Los lectores saben que los ciudadanos chilenos están obligados a votar acerca de un nuevo texto constitucional -redactado por 154 integrantes de una asamblea electa- el próximo 4 de septiembre. Las opciones para sufragar son anular el voto o no concurrir a las urnas (en este caso supone una multa), hacerlo en blanco (que apoya la aprobada en dictadura y aún vigente), desaprobarla (manteniendo la de 1980) y aprobarla.
El lingüista Pedro Santander expone ante la mayoritaria campaña de prensa por el “desapruebo” que los medios convirtieron un acontecimiento -la discusión constitucional- en una noticia de ciclo largo extendida todo un año. Asegura que “como tenemos en Chile una situación mediática muy concentrada en términos de propiedad y de discursos, los medios de comunicación que disfrutan, en general, de ella, se alinearon con el rechazo. El país está siendo bombardeado por todos lados con discursos que cuestionan o que ‘insegurizan’ la opción del apruebo e impulsan la del rechazo. Es una suerte de cadena nacional a la que nos estamos enfrentando”.
En tanto, el presidente, Gabriel Boric, declaró que la propuesta de Nueva Constitución «no es perfecta», pero que hay «acuerdo» en la coalición legislativa oficialista para «mejorar» el texto una vez aprobado. «Tenemos acuerdo todos quienes apoyan al gobierno de que es posible mejorar”.
La derecha y una parte de la llamada centroizquierda votará contra el proyecto que entiende “radical” y declara que Chile es un Estado social de derecho, plurinacional, regional y ecológico; consagra derechos a la salud pública universal; educación gratuita; mejores pensiones y acceso a la vivienda, al agua, a la interrupción voluntaria de embarazo y la eliminación del Senado (sustituido por un cuerpo que hará lo mismo que el desaparecido): estos temas son los generadores de las mayores controversias.
Por su parte, el cientista social Marcos Roitman apunta a los antecedentes de Boric -en sus meses como presidente- y del gabinete, fijándose en que “personajes que han contribuido al mantenimiento del neoliberalismo, apuntalado sus reformas bajo acusaciones de prácticas clientelares, forman parte de su gobierno”. Con el eufemismo ‘estado intermedio’, las fuerzas armadas ocupan las regiones del Biobío y la Araucanía, territorios ancestrales de los pueblos originarios reclamados por los indígenas.
Según calcula Juan Carlos Gómez Leyton -sociólogo de Clacso- ganará el apruebo, triunfo que entiende debiera ir acompañado por presión popular masiva para realizar nuevas elecciones generales. Sostiene que, de ganar el rechazo, Chile podría entrar en un proceso de involución democrática de profundidad y características impredecibles. Agrega que “a pesar de que la Nueva Constitución Política no toca ni modifica de manera sustantiva las estructuras del poder del capital ni las formas neoliberales de acumulación, ni altera la estructura social construida en los últimos 49 años, sí configura un nuevo régimen político democrático”, concluyendo al sentenciar que “las revoluciones sociales no se hacen cambiando las constituciones políticas, (sino que) muchas veces ellas institucionalizan las revoluciones”.
Las fórmulas aprobadas para la confección del proyecto constituyente así como las normas transitorias del mismo, luego demandan del “Ejecutivo la presentación de los proyectos de ley que implementen normas de la Nueva Constitución” -leyes reglamentarias- que la interpreten sin reparar “que el actual gobierno no tiene mayoría parlamentaria y todo lo tendrá que negociar” con los conservadores que reforzaron sus bancadas en un paso que “le devolvió a los sectores capitalistas y neoliberales el poder constitucional derivado. A través de esta devolución, podría resultar estéril lo proyectado sometido a elección”.
Felipe Portales, otro sociólogo, además de historiador, se muestra muy pragmático de cara al proceso y en una entrevista dice que “da lo mismo si gana el apruebo o el rechazo porque finalmente será la ‘clase política’ quien decidirá qué cambia en la nueva Constitución”. Cree que se acabó el tiempo de la revuelta popular y la constituyente restableció el poder a la derecha al serle aplicado a su proyecto el ser aprobado por dos tercios de sus integrantes y algo similar hará el Ejecutivo cuando admita lo mismo con el actual Legislativo. Estima que la reunión de Gabriel Boric con el ex presidente Ricardo Lagos -y las declaraciones sobre la Concertación-, representan el entierro de lujo del movimiento iniciado en octubre de 2019 uno de cuyos ejes políticos fue el repudiado modelo neoliberal o “neoliberalismo corregido”, de acuerdo con lo caracterización de un asesor presidencial, el sociólogo Manuel Antonio Garretón.
Gómez Leyton afirma que “Boric y su gente, en vez de superar esa etapa histórica la quieren replicar”. En gran medida se confirma la extrañeza que “el acercamiento de Boric a las fuerzas de la Concertación podría encerrar el peligro de una regresión a una escena anterior al 2019”. Indica que “entre 1990-2020 hemos estado bajo la ‘democracia protegida’ e insiste que si gana el apruebo debieran demandarse las renuncias de todas las autoridades electas y convocar lo antes posible a comicios que instalen el nuevo texto constitucional sin esperar a que termine el periodo actual. Sostiene para ello que la izquierda anticapitalista debiera comenzar a trabajar social y políticamente para proyectarse como un actor estratégico, con poder político para actuar e incidir en el nuevo régimen que abre muchas más oportunidades que la “democracia protegida”.
De acuerdo con los análisis, Chile tendrá -en el caso actual- un régimen de derecho positivo vigente con la Constitución de la dictadura por todo el periodo, la cual estaría derogada por un texto futuro, aprobado, no vigente y cuyos alcances deberán aprobarse por algunos que lo desaprobaron. Ante opiniones que comparto, digo que los chilenos enfrentarán un farragoso desorden de carácter político-jurídico de inopinadas consecuencias.
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