Cuando se anunció esta semana la eventual visita del Papa León XIV al Uruguay, y con ella la posibilidad de que el Pontífice sea recibido en el Parlamento, no tardaron en aparecer en las redes sociales algunas voces agitando el fantasma de la supuesta “violación de la laicidad” y el peligro que ello implica para la democracia. El argumento se repite con una regularidad casi ritual: que un líder religioso visite el Palacio Legislativo constituiría una violación de la separación entre la Iglesia y el Estado. El problema es que ese argumento parte de una confusión conceptual de fondo que conviene despejar con calma y la mayor claridad posible.
Empecemos por lo básico: el Papa León XIV no es únicamente el líder espiritual de más de mil cuatrocientos millones de católicos en el mundo. Es también, y en términos estrictamente jurídicos e internacionales, el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano con pleno reconocimiento internacional, con el que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas formales. Cuando el Parlamento recibe a un jefe de Estado extranjero, no está tomando partido por ninguna religión ni rompiendo ningún principio institucional. Está ejerciendo exactamente la función para la que fue creado: representar a la República en el diálogo con el mundo. Presentar esto como una violación de la laicidad es, con todo el respeto que merecen quienes lo sostienen, un grueso error conceptual y político.
Pero más allá del argumento diplomático, que es de por sí suficiente para desactivar la objeción, es preciso recordar que la neutralidad institucional no consiste en vaciar el espacio público de toda referencia simbólica, sino en garantizar que ninguna de ellas se convierta en privilegio o imposición. Desde esa perspectiva, excluir del diálogo institucional a una figura de la relevancia mundial que tiene el Papa, precisamente por su identidad religiosa, no sería una defensa de la laicidad, sino una forma paradójica de discriminación.
Vale la pena aprovechar este debate para reflexionar sobre la cuestión de fondo: ¿qué entendemos por laicidad?
Una laicidad que se confundió con exclusión de la religión
Uruguay desarrolló una forma particularmente intensa de laicidad republicana, influida por el anticlericalismo francés pero también por las dinámicas políticas propias del batllismo, que identificó la neutralidad del Estado con la privatización de lo religioso. La religión debía ser relegada al ámbito estrictamente privado, invisibilizada del espacio público, tratada muchas veces como un fenómeno del que la esfera pública debía mantenerse cuidadosamente al margen. Ese modelo cumplió en su momento una función histórica comprensible de separar Iglesia y Estado. Pero confundió los medios con los fines.
La laicidad tiene dos grandes principios que le dan sentido: la igualdad de trato para todos los ciudadanos y la libertad de conciencia. Los medios para realizar esos principios son la separación entre el Estado y las instituciones religiosas, y la neutralidad del Estado ante las distintas creencias. El problema es que en el Uruguay del siglo XX los medios terminaron siendo más sagrados que los fines, y la separación se convirtió en exclusión. No se separó el Estado de la Iglesia para garantizar mayor libertad para todos: se expulsó lo religioso del espacio público bajo la suposición de que era fuente de conflicto, de oscurantismo, de peligro para la racionalidad cívica.
El resultado fue paradójico. En la práctica cultural —más que en la letra de la ley— la laicidad uruguaya muchas veces se interpretó como si las convicciones religiosas debieran permanecer fuera del debate público, porque se las considera como preferencias privadas de segunda categoría, menos legítimas que otras formas de visión del mundo en el debate público. Eso no es neutralidad. Es una forma encubierta de discriminación y prejuicio ante convicciones de conciencia.
Carlos Vaz Ferreira, que no era precisamente sospechoso de clericalismo, advirtió tempranamente sobre este peligro. La laicidad debía evitar tanto la imposición religiosa como el anticlericalismo estatal. Ambos son formas de intolerancia. Ambos contradicen el espíritu genuino de un Estado que se define por garantizar la libertad de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes, sin privilegiar a ninguno ni excluir a nadie.
