Dentro de unas horas podrán los uruguayos conocer cómo se integrará los siguientes cinco años el Poder Legislativo, y si así lo dispone una mayoría suficiente, quién será el presidente.
En un proceloso mar de intrigas, sanciones, guerras (declaradas o no), de poderes crecientes mientras otros se dice que decaen, Uruguay -el pequeño país de Sudamérica- concurrirá a una elección.
En el contexto internacional, donde se suele prestar atención preferente a las naciones dominantes, esas que crean o destruyen países, imponen modelos de gobiernos a como dé lugar y hacia ellos “exportan” su cultura para superar nuestras “carencias” si esta no se adecua a consabidos cánones de la potencia o potencias dominantes sobre el territorio, en Nuestramérica es -en general-el campo de dominio del imperio de Estados Unidos a cambio de una obediencia y seguidismo automático a su doctrina política, su intervencionismo con y sin bandera, coincidente con el espíritu occidental que la domina.
Cuando surgió nuestro Estado Oriental del Uruguay, allá por la segunda y tercera década del siglo XIX, puso fin -Inglaterra por medio- al extendido conflicto entre la Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Se recurrió a una solución improvisada que luego los ingleses “colaron” -en particular- a cuestiones europeas.
Para 1886 la joven nación -que ya había pasado por dictaduras y guerras civiles- había creado un Estado unitario y consagró una descentralización administrativa a través de la división del territorio en comunas (que llamó departamentos), que tendrá un jefe municipal y un legislativo (ediles) electos por los partidos políticos. En paralelo, la fuerza (fundamentalmente represiva) policial seguirá estando centralizada y ordenada por el Ministerio del Interior con sede en Montevideo (capital del país). En una nación que era gobernada por el Partido Colorado, que seguirá ininterrumpidamente hasta 1960, los pactos con el Partido Blanco para el otorgamiento en ciertos departamentos de jefes de policía serán incumplidos por gobiernos electos o con dictaduras, como los de finales del siglo XIX y comienzos del XX, dando paso a choques armados entre partidarios del centralismo capitalino y el interior hasta 1904 según algunos.
En la actual etapa postdictadura (1973-85) el Estado unitario y presidencialista reencauzó la vida institucional tras un acuerdo conocido popularmente como “el de la Naval” (1985) que reimplantó el quinto texto constitucional votado y aprobado en 1966 (con adecuaciones formalizadas entre quienes lo habían violado y fuerzas opositoras).
Mediante acuerdos interpartidarios el Legislativo recorrió los comicios municipales al siguiente mes de mayo luego de los comicios nacionales, manteniendo el tiempo de cinco años de los mandatos emanados de cada proceso electoral y la designación central del jefe de policía.
Como puede observarse en este modelo político uruguayo, el Estado permanece dentro de lo que se considera como unitario, con una Presidencia atenuada en parte, observada en su devenir por los poderes Legislativo y Judicial, de acuerdo con la doctrina roussoniana, a lo que se suma el derecho a la iniciativa (y controversia) popular plebiscitaria.
Este periodo postdictatorial incorporó únicamente para la elección del Ejecutivo la posibilidad de una segunda ronda entre los dos candidatos mayoritarios de la primera vuelta (en el caso actual del 27 de octubre) para cuando ninguno de los postulantes alcance la mayoría absoluta.
Por lo tanto, siguiendo los datos que provienen de las tiendas contendientes, todo indica que habrá una segunda vuelta (balotaje) en noviembre y que la contienda de este mes definirá al Legislativo y el destino de dos plebiscitos. En uno se decidirá la posibilidad de allanamiento nocturno de los hogares, lo que contradice el texto constitucional que se refiere a la situación nocturna de los mismos como “un sagrado inviolable”: se argumenta que con ello se podrá reprimir mejor el narcotráfico. Haciendo de lado la falsedad del argumento, me afilio a la corriente que señala que es cómodo desde atrás de un escritorio ordenar un cateo que otros ejecutarán exponiendo la vida de inocentes y la propia.
Un segundo plebiscito objeta la mal llamada reforma sobre derechos sociales que sólo es una específica ley sobre derechos de los pasivos. Habiendo viajado para votar al Frente Amplio desde que resulté amparado por la amnistía, no lo haré en la oportunidad actual y no dejo de lamentar que una mayoría en esa corriente -que dice representar a la izquierda- no haya participado en la obtención de las firmas que posibilitaron la iniciativa impulsada de manera sustancial por la central sindical. De acuerdo con mi criterio, avergonzado digo que lamento esa conducta, aunque me abstengo de calificarla.
Como promesa de campaña del FA recojo que, con independencia del resultado electoral, propone un diálogo amplio sobre el tema jubilatorio, y comento que en todos los casos se debe abrir la cancha. La proclamada “libertad de acción” que sobre este tema decretaron las autoridades mayoritarias del FA, que se oponen a ensobrar el SI, ya existía hace mucho tiempo; la de hoy se confunde mucho como un si defensor de las AFAP y no de los trabajadores, candidatos a jubilados ni los que ya lo son.
Un dirigente sindical el 25 de agosto de 1973, convocado por la dictadura a la Sala Verdi, se paró entre medio de los obsecuentes y le dijo al ministro del Interior, coronel Néstor Bolentini -firmante del acta de disolución del Parlamento que dio paso al régimen cívico-militar y activo contra la Huelga General de la CNT que condenaba el asalto institucional-: “No queremos un sindicalismo amarillo y guampudo”. Al dirigente sindical de Funsa, Manuel Gromaz, no le surgió ningún «calculismo» sobre si era oportuno o no decir lo que dijo; no le importó calcular riesgos ni saber qué iba a resultar de sus palabras: al “gallego” y sus compañeros les sobraba lo que les faltó a varios que no escucharon a la central ni a los trabajadores.
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