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Conservar, proteger, producir, poseer  por Ariel Asuaga

Conservar, proteger, producir, poseer   por  Ariel Asuaga
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Hace unos días participé de una discusión acerca de las áreas protegidas. Existe un conflicto entre la protección de un área y el derecho al uso libre del suelo por parte de sus propietarios. Están en juego la libertad de hacer lo que se desee dentro de una propiedad privada y también la restricción de darle usos más rentables que el permitido por la protección. Están en juego el bien común y el interés particular, ambos legítimos.

No parece discutible que la tierra es un bien simultáneamente público y privado. Tampoco cabe duda de que es necesario resolver esta contradicción.

La agricultura determinó la apropiación de la tierra en manos de particulares. Podemos estar de acuerdo con Rousseau en que la propiedad es un robo, ya que hubo una violencia original que permitió que hubiera humanos terratenientes y otros que no poseyeran tierra. Sin embargo, esta discusión es demasiado extrema y de resolución inmediata inviable. Además, en términos prácticos, la historia no parece aconsejar la eliminación de la propiedad privada de la tierra.

Pertenezco a una generación de agrónomos formados para la productividad y la rentabilidad, en un mundo en el que los problemas ambientales eran incipientes, por lo que cuesta entender que ahora sean prioritarios y urgentes.

Las áreas protegidas proveen servicios ecosistémicos que la sociedad necesita, aunque todavía no exija. Estos servicios pueden ser por ejemplo, control de erosión, filtrado de agua, conservación de diversidad, protección del paisaje.

Cuando se protege una parte del territorio y se lo somete a un plan de manejo, los dueños de los establecimientos de ese lugar ven restringidas sus opciones productivas. En los términos actuales parece legítimo que se los compense, ya sea premiando por cumplir las normas del plan o resarciendo el costo de oportunidad derivado de lo que ahí podrían hacer libremente. Hay quienes recomiendan que las zonas a proteger sean expropiadas. En mi opinión esto no es viable ni conveniente. Es mucho mejor tener unidades productivas protegidas, donde se cuiden sus recursos, que convertirlas en museos naturales de escasa significación. Parece mucho más inteligente tener laboratorios vivos, productivos y sostenibles en los que haya gente viviendo y trabajando.

Admitida la justicia de la compensación a los dueños de la tierra, cabe señalar una contrapartida consistente en que aquellas actividades productivas que afecten a los recursos naturales y contaminen también realicen una contribución. Esto es más difícil de entender que la necesidad de pagar a un productor por pertenecer a un área protegida. En general admitimos que haya impuestos al patrimonio o a la renta y para liquidarlos llevamos prolijos registros contables, pero éstos nunca incluyen los costos inherentes al deterioro del capital natural o los necesarios para compensar problemas tales como los derivados del aumento de nutrientes en el agua que promueven a las cianobacterias.

En síntesis, así como la sociedad debería pagar por los servicios ecosistémicos que necesita que se provean desde las propiedades privadas, también debería cobrar por la no conservación del capital natural en uso, o las consecuencias negativas de usarlo. Si asignáramos valor monetario a los costos ocultos de los cultivos, como por ejemplo pérdidas de suelo y desbalances de nutrientes, o los costos de potabilización de agua, habría una menor rentabilidad. Los recursos naturales subsidian la actividad económica.

En el largo plazo, oponer el derecho de propiedad a la protección del ambiente es una contradicción sin sentido. Estamos en tiempos de cambio. No es fácil resolver los problemas de un modo de producción que usa los recursos naturales y que depende de no “amortizar” su deterioro. Tampoco es fácil entender la urgencia de hacerlo cuando ese deterioro es poco perceptible durante la vida de un hombre. Resulta difícil tomar decisiones rápidas desde una óptica propietarista. Tomemos como ejemplo al contenido de potasio de los suelos. Su extracción por los cultivos excede el aporte por fertilización, es decir que parte del potasio es suministrado por el suelo y es gratis. Este nutriente proviene del material geológico que intervino en la formación del suelo. ¿El derecho de propiedad lo alcanza? ¿Debe la sociedad exigir que la extracción sea repuesta?

Los Planes de Uso y Manejo, por su parte, establecieron un límite político de tolerancia de pérdida de suelo bajo agricultura de 7 TM/ha/año. ¿Cuánto valen estas 7 toneladas? ¿Qué diferencia tiene ese valor con la tasa anual de formación de suelo? Nadie lo sabe. Mis cuentas indican que a esa tasa de pérdida de suelo se perderían 20 cm en alrededor de 400 años. Este lapso es muy largo en relación a la vida de los productores, pero muy corto en relación a los períodos necesarios para que se genere el suelo. ¿Los dueños de la tierra, también son dueños de la tierra que se erosiona? Creo que el verdadero dueño siempre vivirá en el futuro.

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