El tango en realidad se llama “Como abrazado a un rencor” (la versión de Gardel la rompe), pero en este caso podemos sacar el “como” sin temor a equivocarnos.
La muerte anunciada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) está llegando a su momento, y, por supuesto, es una oportunidad más para que el Estado juegue a ser “salvador” con plata que no es de él y no le fue confiada para ello.
Lo quieren los gobernantes, lo reclaman los gremialistas de la Caja y hasta los inversores, y todo se detiene. Mientras la población espera el pronunciamiento del nuevo gobierno en la definición del presupuesto —ya que hasta ahora no se vio nada—, vemos a nuestros gobernantes debatiendo horas y horas sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes de todo nivel económico: de los que llegan a fin de mes y de los que no, todo para rescatar a nuestros queridos profesionales, no necesariamente más ricos que el resto, aunque con posibilidades de cierto privilegio.
Nos imaginamos a los izquierdistas radicales esperando el presupuesto revolucionario que creen que este gobierno prometió, a los sindicalistas esperanzados en más y mejor laburo, a los liberales esperando un mejor manejo del déficit, del costo del Estado y de la inflación, y a los conservadores rezando para que la propuesta no sea muy mala. En su lugar, no tienen más remedio que atestiguar cómo la prioridad dio paso a la urgencia de unos 20 mil afiliados a esta Caja, que temen perder los haberes extraordinarios por los que el Estado les obligó a pagar.
Yo creo que la sociedad uruguaya, lamentablemente bien representada por sus gobernantes, quiere esto: morir “abrazados a un rencor”. Ahora con la Caja, antes con el CASMU, PLUNA y tantas otras cosas. Quieren un Estado socialistoide que intervenga cuando llega el mandato del mercado.
El mercado dice una cosa muy simple y dura —como decíamos la semana pasada—, imposible de entender para quienes están recontra imbuidos en la cultura que prevalece aquí, que arranca con el batllismo, especialmente con el de Luis Batlle (¿se le podría llamar el luisbatllismo?). Dice que una organización pésimamente manejada se funde, y como se funde, debe cerrar. Cualquier otra cosa solo promete una larga agonía en el tiempo y un gasto de energía que está a la vista estos días. Y, por supuesto, un gasto interminable con el dinero de los contribuyentes.
Es verdad que el Estado se metió donde no tenía que meterse —coherente con el batllismo y la socialdemocracia— y obligó a los profesionales a adherir a la Caja y cumplir con las obligaciones. Como el papá Estado que trata a todos como niños (que además no se revelan), “ te obligo a hacer esto por tu bien, para que tengas cuando seas grande: ya me lo vas a agradecer”. No sé por qué siempre hablamos de papá Estado, pero bien podría ser mamá Estado. Me parece que todos somos cómplices porque estamos afectados por la plaga socialista.
Por lo tanto, el mercado diría: “Cierren esta estructura que en algún momento tuvo sus méritos, pero se ha convertido en una carga. Si obligan a alguien a meter plata, no tendrán más remedio que cumplir”. Escuché una postura de que el BPS se ocupe de no dejar colgados a quienes aportaron.
Poncio Pilatos la tenía clara: a veces el Estado debe lavarse las manos. Otro ingrediente que el mercado pediría a gritos: que se avise a todas las Cajas —no sé cuáles funcionan así— que el Estado no se mete a obligar más. ¡Basta de ponernos a todos como garantía! Si quieren hacer algo privado —que estaríamos muy a favor—, que sea con sus propios recursos, sin usar al Estado ni como forzador ni como garantía. Si no, ¿cuál es la gracia de lo privado?
“¡Qué tupé!” —que fuera el título de la nota de opinión que llevó a Washington Beltrán, fundador de El País, a presentarse en un duelo fatal contra José Batlle y Ordóñez— podría encabezar un artículo sobre la respuesta que dio el directorio de la Caja al cuestionable intento de rescate del gobierno. Que no están de acuerdo con la propuesta, que se violentan determinados derechos (no queremos ni nos interesa saber cuáles).
Es fácil de resolver con la actitud adecuada: el gobierno se queda callado, sigue trabajando en su presupuesto —que es lo realmente importante— y, cuando la Caja ya no pueda pagar sus obligaciones (lo cual sería bien pronto), su clientela tomará medidas. Supuestamente son profesionales, sabrán defenderse. Eso sí, tendrán que hacerlo sin la ayuda de mamá Estado (aunque sí reclamarle por obligar).
En cuanto a la propuesta del gobierno —aparentemente todavía es un borrador—, tiene todas las características de un fracaso anunciado. Entiendo que se crea una comisión interministerial (no queda claro para qué —“si querés que algo no se resuelva, crea una comisión”, decía alguno—) y se establece un complicado sistema de aumento de aportes.
Otra vez la mentalidad socialista: “Aumentamos la imposición y recaudamos más” (pregúntenle a Trump). Dice la información de Búsqueda que “el aumento promedio sería de un 9%, que permitiría recaudar al menos US$ 40 millones adicionales al año”. Me permiten reírme un poco, mientras muchos zafan de la obligatoriedad declarando el no ejercicio. Hacemos esos cálculos sin aprender de la realidad.
Lo único que puede funcionar —solo para prolongar la agonía, como ocurrió con CASMU y otros casos— es el aporte que va a hacer el Estado: 31 millones de dólares solo este año (luego va bajando). Plata fresca permitirá a la estructura seguir funcionando, a los directores seguir cobrando, hasta que el Estado pretenda dejar de poner plata…
Otro punto que quisiera hacer es sobre la estructura de conducción de la CJPPU: un directorio con miembros variados, incluyendo representantes del gobierno (¡qué necesidad!). Todos sabemos que se necesita otra ejecutivdad, pero ya es tarde.
Como digo, en nuestro país preferimos vivir y morir abrazados a un rencor. No nos atrevemos a ver la creación que viene después de la destucción.
