No sé si es para hacer una Ley de urgente consideración pero sí seguro para darle urgente trámite y urgente consideración tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo en lo que a cada uno atañe al tema carcelario, desde la seguridad de los reclusos (lo más elemental) hasta su rehabilitación y reinserción.
Es que ya resulta insoportable la inacción gubernamental, y la indiferencia de la sociedad en general, frente al tercer caso de muertes de reclusos por incendio de compañeros en el ex Comcar. El pasado lunes 16 murieron incinerados cuatro reclusos luego de una pelea que culminó con un colchón incendiando una celda donde fallecieron los que allí se encontraban.
Es la tercera vez en menos de dos años que ocurren episodios de estas trágicas consecuencias.
Hagamos un breve repaso de las dos anteriores porque la memoria de los gobernantes y de la población suele ser muy flaca en esta materia.
El 28 de diciembre de 2023 seis reclusos murieron en un incendio en el Módulo 4, también por un ataque intencional donde fueron encerrados y quemados. Dos murieron en el momento, y cuatro fallecieron días después debido a las heridas.
El 25 de septiembre de 2024 seis reclusos fallecieron en un incendio en el Módulo 4, presuntamente por un ataque intencional donde fueron encerrados y quemados en la celda 94.
Las muertes de este lunes, al igual que las de diciembre y setiembre pasados, no han recibido toda la atención pública y el repudio que merecen. Existe en nuestra sociedad una tendencia a despreocuparse de lo que ocurre en las cárceles. Hay una idea extendida que las posibles violaciones de derechos humanos que allí ocurran no son graves. Se considera implícitamente que las personas privadas de libertad son como ciudadanos de segunda categoría.
En esta ocasión hubo reacción pero para hacer pase de facturas entre la administración saliente y la entrante. El Ministro del Interior Carlos Negro responsabilizó de este problema a normas de la LUC que incrementaron la represión y, por ende, la población carcelaria.
Nicolas Martinelli, último ministro del Interior de la administración anterior señaló que el actual ministro “culpe” a la LUC. “Una ley que no solo fue aprobada por el Parlamento, sino ratificada por la ciudadanía en un referéndum. Si tanto daño hace la LUC ¿por qué no proponen derogarla?”, señaló. Ante esto, Martinelli optó por criticar la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, aprobado en 2014 e implementado en 2017 bajo la administración frenteamplista, normativa que “impuso” el sistema judicial actual.
Reproches hay muchos, propuestas pocas salvo las del Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan Miguel Petit. Y poco más. Pero Petit predica en el desierto.
Tenemos una población carcelaria que crece sin parar -ahora son más las 16.000 las personas privadas de libertad mientras que en el año 2000 eran unos 5.000- y esa cifra supera la capacidad carcelaria habilitada. En muchos lugares hay hacinamiento y, obviamente, no se cumple el objetivo de la rehabilitación que debe tener todo sistema carcelario. Por el contrario, potencia la capacidad de delinquir, convirtiendo a la cárcel en lo que se ha dado en llamar correctamente la “universidad del delito”.
Cada día entran 29 personas al sistema carcelario y egresan 26. Va cada vez a peor: esos 3 reclusos diarios adicionales significan un promedio de 1095 más por año. Los establecimientos carcelarios no crecen a ese ritmo. No hay presupuesto. Ni a los legisladores ni al Poder Ejecutivo les gusta votar presupuesto para instalar cárceles más dignas que faciliten la reinserción. A los electores tampoco. La sociedad considera el presupuesto carcelario un desperdicio de recursos. Y ello aunque estemos en una situación crítica, ya que Uruguay ocupa el décimo lugar en el mundo en cuanto al porcentaje de población carcelaria con respecto a la población total, y el tercer lugar de América Latina, detrás de El Salvador y Brasil.
Es inaceptable que este hecho se haya repetido tres veces con características muy similares en la forma y en el número de afectados en menos de dos años ¿Acaso no se adoptaron medidas para evitar la repetición de este acto vandálico? Y si acaso se tomaron, ¿por qué han sido ineficaces para prevenir otro desastre de la misma magnitud que los dos anteriores? Ya no se puede decir que hubo sorpresa. Nuevamente reclusos incinerados. Es algo intolerable. ¿No hay nadie responsable de velar por la seguridad de los reclusos en las cárceles que se haga cargo de estos gravísimos hechos?
No sé con qué cara las autoridades del establecimiento explicaron a los familiares de los reclusos su trágica muerte. No se sabe si a alguien le preocupa mucho.
Pero que esto haya pasado por tercera vez muestra los gravísimos problemas del sistema carcelario de nuestro país y la falta de prioridad de ese problema para el gobierno, tanto para el anterior y como para el actual. Un sistema que, además, no debe estar baja la órbita del Ministerio del Interior. No es razonable ni bueno que quienes detienen a delincuentes se encarguen también de su vigilancia.
Si Uruguay quiere seguir ufanándose ante al mundo que es una “democracia plena” no puede tener este sistema carcelario que da vergüenza mundial. Se ve que la seguridad de los reclusos es un tema que no interesa. Lo cual habla muy mal de nosotros como sociedad.
Sería bueno que en estos días de inicio de un nuevo gobierno, donde todos se disputan a decir que se hizo o que se dejó de hacer en los primeros 100 días, gobierno y oposición trabajen juntos para solucionar un problema acuciante.
Es urgente tomar acciones para acabar con ese pésimo estado de cosas, y es preciso que cada autoridad asuma las responsabilidades que correspondan. Ello sería el mínimo homenaje que todo el Uruguay (gobierno y oposición) debe hacer a las dieciséis personas que el Estado no supo proteger en su integridad física.