Tabaré Vázquez sobre la laicidad
Uno de los textos más lúcidos que se han pronunciado en Uruguay sobre este tema no proviene de un filósofo, ni de un jurista, ni de un teólogo, sino de uno de los presidentes más representativos de la izquierda en Uruguay. En julio de 2005, en la sede de la Masonería, Tabaré Vázquez pronunció un discurso sobre la laicidad que merece ser recordado cada vez que el tema vuelve a la agenda pública.
Tabaré sostuvo en aquella oportunidad que la laicidad es un marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad, pero en igualdad, y que esa laicidad no inhibe el factor religioso, porque el hecho religioso es la consecuencia del ejercicio de derechos consagrados en declaraciones universales y en textos constitucionales. Y fue todavía más explícito cuando advirtió que la laicidad no es empujar por un solo camino y esconder otros, sino mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente por el que prefiera.
Esa frase debería estar grabada en la memoria de quienes hoy invocan la laicidad para justificar la exclusión de una figura religiosa del Parlamento. Decidir que lo religioso no tiene lugar en el espacio público, que las voces de las comunidades de fe no merecen ser escuchadas en los mismos términos que otras, que la visita de un líder espiritual de alcance global a la sede del poder legislativo es una amenaza y no un enriquecimiento para el diálogo democrático. Eso no es neutralidad del Estado. Es el viejo anticlericalismo de raíz jacobina que confunde la separación institucional con la hostilidad cultural hacia lo religioso.
El precedente de 1987
No es la primera vez que Uruguay enfrenta un debate de este tipo, porque cuando Juan Pablo II visitó el país en 1987, hubo voces que plantearon objeciones similares. El entonces presidente Julio María Sanguinetti respondió con una claridad notable: la tradición laica del Uruguay no debía confundirse con hostilidad hacia lo religioso. El país había construido su convivencia institucional sobre el principio de una Iglesia libre en un Estado libre, una convivencia libremente asumida que reconocía la dimensión religiosa como parte legítima de la vida cultural y social de los uruguayos.
Cuando se discutió la permanencia de la cruz levantada para la misa papal en Tres Cruces, Sanguinetti sostuvo que no se trataba de conceder un privilegio religioso, sino de reconocer el valor histórico de un acontecimiento que había convocado a una parte muy significativa de la ciudadanía. El Estado laico, argumentó, no está llamado a identificarse con ninguna religión, pero tampoco está llamado a borrar aquellos hechos que forman parte de la historia y de la vida cultural del país.
Ese precedente es significativo en nuestros días, porque muestra que la tensión entre laicidad y presencia pública de lo religioso no es nueva en Uruguay, y que quienes en su momento la supieron resolver con inteligencia lo hicieron distinguiendo entre el principio institucional de la separación y la realidad social de un país donde las creencias religiosas son parte de la vida de muchas personas.
El Papa León XIV y los debates del presente
Hay una razón adicional por la que la eventual visita del Papa León XIV al Parlamento no debería generar ningún escándalo entre quienes se preocupan genuinamente por el bien común de la sociedad uruguaya. El papado de León XIV, como el de Francisco antes que él, se ha caracterizado por una presencia activa en los grandes debates éticos contemporáneos: la dignidad humana, la pobreza estructural, las migraciones y los derechos de los refugiados, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías a la condición humana, la búsqueda de la paz en un mundo sacudido por conflictos armados y el cuidado del ambiente.
Estos no son temas religiosos en sentido estricto. Son temas que interpelan a toda la humanidad, creyente o no, y sobre los que la voz del papado tiene una resonancia global que ningún estadista puede ignorar. Cuando el Parlamento de un país recibe a una figura que habla con esa proyección moral y cultural, no está adoptando ninguna postura confesional. Está reconociendo que el diálogo democrático se enriquece cuando se abre a voces que interpelan desde perspectivas que van más allá de los intereses nacionales inmediatos. De hecho, los parlamentos de democracias profundamente seculares —desde el Congreso de Estados Unidos hasta el Bundestag alemán— han recibido a los pontífices sin que nadie lo interprete como una ruptura de la neutralidad del Estado. Y algo a destacar, es que León XIV es un papa profundamente marcado por la experiencia latinoamericana, con casi dos décadas de misión pastoral en el Perú.
