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Uruguay sin UPM-2 por Hoenir Sarthou

Uruguay sin UPM-2 por Hoenir Sarthou
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“Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay.

Sr. Presidente Dr. Tabaré Vázquez.

Quien suscribe (indicar nombre y datos personales), en ejercicio del derecho de petición garantizado por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República, se presenta y expone:

  • Vengo a comunicar mi discrepancia, como ciudadano/a, con el acuerdo suscripto el 7 de noviembre de 2017 entre representantes del Poder Ejecutivo y representantes de la empresa UPM, respecto a la instalación de una segunda planta de celulosa de UPM en las costas del Río Negro.
  • Dicho acuerdo pone a cargo del Estado uruguayo la construcción de obras muy costosas (vías férreas, puerto, viaducto, carreteras, líneas de alta tensión, etc.) sin que UPM asuma ninguna obligación correlativa, al punto que podria desistir del acuerdo aunque Uruguay hubiese cumplido ya todas las condiciones pactadas.
  • El costo de las obras, estimado entre los mil y los dos mil millones de dólares, aumentará el endeudamiento público que en definitiva debemos soportar todos los uruguayos.
  • Pese al monto de su inversión, el Estado uruguayo no tendrá ninguna participación en las acciones de la empresa ni en las utilidades de la planta.
  • Las exoneraciones tributarias, el régimen de zona franca y el compromiso del Estado de comprar a precio prefijado energía eléctrica que produzca la planta, generan una grave inequidad, muy evidente si se compara la carga tributaria que tendrá UPM con la que soportan los demás productores y trabajadores del País.
  • Una planta como la proyectada, dos veces mayor que la ya existente sobre el Río Uruguay y con un consumo de agua equivalente al de una ciudad de casi un millón de habitantes, instalada en la orilla de un río interior, como el Río Negro, agravaría la situación de contaminación que ya padece el Río, además de hacer temer por otros recursos hídricos y ambientales.
  • El acuerdo prevé una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral nacional y en los programas de enseñanza técnico profesional de ciertos Departamentos.
  • Finalmente, en caso de conflicto, el Estado uruguayo podría quedar sometido a la decisión de un tribunal supranacional, con serio desmedro de su soberanía.
  • Las condiciones establecidas con UPM hacen que todo ciudadano/a del País pueda considerarse afectado en sus legítimos derechos e intereses, por lo que el objeto de esta petición es que, dado que los artículos 8.2 y 8.3 del documento permiten desistir del acuerdo sin ninguna sanción, se desista del mismo y se comunique la decisión a UPM con la mayor celeridad posible.”.

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El texto arriba transcripto es la versión casi completa (faltan apenas algunos requisitos burocráticos) de una petición que está circulando públicamente para ser firmada por todas las personas que quieran hacerlo.

Su finalidad es comunicar al Poder Ejecutivo el rechazo de cada firmante a las condiciones acordadas con UPM y exigir que Uruguay desista de ese acuerdo perjudicial para el País, o, en su defecto, que el Poder Ejecutivo responda fundadamente a las objeciones formuladas en la petición.

¿QUIÉNES LANZAN LA PETICION?

Estamos demasiado acostumbrados a que el protagonismo exclusivo en los asuntos públicos lo tengan dirigentes partidarios. Y no nos está yendo bien con eso.

En este caso ocurre  lo contrario. Los iniciadores de esta petición son –somos- un grupo de ciudadanos (más de dos mil, ya) que no invocan para hacerlo ningún otro título que, precisamente, el de ciudadanos.

Si quieren conocer los nombres y perfiles de los convocantes, es muy fácil: busquen en Facebook  un grupo público llamado UPM2 NO.  Esos seis caracteres y lo encontrarán. Es  un grupo  abierto, así que cualquiera puede ver su contenido o pedir el ingreso.  Allí encontrarán también la petición en formato adecuado para imprimirla y la información necesaria para hacerla llegar a donde debe llegar.

¿POR QUÉ UNA PETICIÓN?

