficial -por la que no le corresponde pagar arrendamiento- puso su casa en alquiler por la “módica” suma de 2.800 dólares, que sumará a su salario, mientras una ministra, además de los ingresos propios por integrar el gabinete, tendrá -en lo familiar- el de su marido, senador y jubilado militar con el máximo grado. Otro legislador, será ministro, agregando ingresos a los procedentes de la explotación rural que comparte con familiares. Un personaje que fracasó en su intento de hacer aprobar en 2019, plebiscitariamente, una reforma represora y liberticida, será ministro del Interior para -de cualquier manera- aplicar las ideas que contenía su normatividad rechazada.
De lo que sí podemos estar seguros es de lo señalado por Carlos Ramada y reproducido en la página electrónica de la REDIU: “Todo apunta a que, de una manera u otra, habremos llegado al fin de la etapa de ascenso de las conquistas populares”, sin por ello abjurar de criticar insuficiencias, debilidades, faltantes y errores del progresismo en los pasados 15 años. Si ayer luchábamos contra el capitalismo y seguimos pugnando por abolirlo e implantar un gobierno socialista de libertad, con más fuerza debemos empeñarnos hoy, sin sentir pesar por defender la propiedad de la nación, lo cual no define al Estado-patrón como nuestro ideal.
Hoy es hay que empezar por repetir los versos que escribió el olimareño Serafín. J. García: Porque no me engañan con cuatro mentiras / Los maracanaces que vienen del pueblo / Pa’ elogiar divisas ya desmerecidas / Y hacernos promesas que nunca cumplieron.
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