La canción la conocimos por Paco Ibáñez, el anarquista de camisa negra que, cuando estuvo en Uruguay, no permitió que el público levantara pancartas ni banderas, argumentando que no apoyaba a ningún partido político. Si la queremos entonar, es «a galopar hasta enterrarnos en el mar». Pero lo que comienza ahora es el entierro por el dispendio romántico-socialista: el caso de Colonización (INC) y la compra de la estancia María Dolores, ubicada en Florida —4.404 hectáreas por la friolera de 32,5 millones de dólares—. Y la cosa no termina ahí: la inversión total podría rondar los 50 millones si sumamos la infraestructura requerida para instalar allí 20 tambos.
El gobierno se ha mantenido en silencio, supuestamente reacio a anuncios mientras prepara el Presupuesto que regirá su gestión. Pero, cuando todavía no tiene dicho presupuesto, ya se comprometen gastos que preocupan por la mentalidad que los impulsa: 31 o hasta 36 millones para la Caja de Profesionales Universitarios (solo en el primer año, con promesa de perpetuidad) y 32,5 millones por una estancia para contentar a un puñado de familias colonas y tamberas que, como digo, implica gastos aún mayores en instalaciones.
Me había propuesto no hablar de la agenda diaria por un tiempo, pero esto ejemplifica el uso poco inteligente de los fondos públicos, algo que hemos criticado desde el inicio -no sólo a la izquierda-: un Estado que aspira a ser gigante, ocupado en mirar su ombligo mientras el mundo avanza en otra dirección. El caso tiene múltiples aristas.
Se dice que el gasto es un homenaje “al viejo” (léase, el fallecido ex presidente José Mujica). Pero, ¿por qué no lo hicieron en vida? ¿O al menos cuando anunció que estaba contando sus últimos días? Probablemente, “el viejo” no hubiera bendecido semejante emprendimiento. Quizás se habría preocupado más por los colonos que hoy pasan necesidades. Nunca lo sabremos, pero prefirieron no arriesgarse. Algo similar —y más claro— ocurre con la Caja de Profesionales: circula en redes un video de Eleuterio Fernández Huidobro diciendo exactamente lo que expuse aquí días atrás: no se entiende usar dinero de todos los contribuyentes para rescatar a los profesionales más adinerados. «Por el famoso timbre, que nadie sabe qué es», dijo el desaparecido líder tupamaro.
Otro aspecto inquietante para muchos, es cómo se anunció la compra: el apuro por firmar y el arranque emocional del secretario de la Presidencia, Álvaro Sánchez. Preocupa porque este hombre es —en la práctica— el más influyente (y algo más) del actual gobierno. Su actuación no reflejó la serenidad que exigen decisiones que nos afectan a todos. Entendemos su dolor por la muerte de su “padre político”, pero ese es el peor momento para decidir gastos de decenas de millones de dólares en un país con déficit fiscal, estancamiento. El representante de un gobierno que -seamos realistas- los inversores siguen con recelo.
Quedó al descubierto que, en un país donde siempre se criticaron los latifundios, el INC es nuestro mayor latifundista: su patrimonio ronda los 2.000 millones de dólares —anclado en más de 620.000 hectáreas, casi el 3% de la superficie agropecuaria nacional—. Como señaló el economista Javier de Haedo: «De las peores políticas [del país], la del INC. Allí hay un capital enorme, acumulado con impuestos, sin transparencia ni rentabilidad conocida. Un “saludo a la bandera” opaco y costoso». Explicó luego que ANCAP siempre está en la mira, pero su patrimonio es menos de la mitad que el del INC, al que nadie exige resultados. Una herencia anacrónica, ajena a las necesidades actuales.
Sánchez justifica la compra alegando que está en el programa del Frente Amplio (que promete 25.000 hectáreas más para colonización). Da la impresión de que aquí metió su mano un izquierdista trasnochado, reviviendo el sueño fallido de los 60: una reforma agraria estatista. ¿La idea es que el Estado se quede con todo? Probablemente en alguna cabecita cabe, esperemos que sean pocas.
Lo más molesto y grave es que se menosprecia al libre mercado y se afecta la inversión privada: por ley que existe por una cultura ¨woke¨ya arraigada, Colonización tiene prioridad para comprar campos de tamaño y condiciones que están determinadas. En este caso, el campo iba a ser adquirido por un vecino lindero, José Gonzalez Fernández, dueño del Frigorífico Las Piedras con la intención de fortalecer su proyecto, pero la norma lo frustró. Se trata de uno de los pocos frigoríficos que se mantiene en manos uruguayas. El comunicado de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) lo dice claramente: ¨va en detrimento del crecimiento económico del país¨.
Llama la atención que el senador Da Silva, quien reconoce al INC como una herencia que descartaría, apoye la ley que crea esa prioridad. En definitiva, se sacrifica una inversión natural por un capricho artificial. Hablan de vender el casco a precios imaginarios o de rentabilidades utópicas para justificarse. El Estado haría el gasto, solo porque puede, pero ¿en cuánto tiempo dará frutos? ¿Valdrá la pena haber volteado una iniciativa privada?
Algunos expertos en el tema hablan de una tasación muy alta -7300 dólares por hectárea- que se justificaba para Gonzalez por ser campo lindero, pero supera los promedios en que se ha movido el INC. El Senador Da Silva asegura que se hubiera podido hacer una operación similar con otros predios por 4.500 la hectárea. Esta también ¨el error¨ de los voceros del INC que anunciaron que el riego -valorado en 3 millones- está incluido. No de acuerdo al contrato que habían aceptado los vendedores.
Un epílogo grotesco: el presidente del INC —un señor que despotricó contra las críticas— ocupa el cargo inconstitucionalmente. Además, puso al gobierno en un brete: el presidente Orsi sugirió su renuncia, Sánchez propone artilugios para retenerlo. ¿Quién prevalecerá?
