Conforme a lo anunciado en la campaña electoral el gobierno convocó este miércoles al famoso diálogo social sobre la seguridad social. Se trata de rever la ley de reforma de seguridad social aprobada por el pasado gobierno, contra la cual el PIT-CNT y varias organizaciones sociales lanzaron una nefasta iniciativa de reforma constitucional, felizmente rechazada por una confortable mayoría de la ciudadanía en las pasadas elecciones.
La reforma constitucional promocionaba la derogación de la edad de 65 años como mínimo para la jubilación, establecía un aumento de las jubilaciones más bajas llevándolas al nivel del salario mínimo nacional con un costo anual de más de US$ 900 millones, y por último eliminaba el sistema previsional mixto, prohibiendo el ahorro previsional y desmantelando el sistema de las AFAPs.
Esta reforma no contó con apoyo de todo el Frente Amplio y por esa división se ha decidido llmar “gran diálogo social” sobre la seguridad social y sobre todos los cuidados posibles desde la cuna hasta a la tumba.
El “Diálogo social sobre Protección y Seguridad Social” creó una Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La misma tiene representación variada, política y social. El gobierno tiene 6 miembros, los partidos políticos tienen 8 (5 para el gobierno y 3 para la oposición), 8 para actores sociales (sindicatos, empresarios y otros). Y el diálogo se organiza en cuatro ejes temáticas: protección a la infancia, sistema nacional integrado de cuidados, protección a los trabajadores activos, jubilaciones y pensiones.
La Comisión tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2026 para presentar un documento consensuado al Poder Ejecutivo, que será la base de la redacción de un proyecto de ley. El objetivo de la misma será proponer cambios legislativos que fortalezcan la cobertura, eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema, con énfasis en revisar aspectos como la edad de jubilación (el Frente Amplio propone volver a los 60 años) y el financiamiento del sistema.
Pero más allá de la idea de convocar a este diálogo social, lo que más ruido mediático ha hecho es la negativa de los partidos Nacional, Colorado e Independiente para integrar dicha Comisión. El gobierno se siente despechado. Los partidos tradicionales dicen que no se oponen al diálogo en sí sino al formato de conformación de la Comisión que les da muy escasa participación (3 lugares en 24). Esa es una razón válida porque la oposición poco podrá hacer en el marco de la Comisión donde el gobierno, el FA y las organizaciones sociales y sindicales tienen una amplia mayoría.
Pero quizá hay una razón más profunda en la posición de los principales partidos de la Coalición Republicana (no así en Cabildo Abierto que se manifestó deseoso de participar del diálogo) que es el deseo del gobierno de modificar la ley aprobada en la anterior administración sobre todo en cuanto a la edad mínima de jubilación.
A lo cual hay que sumar que varios sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y el Socialista y el PIT-CNT siguen impulsando las tres ideas centrales de la propuesta de reforma constitucional. Como si el categórico pronunciamiento de la ciudadanía fuera algo para ignorar, demostrando muy poco respeto por las reglas del juego democrático.
Pero como se impulsó el plebiscito para destruir la reforma del gobierno de Lacalle, no quedaría más que abstenerse de tocar esos temas. O, si el gobierno actual lo prefiere, introducir reformas por vía legislativa ya que está en su potestad hacerlo. Eso sí, tratando de no burlar lo que la ciudadanía dijo en las urnas hace menos de un año.
Y no vale escudarse en que el voto ciudadano fue que esos tres temas no se incluyeran en la Constitución. La decisión del soberano ante el plebiscito fue tanto de fondo como de forma y no cabe hacer elucubraciones sobre lo que quiso decir la ciudadanía. Ese es el riesgo que se corre cuando se lanza un plebiscito de reforma constitucional sin pensar en las consecuencias, y atendiendo solo a las presiones sectoriales de grupos minoritarios.
Ese fue el problema del Frente Amplio que, ante una propuesta que sus propios técnicos consideraban inconveniente y peligrosa, se lavó las manos como Poncio Pilatos dejando “libertad de acción” a sus votantes. Y ello solo para no tener que pronunciarse sobre algo que iba a generar un grave problema económico para el país y que destruiría la seguridad jurídica conquistada con tanto esfuerzo.
En otros términos, este diálogo social después de un intento de reforma constitucional muy traumático en sus propuestas, no viene a contribuir en mucho a la posible mejora del régimen de seguridad social o hacerlo en forma integral.
Con todo, el gobierno tiene la posibilidad legal (y la legitimidad política producto de su triunfo electoral) de cambiar la ley anterior, o de introducirle las reformas que considere oportunas (como volver a la edad jubilatoria de los 60 años) o de derogarla incluso, como bien querrían varios de los sectores convocados para el diálogo social o incluso miembros del gabinete como el ministro de Trabajo y Seguridad Social que apoyó el plebiscito. Eso sí, tendrían que explicárselo bien al ministro de Economía. Gabriel Oddone, que se manifestó en contra del plebiscito y consideró razonable la reforma del año 2023.
Para llevar a cabo modificaciones, reformas o derogaciones, sin embargo, el gobierno no necesita convocar a un diálogo social sino impulsar su propia visión para conseguir una seguridad social “eficiente y equitativa”. Tiene sus propios técnicos para elaborar ese proyecto, tiene mayoría en el Senado y, dada la actitud adoptada recientemente por Cabildo Abierto respecto al juego de las mayorías, casi seguramente tengo los votos necesarios en Diputados.
Para ello no necesita un diálogo social, que ya lo hubo cuando la Comisión de Expertos liderada por Rodolfo Saldain, convocó a todos los partidos políticos y actores sociales para que contribuyeran al proyecto del gobierno anterior.
Un problema serio de este diálogo es que el documento propuesto no sea del agrado del gobierno, dadas las posturas tan disimiles que hay sobre el tema en la coalición de izquierdas y donde predominan los enfoques voluntaristas de dar el máximo de beneficios y que los mismos se paguen con ese famoso “impuesto al 1% más rico”.
Después de lo que se vio en el fracasado plebiscito, los que piensan con la cabeza fría son clara minoría mientras que los que más ruido hacen son los que proponen el oro y el moro.
Lo mejor, pues, es que el gobierno legisle según su leal saber y entender y que el parlamento, nuestro verdadero órgano de democracia representativa, decida en conformidad. El diálogo social solo será una gran catarsis que afectará el clima de inversión, tan necesario para que el país crezca y se pueda mantener los beneficios de protección social que actualmente existen.
