Este lunes 4 de agosto habrá dos actos públicos que tendrán como tema el proyecto de ley de eutanasia que se piensa aprobar el martes 5 de agosto.
Uno de ellos tendrá lugar a las 19 hs. en el Paraninfo de la Universidad. En él expondrán los Dres. Ope Pasquet, Federico Preve y Mariana Blengio, tres partidarios declarados del proyecto de ley.
El otro acto está convocado a las 15 hs. en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo. En el mismo intervendrán representantes de “Iniciativa Ciudadana.uy”, que organizó una recolección de firmas contra el proyecto de ley, integrantes del programa radial “Rock en la resistencia”, representantes de organizaciones ciudadanas y sociales, y algunas figuras políticas, como el diputado Rodrigo Goñi, todos críticos, no necesariamente de la eutanasia, sino del proyecto de ley que se pretende aprobar.
Lo llamativo es que los dos actos, que hasta donde sé son los únicos a que ha dado lugar el tema, se convocan por separado y que, desde ahora hasta el 5 de agosto, no está previsto ninguna clase de encuentro o debate entre partidarios y opositores al proyecto de ley.
¿Por qué esa ausencia de debate? ¿Hay unanimidad en la sociedad uruguaya respecto a la eutanasia? ¿La hay respecto a este proyecto concreto de ley? ¿Por qué el sistema político, la academia y los medios de comunicación no han creído necesario informar sobre el proyecto y abrirlo al intercambio de ideas y al debate público?
Si hay un asunto de interés de absolutamente todo el mundo, es este. Porque todos pasaremos por esa instancia final y la gran mayoría lo hará bajo el cuidado de alguna institución médica. Sin embargo, se tramita con menos información pública que si se tratara de un reglamento sobre la patente de rodados.
Tengo una explicación para este silencio sorprendente: bajo la apariencia de compasión ante el sufrimiento terminal, se está tramitando en realidad un mecanismo rápido y sin garantías para poner fin a las vidas humanas con ahorro de dinero y de esfuerzo de las instituciones médicas.
Que esas instituciones y los médicos actuantes usen o no esos mecanismos con ese fin es otra cuestión. Lo grave es que la ley permite que ocurra al no establecer ningún control externo e imparcial al accionar de las instituciones médicas y de los médicos.
Como ya dije en artículos previos, el proyecto de ley no garantiza que la voluntad del paciente sea morir, puesto que es posible que otra persona firme el consentimiento por él, y el único control es el de dos médicos y dos testigos que pueden ser –y normalmente serán- dependientes de la institución médica en que el paciente esté internado, la misma que tendría que asumir los costos de CTI y de tratamientos médicos si el paciente sigue viviendo.
El proyecto prescinde por completo de la consulta a profesionales de la salud mental (psiquiatras o psicólogos) que podrían determinar si el paciente, que tanto podría tener 18 años como 90, está lúcido. Prescinde también de la intervención de un juez, que debería determinar si la decisión del paciente es propia, firme, libre de presiones e intereses ajenos, y si resulta racional su renuncia a la vida, que es el principal derecho que los jueces deben resguardar. Y finalmente prescinde de comunicar la situación a la familia del paciente, a sus padres, hijos, pareja.
¿Cómo se justifica este procedimiento casi secreto, entre las cuatro paredes de un hospital o sanatorio, que puede definirse sólo con participación del paciente y de empleados de la institución médica que tiene a cargo su vida?
La eutanasia, como muchas otras políticas públicas que se legislan y aplican entre gallos y medianoche, no sólo está inspirada en el interés de las instituciones médicas, sino que está condicionada por políticas globales que aconsejan reducir el consumo de recursos y el gasto de dinero en sectores sociales innecesarios para la producción. Ese es el cangrejo debajo de la piedra. Por eso estas políticas se expanden e imponen en todo el mundo.
Quizá eso explique por qué no hemos tenido ni tendremos debates sobre este proyecto, por qué el sistema político calla y no lo discute, por qué la prensa no lo ha expuesto ni aprovechado para generar polémicas de alto rating, por qué la Universidad cubre su silencio con una pseudo mesa redonda en que los tres participantes están de acuerdo, y por qué la oposición al proyecto está a cargo de organizaciones ciudadanas espontáneas.
Quien crea que este proyecto de eutanasia tiene por objeto evitar sufrimientos, está en un error. Si esa fuese la intención, estaría rodeado de mínimas garantías, como que, en los días destinados a que el paciente reflexione, tenga lugar el dictamen de un psiquiatra o psicólogo, el contralor de un juez, y el conocimiento de la familia. Todo lo que se evita en este proyecto. Por eso no se lo puede exponer a debates públicos.
Bajo ese silencio se esconde una tendencia que resulta casi increíble: la conversión de la muerte en un procedimiento técnico administrativo, orientado por el ahorro de recursos y la desnaturalización de la etapa final de la vida humana, incluso con dudoso consentimiento del propio paciente.
La falta de información y de debate sobre esos aspectos conduce a la aceptación pasiva por parte de la población.
Hace muchos años que algunos afirmamos que la pasividad de la población, su falta de actitud ciudadana, es perjudicial para la economía y para las libertades de la propia población.
Ahora estamos a punto de dar un paso más. Si este proyecto prospera, probablemente descubriremos que nuestra pasividad es también perjudicial para nuestra salud.