La laicidad bien entendida no es una muralla que impide que ciertas voces entren al espacio público. Es, precisamente, la garantía de que ese espacio sea lo suficientemente amplio y plural como para que quepan todas las voces, sin que ninguna de ellas monopolice el poder político. Algunos autores distinguen entre laicidad institucional y laicismo ideológico, ya que, aunque se usen como sinónimos a veces, no lo son. En esta línea han aportado una sólida reflexión filósofos como Charles Taylor y Jürgen Habermas, o sociólogos como Roberto Blancarte y Micheline Millot. En Uruguay las obras de Gerardo Caetano, Néstor Da Costa y Nicolás Guigou son muy esclarecedoras en este sentido.
El laicismo como intolerancia
Lo que resulta más desconcertante del debate que se ha instalado en las redes sociales no es el desacuerdo en sí, que es perfectamente legítimo, sino la certeza con que algunos hablan de “violación de la laicidad” como si hubiera una única interpretación posible del concepto, como si la historia del pensamiento político no hubiera producido una vastísima discusión sobre los distintos modelos de laicidad y sus implicaciones.
No existe una sola laicidad, sino una diversidad de modelos que tienen en común la separación institucional entre el Estado y las confesiones religiosas, pero que difieren profundamente en cómo conciben la relación entre la neutralidad estatal y la presencia pública de lo religioso. El modelo republicano de raíz francesa, que tanto influyó en Uruguay, tiende a ver la religión con desconfianza y a privatizarla al máximo. El modelo liberal pluralista, en cambio, reconoce en las tradiciones religiosas un valor cultural y social positivo, una contribución legítima al debate democrático, sin que ello implique ninguna confusión entre lo secular y lo sagrado.
Ninguno de los dos modelos es el único posible. Y el hecho de que Uruguay haya adoptado históricamente uno de ellos no significa que sea el mejor para una sociedad que ha cambiado radicalmente desde los tiempos de Batlle y Ordóñez. Una sociedad que hoy reivindica la diversidad como valor no puede, sin incurrir en una contradicción grave, seguir tratando la diversidad religiosa como una anomalía que debe ser contenida.
En la filosofía política contemporánea, esta discusión ha sido replanteada por autores como Jürgen Habermas, quien entiende que ha de existir una mutua comprensión y autorreflexión entre creyentes y no creyentes. El creyente religioso debe reconocer la preeminencia de la racionalidad, la igualdad y la libertad de los individuos y de una moral universal, de unos mínimos éticos comunes a toda la sociedad. Pero el ateo o agnóstico debe superar la visión de las religiones como simples reliquias arcaicas y comprender que su no adhesión a las concepciones religiosas no puede ser impuesto a otros en el espacio público, no puede obligar a que los demás abandonen su fe para pensar y dialogar.
El laicismo —que no es lo mismo que la laicidad— es la ideología que convierte la separación entre el Estado y las religiones en una cruzada por la erradicación de lo religioso del espacio público. Es, en ese sentido, una forma de intolerancia que se disfraza de neutralidad. Y resulta llamativo que quienes más lo practican sean precisamente quienes más reivindican la apertura, el pluralismo, la diversidad cultural y la libertad de expresión en otros ámbitos.
Recibir al Papa en el Parlamento no sería una excepción a la laicidad uruguaya. Sería una prueba de que la entendemos en su sentido más profundo: como un espacio institucional donde todas las convicciones pueden ser escuchadas sin que ninguna se imponga. Porque un Estado verdaderamente laico es aquel que garantiza la libertad de todos y dialoga con todos, sin identificarse con ninguna confesión, pero tampoco excluyendo a ninguna de la conversación pública.
