El debate sobre el “lema único” para la otrora Coalición Republicana reaparece con la persistencia de los temas que nunca terminan de resolverse en nuestra democracia interna. Esta vez, impulsado por la pluma de un académico de peso como Óscar Licandro, el planteo vuelve a presentarse como una mejora institucional casi inevitable, una corrección técnica a una anomalía histórica. Pero conviene hacer algunas distinciones. Porque no todo lo técnicamente posible es políticamente deseable. Y no todo lo que se presenta como teoría es ajeno al deseo.
Desde la ciencia política comparada sabemos que las instituciones importan, pero no determinan por sí solas la calidad democrática. En este sentido, cambiar una regla electoral no garantiza ni mayor transparencia ni mejor representación. Las reglas generan incentivos, sí, pero los actores se adaptan. El argumento a favor del lema único suele sugerir que el sistema actual genera ambigüedad, fragmentación o falta de claridad ante el votante. Sin embargo, esa lectura subestima dos elementos. El primero es que nuestra cultura política, desde hace varios lustros, está acostumbrada a la competencia interna. El segundo tiene que ver con la capacidad del electorado de comprender la lógica de acumulación partidaria. Pensar que el problema es la regla puede ser una forma elegante de no discutir el fondo; me refiero a las tensiones ideológicas, la fragmentación programática o la debilidad de los liderazgos. Cambiar la mecánica no sustituye la política.
Aquí aparece un punto filosófico más profundo. ¿Qué entendemos por democracia? Si la concebimos como competencia clara entre bloques homogéneos, el lema único parece lógico. Pero si la entendemos como pluralismo organizado, donde las diferencias internas se procesan públicamente y ante el electorado, el sistema de lemas tiene una virtud, y es que visibiliza la diversidad. El lema único tiende a trasladar la decisión hacia adentro de las estructuras partidarias. El elector pierde capacidad de incidir en la correlación interna de fuerzas. La democracia se vuelve más ordenada, sí. Pero también más encapsulada. Orden no es sinónimo de profundidad democrática.
Otro punto importante tiene que ver con una diferencia que muchas veces se omite: no todos los lemas tienen la misma genealogía. El Frente Amplio nació como una coalición orgánica en 1971, antes de ser simplemente una herramienta electoral. Se forjó en la unidad de sectores diversos bajo una identidad común. Y esa identidad se consolidó en el trauma compartido de la dictadura cívico-militar (1973–1985), que operó como experiencia fundante y mística cohesionadora. Por eso la comparación o referencia es incorrecta, porque el lema frenteamplista además de ser un artificio electoral, fue también un paraguas identitario construido en la resistencia, en el exilio, en la cárcel y en la proscripción. La llamada Coalición Republicana, en cambio, es una construcción reciente, fundamentalmente estratégica y electoral. No surge de una identidad histórica común, sino de la necesidad coyuntural de competir con eficacia. Es una convergencia pragmática más que una síntesis ideológica. Por lo tanto, pretender que ambas realidades son equivalentes bajo la lógica del lema único implica desconocer su distinta densidad histórica, porque no es lo mismo una unidad nacida de la épica y la persecución que una alianza nacida del cálculo.
Y aquí llegamos a un punto incómodo pero inevitable. Cuando quien defiende el lema único ha sido asesor en la mesa chica de campañas políticas para el Partido Nacional, la discusión no puede ignorar esa trayectoria. No para descalificar, porque la experiencia política no invalida la reflexión académica, pero sí para contextualizarla. Toda teoría política tiene un lugar de enunciación. Es decir, nadie piensa en el vacío. La pregunta legítima es: ¿estamos ante un análisis académico desapasionado o ante una hipótesis normativa que coincide llamativamente con las necesidades estratégicas de un sector político específico? Porque cuando y una reforma institucional favorece más claramente a una arquitectura partidaria que a otra, el debate deja de ser puramente técnico. Y en democracia, las reglas nunca son inocentes.
Para ir cerrando la reflexión, el riesgo del enfoque reformista es caer en lo que podríamos llamar “ingeniería institucional abstracta”, lo que se podría traducir en imaginar que la política es un tablero que puede reordenarse sin afectar identidades, memorias y equilibrios históricos. Pero Uruguay no es una hoja en blanco, es un sistema con sedimentaciones históricas profundas. Tampoco niego que el lema único puede ser debatido. No es un sacrilegio institucional. Pero presentarlo como una mejora neutral y evidente simplifica un debate que es, en realidad, político, histórico y filosófico. La pregunta no es solo qué sistema es más eficiente. La pregunta es: ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Una más ordenada o una más plural? ¿Una más homogénea o una que exponga sus tensiones? Porque a veces, detrás de la teoría, lo que late no es la ciencia. Es el deseo.
