El premio del estribo por Hoenir Sarthou

Finalmente, el Estado uruguayo fue condenado por el caso PLUNA, en un fallo arbitral dictado por un tribunal del Banco Mundial especializado en conflictos de inversiones, el CIADI, el mismo cuya intervención está prevista en el contrato de UPM2 y en otros contratos de inversión firmados por Uruguay.
Según la información de prensa, el monto de la condena es de 80 millones de dólares, intereses incluidos, a lo que hay que agregar la suma de 500 mil dólares por cada mes que Uruguay retarde el pago.
Según “El Observador”, quien promueve el juicio y cobrará los más de 80 millones de dólares es una sociedad de extraño nombre, “Caballero Verde S de R L”, que al parecer compró las acciones de la empresa “Latin American Regional Aviation Holding Corp” (LARAH), con sede en Panamá, cuyas acciones pertenecían a la canadiense Chorus Aviation y a otros accionistas entre los que se encuentra el conocido Matías Campiani, quien seguramente obtendrá o habrá obtenido ya un nuevo beneficio del asunto.
La intervención del CIADI como árbitro se funda en el tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Panamá. Otro de esos tratados que los legisladores aprueban sin pensar y que los gobiernos fingen ignorar u olvidar cuando firman contratos con empresas que usan la bandera del país protegido.
Otro aspecto inquietante es que, según El Observador, uno de los representantes o asesores jurídicos de la reclamante es el estudio Ferrere, de frondosa vinculación con el Estado uruguayo y, al menos en el pasado, también con algunos de los intervinientes en el affaire PLUNA – LEADGATE.
La industria de los juicios internacionales contra el Estado podría empezar a dar buenos resultados en el Uruguay.
A esta misteriosa sucesión de empresas y personas fantasmagóricas que reclaman por PLUNA les proporcionó 80 millones de dólares. A katoen Natie (y su compinche, Jan de Nul) la amenaza de demandarnos por 1.500 millones de dólares le reportó el Puerto de Montevideo y las llaves del Río de la Plata y de los ríos Paraná y Uruguay. No sabemos que obtendrá Aratirí, o quien haya comprado sus acciones, por el juicio anunciado hace tiempo.
Las palabras claves en este asunto son “no sabemos”.
No sabemos qué se firma, ni con quién, ni por cuánto, ni con qué garantías, ni con qué tribunales de por medio. No lo supimos con Aratirí, ni con la regasificadora, ni con UPM2, ni con Katoen, ni con Pfizer (ahí seguimos sin saber), ni con Neptuno, ni con Tambores. De hecho, ni siquiera sabemos cuántas cosas no sabemos de las que se están cocinando entre los gobernantes de turno y empresas desconocidas. Cuando nos enteramos, ya es tarde. Ya se firmó y ya nos comprometieron.
Después llegan los juicios. Entonces el partido al que le toca ser oposición grita, y al que le toca se gobierno calla. Después se invierten los papeles. La cosa es que desde hace cuarenta años, gobierne quien gobierne, nos seguimos endeudando y comprometiendo sin control de nadie.
El tema es de una claridad que encandila: si los gobernantes de turno siguen negociando y firmando contratos en secreto, cada vez estaremos más endeudados, más demandados, cada vez seremos menos un país y más un territorio controlado por empresas extranjeras a las que nadie controla.
Ninguna norma constitucional habilita a los gobiernos a hacer lo que hacen en secreto, sin control parlamentario, ni del Tribunal de Cuentas, ni del Poder Judicial, ni de la prensa, ni de la población uruguaya, ni de nadie.
Lo hacen basándose en un vacío de nuestra Constitución, que no regula los contratos del Estado. Sí regula los tratados internacionales, que siempre son aprobados por el Parlamento. También dispone que los gobernantes no pueden disponer gastos para más allá de su período de gobierno, pero esa prohibición se burla por la vía de firmar un contrato, que nos ata de pies y manos pero no es un gasto presupuestal.
La solución también es simple y clara. Terminar con los contratos secretos. Establecer en la Constitución que los contratos que nos someten a jurisdicción extranjera, y los que nos imponen obligaciones que van más allá de un período de gobierno, deben ser discutidos y aprobados en el Parlamento por mayoría especial y pueden ser sometidos a referéndum popular.
Con eso se acabaría la demagogia de “este contrato los firmaron los otros”. Si se requiere mayoría parlamentaria especial antes de firmar, todos nos enteraremos, y los principales partidos deberán aprobarlos y no podrán lavarse las manos acusando al gobierno de turno. En último caso, si gobierno y oposición se ponen de acuerdo en firmar contratos leoninos, la población podrá torcerles el brazo en un referéndum.
Esa solución existe. Se llama reforma constitucional “Uruguay Soberano”. Cualquier uruguayo puede firmarla y colaborar a poner fin al saqueo al que estamos sometidos.
De lo contrario deberemos resignarnos a que noticias como la de hoy nos lleguen todos los días. Porque es obvio que a ciertos inversores no les basta con que se les regale el País. Antes de irse se llevan el premio final: una hermosa sentencia de muchos millones de dólares que les regala el Banco Mundial con ayuda de nuestro gobierno de turno.

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