El pasado sábado 30, se cumplieron dos décadas del feriado bancario que coincidió con la eclosión de la devastadora crisis económica y social de 2002 que azotó a Uruguay, provocada por causas exógenas,  -la debacle argentina de 2001-  y por las políticas ruinosas del gobierno de coalición blanqui-colorado encabezado por Jorge Batlle.

Por entonces, el permanente drenaje de depósitos de argentinos no residentes por el corralito imperante en la vecina orilla, hizo colapsar a varias instituciones financieras, que debieron ser asistidas por el Estado. Ulteriormente, la hecatombe provocó el cierre de cinco bancos privados: El Galicia, el Comercial, luego reabierto con recapitalización estatal, el Caja Obrera, el Montevideo y el de Crédito.

En ese contexto de anémica iliquidez, afloraron dos agujeros negros, fruto de la laxitud de las regulaciones y de la negligencia de las autoridades del Banco Central de la época: el brutal vaciamiento de los Bancos Comercial y Montevideo, que devino, ulteriormente, en procesamientos por estafa y quiebras fraudulentas de los clanes Peirano y Röhm. Los ahorristas jamás recuperaron su dinero.

La crisis, que comenzó realmente en 1999 en el último gobierno del colorado de Julio María Sanguinetti, con sucesivas contracciones del PBI, pérdida de fuentes de trabajo y caída de salarios y jubilaciones por la falta de negociación colectiva, se transformó en una suerte de vendaval que se abatió con furia sobre nuestro flagelado país.

Pese a que el relato de la derecha atribuye todo el mérito de la salida de la crisis al gobierno de la época- cuando realmente fue muy responsable de ella- lo cierto es que la leve recuperación macroeconómica experimentada entre 2003 y 2004, fue realmente una suerte de espejismo. En efecto, aunque los números del Producto Bruto Interno mejoraron sustantivamente tras su caída en picada, los indicadores sociales siguieron siendo de espanto.

En efecto, los números no mienten. El PBI cayó un 11%, pasando de 25.385 millones de dólares en 1999 a 13.603 millones de dólares en 2002. En tanto, la tasa de desempleo llegó a la cima histórica de 22% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual por entonces equivalía a 250.000 personas, mientras el subempleo y el empleo informal afectaban a unas 450.000 más, pese a que emigraron no menos de  35.000 en apenas un mes, en procura de recuperar la esperanza y la certidumbre que no les otorgaba su país.

En ese marco, la población bajo la línea de pobreza llegó casi el 40% (más de 1.200.000 pobres) y la indigencia a casi un 5% (160.000 personas), lo cual marcó un récord histórico, que superó incluso a los estragos provocados por los coletazos internacionales de la crisis global de 1929, a raíz del derrumbe de la Bolsa de Nueva York.

Además, el salario real tuvo una contracción de casi un 11%, la inflación -el principal impuesto que afecta particularmente a la población más carenciada- trepó al 25,9% anual, la devaluación de la moneda- que se derrumbó por el naufragio del tipo de cambio de bandas de flotación, fue del 93,7%, transformándose en un drama para los deudores en dólares y las empresas, 200 de las cuales quebraron y ya no volvieron a abrir sus puertas.

Asimismo, el riesgo país de Uruguay, que perdió su grado inversor, que recuperó recién durante el ciclo progresista, se disparó hasta los 3.000 puntos básicos y la cotización de los bonos cayó hasta un 75% de su valor nominal.

Incluso, las reservas del Banco Central, que fueron las más castigadas, se desplomaron de 3.100 millones de dólares a 772 millones de dólares y la deuda pública contraída por el país alcanzó el techo de 101% del PBI, lo cual fue un síntoma de ruina nunca vista antes en el país.

Otros indicadores negativos no menos relevantes en una escenografía de crisis galopante, afectaron a las exportaciones de bienes y servicios, que bajaron un 38% y a las importaciones, que decrecieron en un 15%.

Ese año, el descalabro del sistema financiero tuvo un efecto dominó en el conjunto de la economía, por la pérdida del 48% de los depósitos, que afectaron particularmente a cinco instituciones privadas de plaza: el Banco Galicia, el de Crédito, el Montevideo y el Caja Obrera, que desaparecieron. En tanto, el Comercial fue recapitalizado por el Estado y hoy funciona como Nuevo Banco Comercial en el área privada.

El crédito puente de 1.500 millones de dólares otorgado por la Reserva Federal de Estados Unidos, posibilitó inyectar liquidez al sistema financiero, con particular énfasis en el Banco República y el Banco Hipotecario, que también estuvieron a punto de quebrar y cortar la cadena de pagos y los créditos.

A consecuencia de este auténtico tendal de desastres evitables, Uruguay cayó al puesto 46 en el Índice de Desarrollo Humano, el peor registro hasta ese momento de nuestra historia.

Por supuesto, abundaron las ollas populares y el hambre generalizado y los suicidios llegaron a su récord histórico, con 21,5 por cada 100.000 habitantes, sólo superado por las autoeliminaciones registradas el año pasado, que establecieron una nueva y dramática marca.

Sólo la actitud mesurada y madura del opositor Frente Amplio como de los sindicatos y las organizaciones sociales, posibilitó que el país no ingresara en un caos terminal

Desde 2005, con la asunción del primer gobierno progresista, comenzó y se consolidó la reconstrucción de un país que estaba postrado y en escombros. Veinte años después, asistimos a la resurrección del mismo paradigma neoliberal que nos llevó a la ruina.

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