Tratando de mirar con optimismo una coyuntura donde el país está estancado, un déficit fiscal (por ahora financiado con deuda pública gracias a nuestro buen comportamiento, pero claramente en una trayectoria insostenible a mediano plazo) y una situación política poco propicia para implementar las reformas necesarias, uno mira con expectativa cualquier brote verde o posible medida pro empresa que ayude a mejorar el clima de negocios y atraer la inversión necesaria para crecer.
La semana del 9 de marzo fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien sacudió la modorra veraniega con una inicial propuesta de abrir el capital de empresas públicas a “pequeños ahorristas nacionales”. Ante las resistencias, muy esperables por cierto, de buena parte del Frente Amplio, bajó la apuesta y dijo que no se trata de privatizar nada sino de apelar a mecanismos como “fideicomisos financieros, obligaciones negociables o sociedades anónimas subsidiarias” (que ya existen en Antel, Ancap o UTE) que coticen en bolsa y permitan a uruguayos comunes (con ahorros de 5.000 a 20.000 dólares) participar en proyectos específicos de desarrollo, manteniendo el control estatal total. La resistencia fue claramente menor pero también es cierto que esos mecanismos ya se usan excepto el que permitiría a sociedad anónimas subsidiarias de empresas públicas que coticen en Bolsa.
La semana siguiente -del 16 de marzo- trajo como novedad la comparecencia del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone en Torre Ejecutiva para anunciar cuatro medidas inmediatas de simplificación de trámites en comercio exterior y el envío al Parlamento de un proyecto de ley de Competitividad e Innovación. El objetivo declarado: bajar costos, agilizar procesos y hacer que el Estado deje de ser una “máquina de impedir” para convertirse en socio del sector privado.
Lo más llamativo no fueron las medidas en sí, sino la aclaración casi obsesiva que hicieron ambos. Orsi fue taxativo: “En épocas en que se habla de desregulación, lo que vamos a plantear no es eso, sino que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas”. Oddone lo remató: “No es una agenda de desregulación. Creemos en la regulación. Es una mejora de la matriz regulatoria”.
¿Por qué tuvieron que repetir tanto que no se trata de desregulación? ¿Por qué la palabra “desregular” se ha convertido en Uruguay en una mala palabra, casi un insulto político?.
La respuesta es ideológica y cultural. Durante décadas, la idea de “desregulación” quedó asociada en gran parte del imaginario popular con el neoliberalismo más crudo, con las privatizaciones de los 90 y, más recientemente, con experiencias como la de Javier Milei en Argentina y Elon Musk en Estados Unidos. Decir “desregulación” suena a desprotección laboral, entrega del Estado a los mercados y abandono de controles ambientales o sanitarios.
Sin embargo, esa carga emocional impide un debate honesto sobre la realidad que el propio Orsi admitió sin rodeos al señalar: “Hay que admitir que, a veces, aparecemos como un país un poco lento para tomar algunas decisiones, que en varios aspectos se transforma en un país caro o —exagerando— que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas más que para facilitarlas.
Reconocemos la estabilidad económica, pero hay otra cara de esta realidad. A veces se considera que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas más que para facilitarlas.”
Y es aquí donde vale la pena hablar sin miedo de las bondades concretas de una desregulación inteligente y selectiva.
Cuando se reducen costos innecesarios derivados de formularios duplicados, controles redundantes y normas obsoletas, las empresas terminan pagando menos y eso se traduce en precios más bajos para los consumidores, mayor capacidad de inversión y más contrataciones.
Países que avanzaron decididamente en desregulación selectiva —Estonia con su e-gobierno, Nueva Zelanda con su enfoque de “regulatory stewardship”, Singapur con su modelo pro-business— multiplicaron la inversión extranjera directa y la creación de empleo de calidad.
Uruguay, al seguir siendo visto como “lento”, pierde oportunidades frente a vecinos más ágiles como Chile o Paraguay. Una regulación más liviana y predecible atrae capital y talento, genera puestos de trabajo mejor remunerados y ayuda a retener a los jóvenes que hoy emigran buscando entornos más dinámicos.
La sobrerregulación protege a los sectores establecidos y castiga a los nuevos emprendedores. Al eliminar barreras innecesarias —manteniendo estándares razonables de seguridad, medio ambiente y transparencia—, florecen startups, fintech, agritech y modelos innovadores que de otra forma nunca despegarían. El proyecto de ley de Competitividad puede ser el primer paso hacia un ecosistema donde el Estado deje de ser un freno y pase a ser un acelerador de la productividad.
Más trámites no equivale a mejor control; muchas veces significa más discrecionalidad y más puntos de contacto innecesarios entre funcionarios y ciudadanos. Una regulación más simple permite concentrar recursos en fiscalizar lo realmente importante, lo que reduce oportunidades de corrupción y mejora la transparencia y eficiencia del Estado.
En última instancia, todo esto beneficia directamente al ciudadano de a pie. Empresas con menores costos operativos pueden bajar precios, pagar mejores salarios o expandirse más rápido. Una regulación más liviana y moderna contribuye a bajar el costo de vida y aumentar las oportunidades reales para todos los uruguayos.
Es cierto que una desregulación mal hecha o una apertura financiera sin “safeguards” genera riesgos reales. Pero la inmovilización regulatoria y financiera también tiene costos altísimos: estancamiento económico, informalidad creciente, fuga de talento e inversión, y empresas públicas limitadas en su capacidad de crecer.
Quizás haya llegado el momento de dejar de temerle a las palabras. Llamémoslo desregulación inteligente, simplificación radical, mejora profunda de la matriz regulatoria o canalización innovadora del ahorro nacional. El nombre importa poco. Lo que importa es el resultado: un Uruguay más dinámico, más competitivo y con más oportunidades reales para todos los uruguayos. Importa que las cosas se muevan y en la dirección correcta.
