En el contexto según el cual en el presente año la mitad de los ciudadanos del planeta serán convocados a las urnas por 67 países, tuvo lugar en Ecuador un hecho en tal sentido. De acuerdo con datos de este día -22 de abril- el mecanismo de votación contó con una asistencia de 72% de los habilitados (más de 13 y medio millones de inscritos en el padrón) según datos de Diana Atamaint del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde un punto de vista formal, la compulsa de 11 cuestionamientos intentó extender la misión de las Fueras Armadas en el combate al narco y la violencia que la corrupción auspiciada por éste genera en el clima de violencia (lo que supone un aumento en las penalidades de esos delitos y otros), mientras en lo económico procura ocupar un lugar de atracción en los mercados de capital y y dar un novel esquema al empresariado nacional de empleo.
Esta singular elección le preguntó a la ciudadanía dos tipos de cuestiones: un primer grupo -cuyo resultado obliga al Ejecutivo a cambios constitucionales- en el que se incluyó la moción de que los resultados de los arbitrajes en el extranjero que involucrasen a cuestiones que atañen a Ecuador fuesen obligatorios para el país; la respuesta popular fue ampliamente negativa. En este punto se trató de favorecer a las empresas trasnacionales.
Otro grupo de preguntas a los ciudadanos, éstas de carácter consultivo, contenía el cuestionamiento al actual orden de contratos empresa-trabajador que, asimismo, fue ampliamente derrotado: las modificaciones a los estatutos laborales apuntaban a reglamentar y ampliar las posibilidades del empleador de ofrecer empleo por horas estipuladas arbitrariamente. Queda claro que la ciudadanía votante le dio el triunfo a las nueve medidas que amplían el espectro de combate al narco pero condenó las dos que proponían modificaciones económicas. En este sentido, el país sólo atenderá la normatividad latinoamericana y la local vigente.
El pasado domingo fue aprovechado por el presidente Noboa para decretar a continuación un nuevo periodo de sesenta días de régimen de excepción de las garantías constitucionales ante la violencia narcotraficante (contestada por el Estado con altos niveles de represión por la policía y el ejército).
En lo político es donde estimo que se dieron los fenómenos más importantes. Debe destacarse que la derecha ecuatoriana, o sea los dueños del capital, depositaron su confianza detrás de un “outsider” -de 35 años entonces- para cumplimentar el periodo de gobierno en que el punto central son los comicios de mayo de 2025. A ese primer eslabón (pese a tener un padre perdedor de todos sus intentos por llegar a presidente) deben sumarse su triunfo electoral (en el balotaje del 15/10/23 y la asunción como sustituto del dimitente Guillermo Lasso (23/11/23): el ambiente de tensiones sobre la seguridad (fugas carcelarias, choques entre bandas de narcos y la corrupción) fueron el caldo de cultivo del cual se benefició para decretar el primer periodo de excepción (el 21 de abril lo prorrogó por única oportunidad 60 días más).
La cadena victoriosa se interrumpió cuando ordenó el asalto contra la representación diplomática mexicana: el atropello le costó el ostracismo internacional (hasta los gobiernos más reaccionarios censuraron el acto) y la propia crítica de los sectores más ilustrados de Ecuador: quería tirar una carambola de fantasía -donde la agresión dañaría al gobierno mexicano y a su candidata para el próximo 2 de junio- y sólo consiguió terminar rompiendo el paño de la mesa.
Sin embargo, la idea central que maneja Noboa es la de seguir alineando votantes para su reelección presidencial del año que viene, por lo que habrá que observar nuevas maniobras en ese sentido. La actual victoria comicial (que no le asegura nada más que la candidatura de la derecha) a pesar de no negar que fue premeditadamente calculado para ofrecer un pilar adicional a la futura nominación, no impide que crezcan las dudas acerca de la concurrencia y los guarismos adjudicados a las respuestas: hay quienes sospechan una “inflación” de votos y una connivencia evidente del gobierno y miembros del CNE.
En América Latina, la alternancia socialdemócrata con lo más rancio del conservadurismo tiene sus espacios locales específicos y denominadores comunes. Entre estos últimos, son puntos notorios el ejercicio de clase -que hace que sus gestos y actos sistemáticamente degraden a los Estados y favorezcan a los dueños del capital-; las reacciones de gobiernos y prensas hegemónicas automáticas y “seguidistas” del imperialismo; la aceptación absoluta del régimen capitalista, su aplicación y el de sus instrumentos subsidiarios, entre algunos de ellos.
Trump y sus seguidores, Bukele, Boularte, Kast, Bolsonaro, Lacallle, Milei, las derechas de cada país, la prensa empresarial, precisan de acciones, gestos, lemas, cantos, para en algún momento que sus “maestros” se lo indican, ejecutar o poner en el ruedo de la opinión pública (en la que permanentemente intentan incidir) convalidar actuaciones y procurar ganar adeptos, conquistar voluntades con grandes o pequeños movimientos, de acuerdo a como se acomode (los mexicano dicen “de acuerdo al sapo es la pedrada”).
Un hecho imitable por quienes buscan que los iluminen los focos, los apunten las cámaras, se ocupe la prensa y de ser posible le den la principal de portada, lo protagoniza la ultraconservadora Giorgia Meloni, primera ministra del gobierno italiano. Además de por el cargo que detenta, que de por sí ya le da una cantidad diaria enorme de menciones en la prensa, alguien o ella misma están convencidos que para que la derecha ultraconservadora conserve sus poderes debe hacerse de una vía alternativa. La Meloni, oportunista política, escogió la de los tribunales.
Es evidente en el caso de Noboa que ha cumplido con el fin principal -ser considerado como líder y candidato de la derecha- aunque sus actos no tengan amparos institucionales como los de la italiana. Habrá que esperar a sus siguientes pasos.
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