Hace cinco años, cuando Lacalle Pou inició su período de gobierno, lo hizo bajo el anuncio de que renegociaría el contrato de UPM2, firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez, contrato del que el propio Lacalle había sido un crítico riguroso.
Menos de dos semanas después, antes de que pudiera plantearse el asunto, vino la declaración de pandemia, y, en aquel momento, la consigna oficial de “libertad responsable” fue recibida con beneplácito por tirios y troyanos, tanto por quienes creían en la veracidad de la crisis sanitaria mundial como por quienes desconfiábamos de ella. Comparada con la situación de Argentina, sentimos todos que viviríamos en un oasis de sensatez.
Después, la realidad, que lamentablemente es muchas veces dictada e impuesta por poderes más fuertes que los propios gobernantes, dispuso otra cosa. La pandemia y la vacunación dieron lugar a “aprietes” sociales, sanitarios, laborales y de todo tipo. Y la renegociación con UPM quedó en nada.
Cinco años después, por esas simetrías que tienen la vida y los desquites políticos, un nuevo gobierno, esta vez del Frente Amplio, se inicia con la promesa de renegociar un contrato firmado a las calladas y con un pie en el estribo, esta vez por el gobierno de Lacalle Pou.
El contrato de Arazatí, o Neptuno, por el que se pretende suministrar agua corriente a la población de Montevideo y su zona metropolitana extrayéndola del Río de la Plata, ha sido cuestionado por varias razones.
Por un lado, la mala calidad del agua, que presenta contaminación, frecuente salinidad y floración de cianobacterias. Por otro, el precio, que ronda los 900 millones de dólares, de los cuales más de la mitad son intereses. No menos importante es su inconstitucionalidad, que tiene dos aspectos; uno es que privatiza parte de la gestión del agua potable; y el otro es que dispone un gasto de 900 millones que deberán pagarse íntegramente en períodos de gobierno siguientes a aquél en que fue dispuesto, lo que está expresamente prohibido por la Constitución, incluso para las leyes presupuestales. Para terminar, el proyecto plantea serios riesgos ambientales, de los cuales no es menor el de que el reservorio de agua previsto genere filtraciones que puedan contaminar las aguas subterráneas existentes en la zona.
Estas objeciones han hecho que la comunidad académica, la mesa política del Frente Amplio, varios de sus partidos y buena parte de sus votantes, e incluso el Ministro de Ambiente, Luis Ortuño, así como movimientos soberanistas y ambientalistas, otros partidos menores, y hasta numerosas voces de la prensa, manifiesten su oposición o fuertes dudas respecto a Neptuno
Así las cosas, el anuncio hecho por el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de que el gobierno del Presidente Orsi y el Consorcio que gestionaría Arazatí se proponen renegociar el contrato puede tomarse como una buena noticia. Sobre todo si se consideran las objeciones formuladas por Sánchez, que versan sobre la localización del proyecto, el lugar de extracción del agua y el precio acordado.
Desde luego, lo anunciado plantea algunas dudas. ¿Es posible extraer del Rio de la Plata agua de calidad aceptable, o sería necesario cambiar de fuente? ¿Cuál será el costo, no sólo económico, de la renegociación y hasta dónde llegará la misma? Y, por último pero no menos importante, ¿es posible renegociar un contrato si al mismo tiempo se proclama la voluntad de cumplirlo? ¿Acaso eso no alienta la dureza de la contraparte?
Sea como sea, la actual situación representa una mejoría respecto a los anuncios hechos previamente por el Ministro Oddone y el Prosecretario de Presidencia, Díaz, que antes de asumir sus cargos se apresuraron a defender el proyecto bajo el argumento de que “los contratos se firman para cumplirlos” y de que la seriedad y la seguridad jurídica del Uruguay están en juego.
Claro, la pregunta obvia que se debe hacer a estos gobernantes es: ¿y qué pasa con la seguridad jurídica de los uruguayos, si todos los gobernantes se creen con derecho a firmar en secreto contratos inconstitucionales por los que regalan nuestros recursos más valiosos?
Pregunta que, como es notorio, sólo recibe por respuesta encogimientos de hombros y un silencio cósmico.
Empieza un nuevo gobierno, encabezado por un presidente que todavía no ha ocupado caros nacionales, por lo que no se le debe endilgar culpas del pasado. Como todos los gobiernos, tendrá y probablemente merezca un período de gracia, durante el cual, con sus actos, determinará el juicio del que será merecedor.
Hay algo que, más allá de gobiernos y gobernantes, debe ser señalado. Algo está cambiando en el Uruguay. Hasta ahora, ningún gobierno había iniciado su período conminado por la opinión pública, por sus propias estructuras partidarias y por muchos de sus propios votantes a dejar sin efecto una medida de gobierno ya adoptada.
Habrá que ver qué ocurre con Neptuno. Pero podría asegurar que, tras esta experiencia, para éste y para futuros gobiernos, no será tan fácil seguir firmando contratos de entrega como se ha venido haciendo desde hace décadas.
Una parte importante de la población empieza a percibir la gravedad de esos contratos, que entregan nuestra agua, nuestra tierra, nuestros puertos, nuestra salud, nuestro dinero, nuestro potencial petróleo y hasta la enseñanza de nuestros niños a los intereses de corporaciones transnacionales y de los organismos de crédito que las apañan.
Una parte importante de la población, sin importar el partido al que vote, empieza a percibirlo y a estar más atenta y vigilante.
Ese es “el efecto Neptuno”. Y probablemente esa sea la mejor noticia.
