En dos de mis columnas anteriores abordé el tema de la autocracia. En la primera analicé el avance de los regímenes autocráticos en el mundo e indiqué, sin profundizar, algunas luces amarillas que se han encendido en Uruguay. En la segunda propuse que hay una especie de libreto que aplican los autócratas, desde dentro de la democracia, para incrementar su poder. Allí describí el primer paso indicado en ese libreto (desacreditar y deslegitimar a los adversarios) y lo ilustré con ejemplos de la praxis política de la izquierda uruguaya.
Esta columna aborda otra de las indicaciones incluidas en ese libreto: la necesidad autocrática de controlar las instituciones que tienen la función de limitar el poder de los gobernantes.
Para incrementar su poder, los autócratas necesitan controlar o, al menos neutralizar, a los actores institucionales que tienen potestades para limitar ese poder: jueces, fiscales, organismos de contralor, agencias tributarias, servicios de inteligencia, etc. Levitsky y Zibilatt utilizan la palabra “árbitro” para designar a esos actores. Los autócratas utilizan diversas tácticas para tenerlos de su parte, que van desde eliminarlos hasta apropiarse de ellos mediante su colonización.
La izquierda uruguaya ha optado por el camino de la colonización. Hay al menos dos árbitros que la izquierda ha comenzado a colonizar: la JUTEP y la Fiscalía. Pero podrían ser otros en el futuro si los partidos republicanos no están atentos.
Lo de la JUTEP quedó en evidencia con el caso Danza, cuando los integrantes del directorio designados por el FA exculparon al presidente de ASSE, pasando por encima de un informe jurídico muy claro sobre la ilegalidad de la situación.
Si bien los integrantes de la JUTEP son propuestos por los partidos, las reglas de juego no escritas de nuestra democracia establecen que sus decisiones no deben responder a lineamientos partidarios. El acuerdo tácito es que las personas designadas para integrar la JUTEP no son simples representantes políticos cuya función es implementar lineamientos políticos de sus partidos, tal como es normal que ocurra en las empresas públicas. Sus decisiones deben basarse en criterios técnicos y morales, aun cuando resulten perjudiciales para sus correligionarios.
Al principio el FA respetó esas reglas. Cabe recordar la gestión autónoma de Gil Iribarne, quien juzgó con imparcialidad a propios y a extraños. Pero, el FA comenzó a violar esta regla no escrita en 2021, cuando obligó a renunciar a su representante en la JUTEP, porque había votado una resolución que establecía que en la construcción del Antel Arena se habían violado principios y normas de conducta.
Con el caso Danza, el FA demuestra que ya no respetará la regla no escrita sobre el rol de los representantes políticos en la JUTEP. De aquí hasta febrero de 2030 el FA contará con una JUTEP colonizada, que protegerá las arbitrariedades legales y morales que cometan sus gobernantes.
El caso de la Fiscalía es más complejo y peligroso. La Fiscalía es una institución clave en el control del poder de los gobernantes, porque puede ser utilizada para perjudicar y sacar del juego a los adversarios, y para proteger a los propios.
Durante el gobierno de la Coalición Republicana fue evidente el uso de la Fiscalía para filtrar información reservada que podría perjudicar a integrantes de ese gobierno. Ninguna de las filtraciones ocurridas fue en perjuicio de algún dirigente del FA. Además, algunas causas contra ex integrantes del anterior gobierno frentista fueron rápidamente cerradas o inusualmente alargadas.
Los hechos sugieren que dentro de la Fiscalía hay operadores afines al FA, que lentamente la fueron colonizando. No es casualidad que el ex Fiscal General (quien reorganizó la Fiscalía), y uno de sus fiscales más afines, integren el actual gobierno frentista. La puerta giratoria entre Fiscalía y gobernantes frentistas se parece cada vez más a la que ya existe entre el FA y el PIT-CNT. Esto es muy peligroso.
También la colonización de la Fiscalía se puede utilizar para asegurar la implementación de la agenda política de los autócratas. Ilustran esto el notorio sesgo de la Fiscalía en los casos contra militares y el accionar de feministas radicales disfrazadas de fiscales: se llegó a ordenar la confiscación del celular de un periodista.
Para el FA la colonización de la Fiscalía se ha apoyado fuertemente en contar con un Fiscal de Corte que le sea afín. La regla no escrita para la designación de este cargo ha consistido históricamente en que el partido gobernante propone un candidato que reúne las condiciones técnicas y morales adecuadas, y que resulte “aceptable” para la oposición. En su designación el gobierno es “mano”, en tanto que la oposición negocia para incidir, pero no tranca.
Así actuaron los partidos republicanos cuando el FA propuso al fiscal Díaz. Pero el FA no actuó con reciprocidad cuando Díaz renunció. Se negó a designar un nuevo Fiscal de Corte porque el fiscal subrogante de Díaz le resultaba afín. Ahora, pese a la solvencia con la que se desempeña la fiscal Ferrero en calidad de subrogante, el FA se niega a designarla como Fiscal de Corte, porque ella no forma parte del club de afines.
Por más que el senador Caggiani diga que el gobierno de Lacalle Pou no buscó una negociación, la verdad es que el FA solo está dispuesto a aprobar la designación de un candidato que le sea afín. Los partidos republicanos deben tomar nota de esto, para no prestarse dócilmente a la designación de un Fiscal General funcional a los intereses colonizadores del FA
Si bien estos casos todavía son hechos aislados, también son señales de una tendencia. Habrá que estar atentos a cómo en el futuro el FA se relaciona con estos y los otros árbitros. En el caso de la Fiscalía, la prueba del nueve está en lo que hará el FA con la fiscal Ferrero.
No olvidemos el componente autocrático del ADN compartido por quienes manejan el FA: comunistas y emepepistas. Aunque la mona se vista de seda…