La petición es un procedimiento establecido en la Constitución, por el que cualquier habitante del País tiene el derecho de dirigirse a cualquier autoridad de la República para solicitarle que haga, deje de hacer, o explique, lo que al solicitante le parezca conveniente plantear.

Nuestra Constitución, tan denostada a veces, contiene algunos mecanismos democráticos y garantistas sorprendentes.

Lo más interesante del instituto de la petición es su carácter radicalmente republicano, por el que toda autoridad está obligada no sólo a oír a cualquier habitante sino también a responderle. Con el agregado de que, en nuestro sistema jurídico, todas las decisiones de la administración pública deben ser explícitamente motivadas y fundadas, es decir respaldadas por argumentos que permitan conocer los fines de la decisión y juzgar si lo decidido se ajusta a los fines declarados

Eso no impide que, en los hechos, muchas veces las autoridades omitan contestar a las peticiones e, incumpliendo su deber,  las den por denegadas por el simple paso del tiempo (los 120 días previstos en la Constitución para responderlas).

Es fácil, desde el poder, no contestar a una petición cuando la presenta un solitario y simple ciudadano o ciudadana. Pero, ¿qué pasa si la misma petición la presentan muchos cientos de ciudadanos? ¿Y si la presentan miles? ¿Y si son muchos miles?

En el fondo, aun cuando se la deniegue, toda petición es una pregunta al poder. Una pregunta que podría formularse así: “¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo?”.

Nada más demoledor –se sabe- que una pregunta oportuna. Nada inquieta más a quien se excede en su poder que la obligación de responder y rendir cuentas por sus decisiones. Y ni hablar si quienes preguntan son muchos y el silencio no es una opción decorosa.

En este caso, además, la pregunta-petición redobla su fuerza, porque una sensatez elemental indica que lo acordado con UPM es muy mal negocio para el Uruguay. Desde el punto de vista económico, tributario, ambiental, laboral, educativo, jurídico, y también para cualquier mirada que se preocupe por la soberanía del País.

Por lo tanto, denegar con argumentos la petición será difícil y guardar silencio será vergonzante.

PROMESAS Y REALIDADES

La experiencia de las plantas de celulosa ya instaladas (Montes del Plata y UPM-1) demuestra que los discursos que acompañan la instalación de estas mega plantas son falsos.

No crean los puestos de trabajo prometidos, erosionan e inutilizan tierras fértiles, contaminan el agua, destruyen las carreteras. Además se pierden establecimientos productivos familiares y se deteriora en forma irreparable la vida social de la zona afectada, mientras que las exoneraciones tributarias y el régimen de zona franca aumentan las ganancias de la empresa y minimizan las del País.

De modo que UPM-2, con el doble de tamaño que la primera, duplicará los problemas ya conocidos.

“NADA…, SINO DE NOSOTROS MISMOS”

Esta campaña para detener la instalación de UPM-2 en las costas del Río Negro se suma a la creciente tendencia de los uruguayos a tomar ciertos problemas en nuestras propias manos.

La bancarización obligatoria, la ley de riego, los problemas de inseguridad pública, la situación de los productores rurales, y otras, como la de los deudores del Banco Hipotecario, han dado lugar a movimientos ciudadanos que apuntan directamente a la opinión pública, prescindiendo de la mediación de partidos políticos y organizaciones sociales preexistentes.

La petición de la que hablamos tiene esa misma característica. Ningún partido político la promueve. Toma aliento en el trabajo de conocidos expertos, organizaciones técnicas y comisiones locales ambientalistas. Los mismos que vienen alertándonos desde hace años sobre los daños ambientales, sanitarios y sociales que traería el actual modelo agroindustrial, sojero y celulósico.

Es muy importante tener presente que, como ya se ha anunciado, los planes del gobierno (aunque no sólo del gobierno), son seguir instalando otras plantas de celulosa en territorio nacional.

De modo que oponerse a UPM-2 es también decir “¡Basta!” a planes que no se agotan con esa planta. Planes que –sin habernos consultado- comprometen la economía, el territorio, el agua, la cultura y la vida social del País por muchas generaciones.

Les pido que relean el texto de la petición que está al principio.

¿Se resistirían a firmarla?