Cuando hablamos de impuestos, solemos entrar en un terreno aparentemente técnico, donde habitan números, tablas, proyecciones y planillas excel. Pero detrás de cada número hay una elección ética, una concepción del bien común, una forma de responder —o evitar— una pregunta central ¿quién debe cargar con el peso de sostener lo colectivo? La reciente propuesta de gravar con un 1% adicional al 1% más rico de Uruguay ha reabierto un debate que va más allá de lo fiscal. Toca el núcleo mismo de cómo concebimos la justicia en una sociedad democrática. ¿Quién decide las reglas del juego? ¿El Parlamento, en su rol de representación de la voluntad popular? ¿Los economistas, como custodios del orden racional? ¿O acaso ese pequeño porcentaje que, más allá de su tamaño, encarna una forma de poder que opera desde lo invisible, lo estructural?
La historia del Estado moderno está íntimamente ligada a su capacidad de recaudar. Desde las guerras medievales hasta los sistemas de salud contemporáneos, los impuestos han sido el precio de lo público. Pero no todos los tributos son iguales, porque mientras los impuestos al consumo recaen sobre todos por igual —o, mejor dicho, desigualmente sobre quienes menos tienen—, los impuestos progresivos buscan tocar un punto más sensible, el de la acumulación concentrada de poder económico.
En América Latina, y en Uruguay en particular, la tensión entre dos modelos de Estado ha sido persistente. Por un lado, un ideal de justicia social, legado de una fuerte tradición batllista, y por otro, las presiones por la contención del gasto y el alivio fiscal para los más poderosos en clave neoliberal. Este nuevo impuesto lejos de ser solo una herramienta de recaudación, es además, una declaración simbólica, casi filosófica, sobre qué tipo de sociedad queremos construir, que demos queremos legar al prójimo.
Aquí aparece una pregunta antigua, casi socrática diría, ¿quién tiene la autoridad para definir qué es justo? Si el 1% más rico posee una influencia real sobre los medios de comunicación, campañas políticas, cámaras empresariales y cuerpos técnicos, ¿no se convierte su visión del mundo en la medida de lo razonable? ¿Y qué ocurre cuando una minoría con recursos excepcionales puede moldear el horizonte de lo posible, mientras la mayoría queda sujeta a los márgenes de ese relato?
El dilema a mi entender se complejiza aún más, ¿es legítimo que una mayoría imponga un impuesto que afecta a una minoría? ¿O es más problemático que esa minoría tenga los medios para impedirlo sin siquiera dar la cara? Esta es, en el fondo, la paradoja del poder fiscal, que cuanto más puede una élite evadir, condicionar o redibujar las reglas, más tambalea la noción misma de soberanía democrática. A esto se suma la figura del experto, el técnico, el economista, que en apariencia neutral y su voz adquiere un tono de verdad incuestionable. Pero como bien enseñó Pierre Bourdieu, la supuesta neutralidad técnica puede encubrir posiciones ideológicas naturalizadas. La idea de que no conviene gravar al capital porque eso “espanta la inversión” no es solo un argumento técnico, es también una toma de posición. Supone aceptar un modelo donde la dependencia de grandes capitales justifica la perpetuación de desigualdades, incluso si se presentan como un precio inevitable del desarrollo. “Todo es ideología” diría Althusser.
En este contexto, surge el fantasma del populismo fiscal. Se agitan eslóganes que van desde el “no criminalicemos la riqueza”, hasta el “no convirtamos el éxito en culpa”. Sin embargo, habría que detenerse en lo siguiente, ¿es redistribuir sinónimo de venganza? ¿O es más bien un intento —siempre imperfecto— de corregir desigualdades que, si se perpetúan, amenazan con erosionar el contrato social? El verdadero riesgo no está en gravar al 1%, sino en hacer de ese gesto un símbolo vacío, una suerte de catarsis sin consecuencia. Eso sí sería populismo, convertir la política tributaria en pan y circo.
Gravar al 1% no es criminalizar el mérito cómo algunos señalan. Es reconocer que toda riqueza se asienta sobre un entramado colectivo que abarca desde las rutas, escuelas, normas, pactos, y el trabajo ajeno. Apelar al mérito sin considerar el punto de partida es por lo menos desleal intelectualmente, es como celebrar una carrera sin notar que algunos comenzaron varios kilómetros adelante. Si la justicia es solo premiar el esfuerzo individual, la comunidad deja de ser horizonte y se transforma en obstáculo. También cabe preguntarse, ¿tiene derecho ese 1% a defenderse? Por supuesto. Puede argumentar, debatir, incluso resistir. Pero la legitimidad de esa defensa no se mide solo en su legalidad, sino en el tipo de pacto social que la respalda. No es lo mismo quien genera valor con responsabilidad que quien hereda privilegios blindados. El problema es cuando la ley se convierte en escudo de una minoría que dispone de recursos, tiempo y redes inalcanzables para el ciudadano común. ¿Qué justicia hay en esa asimetría?
Al final, la pregunta clave no es si este impuesto es viable o no, sino quién tiene derecho a decidir si es justo. Y esa pregunta, profundamente política y filosófica, nos interpela a todos. Porque una democracia no se mide solo por la existencia del voto, sino por la capacidad real de imaginar y construir un nosotros que no quede secuestrado por el tamaño de ciertas cuentas bancarias. Redistribuir no es castigar. Es afirmar que nadie se salva solo.
