Hace unas semanas publiqué en Voces la nota “¿Un diálogo social o un modelo corporativo?” (24/07/2025). Su réplica, que agradezco, firmada por Nicolás Martínez en el número pasado, distorsiona algunos puntos esenciales de mi argumento, llegando en ocasiones a caricaturizarlo. Razón por la que creo que merece aclarar algunos puntos fundamentales.
No es fetichismo, es respeto al mandato democrático
Martínez sostiene que mi crítica “corre el riesgo de caer en un fetichismo de la representación formal”. Pero en realidad mi nota se centra en un principio constitucional bien simple: la ciudadanía mediante el voto directo es la que le otorga el legítimo mandato de representación a los partidos. Esto no es una entelequia, sino que refiere a un mandato expreso. En tal sentido, que los partidos reclamen una participación más cercana a la proporcionalidad de las elecciones no es un fetiche, sino un pedido de respeto de la voluntad popular. Sin perjuicio ello, podemos hablar, como se plantea en la réplica, de confianza en las instituciones o de crisis de representación de los partidos. Pero eso sería irnos de tema, salvo que constituya un argumento para socavar, aún más, el mandato de representación de los partidos en favor de una democracia participativa de determinados colectivos.
El diseño institucional importa
Contrario a lo que se afirma, nunca propuse un “monopolio de la voz popular” en favor de los partidos. Esto es algo que lisa y llanamente no dice mi nota. De hecho, lo que hago es fundamentar que tanto las organizaciones sociales como los ciudadanos particulares tienen diversos canales para ser escuchados por el Parlamento y por el Gobierno, tanto con el oficialismo como con la oposición. Hay una diversidad de canales formales e informales por los cuales la sociedad civil se relaciona con los políticos y partidos que le representan.
Mi análisis del Diálogo Social simplemente lo contextualiza: es una herramienta estratégica y legítima del Frente Amplio en el marco de los compromisos con su electorado. No pasa por esgrimir la defensa de un monopolio de los partidos, ni atacar la aparente “democracia deliberativa”, entre gremios y organizaciones, que en su amplia mayoría (vuelvo a sostener) son muy afines al gobierno. Sino que, lo que allí señalo es cierto desequilibrio objetivo, si se compara, por ejemplo, con cómo quedó representado el espectro político en octubre de 2024.
Como si fuera poco, hay una lectura sobre lo que serían mis aparentes motivaciones. Como una suerte de “gesto defensivo ante el avance de formas alternativas de legitimidad democrática, que expresan transformaciones profundas en las sociedades contemporáneas”. Mi intención nunca fue plantear un cuestionamiento ideológico, sino subrayar cómo el Diálogo Social responde a una motivación práctica: la relación entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales afines en los últimos cinco años.
¿Teoría populista? No, gracias
Ahora bien, al imputarme esa motivación de defensa de los partidos “incapaces de aceptar que ya no son los únicos depositarios de la soberanía popular”, la réplica discurre en una sucesión de citas y referencias teóricas. Entre ellas, se invoca a Chantal Mouffe, una teórica política que junto a Ernesto Laclau son reconocidos por su contribución al desarrollo de los populismos de izquierda. Su obra más influyente “Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia” (1985) sentó las bases para el giro posmarxista de muchas de las experiencias populistas. Naturalmente, desde ese ángulo se cuestiona de forma estructural a la democracia representativa en pos de una democracia aparentemente participativa.
Frente a ello y cerrando mi opinión, solo resta advertir que el Parlamento y los partidos políticos son legítimos protagonistas e interlocutores de la Presidencia. Reforzar sus roles es reforzar la democracia representativa.
