El fútbol uruguayo volvió a detenerse.
Lo que debía ser un parate breve por calendario se transformó en una pausa de casi un mes, a la espera de un fallo del Tribunal sobre el reclamo que Nacional presentó contra Peñarol por la ficha del argentino Lucas Pelizzari. Tres semanas sin actividad para todas las categorías del Fútbol Sala —incluidas la Sub-20 y Sub-17—, en un campeonato que todavía busca consolidar calendario y público. Una vez más, la pelota quedó quieta en la cancha y rodando en los escritorios.
La escena no es novedosa. En la historia reciente del fútbol uruguayo, sea en la modalidad de once o en el propio Sala, los tribunales han tenido tanto peso como los goles. No siempre, pero ya son varias las veces que tras un reclamo reglamentario, una apelación o una denuncia por inhabilitación, el torneo se congela. La incertidumbre se traslada a jugadores y entrenadores, y también al hincha, que no entiende por qué la pasión se frena por tecnicismos que demoran semanas en resolverse.
El caso Pelizzari tiene todos los condimentos clásicos: un pase cuestionado, la rivalidad de los grandes y la intervención del Tribunal. No se discuten jugadas ni tácticas, sino firmas, carnés y reglamentos. En definitiva, un clásico más en los escritorios.
Pero no es el único antecedente. En el fútbol 11 sobran ejemplos de cómo un fallo puede torcer la historia de un campeonato. El más fresco ocurrió en 2023, cuando Liverpool derrotó a Boston River en la cancha pero terminó perdiendo los puntos por un carné médico vencido. La Mesa Ejecutiva sancionó, Apelaciones revocó y, finalmente, el TAS ratificó al negriazul. El partido terminó jugándose tres veces: una en la cancha, otra en la AUF y otra en Suiza.
En 2021, Nacional reclamó el partido ante Cerro Largo porque el técnico rival, suspendido, dio indicaciones desde la tribuna. Primero le dijeron que no, después que sí: Apelaciones revocó y le dio la victoria al tricolor. Durante días, la tabla anual bailó al ritmo de los expedientes, y la definición del Uruguayo estuvo en suspenso.
El recuerdo también lleva al Clausura 2019, cuando Progreso recibió los puntos de un partido frente a Cerro por la inclusión de un jugador inhabilitado. La decisión lo catapultó a la punta del torneo y modificó la pelea por el título. Un cambio administrativo que valió más que un gol en la hora.
Más atrás en el tiempo, en 2018, hubo doble capítulo. Por un lado, Liverpool ganó dos puntos en los escritorios frente a Boston River porque un preparador físico suspendido dio órdenes desde la tribuna. Por el otro, Nacional intentó arrebatarle a Peñarol la semifinal del Uruguayo alegando la presencia irregular de un auxiliar. El Tribunal desestimó el reclamo y los aurinegros se quedaron con la clasificación.
Incluso la Segunda División ha tenido sus parates. En 2023, los playoffs de ascenso se demoraron varias semanas porque aún no había salido un fallo de Apelaciones. El campeonato terminó cruzando de año, en un ejemplo más de cómo el calendario deportivo depende de la velocidad —o lentitud— de los tribunales.
En todos estos episodios, el patrón se repite: jugadores que entrenan sin saber cuándo compiten, hinchas que esperan sin respuestas y dirigentes que trasladan la presión al plano jurídico. El fútbol uruguayo vive con naturalidad que un campeonato pueda detenerse por un escrito o una apelación. Y sin embargo, cada pausa erosiona un poco más la confianza del público en la seriedad de la competencia.
También aparece la responsabilidad dirigencial. Reclamar forma parte de las reglas del juego, pero en Uruguay esa cultura se ha transformado casi en un hábito. Dirigentes que, en lugar de resolver en la cancha, buscan ventaja en los expedientes. Una lógica que, lejos de fortalecer al deporte, lo enreda en disputas políticas y jurídicas que desgastan a todos los actores.
La justicia deportiva es necesaria; los reglamentos están para cumplirse y las irregularidades deben corregirse. Pero la demora en resolver, la burocracia que se extiende por semanas y la sensación de que los campeonatos se definen en los despachos terminan lastimando al espectáculo.
Y acá surge el gran interrogante: ¿por qué los fallos demoran tanto? ¿Se trata de falta de recursos en los tribunales? ¿De plazos procesales mal diseñados? ¿De presiones políticas que ralentizan las resoluciones? ¿De quién dependen en última instancia estas pausas que dejan a todo un campeonato en suspenso?
Mientras tanto, hoy el Fútbol Sala está parado, pero la historia reciente muestra que mañana podría ser cualquier otro campeonato. En un fútbol donde los tribunales se han convertido en protagonistas inevitables, la gran incógnita es si alguna vez lograremos tener un torneo entero sin que la pelota duerma algunas semanas en los escritorios.
