Lo ocurrido en Perú no difiere en el instrumento a lo ocurrido previamente en Paraguay, Brasil o Bolivia. Más recientemente en Chile, donde las fuerzas de la derecha en el Legislativo -y algunos partidos autollamados de izquierda- “convencieron” al presidente que nada puede hacerse sin que sus casi inexistentes fuerzas parlamentarias y él mismo no lo acuerden y se lo consientan de previo: la negativa a aprobar una nueva Constitución sirvió de muestra. La más leve sospecha -real o hipotética- que los intereses de los dueños del capital y quienes le siguen se vean afectados, provocan la reacción adversa de medios hegemónicos y parlamentarios de derecha -y sus acompañantes- de forma inmediata.
En el caso peruano, desde que se conocieron los guarismos del balotaje, la derrotada Keiko Fujimori (hija del ex dictador procesado Alberto Fujimori) orquestó tanto una primera objeción de fraude electoral como tres intentos de destitución del presidente Pedro Castillo, electo con arreglo a las normas electorales.
El argentino Gerardo Szalkowicz escribe una inmejorable síntesis de situación para Resumen Latinoamericano: “Cuando Pedro Castillo asumió, la pregunta no era cómo le iría sino cuánto duraría. Y llegó nomás, medio de sopetón, el epílogo de una crónica largamente anunciada. Después de sólo 16 meses de gobierno, marcados por el asedio constante de los poderes fácticos pero también por su desorientación permanente, Castillo se pegó un tiro en los pies y se convirtió en otro presidente descartable, fagocitado por la putrefacción crónica del sistema político peruano, inmerso en un triste y solitario final”.
Asomado a la repugnante cuan derechista televisión peruana para seguir los hechos, vi un Legislativo con asistencia rala, donde la derecha que apoya al exdictador Fujimori y su hija corrupta, declaró moralmente incapaz al presidente e hizo que José Williams, de la Mesa Directiva, convocara -el mismo día del golpe- a una sesión para tramitar la continuidad ejecutiva que entronizaría a Dina Boluarte: hasta 12 días antes de este posicionamiento había sido ministra del destituido, escapado a ser sancionada por la cámara y vicepresidenta de Perú.
En la propia capital – donde han sido reprimidos- y desde Andahuaylas y Apurímac, el campesinado se ha levantado exigiendo no solo la libertad del expresidente y el cierre del Congreso, sino el llamado a una Asamblea Constituyente, la clausura del actual Congreso con la convocatoria electoral para otro y el fin de la política neoliberal, empezando por la nacionalización del gas. Organizaciones comunitarias (a las que no hay que confundir con los paramilitares de autodefensa protegidos por la dictadura y los cuerpos de infantes de Marina y “sinchis”, que se hacían llamar también “ronderos” como los primeros) reniegan de su presente conducido por fuerzas de la derecha que solo auguran que todo seguirá siendo igual o peor que antes.
El análisis de los últimos momentos del gobierno de Castillo -maestro de escuela, “rondero”, líder sindical- nos brinda la posibilidad de una visión un tanto distinta a la que los movimientos de la derecha triunfante han difundido. Estamos ante un presidente acorralado que entiende llegada su hora última del cargo en que se encuentra: el Congreso lo destituirá. En el último momento sondea la posibilidad de salir del país, intentar asilo político y hace la consulta respectiva. En tanto, formula postreras acciones que le permitan ganar tiempo y se da “un tiro en los pies” -como bien apunta Szalkowicz- aprobando un decreto que, entre otras cosas, clausura el Congreso al entender que este lo destituirá: su accionar en lugar de darle un espacio precipita el final.
Los vaivenes políticos propios de la realidad peruana y, en todo caso, los errores de cálculo, se insertan dentro de los procesos progresistas de América Latina que pasan por instantes críticos; en ellos se encuentran problemas económicos, recambios partidarios y electorales, momentos de crisis institucionales, corrupción, descontrol del ánimo popular y flaqueza ideológica -no exenta de dudas y temores- entre los conductores, que van alimentando la cocina de las derechas.
El gobierno mexicano -tan denostado por la prensa hegemónica continental – hizo valer sus principios internacionales conocidos de cobijo a perseguidos por causas políticas, que nos salvó la vida y la libertad a españoles, rusos, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, haitianos, bolivianos; un gobierno que estuvo abierto, por ejemplo, a los exilios de los peruanos Genaro Carnero Checa o Rafael Roncagliolo. Con este último -educado como católico y devenido velasquista- compartí intensa amistad, llegando él a ser canciller del Perú. Recuerdo a Rafo asegurando que la integración regional era para el futuro la alternativa viable, repitiendo, “al mundo se llegará por bloques de países: individualmente naciones importantes o chicas no lo lograrán, será una tontería intentarlo”.
Nuestra América es de las regiones donde en medio de evidentes confusiones acerca de qué camino seguir, más expresiones de resistencia han habido al neoliberalismo: se han dado y se darán, seguramente. Sin unidad, con diversos tonos, unos adoptaron el neodesarrollismo como vía social liberal; otros -con mayores pasos- la estatización, mientras, alguno, rupturas parciales con el imperialismo y prácticas anticapitalistas.
Si alguna responsabilidad mayúscula corresponde a Castillo, es la de no confiar en la movilización popular, no haberla convocado -diferente en la actualidad a cuando tuvo aquella posibilidad- y en donde él solo pasó a ser un número más de presidente defenestrado. La derecha no lo dejó gobernar -ni siquiera un año y medio de mandato-: lo destituyó y lo mandó preso. Desde las barras del Congreso, como emblema, el brazo armado de la burguesía -los dirigentes del partido militar y policial- acompañaron su destino inmediato.
En un tiempo se volverán a intentar cambios: será otro momento, probablemente sin Castillo o hasta con él.
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