Cuando se instaló el debate sobre un posible bloqueo legislativo –ante un escenario donde el Frente Amplio no cuenta con mayorías en Diputados- reapareció un viejo temor: que la oposición actuara en bloque impidiendo la gobernabilidad. Sin embargo, a la luz de los hechos este pronóstico no suele ocurrir en Uruguay. Ni siquiera ocurrió en 2002 que el país cayera en una lógica de bloqueos, cuando el gobierno de Jorge Batlle controlaba apenas un tercio de cada cámara en medio de una crisis económica y política profunda.
La disposición al diálogo tiene sus raíces, digámoslo en términos grandilocuentes, en la tradición institucional y en la cultura política. Pero también tiene una base social clara. Uruguay cuenta con un activo político poco visible pero fundamental: una amplia franja de electores que se identifican en el centro ideológico.
Un reciente estudio de Equipos es elocuente. Según su informe sobre auto identificación ideológica de los uruguayos, una mayoría relativa (36%) se ubica en el centro del espectro político, mientras que un 28% se declara de izquierda o centro izquierda y un 31% de derecha o centro derecha. También se destacan que las posiciones moderadas predominan tanto en el bloque frenteamplista como coalicionista.
A su vez, un reciente estudio de Factum sobre la evaluación de la opinión pública respecto al gobierno y la oposición refuerza esta idea de la moderación. Allí, ante la consulta sobre la preferencia en cuanto al tipo de oficialismo y de oposición la mayoría eligió respuestas como “oficialismo abierto que reconoce valores en la oposición” y viceversa, “oposición abierta que reconoce valores del gobierno”. En tal sentido se destaca en el informe que prima una “fuerte prevalencia del dialoguismo” y un “bajo apoyo a la confrontación” (El Observador, 17/09/2025).
Esto lleva a pensar que para la oposición es difícilmente rentable apostar al bloqueo porque sencillamente no paga. De hecho, es lo que queda en evidencia cuando vemos que no logran actuar de forma compacta ante un eventual rechazo al proyecto de presupuesto. La política de trinchera o de polarización recalcitrante, a diferencia de lo que vemos en la región, suele tener rendimientos marginales. No fue la receta del éxito de Lacalle Pou en su momento, ni tampoco de Yamandú Orsi, en un sistema donde el votante medio valora la moderación, el acuerdo y la estabilidad.
Sin embargo, el predominio del centro no está exento de riesgos. Si todos los actores políticos compiten por el mismo espacio programático y discursivo la frontera entre proyectos políticos se vuelve difusa. La moderación puede transformarse en indiferenciación y la búsqueda de soluciones a los problemas de las personas puede tornarse en un camino inercial o directamente sin salida. En ese punto, el equilibrio al que hoy asistimos puede volverse una trampa, una política sin conflictos realmente genuinos y sin contrastes nítidos. La única distinción que aparece termina siendo una competencia por ver quién incurre en menos casos de corrupción. Eso también puede ser un riesgo de cara a los votantes que pierden el sentido de los partidos políticos.
El conflicto ideológico, al fin y al cabo, es inherente a la política, y necesario dentro de los límites del respeto.
