Atanasio Aguirre
Probablemente no haya motivos concretos para declararlo ilegal —ni siquiera inconstitucional (no vi a ningún «experto» afirmarlo)—, pero lo cierto es que, en la práctica, lo que se hace es arrasar con el orden de nuestras instituciones. Algo muy típico de la izquierda, que suele demostrar que, aunque a veces lo intenta, no termina de entender el funcionamiento de una democracia sana y con reglas claras. Demasiados cursos en Cuba, supongo —donde alguna vez me tocó presenciar sus métodos para «elegir» autoridades—. Allí también hay eternos «diálogos» (o más bien competencias de egos) mientras los problemas más urgentes avanzan sin ninguna consideración por la gente, el ciudadano, el pueblo… como prefieran llamarlo.
La convocatoria inicial de este triste diálogo ya lo dice todo: primero, las «fuerzas sociales» (el PIT-CNT y no sé qué más) y, casi como de adorno, los únicos auténticos representantes de la ciudadanía: los partidos políticos, aquellos que fueron votados. En teoría, cada sector debería aportar desde su ámbito, pero es obvio que casi todos comulgan con la misma ideología. A la hora de tomar definiciones, no habrá variedad alguna.
Basta leer el Decreto 86/025, que establece quiénes serán los responsables. El artículo 6 integra a la discusión a las oficinas del gobierno, y el 7 define el plenario con estas palabras:
*«(Plenario). El Plenario se constituirá como un ámbito de consulta y participación, integrado por el Comité Ejecutivo y por:
- Representantes del Poder Ejecutivo: ANEP, INAU, MEC, MIEM.
- Representantes de las organizaciones más representativas de trabajadores, empleadores, jubilados, pensionistas y promotores del “derecho al cuidado y bienestar de las infancias”.
Asimismo, podrá integrar a representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, sector académico, organismos estatales o paraestatales, intendencias, Poder Legislativo, entre otros.»*
Con semejante composición, casi parece una broma esperar que los partidos de oposición quieran participar. Obviamente, esa nunca fue la idea. Aunque con nuestros partidos nunca se sabe… La buena noticia es que, salvo Cabildo Abierto —que deambula por la agonía de su vida política haciendo todo por empeorarla—, el resto se mantendrá al margen.
Los empresarios (o «empleadores», como los define el decreto con cierto desdén, aunque técnicamente sea correcto) ya nombraron sus representantes. Los negocios con el Estado siguen siendo tentadores, pero bien podrían mirar las noticias: en ese ambiente, su opinión no pesará nada.
Lo que sí puede esperarse es que el Partido Comunista y el PIT-CNT hagan el ruido político de siempre, con actos y conferencias de prensa —su especialidad—. Ya se anunció que el «diálogo» durará un año, con giras circenses de supuestas explicaciones y anuncios grandilocuentes. Claramente, la idea es presionar al Poder Legislativo cuando deba aprobar las leyes derivadas de estas supuestas reformas. Otra vez, la oposición tendrá que enfrentar un desafío tan infantil como previsible.
Que comunistas, socialistas y el PIT-CNT ejerciten su músculo militante con este proyecto ya no sorprende a nadie. Es parte del paisaje, como decía un amigo. Lo irritante es que gran parte de la sociedad lo haya aceptado como algo legítimo. La mentalidad socialdemócrata lo ha consagrado como una verdad incuestionable: quien no la compra, es el «malo de la película». Como siempre en Uruguay, la izquierda impone un relato «buenista»… y la mayoría lo traga.
Llamó la atención, en los desayunos informales, la actitud de los periodistas al entrevistar a los voceros del Partido Nacional y el Colorado (Valentina Arlegui y Felipe Schipani) sobre su decisión de no participar. Los interrogaban como si estuvieran cometiendo un pecado. Scorza, casi desesperada, les rogaba que se unieran a «los razonables». Batalla, fuera de sí, intentaba justificar una teoría rebuscada sobre por qué el fracaso del plebiscito del PIT «no laudó nada», dejando clara su camiseta oficialista.
Lo cual nos lleva a otro punto: el plebiscito rechazado por la ciudadanía, que buscaba retrotraer la edad de jubilación a 60 años y eliminar las AFAP. Otra debilidad de la izquierda: su incapacidad para aceptar que, cuando el pueblo se pronuncia, cualquier intento de «corregirlo» es una pérdida de tiempo y una traición a quienes votaron. El coordinador del diálogo, Hugo Bai, soltó un comentario ambiguo, con esa actitud mesiánica de quien cree saber más que la gente: «El gobierno respetará lo que laudó la ciudadanía», dijo, pero añadió que «hay espacio para conversar sobre otros aspectos, como la edad de retiro, tasas de reemplazo o reforma de las AFAP».
Otro defecto de este «diálogo» es que incluye temas que podrían avanzar en el Parlamento sin tanto circo: protección a la niñez, cuidados, salud mental… Pero ahora tendrán que esperar a que el gobierno se dé el gusto de «conversar» con todos… menos con quienes realmente representan al pueblo.
El Frente Amplio se metió en este brete cuando decidió no votar la reforma jubilatoria del gobierno anterior, como casi todos los polítivos lo hacen, solo para marcar diferencias. Con ello apareció el plebscito de comunistas y PIT-CNTque era un problema mucho mayor y los obligó a hacer promesas que ahora se plasman cuando las prioridades deberían ser otras.
Lo diré en primera persona, para que quede claro: yo voté a un representante para qque participe en la administración de el país. Si alguien quiere opinar, que hable con él. Pero no me engañen con formas rebuscadas. Mantengan las cosas simples y respeten orden acordado entre la ciudadania y los gobernantes. Mala cosa que el gobierno se deje presionar por corporaciones no electas, que defienden intereses particulares sin tener ningún mandato democrático. El único que vale es el que nace del voto. El resto es puro verso.
