La prensa informa que hay votos suficientes para que el proyecto de ley de eutanasia sea aprobado en diputados y que se ha acordado aprobarlo en la sesión de esa Cámara del próximo 5 de agosto.
No sé a quién escuchan y a quien obedecen los parlamentarios uruguayos, aunque lo supongo, pero lo cierto es que pocas veces vi tomar decisiones de tanta trascendencia (ya veremos por qué) con tanta frivolidad, tanta falsedad y tan deficiente técnica legislativa.
Así las cosas, me disculparán si destino un tercer artículo (el primero fue escrito hace algunos años y el segundo la semana pasada) a este tema.
Como siempre, todo empieza con un chantaje emocional. Se invoca el sufrimiento de ciertos enfermos terminales, que por definición son pocos (los que sean mayores de edad, capaces, estén lúcidos, no tengan cura posible y experimenten sufrimientos insoportables e “incalmables”) para justificar una revolución jurídica y cultural que cambia el concepto mismo de la profesión médica y da por tierra con el derecho a la vida de todas las personas.
Como dije la semana pasada, no tengo objeciones filosóficas ni religiosas contra la eutanasia. Mis objeciones son a este proyecto en particular, por sus características que lo hacen inaceptable.
En primer lugar, convierte al proceso de eutanasia, su decisión y ejecución, en un acto exclusivamente médico-administrativo, que puede ser realizado en un ámbito privado, como si en él no estuviera en juego el derecho esencial a la vida. Ambito privado que, además, puede estar económicamente interesado en abreviar y abaratar el proceso de muerte.
Es inadmisible que tal decisión se tome sin control de una autoridad pública, que debería ser judicial, y sin notificación a la familia del paciente. ¿A quién se le ocurre que semejante decisión pueda tomarse sin conocimiento de un juez y sin comunicarla a los padres, hijos o pareja del paciente?
Sin embargo, para el proyecto de ley, la autoridad pública no existe (salvo la comunicación al MSP después de que el paciente murió). Y tampoco existe la familia, a la que ni siquiera se menciona. Claro que la opinión de la familia puede ser interesada y no debe ser superior a la voluntad del paciente, pero que los familiares estén en conocimiento de la situación puede servir para que haya controles que nunca son demasiados cuando una vida está en juego.
Hay otro aspecto que no he mencionado todavía y que me parece de una trascendencia social y cultural dramática.
Toda la medicina, desde el juramento hipocrático hasta nuestros días, esta edificada sobre el concepto medular de, ante todo, no dañar. Esa es la piedra angular de nuestra idea de los médicos y de las instituciones médicas. Y es también la base en la que se han formado incontables generaciones de médicos.
Esa noción es la que nos permite entrar a las instituciones médicas con esperanza. Que después los hechos a veces no justifiquen esa esperanza es otro problema. Pero, de ahí a que el médico que creemos un salvador de vidas se convierta en necro asesor y en verdugo, además justificado e impune, hay un abismo. Un abismo que puede tragarse toda la confianza, la tranquilidad y la esperanza del paciente.
El concepto que quiero sumar a lo que he dicho en artículos previos, es que el proceso de causar la muerte no debería cumplirse por el mismo personal ni en los mismos establecimientos que tienen por finalidad curar y salvar vidas. Eso es básico.
Voy a poner un ejemplo para ser más claro. Todos sabemos que hay menores de edad que infringen las leyes, matan, violan o roban, y deben ser recluidos. Pero a nadie se le ocurre que las escuelas primarias y los liceos deban tener áreas de carcelaje en que se cumplan penas de privación de libertad. A nadie se le ocurre porque la actitud y la función de un docente, maestro o profesor, es y debe ser totalmente opuesta a la de un carcelero.
Lo mismo ocurre con los médicos y enfermeros. Su actitud psíquica debe ser la de defender la vida y calmar los sufrimientos. Si un médico debe plantearse ante cada paciente: “¿Qué hago, lo curo y lo sedo, o le aconsejo que se suicide?”, no estará en la actitud psicológica adecuada para la función que esperamos de él.
Si vamos a cambiar las normas fundamentales de nuestra sociedad respecto a ciertos homicidios y a la función primordial de los médicos, la razón y el instinto indican que la función de dar muerte no debe estar en las mismas manos y establecimientos a las que pedimos que nos curen y nos salven.
Quizá sería necesaria una especialidad médica que hoy no existe. Algo así como “necrología”, o como deba llamarse, en la que los aspectos psíquicos sean tan importantes como los de la oncología o la cardiología. Y sin duda establecimientos distintos. Porque no es sensato ni humano que todos los pacientes debamos preguntarnos si el médico y el personal que nos atienden están pensando en salvarnos la vida o en aplicarnos una inyección letal.
Nada de esto ha sido tomado en cuenta en el proyecto de ley que se pretende aprobar. Por eso hablo de frivolidad, falsedad y mala técnica legislativa.
La clave está en que el proyecto no está inspirado en las razones humanitarias que invoca, sino en cálculos económicos, que pasan por el acortamiento de las vidas improductivas y el beneficio material de las instituciones médicas, que se convertirán así en árbitros de la vida y la muerte.
Todos podemos hacer algo para evitar este disparate peligroso que se pretende convertir en ley el 5 de agosto. Difundir el problema, hablar con los legisladores a los que votamos, expresarnos públicamente.
No hay mayor poder que el de una sociedad que quiere defender lo que le es esencial. Si no usamos ese poder para defender nuestras vidas y nuestra salud, ¿para qué lo usaríamos?
